De sur a norte
las venas de América Latina siguen sangrando. Proyectos
extractivistas mineros, hidrocarburíferos o agroindustriales se multiplican por toda la geografía latinoamericana de la mano de empresas
trasnacionales
a las que se han ido sumando, en los últimos años, compañías estatales.
Porque si hay algo en lo que coinciden gobiernos neoliberales y
progresistas de la región, es en la consolidación de un modelo
neo-desarrollista con base extractivista. La otra cara de este proceso
de extracción y
exportación de materias primas a gran escala, se asienta en la desposesión acelerada del territorio y de los derechos de las poblaciones afectadas.
Pese a que las mujeres han estado presentes en las resistencias socio-ambientales contra los proyectos
extractivos,
sus luchas no siempre han sido visibilizadas. Sin embargo, en las
últimas décadas, la masiva presencia de mujeres y su rol protagónico en
la defensa del territorio ha cobrado visibilidad en la medida en que se
ha ido profundizando el proceso de despojo.
Sus voces, que parten de la pluralidad de enfoques y posicionamientos, revelan el impacto que las actividades
extractivas
producen en las relaciones de género y en la vida de las mujeres.
Algunas se sitúan en los feminismos populares y comunitarios, otras
parten desde los ecofeminismos, y muchas no se reconocen como feministas
de forma explícita. Pero todas ellas, desde su diversidad, comparten el
horizonte de una lucha
post-extractivista, descolonizadora y
antipatriarcal, y se empoderan en el marco de las resistencias. Su
principal aporte: sacar a la luz los estrechos vínculos entre
extractivismo y patriarcado.
Trata de mujeres y niñas
Los bloques petroleros en la
Amazonía ecuatoriana,
la explotación minera de Cajamarca en Perú o la ruta de la soja en
Argentina comparten una realidad común. En todos estos lugares,
afectados por las actividades
extractivas, la masiva llegada de
trabajadores ha provocado el incremento del mercado sexual. El alcohol,
la violencia, y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación
sexual se establecen en la cotidianidad de los pueblos como expresión de
una fuerte violencia machista. Un informe realizado en el marco del
Encuentro Latinoamericano Mujer y Minería que se celebró en Bogotá en octubre de 2011,
señala que “aparecen situaciones críticas que afectan directamente a
las mujeres, tales como la servidumbre, trata de personas, migración de
mujeres para prestar servicios sexuales (…) y la estigmatización de las
mujeres que ejercen la prostitución”.
Por otro lado, el modelo
extractivista
conlleva la militarización de los territorios, y las mujeres se
enfrentan a formas específicas de violencia debido a su condición de
género. Esto incluye, en numerosas ocasiones, agresiones físicas y
sexuales por parte de las fuerzas de seguridad públicas y privadas.
Desde
esta perspectiva, tanto la tierra como el cuerpo de la mujer son
concebidos como territorios sacrificables. A partir de ese paralelismo,
los movimientos feministas contra los proyectos
extractivos han
construido un nuevo imaginario político y de lucha que se centra en el
cuerpo de las mujeres como primer territorio a defender. La recuperación
del territorio-cuerpo como un primer paso indisociable de la defensa
del territorio-tierra. Una reinterpretación en la que el concepto de
soberanía y autodeterminación de los territorios se amplía y se vincula
con los cuerpos de las mujeres.
Son las mujeres Xinkas en resistencia contra la minería en la
montaña de Xalapán (Guatemala)
quienes, desde el feminismo comunitario, construyen este concepto.
Plantean que defender un territorio-tierra contra la explotación sin
tener en cuenta los cuerpos de las mujeres que están siendo violentados
es una incoherencia. “La violencia sexual es inadmisible dentro de este
territorio porque entonces ¿para qué lo defiendo?”, se preguntaba Lorena
Cabnal, integrante de la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María
de Xalapán – Jalapa.
“Las mujeres somos una economía en resistencia”
La
penetración de industrias extractivas en los territorios desplaza y
desarticula las economías locales. Rompe con las formas previas de
reproducción social de la vida, que quedan reorientadas en función de la
presencia central de la empresa. Este proceso instala en las
comunidades una economía productiva altamente masculinizada, acentuando
la división sexual del trabajo. El resto de economías no hegemónicas –
la economía popular, de cuidados, etc. –, que hasta ese momento han
podido tener cierto peso en las relaciones comunitarias, pasan a ser
marginales.
En un contexto donde los roles tradicionales de
género están profundamente arraigados y donde el sostenimiento de la
vida queda subordinado a las dinámicas de acumulación de la actividad
extractiva,
los impactos socio-ambientales como la contaminación de fuentes de agua
o el aumento de enfermedades incrementan notablemente la carga de
trabajo doméstico y de cuidados diario que realizan las mujeres.
“Hay
miles de experiencias productivas y económicas desde las mujeres que a
partir de hoy las reconocemos y las nombramos como economías en
resistencia.” A través de esta idea, adoptada de forma colectiva en el
Encuentro Regional de Feminismos y Mujeres Populares celebrado
en Ecuador en junio de 2013, las mujeres plantean otra forma de hacer
economía. Una economía basada en la gestión de los bienes comunes que
garantiza la reproducción cotidiana de la vida. Tal y como asegura la
socióloga e investigadora argentina Maristella Svampa, la presencia de
las mujeres en las luchas socio-ambientales ha impulsado un nuevo
lenguaje de valoración de los territorios basado en la economía del
cuidado. Detrás de esas luchas, por lo tanto, emerge un nuevo paradigma,
una nueva lógica, una nueva racionalidad.
El extractivismo y la reconfiguración del patriarcado
“La
presencia de hombres de otro lugar que ocupan las calles, se ponen a
tomar [beber alcohol] y fastidian a las mujeres, genera que éstas no
puedan salir a tomar un café porque las tratan como a putas”, cuentan
las mujeres en Cajamarca, una de las regiones más afectadas por las
actividades mineras en Perú.
En un contexto de acelerada masculinización del espacio, el
extractivismo
rearticula las relaciones de género y refuerza los estereotipos de
masculinidad hegemónica. En las zonas en las que se asientan las
industrias
extractivas se consolida el imaginario binario basado
en la figura del hombre proveedor donde lo masculino está asociado a la
dominación. En esta recategorización de los esquemas patriarcales, el
polo femenino queda ubicado en la idea de mujer dependiente, objeto de
control y abuso sexual.
En definitiva, tal y como señala un estudio publicado por
Acsur-Las Segovias, las aspiraciones colectivas que rodean a las actividades
extractivas
están fuertemente influidas por patrones masculinos, por imaginarios
masculinizados. En este sentido, las experiencias feministas permiten
visibilizar el
extractivismo como una etapa de reactualización del patriarcado. La investigadora y activista social mexicana Raquel Gutiérrez sostiene que “
extractivismo y patriarcado tienen una liga simbiótica. No son lo mismo, pero no puede ir el uno sin el otro.”
Protagonistas de la resistencia
Cuando
la empresa Yanacocha adquirió el proyecto minero Conga en 2001, nunca
imaginó que una sola mujer pondría en riesgo sus aspiraciones.
Máxima Acuña
se enfrenta con firmeza a uno de los gigantes de la minería. Se niega a
entregar sus tierras, ubicadas frente a la Laguna Azul de la región
peruana de Cajamarca, a una empresa que ha sido varias veces denunciada
por la adquisición irregular de terrenos privados. Desde el año 2011
Máxima y su familia han sido víctimas de violentos intentos de desalojo
por parte del personal de la minera y de la policía estatal. Entre
amenazas, intimidaciones y hostigamientos, resiste a un proceso judicial
plagado de irregularidades que la empresa interpuso bajo el cargo de
usurpación de tierras.
En junio de 2008 Gregoria Crisanta Pérez y otras siete mujeres de la comunidad de Agel, en San Miguel Ixtahuacán, Guatemala,
Guatemala,
sabotearon el tendido eléctrico interrumpiendo el suministro de la
minera Montana Exploradora, subsidiaria de la canadiense Goldcorp Inc.
Durante cuatro años recayó sobre ellas una
orden de captura por sabotaje
del funcionamiento de la mina. Finalmente, en mayo de 2012, los cargos
penales fueron levantados y las mujeres lograron recuperar parte de las
tierras de Gregoria, que venían siendo utilizadas de forma irregular por
la empresa.
Las mujeres del pueblo de
Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana,
encabezaron la resistencia contra la petrolera argentina Compañía
General de Combustibles (CGC), a la que lograron expulsar de sus tierras
en el año 2004. El Estado ecuatoriano había concesionado el 60% de su
territorio a la empresa, sin realizar ningún proceso de información ni
consulta previa.
Fueron las mujeres quienes, desde el principio, tomaron
la iniciativa. Cuando el ejército incursionó en su territorio
militarizando la zona en favor de la petrolera, ellas les requisaron su
armamento. El ejército quiso negociar la devolución de las armas de
forma secreta. El pueblo de Sarayaku, empujado por las mujeres, convocó a
toda la prensa del Ecuador para sacar el caso a la luz pública. En el
año 2012, tras una década de litigios, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la
violación de los derechos del pueblo de Sarayaku.
Estos y otros casos ilustran el panorama
anti-extractivista
latinoamericano en el que las mujeres se alzan como protagonistas de la
resistencia, incorporando nuevos mecanismos de lucha y reivindicando su
propio espacio. En su comunicado, las mujeres amazónicas que en octubre
de 2013 caminaron durante más de 200 km en contra de la XI Ronda
Petrolera en Ecuador, proclamaban: “Defendemos el derecho de las mujeres
a defender la vida, nuestros territorios, y a hablar con nuestra propia
voz”.
Miriam Gartor (@mirgartor) es educadora popular, ecologista y feminista. Consultora e investigadora independiente. Autora de
www.miriamgartor.com
Fuente original:
http://www.lamarea.com/2014/02/17/ecuador-extractivismo-mujeres/
