martes, 26 de junio de 2012

Policías de Bolivia negocian cese de motín y marcha indígena tomará a La Paz

Policías rasos de Bolivia negocian con el gobierno un acuerdo para cesar una huelga nacional, en tanto una marcha indígena ambientalista ingresará a La Paz el miércoles, pese a que el presidente Evo Morales acusa a ambos movimientos de buscar un golpe de Estado.

Mientras transcurren las negociaciones, cientos de uniformados alzados volvieron a manifestarse este martes en las afueras del Palacio de Gobierno y un grupo de ellos asedia la sede de las reuniones.

Paralelamente, la marcha de indígenas de la Amazonia, que rechazan la construcción de una carretera en su territorio, considerado área protegida, anunció su ingreso a La Paz para este miércoles, después de caminar más de dos meses desde las tierras bajas hasta la sede de Gobierno (un trayecto de 600 km).

El mandatario, ante una concentración de grupos sociales afines, insistió: "Están usando y confundiendo a nuestra policía nacional para conspirar contra la democracia".

"Estoy segurísimo: (Bolivia) no va a pasar de la dictadura militar (del pasado) a una dictadura policial. No va a haber eso, porque el pueblo está ahí para defender su democracia", señaló el mandatario, quien ha venido asegurando que los policías y los indígenas sublevados forman parte de un complot para derrocarlo.

Preocupado por la huelga policial en Bolivia y por su posible politización, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, pidió en Washington a las partes negociar para hallar una solución al conflicto.

"La huelga del cuerpo armado encargado de custodiar el orden público ya genera de por sí una sensación de incertidumbre", declaró Insulza, según un comunicado de la OEA.

"Pero cuando una legítima reivindicación gremial parece confundirse con objetivos políticos de desestabilización, eso debe preocuparnos mucho más", añadió.

En medio de ese clima de crispación, una delegación policial reanudó sin embargo este martes negociaciones con tres ministros de Estado para levantar el motín de policías rasos que en seis días se extendió a los nueve departamentos (provincias) de Bolivia.

La base del diálogo gira en torno al pedido de un salario básico de 2.000 bolivianos (unos 287 dólares al cambio), abrogación de un régimen disciplinario de la policía, jubilación con el 100% del último salario, creación de una defensoría policial y garantías de que los agentes amotinados no sufrirán represalias.

Firme en su tesis de que se intenta fraguar un golpe de Estado, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, declaró que "éste no es un movimiento cualquiera: tiene el poder de las armas, de los gases lacrimógenos y todas las herramientas" que ahora ha volcado "contra el Estado Plurinacional".

En la misma dirección, los gobernadores de ocho departamentos del país, excepto Santa Cruz (sureste), rechazaron el martes, convocados por el gobierno, los supuestos intentos conspirativos contra el presidente Morales.

"Repudiamos y condenamos los afanes y propósitos de grupos conspiradores y sediciosos que están generando hechos de violencia y cuyos actos están orientados a desestabilizar el proceso democrático promoviendo un golpe de Estado", manifestó el gobernador de La Paz, César Cocarico.

Dávila puso como evidencia de la presunta conspiración un atentado con dinamita que cortó esta madrugada las transmisiones de una radio del sindicato campesino de Oruro (oeste), afín al gobierno.

Además, el edificio del Congreso sufrió la noche del lunes un atentado con dinamita que provocó daños en el despacho de la presidenta de la Cámara de Diputados, denunció este martes un influyente parlamentario del oficialismo.

Por su parte, los indígenas han rechazado las acusaciones golpistas y han negado que la marcha esté casada con el motín policial.

"El gobierno debe hoy día solucionar los problemas con la Policía y no puede mezclar nuestra movilización", señaló Bertha Bejarano, lideresa del comité de marcha de los nativos.

Alrededor de unos mil indígenas amazónicos acampan a 12 km de La Paz, en la localidad de Urujara, en medio de un drástico frío invernal que ha afectado particularmente a mujeres y niños que acompañan la caminata.

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