lunes, 2 de julio de 2012

El vicepresidente de la ONU que quiere "ocupar y nacionalizar la banca"

JEAN ZIEGLER DICE QUE ESPAÑA NO DEBE PAGAR LA DEUDA
El vicepresidente de la ONU que quiere "ocupar y nacionalizar  la banca"

Jean Ziegler, vicepresidente del consejo consultivo de la Comisión de DDHH de la ONU. (Reuters)

Iván Gil

“Vivimos en un orden mundial criminal y caníbal, donde las pequeñas oligarquías del capital financiero deciden de forma legal quién va a morir de hambre y quién no. Por tanto, estos especuladores financieros deben ser juzgados y condenados, reeditando una especie de Tribunal de Núremberg”. Con esta aplastante contundencia despacha Jean Ziegler, vicepresidente del Consejo consultivo de Derechos Humanos de la ONU, su particular análisis del actual momento histórico.

La dilatada trayectoria diplomática de este profesor emérito en la Universidad de Ginebra y comprometido analista internacional, que fue relator especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación durante ocho años, impide que le tiemble la voz a la hora de señalar con el dedo inquisidor a los ‘culpables’ de la crisis sistémica. “No puede ser que en un planeta con los recursos agroalimentarios suficientes para alimentar al doble de la población mundial actual, haya casi una quinta parte de sus habitantes sufriendo infraalimentación”.

En su último libro Destrucción Masiva. Geopolítica del hambre (Península), que Ziegler presentó ayer en Madrid, pone sobre la mesa una serie de cuestiones molestas de las que otros diplomáticos ni siquiera se atreven a hablar en los pasillos de la ONU. Unas críticas irreverentes que ya ventiló en otros trabajos como El hambre en el mundo, Los nuevos amos del mundo y aquellos que se le resisten, El imperio de la vergüenza o El odio a Occidente. Hay que multiplicar rápidamente las fisuras en el muro capitalista para derrumbarlo y crear un nuevo orden mundial más justo

Su receta para revertir esta situación es, si cabe, tan radical o más que su tesis sobre la generación de las desigualdades: “Ocupar masivamente los bancos, nacionalizarlos y confiscar las arrogantes riquezas robadas por los especuladores financieros”. Una extremista postura que lo lleva incluso a criticar la incapacidad de movimientos de la sociedad civil como el 15M en España u Occupy Wall Street en Estados Unidos. “Reconozco que son símbolos importantes y que han logrado la simpatía de la sociedad, pero todavía son insuficientes para quebrar la actual relación de fuerzas si no desembocan en una huelga general indefinida. Hay que darse cuenta de que en el orden mundial reina una violencia estructural que se debe combatir con una contraviolencia basada en la resistencia pacífica”.

La migración de los grandes fondos especulativos a los mercados de materias primas, principalmente de la agroalimentación, la cual creció exponencialmente en el trienio 2005-2008 como explica Ziegler en su último libro, “es el origen de esta crisis genocida porque han disparado el precio de los alimentos básicos”. A pesar de la ‘destrucción masiva’ conceptualizada por Ziegler, el diplomático exhibe su característico optimismo de luchador a contracorriente y asegura que esta situación creará la conciencia social necesaria para “multiplicar rápidamente las fisuras en el muro capitalista, que acabarán derrumbándolo y creando un nuevo orden mundial”.

La insurrección será por el hambre o no será

El primer paso, explica, es darse cuenta de que “los criminales financieros son el enemigo común de los europeos, de los africanos y del resto de la población que sufre de hambre y desempleo en el mundo. Unos oligarcas que monopolizan los beneficios y privatizan los servicios y recursos”. Para Ziegler, esta toma de conciencia será el advenimiento de una nueva forma de solidaridad internacional entre todos los pueblos, que posteriormente se transformará en un “frente de resistencia intercontinental”. La lucha de clases es absolutamente inevitable porque no se puede mantener el sufrimiento de forma permanente

Un convencimiento “total”, pero que se transforma en duda cuando se le pregunta por los riesgos y los pilares sobre los que se fundará este alzamiento popular. “Es un misterio, no puedo hablar de la revolución porque se trata de la libertad liberada en el hombre y los procesos revolucionarios son imposibles de prevenir porque tienen sus propias leyes y no son conocidas”.

Lo que sí tiene claro Ziegler es que la insurrección, como ha ocurrido en la mayoría de estos procesos a lo largo de la historia, se producirá por el hambre. “La hambruna ya es una realidad en las banlieues parisinas y el pueblo español también está sufriendo la pobreza, como el resto de Europa”. En este contexto, indica, la lucha de clases es “absolutamente inevitable porque las oligarquías capitalistas no serán capaces de reeditar el genocidio americano de los indios, ya que es imposible matar a todo un país como España y hacerle aceptar permanentemente las cadenas”.

“España no debería pagar su deuda porque es delictiva e ilegítima”

Las “cadenas” a las que retóricamente se refiere este diplomático de la ONU estarían impuestas por las políticas económicas de la austeridad, que califica como “absurdas y destructoras”. Los teóricos del neoliberalismo, añade, “nos han hecho creer que hoy en día la austeridad es la única política posible, pero sólo se aplica a la clase trabajadora y nunca a los banqueros. Estas políticas tienen un límite objetivo y no van a resolver los problemas”.Hollande y Obama deben formar una alianza en favor de las políticas económicas del crecimiento

En contraposición a estas recetas neoliberales, Ziegler defiende unas políticas centradas en el crecimiento. Esta es la única esperanza que deposita en los representantes políticos, aunque matiza que de forma “extremadamente leve”. Sus protagonistas no podrían ser otros que François Hollande y Barack Obama. “Ambos deben formar una alianza por el crecimiento basada en la inversión pública, el incremento del salario mínimo, las prestaciones sociales, la búsqueda del pleno empleo y la lucha contra la desindustrialización”.

Para el vicepresidente del consejo consultivo de Derechos Humanos de la ONU estas políticas no son la solución final si no van acompañadas de un despertar de la sociedad civil y, sobre todo, del impago de la deuda. “Los dirigentes españoles deben hacer lo mismo que ha hecho Rafael Correa en Ecuador, es decir, negarse a pagar la deuda, cuya amortización ya es altísima, porque es odiosa e ilegítima. Esto es, se ha creado, en gran parte, por la delincuencia financiera y la corrupción política, sin materializarse en inversiones reales”.

Una perspectiva que lo lleva incluso a cometer el atrevimiento de recomendar a los españoles que objeten en la declaración de la renta al porcentaje del gasto dedicado a la deuda pública. Una campaña lanzada desde el 15M que califica de “necesaria, inteligente y eficaz”. Todos estos elementos en su conjunto, unidos a la inflación, podrán acabar con las “deudas injustas”.

Refundar la ONU para instaurar un nuevo orden mundial

La Organización de las Naciones Unidas debe tener un papel central en el futuro escenario mundial. Como explica Ziegler, la ONU se fundó con el objetivo principal de defender el interés general de los pueblos y promulgar los principios recogidos en la Carta de los Derechos Humanos. Sin embargo, “los mercenarios han pervertido su papel y destruido su credibilidad moral”. Entre ellos, no duda en señalar al exsecretario general Ban Ki-moon o al presidente del consejo de selección de los relatores, el hondureño Roberto Flores, “quien apoyó el golpe de Estado en su país en 2009”.Los mercenarios han pervertido el papel de la ONU y destruido su credibilidad moral

Para Ziegler, la refundación de esta organización pasa por imprimirle “mucha más democracia” eliminando el poder de veto de las naciones integrantes del Consejo de Seguridad, limpiándola de “golpistas” y eliminando las prebendas del FMI y el BM. El neoliberalismo delictivo, concluye el diplomático, “se cura con política”.

Bolivia: “Tres veces hemos llamado al diálogo durante esta marcha y el presidente no hace caso”

Apu Mallku de CONAMAQ señala que el Gobierno boliviano no accede al diálogo y criminaliza al movimiento indígena.

La IX Marcha indígena en defensa del TIPNIS llegó a las inmediaciones de la sede del gobierno boliviano, en La Paz. La policía ha detenido su caminata y nada hace prever un diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI conversó con Félix Becerra, Jiliri Apu Mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu - CONAMAQ sobre la crisis política que atraviesa Bolivia.

“No hay forma, el gobierno no quiere reconocer a las autoridades que estamos en la columna de la marcha. En el camino hemos enviado la propuesta de diálogo al menos tres veces y lo único que hacen es observarnos desde lejos, acusándonos de que somos gente expulsada de las organizaciones, que somos gente enviada de la derecha. El gobierno debe respetar a las autoridades de las organizaciones indígenas que intentamos salvar el parque nacional TIPNIS, que es de todos los bolivianos y bolivianas”, afirma Becerra

Mientras tanto los marchantes siguen en vigilia y permanecerán en las inmediaciones de la Plaza Murillo cerca de la sede del gobierno para no bajar la guardia. Para el Jiliri Apu Mallku Becerra, lo que intenta el gobierno es deslegitimar la marcha y desconocer el trabajo que desde las organizaciones indígenas se viene realizando para un cambio real en Bolivia. “La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el CONAMAQ conformaron una plataforma para construir un Estado plurinacional y defender los territorios indígenas, así está contemplado en la Constitución y en convenios internacionales y el gobierno boliviano no quiere reconocerlo”, señaló la autoridad indígena.

CONAMAQ y CIDOB han hecho un llamado a la comunidad internacional y agradecen el respaldo que lograron en Río+20, expresado en la declaración final del Campamento Tierra Libre, realizado en la Cumbre de los Pueblos por Justicia Social y Ambiental el pasado 22 de junio; así como la solidaridad de la CAOI y la COICA frente a la criminalización de la que son objeto los pueblos indígenas movilizados en la IX Marcha.

Criminalización de la protesta

Por su parte, el gobierno de Evo Morales ha señalado que es necesaria una reestructuración de las organizaciones, desconociendo a las autoridades originarias. La estrategia ha sido, afirma Félix Becerra, dividir, fragmentar al movimiento indígena aduciendo que no somos nadie, utilizando mañas, bajezas políticas para dividir a nivel regional a nuestras organizaciones y desconocer a las verdaderas autoridades.

“El presidente intenta desestabilizar al movimiento indígena y pretende que bajemos la guardia frente a la protesta. Nuestra lucha es por la defensa del territorio, el respeto a las autoridades y la reflexión es para todo el pueblo boliviano: no se puede criminalizar a la organización por una demanda legítima”, sentenció Becerra.

Las próximas acciones, según CONAMAQ, serán acudir a las instancias internacionales y demandar al Estado boliviano por violar permanentemente los derechos de los pueblos indígenas.

Julio 2 del 2012,

Comunicaciones CAOI

Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas del Paraguay - FAPI

Comunicado de la FAPI

Ante la presente coyuntura política del país, resultante de la destitución del Pte. Fernando Lugo a través de un proceso sumario y traumático para todos, la FAPI, órgano que aglutina a varias asociaciones y organizaciones indígenas de ambas regiones del país, se dirige a la opinión pública nacional e internacional, a fin de manifestar lo siguiente:

1. Nuestra Organización Indígena, insta al gobierno instalado por el Congreso, a respetar los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, así como las reivindicaciones territoriales que desde muchos años estamos impulsando, en especial los derechos de nuestros hermanos en aislamiento voluntario, del pueblo Ayoreo en el norte del Chaco Paraguayo, y la del Pueblo Mbya Guaraní en el Tekoha Guazú-Territorio Tradicional, ubicado dentro de la Reserva para Parque San Rafael; el pago de la deuda histórica del Estado Paraguayo con los Pueblos Mbya Guaraní y Avá Guaraní, por la construcciones de las Represas Hidroeléctricas Yacyretá e Itaipú respectivamente. Los Pueblos Indígenas necesitamos que se nos asegure jurídicamente la tenencia ancestral y tradicional de nuestros territorios, y rechazamos las expresiones vertidas por el Presidente en ejercicio, Federico Franco, al sostener que “la problemática del país no es la tierra, sino dar insumo y generar fuente de trabajo”.

2. Nos preocupa gravemente, otras expresiones vertidas por quien ejerce el Ejecutivo, cuando a la prensa extranjera manifiesta “… que es el responsable de garantizar que no va haber guerra civil (sic)”1. Hasta este momento, la comunidad internacional es testigo de que todas las expresiones -tanto a favor como en contra de su asunción a la Primera Magistratura- han sido sin agresiones ni violencia. Estas expresiones sin asidero, proviniendo de quien ahora detenta el cargo como Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares y Pública, pueda provocar la alerta innecesaria de las fuerzas policiales y militares, convirtiéndose sus palabras en causal de acciones violentas y condenables. Pareciera que estas expresiones se alejan de ser real, contra quienes ejercemos nuestra Soberana Libertad de exigir y defender nuestros derechos. Reafirmamos en este punto, que el disenso en democracia es un derecho fundamental.

3. En reiteradas oportunidades, las comunidades indígenas y sus asentamientos han sido víctimas de la violencia, en especial por parte de la Policía Nacional, sin más argumento que la ilegal defensa de propiedades bajo dominio fraudulento de terceros, sobre tierras legalizadas a favor de indígenas por parte del Estado, incluso tituladas e inscriptas en la Dirección General de los Registros Públicos, violentando de este modo también la Constitución y la Ley. Esperamos que dichas situaciones ilegales no se reiteren, no solo por el daño que suponen, sino porque además se sumarían a la ilegitimidad de origen que en este momento se atribuye al Poder Ejecutivo.

4. Hemos escuchado insistentemente del Sr. Federico Franco, que brasileños y los denominados brasiguayos serán privilegiados para este gobierno y que se les dará “seguridad jurídica” en lo referente a sus medios de producción, entre ellos, la tierra. Creemos que igual compromiso de seguridad nos merecemos los Pueblos Indígenas, Campesinos y todos los paraguayos. Exigimos que el Poder Ejecutivo abandone urgentemente esta histórica práctica de la discriminación, y que esa misma garantía de derechos de la que habla, se dé también en relación con nuestros territorios, innumerable veces violentados, tanto en la región Oriental como en la Región Occidental o Chaco, bajo el manto de silencio de la impunidad.

5. Por último, reiteramos nuestra esperanza de que nuestros derechos colectivos e individuales no serán violentados dentro del tiempo que quepa ocupar a su gobierno, aguardando que la vigencia de los Derechos Humanos no se vea afectada por la grave crisis democrática que atraviesa el Paraguay, y que las autoridades en ejercicio cumplen su deber y obligación de respetar la igualdad de todos los que habitamos esta República del Paraguay, sin distinción ni privilegios.

Hipólito Acevey
Presidente de FAPI

¿Escisión en protesta de indígenas bolivianos contra ruta amazónica?

LA PAZ — Un movimiento de indígenas contrarios a la construcción de una ruta en la Amazonia, que llegó el 27 de junio a La Paz tras dos meses de marcha, sufrió una escisión de las etnias mosetenes y t'simane, que acordaron abrir negociaciones con el Gobierno, informó el domingo el ministro del Interior, Carlos Romero.

"Mediante una acción directa se instaló una mesa de diálogo por decisión orgánica, libre y sin mediar presión", dijo en rueda de prensa Romero, en alusión a las negociaciones con las etnias mosetenes y t'simane.

"Ante la circunstancia de que no han encontrado un canal de apertura de diálogo de la marcha (indígena), decidieron trabajar directamente con el Gobierno y desmovilizar a sus representantes", agregó el ministro.

El dirigente indígena Germán Nate anunció tras la escisión que unos 200 miembros que participaron de una marcha de dos meses contra la construcción de una carretera en la Amazonia y una consulta en la región acerca de la viabilidad del proyecto, retornarán a sus lugares de origen.

Celso Padilla, un dirigente de los que mantienen la protesta, restó importancia a lo ocurrido, al señalar que en los campamentos levantados en La Paz "estamos todos, nadie se ha movido".

El grupo indígena opuesto a la carretera por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se mantiene en tiendas de campaña a una cuadra de la presidencia de Bolivia, para reclamar un diálogo sin condiciones al gobierno, que vetó a dirigentes acusándoles de corrupción.

"Vamos a mantenernos aquí no sólo hasta que nos respondan (el planteo de diálogo), sino hasta que nos resuelvan los nueve puntos de nuestra plataforma", dijo el dirigente Fernando Vargas.

Unos 1.500 indígenas, de los cuales un poco más de la mitad son mujeres y niños, llegaron el miércoles a la fría capital andina, donde el jueves murió una niña de 6 meses a causa aparentemente de un problema broncopulmonar, después de caminar 600 km durante dos meses desde la cálida Amazonia.

Los indígenas exigen la anulación definitiva del tramo carretero de 300 km por el TIPNIS, región rica en flora y fauna, al considerar que la ruta provocará grave daño ambiental y abrirá la posibilidad de nuevos cultivos de coca, insumo de la cocaína.

"Estamos exigiendo el diálogo con el gobierno, sin condiciones", urgió Vargas, tras entregar una carta a la Presidencia con esa exigencia, un día después de que el ministro Romero acusara a tres dirigentes de "tener una serie de antecedentes" que los inhabilita para negociar.

Romero aludió entre otros a uno de los líderes de la protesta, Adolfo Chávez, quien envió en mayo de 2011, cuando era aliado del oficialismo, una carta para apoyar unas casas de juegos de azar; y a Bertha Bejarano, quien fue detenida en Brasil, en 2007, cuando transportaba cocaína.

Los amazónicos realizaron el año pasado una primera marcha a La Paz contra la construcción de la carretera y llevaron al presidente Evo Morales a dar marcha atrás en el proyecto con una ley, pero semanas después el oficialismo aprobó otra norma para realizar una consulta indígena sobre la constricción de la ruta.