La lucha por la posesión de tierras continúa movilizando a campesinos y campesinas en el Bajo Aguán, departamento de Colon (Honduras), y provocando reacciones violentas por parte de grandes propietarios de tierra y del régimen represor. Ayer (21), cuando estaban reunidos frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cerca de 350 niños, mujeres, ancianos y campesinos fueron atacados por fuerzas militares.
El desalojo violento ocurrió a base de tiros y bombas de gases lacrimógenos. El resultado fue 28 campesinos detenidos, entre los cuales hay dos mujeres, un menor de edad y tres personas que tuvieron que ser llevadas con urgencia al hospital.
La intención del campamento frente a la CSJ era pedir juicios imparciales en los casos que involucran a los miembros del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (Muca), además de la liberación de campesinos/as que fueron detenidos a causa de su lucha por la tierra. Otra demanda es la suspensión inmediata de los procesos iniciados en los Tribunales de Justicia contra campesinos hondureños.
El lunes, campesinos que esperaban en la puerta de la CSJ ya habían sufrido agresiones cuando aguardaban el momento en que una comisión de organizaciones campesinas se reuniría con jueces de la sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Además de los golpes físicos, los manifestantes fueron sorprendidos con la información de que no serían más recibidos por el presidente de la CSJ. Según informaciones del Muca, la reunión fue cancelada porque asesores del empresario Miguel Facusse y de René Morales ya habían acordado con el presidente un posicionamiento a favor de los propietarios de tierra.
El Muca responsabiliza al gobierno de Porfirio ‘Pepe’ Lobo, al poder judicial y al poder legislativo por los últimos acontecimientos y denuncia a los organismos nacionales e internacionales las violaciones a los derechos humanos ue los/las campesinos/as hondureños sufren día tras día.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (Copinh) también se solidariza con los/las campesinos/as y repudia los actos violentos de las fuerzas militares, policiales y paramilitares. El Consejo también critica el fortalecimiento de la política de criminalización del movimiento campesino del Aguán.
Además de los ataques a los que reivindican la posesión de tierras para vivir y trabajar, el Copinh también denuncia y muestra su preocupación por las amenazas y atentados dirigidos a Donny Reyes, dirigente LGTBI, coordinador de la Asociación Arcoiris.
Los integrantes del Movimiento Amplio por Dignidad y Justicia (MADJ), que lucha contra la corrupción y en defensa de los bienes naturales comunes, también están siendo blancos de amenazas constantes, comprobando que los/las activistas/as y defensores de derechos humanos en Honduras continúan siendo perseguidos y teniendo su trabajo social obstruido.
Desde 2010, cuando Porfirio Lobo asumió la presidencia de Honduras después del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, cerca de 70 campesinos de organizaciones del Bajo Aguán y personas vinculadas con la lucha por la tierra perdieron la vida. Otros aún hoy sufren persecuciones, amenazas, intimidaciones y acciones violentas orquestadas por las fuerzas de seguridad y por funcionarios de grandes propietarios de tierra.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
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