Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’
Adital
El 31 de marzo de 1995 el gobierno de Guatemala firmó el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI) que significó un hito importante en la historia de Guatemala, porque el gobierno reconoció la existencia de los Pueblos Maya, Garífuna y Xinka y asumió el compromiso de construir una sociedad basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de dichos pueblos. Por otro lado, el Estado de Guatemala reconoció la discriminación que han afrontado las mujeres indígenas por ser mujeres e indígenas, con el agravante de su situación social de particular pobreza y explotación, comprometiéndose a implementar los mecanismos para erradicar la discriminación y el racismo contra las mujeres indígenas.
Sin embargo a 18 años de la firma del AIDPI desde la realidad de las mujeres y pueblos Maya, Garífuna y Xinka, se observan pocos avances en la implementación de dicho acuerdo, así como en el cumplimiento de los Instrumentos Internacionales ratificados por el Estado de Guatemala sobre los derechos de las mujeres y Pueblos Indígenas. El Gobierno de Otto Pérez Molina pretende eliminar la carrera del magisterio, modificar la Constitución Política de la Republica, Se niega al apoyo de aprobar la propuesta de Ley de Desarrollo Rural Integral. Estas políticas hegemónicas afectarán negativamente los derechos sociales, políticos, económicos y jurídicos de los pueblos.
El gobierno de Otto Pérez Molina está desmantelando los mecanismos que se crearon en el marco de los Acuerdos de Paz para erradicar la discriminación y las violencias contra las mujeres. De manera arbitraria eliminó el Foro Nacional de la Mujer, la SEPREM encargada de promover y vigilar las políticas públicas para las mujeres, dejó al margen el Plan de Equidad de Oportunidades de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 2008-2023, que representó para las mujeres más de 8 años de trabajo. También, se observa el debilitamiento de CONAPREVI, a pesar de los altos índices de violencia contra las mujeres. Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Guatemala, en los 2 meses de este año se han perpetrado 186 feminicidios. El gobierno anuló el derecho de participación y representación de las mujeres indígenas organizadas en el proceso de elección de la Defensora de la Mujer Indígena. También preocupa el debilitamiento de la CODISRA y de las Unidades de pueblos indígenas de los Mecanismos del Ejecutivo.
En este país no ha cesado el despojos de tierras a las comunidades indígenas y aumenta la criminalización y persecución contra mujeres y autoridades comunitarias que defienden sus derechos colectivos al territorio. Según el Catastro Minero, al 1 de marzo de 2012 había más de 391 licencias de exploración y explotación concesionadas, pero no se había respetado el derecho de consulta que les asiste a las comunidades afectadas.
Lo anterior evidencia el incumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno de Guatemala, en los Acuerdos de Paz, por el contrario impulsa y respalda la agenda económica neoliberal a costa de la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Por lo que exigimos al Estado de Guatemala:
a) El Cumplimiento de los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz, y en los Instrumentos Internacionales ratificados por el Estado de Guatemala en materia de derechos de mujeres y Pueblos Indígenas;
b) La asignación presupuestaria y el respeto de la independencia de los mecanismos de mujeres y pueblos indígenas, a partir de sus funciones para el que fueron creados;
c) Respeto a las Consultas comunitarias, que han realizado los pueblos en donde han tomado decisiones sobre su propia forma de vida, defendiendo sus territorios para garantizar la soberanía alimentaria, con la claridad de que los impactos negativos de los mega-proyectos, minera y monocultivos provocan y profundizan el problema de la pobreza y desnutrición en nuestros pueblos;
d) Que el Poder Ejecutivo y Legislativo garanticen la independencia del Poder Judicial en la administración de la justicia, ejemplo: el juzgamiento de los casos de Genocidio perpetrados durante el conflicto armado que dejó un saldo en muertos y desaparecidos que supera las 200,000 personas (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, s.f., p. 17).
Las mujeres mayas rechazamos la represión que está enlutando a cientos de familias, luchamos por el derecho a vivir con dignidad, como herencia de las prácticas y sabiduría de nuestras abuelas y abuelos, por ello defendemos, promovemos e impulsamos el Raxnaqil K’aslemal/Vida en plenitud.
Es necesario construir sociedades con justicia social, sin discriminación ni racismo.
Iximulew Oxlajuj Ajpu, Guatemala 31 de marzo de 2013.
Guatemala, C.A.
