Policías de Bolivia negocian cese de motín y marcha indígena tomará a La Paz

Policías rasos de Bolivia negocian con el gobierno un acuerdo para cesar una huelga nacional, en tanto una marcha indígena ambientalista ingresará a La Paz el miércoles, pese a que el presidente Evo Morales acusa a ambos movimientos de buscar un golpe de Estado.

Mientras transcurren las negociaciones, cientos de uniformados alzados volvieron a manifestarse este martes en las afueras del Palacio de Gobierno y un grupo de ellos asedia la sede de las reuniones.

Paralelamente, la marcha de indígenas de la Amazonia, que rechazan la construcción de una carretera en su territorio, considerado área protegida, anunció su ingreso a La Paz para este miércoles, después de caminar más de dos meses desde las tierras bajas hasta la sede de Gobierno (un trayecto de 600 km).

El mandatario, ante una concentración de grupos sociales afines, insistió: "Están usando y confundiendo a nuestra policía nacional para conspirar contra la democracia".

"Estoy segurísimo: (Bolivia) no va a pasar de la dictadura militar (del pasado) a una dictadura policial. No va a haber eso, porque el pueblo está ahí para defender su democracia", señaló el mandatario, quien ha venido asegurando que los policías y los indígenas sublevados forman parte de un complot para derrocarlo.

Preocupado por la huelga policial en Bolivia y por su posible politización, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, pidió en Washington a las partes negociar para hallar una solución al conflicto.

"La huelga del cuerpo armado encargado de custodiar el orden público ya genera de por sí una sensación de incertidumbre", declaró Insulza, según un comunicado de la OEA.

"Pero cuando una legítima reivindicación gremial parece confundirse con objetivos políticos de desestabilización, eso debe preocuparnos mucho más", añadió.

En medio de ese clima de crispación, una delegación policial reanudó sin embargo este martes negociaciones con tres ministros de Estado para levantar el motín de policías rasos que en seis días se extendió a los nueve departamentos (provincias) de Bolivia.

La base del diálogo gira en torno al pedido de un salario básico de 2.000 bolivianos (unos 287 dólares al cambio), abrogación de un régimen disciplinario de la policía, jubilación con el 100% del último salario, creación de una defensoría policial y garantías de que los agentes amotinados no sufrirán represalias.

Firme en su tesis de que se intenta fraguar un golpe de Estado, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, declaró que "éste no es un movimiento cualquiera: tiene el poder de las armas, de los gases lacrimógenos y todas las herramientas" que ahora ha volcado "contra el Estado Plurinacional".

En la misma dirección, los gobernadores de ocho departamentos del país, excepto Santa Cruz (sureste), rechazaron el martes, convocados por el gobierno, los supuestos intentos conspirativos contra el presidente Morales.

"Repudiamos y condenamos los afanes y propósitos de grupos conspiradores y sediciosos que están generando hechos de violencia y cuyos actos están orientados a desestabilizar el proceso democrático promoviendo un golpe de Estado", manifestó el gobernador de La Paz, César Cocarico.

Dávila puso como evidencia de la presunta conspiración un atentado con dinamita que cortó esta madrugada las transmisiones de una radio del sindicato campesino de Oruro (oeste), afín al gobierno.

Además, el edificio del Congreso sufrió la noche del lunes un atentado con dinamita que provocó daños en el despacho de la presidenta de la Cámara de Diputados, denunció este martes un influyente parlamentario del oficialismo.

Por su parte, los indígenas han rechazado las acusaciones golpistas y han negado que la marcha esté casada con el motín policial.

"El gobierno debe hoy día solucionar los problemas con la Policía y no puede mezclar nuestra movilización", señaló Bertha Bejarano, lideresa del comité de marcha de los nativos.

Alrededor de unos mil indígenas amazónicos acampan a 12 km de La Paz, en la localidad de Urujara, en medio de un drástico frío invernal que ha afectado particularmente a mujeres y niños que acompañan la caminata.

La izquierda de Ecuador busca a un candidato que haga frente a Correa

Los grupos de izquierda de Ecuador buscarán a un candidato de consenso que haga frente al presidente del país, Rafael Correa, quien, aunque no ha hecho oficial su candidatura, se prevé que irá para la reelección en los comicios generales de febrero próximo.

Pese a que algunos políticos de izquierda se han anotado como precandidatos, la tendencia definirá posiblemente en julio al postulante que la representará, dijo hoy a Efe Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

"Hay buenos perfiles" en la izquierda ecuatoriana, añadió el líder indígena, tras insistir en que la tendencia buscará su definición política de manera consensuada entre todas las organizaciones y partidos de la línea.

Cholango dejó en claro que no se ha planteado la posibilidad de acercamientos con Alianza País, grupo que lidera el presidente Correa y que se define como un movimiento de izquierda y revolucionario, pero que para la Conaie "se ha derechizado".

El actual prefecto (autoridad provincial) de Azuay, Paúl Carrasco, ya ha anunciado su precandidatura, así como Gustavo Larrea, un ex aliado de Correa que incluso fue su ministro pero que ahora le critica.

Carrasco, que también estuvo del lado de Correa hasta el año pasado, denunció hoy en una entrevista por televisión que el Gobierno ha lanzado una campaña contra los gobiernos locales, como el suyo, dirigidos por personas contrarias al movimiento oficialista.

Larrea, por su parte, anunció su candidatura para las primarias que hará próximamente el movimiento "Participación", creado por él, aunque aclaró que apoyará al postulante que finalmente designe en julio la Coordinadora Plurinacional de Izquierda.

En esa coalición también figuran grupos como Pachakutik, el brazo político de la Conaie, el Movimiento Popular Democrático (MPD, maoísta), Poder Popular y Montecristi Vive, estos dos últimos de reciente creación.

El prefecto de la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, y la legisladora indígena Lourdes Tibán también han sido mencionados como posibles aspirantes por esa coalición.

Para Cholango, el movimiento indígena y los grupos de izquierda tienen "excelentes cuadros", aunque señaló que el candidato oficial de la tendencia surgirá de un proceso de consultas con las bases, en las que también se definirá una línea política clara y única.

Cholango, que también ha sido mencionado como posible precandidato, remarcó que el proceso de convergencia que han adelantado los grupos de izquierda y varios movimientos sociales no se quedará en la coyuntura electoral, "sino que va más allá", como un "proyecto estratégico".

Criticó la posición del presidente Correa, quien pese a definirse como un político de izquierda "ahora gobierna con la derecha", algunos de cuyos representantes, según el líder indígena, ocupan puestos claves en la administración.

Por fuera de la tendencia de izquierda también se han presentado otros precandidatos, como el magnate bananero Álvaro Noboa, que en mayo anunció su quinta participación electoral por la Presidencia del país.

Noboa ha llegado en tres ocasiones a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y todas ellas las perdió, en 1998 con el democristiano Jamil Mahuad, en 2002 con el populista Lucio Gutiérrez y en 2006 con Correa.

Asimismo, Fabricio Correa, hermano del actual gobernante, pero crítico a su gestión, ha promocionado su precandidatura, al igual que Lucio Gutiérrez, el derechista Mauricio Rodas y el banquero Guillermo Lasso.

Correa ha señalado que la candidatura de Alianza País será definida próximamente por el propio movimiento, el cual no ha promocionado otra figura.

Con una alta popularidad según varias encuestas, los analistas consideran que Correa al final se presentará a la reelección y que asomará en la campaña como el candidato a vencer para los demás.