CubaDebate
Contra el terrorismo mediático
Adital
Por Luis Britto García
Barack Obama se considera con poderes para
asegurar que "el pueblo de Venezuela pueda determinar su propio destino libre
del tipo de prácticas que todo el hemisferio ha dejado atrás”, y no reconoce el
triunfo de Nicolás Maduro. El candidato derrotado introduce demanda de nulidad
ante el TSJ, y en prueba de que no respeta al CNE ni tampoco al más alto
juzgado de la República, de una vez declara que "Si estos magistrados no
quieren responder vienen las instancias internacionales”. Son las mismas que
invocó el golpista Carmona Estanga en el decreto con el cual derogaba la
Constitución ¿Habrá mejor sitio para acudir que ante instancias
financiadas por Estados Unidos?
En efecto, no hay entes
jurisdiccionales más patrocinados por EE.UU. que la Comisión de Derechos
Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, la
cual recibe 54% de su presupuesto de la potencia norteña. El presidente
Rafael Correa denunció que países que no han firmado la Convención
Americana y que por lo tanto no están sujetos a la CIDH, como Estados Unidos y
Canadá, y ONGs radicadas en ellos costean el 96,5% del Presupuesto de ésta.
Quien paga la música elige la canción, y la
CIDH baila al ritmo que sus patrocinantes le tocan. Como coreando a su
patrocinante Obama, el 10 de mayo la Comisión instó a Venezuela a "adoptar de
manera urgente todas las medidas que sean necesarias a fin de garantizar los
derechos a la vida y a la integridad personal, así como los derechos políticos,
el derecho de reunión y los derechos a la libertad de asociación y libertad de
expresión en este contexto”. Por si faltaran dudas de la parcialización,
consideremos que en el sangriento período entre 1969 y 1998, cuando hubo campos
de concentración y masacres como las de Cantaura, Yumare y el Caracazo, tramitó
apenas 6 casos contra Venezuela, uno de ellos incoado por el terrorista Posada
Carriles. En cambio, entre 1999 y 2011 tramitó 63 casos. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos no exhibe mejor prontuario. Entre 1981 y
1998 resolvió sólo 1 caso contra Venezuela, el de la masacre de El Amparo. Pero
entre 1999 y 2011 sentenció 13 y tramita 11 más: 23 casos contra nuestro país.
Ni la CIDH ni la Corte acordaron ninguna acción ante el golpe del 11 de abril
de 2002.
Vale la pena hacer memoria sobre este encarnizado
prejuicio contra nuestro país. En su Informe para el Examen Periódico Universal
2011, la CIDH nos acusa en 233 párrafos. En 205 trata sobre casos en los cuales
no se han agotado los recursos internos, por lo que no se los puede llevar ante
la jurisdicción externa. En 225 párrafos no especifica hechos tales como
nombres, fechas, lugares ni otros datos indispensables para que una acusación
sea admitida. En 182 casos, juzga sobre suposiciones de hechos futuros e
inciertos, que "podrían” acontecer. En la casi totalidad, se funda en rumores o
recortes de prensa, que ningún tribunal digno de tal nombre acoge como prueba.
Hasta veta proyectos de leyes, cuya sanción depende única y exclusivamente de
la soberana voluntad popular, y no de una oficina de Washington. Fundándose en
esta masa de acusaciones fraguadas, nos incluye en una "IV Categoría” de países
con graves problemas de Derechos Humanos, acompañados sólo por Cuba, Honduras y
Haití.
Al tribunal de los fariseos se lo conoce por
sus sentencias. El 10 de enero del año pasado escribí que a instancias del
terrorista Tor Halvorsen "La Corte Interamericana contradijo la decisión
venezolana que inhabilita a un corrupto para candidatearse. Igual puede
pretender inhabilitar a quien gane las elecciones del 2012, o decidir quién las
ganó”. Exactamente en esa situación estamos un año después. La oposición
pretende que tribunales extranjeros financiados por Estados Unidos, y no el
pueblo venezolano, decida quién debe gobernarnos.
¿Qué éxito puede tener esta demanda
temeraria? Jurídicamente, ninguno. Establece el artículo 1 de la Carta de la
OEA que los países adhieren a dicho ente para "lograr un orden de paz y
de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su
soberanía, su integridad territorial y su independencia”. Mal podría una Corte
de la OEA acabar justamente con la independencia y soberanía de países
miembros. Para el caso de que tratara de hacerlo, la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de 15 de julio de 2003 declara que
decisiones de órganos jurisdiccionales extranjeros no son aplicables en
Venezuela si violan la Constitución: "Planteado así, ni los fallos, laudos,
dictámenes u otros actos de igual entidad, podrán ejecutarse penal o civilmente
en el país, si son violatorios de la Constitución, por lo que por esta vía (la
sentencia) no podrían proyectarse en el país, normas contenidas en Tratados,
Convenios o Pactos sobre Derechos Humanos que colidiesen con la Constitución o
sus Principios rectores”.
Tampoco podrían la CIDH ni la Corte
Interamericana admitir tal demanda de inmediato, pues según el artículo 46 de
la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, "1. Para que una
petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea
admitida por la Comisión, se requerirá: a)que se hayan interpuesto y
agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del
Derecho Internacional generalmente reconocidos”. Y desde el 10 de mayo de 2012
nuestra Asamblea Nacional acordó la denuncia de la Convención Americana, pero
sólo tras inexplicable e inexcusable retraso se comunicó el 6 de septiembre
dicha decisión a la Corte. Ante ésta sólo se pueden interponer recursos durante
un año tras la denuncia. De no ser por el saboteador retraso, ya estaríamos
libres de esa pesadilla. Pero declara en el diario La Verdad del
27-4-1013, el constitucionalista José Vicente Haro que "el camino de la
impugnación es largo. Una sentencia definitiva podría demorar hasta un año”.
Antes de ese plazo, el 6 septiembre de 2013 estaríamos enteramente fuera del
poder del tribunal de los fariseos. Que así sea.
La justicia es ciega, y el prejuicio también.
Ante la Corte Interamericana están introducidas las demandas de RCTV contra la
no renovación de su concesión; la de Allan Brewer Carías para deslegitimar a
los tribunales venezolanos y la anunciada del candidato perdedor para anular
las elecciones presidenciales. Toda una triple ofensiva para deslegitimar a los
poderes Ejecutivo, Judicial y Electoral. El órgano encargado de defendernos, la
Agencia del Estado para los Derechos Humanos ante los Organismos
Internacionales a veces padece cuatro meses de tardanza antes de que se pague a
su personal, en otros casos no ha podido asistir a audiencias por providenciales
retrasos en la entrega de viáticos. El presidente Nicolás Maduro twitea que "La
cuestionada y desprestigiada CIDH vuelve a arremeter contra la democracia y el
pueblo venezolanos. Una vez más la rechazamos y repudiamos”. Para que ese
repudio se haga efectivo, es necesario dotar de medios a nuestros defensores.
Se avecinan graves batallas jurídicas, y no podemos acudir a ellas desarmados.
