miércoles, 14 de julio de 2010

LA GLOBALIZACIÓN Y SU CRISIS



Por Mabel Thwaites Rey**

El contexto actual de la crisis mundial

La crisis actual del capitalismo mundial abrió un escenario de incertidumbre que ha habilitado los más encarnizados debates y las más diversas perspectivas. Más allá del carácter que se le atribuya a la crisis desencadenada en septiembre de 2008, el consenso sobre su profundidad es unánime, así como sobre el advenimiento de un nuevo ciclo histórico del capitalismo mundial de contornos aún indescifrables y en disputa. En palabras de Joseph Stiglitz (2008), la crisis de Wall Street es para el mercado lo que la caída del Muro de Berlín fue para el comunismo.

Las polémicas giran en torno a las causas de esta crisis, las posibles consecuencias y las propuestas sobre la acción política encaminada a superarla. Para gran parte de los analistas (Walden Bello, Immanuel Wallerstein, Vincenç Navarro, Torres López y otros), a lo que estamos asistiendo es a una crisis sistémica de sobreproducción y sobreacumulación, producida por la reducción de la capacidad de consumo de las clases populares. Esta crisis arraiga en la tendencia del capitalismo a construir una ingente capacidad productiva que termina por rebasar la capacidad de consumo de la población, debido a las desigualdades que limitan el poder de compra popular, lo cual redunda en la erosión de las tasas de beneficio. Precisamente, la etapa neoliberal supuso la más fenomenal transferencia de recursos desde los sectores populares a los segmentos más ricos y concentrados de la población mundial.

En efecto, la polarización en la distribución de las rentas producida desde los años ochenta está en la base de esta crisis. En la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los de la periferia capitalista, la desregulación de los mercados laborales y financieros, el aumento de la regresividad fiscal a partir de la promoción del mundo empresarial y de los sectores más ricos, la privatización de los servicios públicos y el desarrollo de políticas monetarias favorables al capital financiero a costa de la producción crearon las condiciones para la crisis actual. Tales políticas fueron promovidas a nivel mundial por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por el Banco Mundial (BM), la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Como resultado de tales políticas ha habido en la mayoría de los países de la Unión Europea (UE), por ejemplo, un aumento del desempleo (mayor en el período 1980-2005 que en el período anterior 1950-1980, cuando las políticas existentes eran de corte keynesiano) y un descenso muy marcado de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional, descenso especialmente notable en los países de la Eurozona, que fueron los que siguieron con mayor celo tales políticas (Navarro, 2009). La consecuencia directa de esto fue la restricción de recursos disponibles por los sectores populares para destinarlos al consumo (Monereo, 2009). Para paliar esta deficiencia en la demanda, los centros de poder financiero pergeñaron la expansión del crédito sin sustento efectivo en la economía real, lo que llevó a la conformación de una burbuja gigantesca, cuyo estallido colocó al sistema completo al borde del colapso.

Uno de los debates importantes gira en torno a qué papel tendrá EE. UU. después de esta debacle: si conservará o no su carácter de hegemón universal o si lo resignará para compartirlo con Europa y Asia. Autores como Leo Panitch y Sam Gindin (2009) sostienen que esta crisis refuerza la centralidad del Estado norteamericano en la economía capitalista global, mientras se multiplican las dificultades asociadas a su manejo. Otros autores sostienen que se asiste a un debilitamiento del proyecto imperial yanqui y a un reacomodamiento del sistema mundial imperialista, con la emergencia de rivales de la talla de Rusia y China. David Harvey (2009b), por su parte, recupera los aportes de Braudel y Arrighi para mostrar cómo la evidente declinación de la hegemonía norteamericana, expuesta en la crisis financiera actual, no traerá de modo lineal el predominio de China, pero bien podría ser el preludio “de una fragmentación de la economía global en estructuras hegemónicas regionales que podrían terminar pugnando ferozmente entre sí con tanta facilidad como colaborando en la miserable cuestión de dirimir quién tiene que cargar con los estropicios de una depresión duradera”.

Lo que parece merecer pocas dudas es que el fin de ese ciclo supone el cierre de la etapa neoliberal de capitalismo abierto de libre mercado, con acotado control estatal. Y parece también ponerle fin a la fe irrefutable en las bondades de la globalización, dominante durante las últimas dos décadas. Al decir de Hobsbawm (2009), “no sabemos aún cuán graves y duraderas serán las consecuencias de la presente crisis mundial, pero señalan ciertamente el fin del tipo de capitalismo de mercado libre que entusiasmó al mundo y a sus gobiernos en los años transcurridos desde Margaret Thatcher y el presidente Reagan”.

El “resurgimiento” del papel activo de los Estados parece confirmarse por la masiva intervención de los gobiernos del mundo desarrollado, comenzando por el de Estados Unidos, para salvar al sistema financiero de la debacle. Y la otrora repudiada estrategia de la nacionalización se baraja como alternativa inevitable para salvar de la quiebra a bancos y empresas en problemas. Sin embargo, es preciso señalar que ni el Estado nacional perdió su importante papel en la constitución de estructuras de dominación a diversas escalas territoriales durante el auge neoliberal, ni parece verosímil que ahora recobre sin más las capacidades perdidas.

Como señalan Carnoy y Castells (1999), sin la decisiva intervención estatal la globalización no habría tenido lugar. La desregulación, la liberalización y la privatización, tanto doméstica como internacionalmente, conformaron las bases que allanaron el camino para las nuevas estrategias de negocios de alcance global. Las políticas de Ronald Reagan y Margaret Thatcher fueron clave para conformar la base ideológica para que esto sucediera, pero fue durante los noventa que las nuevas reglas de juego se expandieron por todo el mundo. La administración de Clinton, el Tesoro estadounidense y el FMI fueron decisivos en promover la globalización, imponiendo políticas a los países reticentes mediante la amenaza de exclusión de la nueva y dinámica economía global.

El poder global no se ha desplegado de manera autónoma, sino por medio de los Estados nacionales. Como destaca Guillén (2007), la globalización neoliberal ha sido impulsada activa y directamente por los Estados, tanto del centro como de las periferias del sistema: “La apertura comercial y financiera, la desregulación, los tratados de libre comercio, las privatizaciones, la flexibilización de las legislaciones laborales, etc., han sido todas ellas medidas tomadas y aplicadas en la esfera estatal”. Es más, los organismos multilaterales como el FMI y el BM, si bien son instancias supranacionales, constituyen prolongaciones estatales de los Estados Unidos y de los países del Grupo de los Siete (G7).

Por eso es preciso discernir qué fue lo que realmente resignaron los Estados nacionales durante la globalización, para poder ver si existe la posibilidad de que recuperen facultades anuladas o acotadas. Porque lo que resignaron los Estados nacionales, comparado con la etapa benefactora precedente, fueron las facultades ligadas a la inclusión de los sectores no dominantes en los procesos de decisión colectiva y participación en la renta y aquellas relativas al control del funcionamiento del mercado y la protección de la sociedad en función de objetivos nacionales. Pero los Estados fueron el vehículo mediante el cual se configuraron las alianzas de clase necesarias para el despliegue del capital global.
El auge neoliberal en América Latina y las lecturas de la globalización

En América Latina, el apogeo mundial de la perspectiva y las políticas neoliberales de las décadas pasadas se sostuvo sobre dos ejes básicos. Uno: el profundo cuestionamiento al tamaño que el Estado-nación había adquirido y a las funciones que había desempeñado durante el predominio de las modalidades interventoras-benefactoras. Dos: la pérdida de entidad de los Estados nacionales en el contexto del mercado mundial, provocada por el proceso de “globalización”. La receta neoliberal clásica propuso, entonces, achicar el aparato estatal (vía privatizaciones y desregulaciones) y ampliar correlativamente la esfera de la “sociedad”, en su versión de economía abierta e integrada plenamente al mercado mundial. Es decir, la lectura neoliberal logró articular en un mismo discurso el factor “interno”, caracterizado por la acumulación de tensiones e insatisfacciones por el desempeño del Estado para brindar prestaciones básicas a la población enmarcada en su territorio, y el factor “externo”, resumido en la imposición de la globalización, como fenómeno que connota la inescapable subordinación de las economías domésticas a las exigencias de la economía global.

El proceso de globalización capitalista supuso un cambio significativo en el proceso productivo mundial, con impacto sobre las formas de ejercicio de soberanía estatal en cuestiones tan básicas como la reproducción material sustantiva.

La puja entre los distintos espacios territoriales nacionales por capturar porciones cada vez más volátiles del capital global y anclarlas de manera productiva dentro de sus fronteras llevó a Hirsch a denominar a esta etapa como la del “Estado competitivo” (o “Estado de competencia”). Este es el resultado de la crisis del modelo de intervención fordista y propio de la etapa neoliberal (Hirsch, 2005).

Sin embargo, tal articulación con el mercado mundial no es un dato novedoso (Amin, 1998; Wallerstein, 1979; Arrighi, 1997; Kagarlinsky, 1999). La emergencia del capitalismo como sistema mundial en el que cada parte se integra en forma diferenciada supone una tensión originaria y constitutiva entre el aspecto general –modo de producción capitalista dominante–, que comprende a cada una de las partes de un todo complejo, y el específico de las economías de cada Estado-nación (formaciones económico-sociales insertas en el mercado mundial). Las contradicciones constitutivas que diferencian la forma en que cada economía establecida en un espacio territorial determinado se integra en la economía mundial se despliegan al interior de los Estados adquiriendo formas diversas. La problemática de la especificidad del Estado nacional se inscribe en esta tensión, que involucra la distinta "manera de ser" capitalista y se expresa en la división internacional del trabajo. De ahí que las crisis y reestructuraciones de la economía capitalista mundial y las cambiantes formas que adopta el capital global afecten de manera sustancialmente distinta a unos países y a otros, según sea su ubicación y desarrollo relativos e históricamente condicionados. La crisis actual no hace sino mostrar el desigual posicionamiento de los diversos Estados nacionales y, paradójicamente, la menor vulnerabilidad de corto plazo que tiene América Latina en esta etapa, por haber quedado menos expuesta a la volatilidad financiera que sacude a las economías del centro. Esta situación peculiar se funda en las políticas posneoliberales que varios países de la región vienen adoptando en lo que va de este siglo.

Comprender el límite estructural que determina la existencia de todo Estado capitalista como instancia de dominación territorialmente acotada es un paso necesario pero no suficiente para entender su funcionamiento. La reciente literatura sobre los cambios que ha impuesto la propia dinámica del capitalismo global a la definición de los “espacios” sobre los cuales se ejerce la soberanía atribuida al Estado-nación (Brenner, 2002; Harvey, 1999; Jessop, 1990, 2002) aporta una nueva mirada a incorporar en el análisis. Esta literatura sobre el proceso de globalización y su impacto tempo-espacial, sin embargo, suele focalizarse en el análisis de los espacios estatales del centro capitalista, y muy especialmente de Europa. Por tanto, muchos de los rasgos que son leídos como novedad histórica para el caso de los Estados nacionales europeos (como, por ejemplo, la pérdida relativa de autonomía para fijar reglas a la acumulación capitalista en su espacio territorial, comparada con los márgenes de acción más amplios de la etapa interventora-benefactora) no son idénticamente inéditos en la periferia.

Por eso hace falta avanzar en determinaciones más concretas, en tiempo y espacio, para entender la multiplicidad de expresiones que adoptan los Estados nacionales capitalistas particulares, que no son inocuas ni irrelevantes para la práctica social y política. Porque sigue siendo en el marco de realidades específicas donde se sitúan y expresan las relaciones de fuerza que determinan formas de materialidad estatal que tienen consecuencias fundamentales sobre las condiciones y calidad de vida de los pueblos. En este plano se entrecruzan las prácticas y las lecturas que operan sobre tales prácticas, para justificar o impugnar acciones y configurar escenarios proclives a la adopción de políticas expresivas de las relaciones de fuerza que se articulan a escala local, nacional y global. Una tensión permanente atraviesa realidades y análisis: determinar si lo novedoso reside en la configuración material o en el modo en que ésta es interpretada en cada momento histórico. Probablemente la respuesta no esté en ninguno de los dos polos, pero del modo en que se plantee la pregunta sobre lo nuevo y lo viejo, lo que cambia y lo que permanece, lo equivalente y lo distinto, se obtendrán hipótesis y explicaciones alternativas. Y la importancia de tales explicaciones no reside meramente en su coherencia lógica interna o en su solvencia académica sino en su capacidad de constituir sentidos comunes capaces de guiar y/o legitimar cursos de acción con impacto efectivo en la realidad que pretenden interpretar y modelar.
Los procesos políticos en América Latina durante los ochenta

Es interesante ver cómo se fueron dando los procesos latinoamericanos en el marco general del desarrollo capitalista. Durante los ochenta, por ejemplo, los países del Cono Sur empezaban a desembarazarse de las tremendas dictaduras que sofocaron a sangre y fuego la rebeldía popular de los primeros setenta. El problema político central pasó a ser cómo consolidar un esquema democrático y la cuestión de las “transiciones” ocupó gran espacio político. Este proceso se dio en un contexto muy particular: por una parte, las naciones avanzaban en la reconquista de sus sistemas democráticos arrastrando la pesada carga de la deuda externa acumulada en la década dictatorial, lo que limitaba enormemente sus márgenes de maniobra y además las ataba a los preceptos del FMI y el Banco Mundial. Por otra parte, se conformaba en los países centrales la hegemonía neoliberal, y los gobiernos inaugurales de Margaret Thatcher y Ronald Reagan sentaban las bases para proveer la legitimación de la ofensiva del capital sobre el trabajo a escala planetaria. De modo que así comenzó a configurarse y expandirse una visión pro-mercado y anti-Estado, que animó las políticas que causaron estragos sociales en la región.

En los años ochenta se dio la última experiencia de revolución político-militar triunfante en la región, justo en paralelo al ascenso neoliberal en el mundo y al declive del socialismo real. El Frente Sandinista de Liberación Nacional asume el poder en Nicaragua en 1979, luego de largos años de lucha armada, y lo resigna en las urnas en 1990, poco después de la caída del Muro de Berlín. Un año después, el Frente Farabundo Martí deponía las armas en El Salvador, quebrando las expectativas de consolidación de la experiencia revolucionaria en Centroamérica.

El sandinismo, que surge en los años sesenta, logra atravesar con sus luchas políticas y militares la debacle que sufren en los setenta y ochenta los movimientos populares en América Latina. Su ascenso como frente político militar con base de masas contrasta con la realidad de derrota popular en el Cono Sur, sumido en sendas dictaduras militares. Esta correlación de fuerzas desfavorable para los sectores populares condicionó fuertemente las vías de salida de las experiencias autoritarias que se sucedieron en países como Argentina, Uruguay, Chile y Brasil en los ochenta.

Lo paradójico es que el sandinismo vence en 1979, el mismo año en que asciende al poder Margaret Thatcher en Gran Bretaña y apenas meses antes de la elección de Ronald Reagan en Estados Unidos. Es decir, el último experimento revolucionario en América Latina empieza a desplegarse en el peor momento de reflujo del polo del trabajo en el contexto mundial y del correlativo ascenso de la hegemonía del capital bajo la égida del neoliberalismo, que se va expandiendo y afianzando en toda la región. La caída del Muro de Berlín, en 1989, significó un hito fundamental en el ascenso neoliberal, pues a partir de la inexistencia de la alteridad no capitalista, la globalización y su correlato de “pensamiento único” no sólo arrasaron con muchas de las conquistas materiales obtenidas por las clases populares durante los años de posguerra sino que también impactaron negativamente en las formas de construcción política e ideológica de los sectores subalternos. Durante los años noventa avanza, entonces, la más cruda transformación neoliberal.
Crisis de representación política y ascenso de los movimientos sociales

A las expectativas generadas por la recuperación democrática en la región en los tempranos ochenta, abierta con las elecciones en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, pronto sobrevino la desilusión por la cruda realidad que imponía el sometimiento a los dictados de los organismos financieros internacionales, lo que se tradujo en recurrentes crisis de representación. Porque si los partidos políticos perdían su capacidad y vocación para plantear e impulsar alternativas diferentes a las impuestas por las condicionalidades externas, sólo quedaban reducidos a conformar elencos gubernamentales más dispuestos a ocupar los cargos públicos para beneficio personal que a producir las transformaciones demandadas (de modo más o menos explícito, más o menos consciente, más o menos organizado) por los sectores populares.

Una de las herramientas de tal penetración neoliberal la constituyó la deuda externa. El extraordinario endeudamiento contraído en los años setenta se utilizó en las décadas siguientes como arma disciplinadora, de la mano de la receta de ajuste fiscal y achicamiento estatal del FMI y el Banco Mundial. Es precisamente por medio de la deuda (que exige refinanciamiento permanente) como se expresa el carácter subordinado de la globalización capitalista en la periferia. Las necesidades de financiamiento empujaron a los Estados nacionales de la periferia a solicitar préstamos a los acreedores y organismos financieros de crédito internacional. Para otorgarlos, según el Consenso de Washington, los Estados debieron someterse a reformas estructurales y ajustes del sector público que acotaron sus márgenes de maniobra para hacer su propia política económica. De modo que los lineamientos principales de la política económica interna se definieron en esas instancias supra-nacionales y en función de lo que se consideraba adecuado para, por sobre todo, satisfacer el pago de la deuda. Lo más destacable es que los Ejecutivos de los Estados endeudados, constreñidos por (o como expresión directa de) la amalgama de intereses dominantes (externos e internos), se comprometieron a aplicar políticas para cuya viabilización requerían la concurrencia de otros poderes, como el Legislativo. Esto hizo que, mientras el núcleo principal de la política se decidía en los organismos, los Ejecutivos se convertían en correas de transmisión, encargados de procurar la aprobación parlamentaria. Si no lo conseguían, apelaban a decretos presidenciales para sortear el obstáculo político legislativo, degradando aún más las instancias democráticas.

Este mecanismo produjo innumerables tensiones políticas, a la par que contribuyó a conformar la percepción difusa y generalizada de que las instancias de articulación y representación política democrática no tienen ninguna relevancia ni sentido. Porque si los Parlamentos deben limitarse a aceptar y aprobar lo que envía el Ejecutivo y éste acota su papel a transmitir las exigencias externas, no hay lugar alguno para la acción política democrática en los términos clásicos de funcionamiento institucional. Los partidos se vacían así de todo sentido de trascendencia y quedan convertidos en meras agencias de colocaciones de empleo público. La crisis de representación producida por este distanciamiento es el correlato directo de la falta de alternativas políticas genuinas y sustentadas en la movilización popular de amplio espectro.

Cabe recordar que a fines de los ochenta se discutía fuertemente sobre la supuesta pérdida de relevancia de los países periféricos en el mercado mundial y sobre cómo las nuevas relaciones Norte-Norte parecían deslizarse hacia un desentendimiento de la suerte del Sur. Sin embargo, más que una desconexión del Norte próspero, lo que quedó en evidencia ha sido cómo los mecanismos de la globalización integran a la periferia mediante nuevas formas de explotación, esta vez impuestas como “condicionalidades” para la obtención de préstamos y refinanciaciones de deuda. Ahora bien, si el condicionante global es una realidad incontrastable, la forma que este adoptó en cada Estado-nación tuvo que ver con la peculiar configuración de relaciones de fuerzas interna. Porque aunque el Consenso de Washington promovió principios unívocos para todos los países, no fue idéntica su instrumentación en cada caso nacional. La mayor o menor resistencia interna a las políticas de ajuste dependió, por una parte, de la configuración económica de cada Estado-nación (su nivel de endeudamiento, por caso) y, por la otra, de la percepción que de la situación tenían las clases antagónicas (dominante y subalternas) y cómo se posicionaron frente a eso. Es decir, dependió del poder relativo del capital vis à vis el polo del trabajo, tanto como de la matriz ideológico-política de las clases dominantes nativas. Porque los lazos de vinculación de las burguesías “externas” con las “internas” conforman un entramado complejo, que deviene de las formas en que se engarzan en el mercado mundial.

En tanto los intereses de las burguesías “nativas” se articulan o subordinan con los de los segmentos dominantes externos, aquellas tienden a representarse a sí mismas como parte de una suerte de “burguesía internacional”. Salvo, podríamos decir, el más complejo caso brasileño, las burguesías latinoamericanas no se plantean ensayar estrategias propias y diferenciadas de inserción en el mercado mundial. En general, se consolidan como meras poleas de transmisión de los intereses dominantes a escala global, sin pretensión alguna de ensanchar sus márgenes de acción ni de liderazgo relativamente autónomo. Su función se resume en viabilizar la expresión del capital global en el territorio nacional, como socios menores que, además, anhelan ser parte de ese núcleo central que les es territorialmente negado.

En ese marco de crisis de representación política y de insatisfacción por los magros resultados aportados por la democracia realmente existente, las luchas populares abandonaron el desprestigiado ropaje partidario y se transformaron en luchas de movimientos sociales, que se deslizaron de su inicial parcialidad hacia impugnaciones e interpelaciones más globales. Surgen así movimientos de la talla del MST en Brasil, de derechos humanos y de trabajadores desocupados en Argentina o de indigenistas en la región andina.

Como apunta Ouviña, en varios países de la región –y Argentina es un caso paradigmático al respecto– la emergencia de estas nuevas formas de protesta y organización responde, en parte, a una nueva estructura socio-económica marcada por la paulatina desindustrialización y la pérdida de derechos colectivos. Mientras en las décadas pasadas la mayoría de las luchas remitían al espacio laboral –predominantemente fabril– como ámbito cohesionador e identitario, las nuevas modalidades de protesta social exceden la problemática del trabajo y se anclan en prácticas de tipo territorial.

La vivienda y la comida, la ecología, los servicios públicos, los derechos humanos o la recuperación de valores tradicionales, que tienden a ser subsumidos dentro del proceso de globalización capitalista en curso, son algunos de los principales ejes que atraviesan a los nuevos movimientos sociales (Ouviña, 2004).

A esto se le suma la debilidad de los partidos políticos establecidos, incluso los de izquierda, para dar cuenta de las transformaciones sociales negativas producidas por la crisis del Estado interventor-benefactor. La conjunción de estos factores está en la base de la emergencia de organizaciones sociales que cuestionan, en su discurso o en sus prácticas, los límites de la política institucional tradicional y que constituyen una respuesta al vacío político.

En América Latina, en particular, expresan un cierto desencanto con relación a los partidos políticos y en especial al Estado como espacios únicos de canalización de demandas o eliminación satisfactoria de conflictos (Ouviña, 2004).
La conformación de una lectura antiestatista

Pero es la irrupción del zapatismo, en 1994, la que marca la tónica de un nuevo ciclo y una nueva forma de construcción política desde la izquierda. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) forma parte de la generación de los nuevos movimientos sociales que expresa la ruptura con las viejas formas de hacer política, referenciadas en el Estado. En su Primera Declaración de la Selva Lacandona, el zapatismo se planteaba tomar el poder y avanzar militarmente sobre la ciudad de México. También intentó en 2001, con la Marcha del Color de la Tierra, una reforma de la Constitución que permitiera su inserción en la estructura estatal. A pesar de estas acciones, los zapatistas tempranamente lanzaron su consigna “No queremos tomar el poder”, que fue retomada por intelectuales y dirigentes políticos y sociales, y que impregnó buena parte de los debates de algunos importantes movimientos del continente.

Desde mediados de los años noventa, y a partir de la influencia creciente del zapatismo, fue ganando terreno la idea de horizontalidad, entendida como un rechazo visceral de las prácticas centralistas y jerárquicas de la izquierda tradicional y los sindicatos. Se inauguró así una nueva forma de acción política: la organización en red, una suerte de “estructura sin estructura”, abierta en todos los canales y con capacidad de acción colectiva con incidencia real. Estas prácticas nacieron con el zapatismo y se expandieron en un nuevo ciclo de protestas que tuvo su punto culminante con el altermundismo y el movimiento crítico de la globalización neoliberal, que irrumpe con marchas multitudinarias a fines del siglo XX. Consignas como “globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza” o “que la resistencia sea tan global como el capital”, plasmaron las miradas alternativas de varios movimientos sociales de la región, recuperando un sentido internacionalista de las luchas populares.

Es a partir de estas innovadoras experiencias de lucha que comienza a configurarse una lectura profundamente antiestatista, que amalgama las insatisfacciones por las experiencias fallidas de los socialismos reales y las socialdemocracias de Occidente, con la rebelión antineoliberal. El auge de los foros sociales de Porto Alegre y de los movimientos opuestos a la globalización neoliberal en los países centrales marca una fuerte impronta antiestatal.

El autonomismo zapatista se enlaza con los aportes del marxista irlandés John Holloway (1993, 2002) y con los planteos de Toni Negri y Michael Hardt (2001). Su eje será la construcción política y social “por fuera” del aparato del Estado y la lógica del capital. Holloway sostiene que:

[…] los Estados nacionales compiten […] para atraer a su territorio una porción de la plusvalía producida globalmente. El antagonismo entre ellos no es expresión de la explotación de los Estados periféricos por los Estados centrales, sino que expresa la competencia –sumamente desigual– entre los Estados para atraer a sus territorios una porción de la plusvalía global. Por esta razón, todos los Estados tienen un interés en la explotación global del trabajo (Holloway, 1993: 7).

La conclusión política que se extrae de esta posición es que, en primer lugar, no hay alianza posible entre clases y grupos sociales dentro del territorio nacional para enfrentar al capitalismo central, de modo que toda estrategia nacional-popular en su formato clásico debe ser descartada. Más aun, en este razonamiento queda diluida la existencia misma del Estado nacional como instancia, espacio o escenario de articulación política sustantiva, en la medida en que el espacio estatal nacional mismo pierde entidad frente a la fuerza del capital global (o el Imperio, en términos de Negri). La derivación de esta postura lleva a plantear que la construcción política alternativa ya no debe tener como eje central la conquista del poder del Estado nacional sino que debe partir de la potencialidad de las acciones colectivas que emergen y arraigan de la sociedad civil para construir "otro mundo" (Holloway, 2002; Ceceña, 2002; Zibechi, 2003).

Estos teóricos contribuyeron a la conformación de una corriente de pensamiento y acción política muy ligada al zapatismo, con ramificaciones en los movimientos por la reforma agraria en Brasil y en algunos emprendimientos autónomos de trabajadores desocupados en la Argentina. Uno de los problemas principales que tiene esta perspectiva es que no diferencia el espacio territorial nacional-estatal como lugar específico de disputa a escala global de la lógica de dominación estatal al interior de tal espacio. La consecuencia es que subestima las luchas que se pueden desarrollar dentro de los límites de los espacios jurídico-territoriales de los Estados realmente existentes y las formas de materialización de conquistas populares en la trama estatal [...].

* El texto publicado en este Cuaderno es une versión editada de Thwaites Rey, Mabel 2010 “Después de la globalización neoliberal ¿Qué Estado en América latina?” en Observatorio Social de América latina (Buenos Aires: Clacso) Año XI, N° 27, abril. La versión completa de este escrito también esta disponible em www.biblioteca.clacso.edu.ar

** Profesora e investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA). Coordinadora del Grupo de Trabajo de CLACSO "El Estado en América Latina. Continuidades y rupturas".


Derecho humano al agua

COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI

Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina

Propuestas indígenas para un efectivo ejercicio del derecho humano al agua


Adopción por la ONU de este derecho es el resultado de un largo proceso de lucha de las organizaciones indígenas y sociales.


El reconocimiento del Derecho Humano al Agua por la Asamblea General de las Naciones Unidas se concretaría antes de finalizar este mes de julio. Se trata de una de las propuestas centrales de los pueblos indígenas y sus organizaciones, guardianes milenarios del agua concebida como fuente de vida.


“Este reconocimiento es el resultado de un largo proceso desarrollado por las propias organizaciones. Recordemos la Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia, el año 2000, cuyo detonante fue la pretendida privatización del abastecimiento municipal del agua. Y la reciente Movilización Plurinacional en Ecuador, uno de cuyos puntos centrales fue el rechazo a una ley de Recursos Hídricos privatizadora, inconstitucional y que no recogía las propuestas de las organizaciones indígenas”, señaló Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).


La pretensión de privatizar el agua –recordó- también motivó la unidad del pueblo uruguayo en torno a la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida
(CNDAV), que convocó a una consulta contra esta privatización en el año 2002.


Por su parte, Idelfonso Cavasa, autoridad de la Comisión de Tierra y Territorio del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, dijo que esta organización respalda la adopción del Derecho Humano al Agua, sobre todo si toman en cuenta los principios y valores de los pueblos originarios.


“Los pueblos indígenas originarios somos los que desde siempre protegemos los ojos de agua de la contaminación. Y proponemos racionalizar su distribución y consumo”, indicó la autoridad indígena.


El agua como derecho humano es ahora una bandera de lucha global, porque la globalización neoliberal considera el agua como un recurso y fomenta no solo su privatización, para concentrarla en pocas manos, sino su uso indiscriminado por las industrias extractivas, como la minería y el petróleo, que contaminan irreversiblemente las fuentes de agua, agregó Palacín.


Propuestas indígenas


Para los pueblos indígenas el agua es un elemento vital, no solo para nuestras poblaciones sino también para toda la naturaleza y toda la humanidad. Para el sector financiero internacional, en cambio, es un recurso estratégico para el control de poblaciones y de aprovechamiento en términos de mercado.


Los pueblos indígenas y sus organizaciones, en el marco de la materialización del Buen Vivir, plantean las siguientes propuestas en torno a los recursos hídricos:


El agua como patrimonio común.

Todo plan de acción con relación al agua debe orientarse a protegerla y conservarla, garantizando su disponibilidad con equidad para asegurar la existencia de todos los seres vivos del planeta. Para ello se debe asegurar y proteger los sistemas hídricos, tanto en su entorno geográfico como en su ciclo natural, consensuando acciones y mecanismos que mantengan la integralidad de los ecosistemas, especies animales, vegetales y la vida de las comunidades con dignidad, y recreando su identidad cultural. El agua es patrimonio de la tierra y de toda forma de vida animal, vegetal y humana.


El agua como dominio público.

Este principio implica la definición del agua en las Constituciones como bien público bajo el control de la sociedad en su conjunto. Al mismo tiempo, se deben formular mecanismos equitativos de uso que respondan a las necesidades de la naturaleza y de las comunidades humanas, priorizando los derechos de subsistencia, soberanía alimentaria y desarrollo local.


El agua es un bien común, no una mercancía.

El acaparamiento del agua por los sectores más dinámicos de la economía -minero, industrial, agrícola empresarial, exportador y otros- va en desmedro de la gran mayoría de usuarios y de la propia naturaleza. Por tanto, ninguna empresa, nacional o transnacional, o persona particular, tiene el derecho de apropiarse del dominio del agua o acaparar su uso para fines de lucro privado en perjuicio del resto de la colectividad. Por ser el agua un bien de dominio público, es un recurso vital que no puede ser tratado como mercancía, ser reducido a un valor comercial y estar sometido a las leyes del mercado. Por ello, el agua no puede ser materia de tratados de libre comercio.


Revalorización de saberes, tecnologías y organización andina.

Los saberes del mundo andino, sus sistemas tecnológicos y sociales de gestión del agua, parten del principio de la convivencia armónica con la Madre Tierra y se sustentan en la propiedad colectiva del agua, basados en un sistema legal y social propio que logró garantizar la sustentabilidad de los ecosistemas desde tiempos inmemoriales y por lo tanto debe ser preservado, respetado y reconocido. Los sistemas tradicionales de manejo del agua, desarrollados y validados a lo largo de cientos de años, hoy en día marginados, son probadas alternativas para la sostenibilidad de los recursos hídricos. Por ello deben de ser mejor comprendidos, valorados, recuperados y difundidos como tecnologías para la sustentabilidad del desarrollo.


Sistemas de gestión integrales y participativos.

Los sistemas de gestión del agua deben basarse en un concepto de integralidad, a partir de una concepción territorial de cuenca, de usos compatibles y sustentabilidad del recurso. La priorización de los usos del agua debe basarse en mecanismos participativos que permitan garantizar su conservación y el acceso equitativo. Los proyectos de gestión sustentable requieren de información pública sobre el estado actual y la disponibilidad de las aguas superficiales y subterráneas, información hoy en día casi inexistente, poco sistematizada y de difícil o costoso acceso.


Institucionalidad participativa y control social.

Las normas legislativas y formas de gestión del agua deben garantizar la disponibilidad del agua en términos de volumen y de calidad, para asegurar la sustentabilidad y necesidades de los ecosistemas y de las comunidades humanas. Para ello, los sistemas de gobernabilidad, tanto a nivel de cuenca como nacionales, deben basarse en las autoridades hídricas locales ya existentes, tales como comunidades indígenas, campesinas, asociaciones de regantes y demás usuarios del agua. Los gobiernos deben respetar y valorar la gestión y el derecho originario comunal e integral de las comunidades indígenas y campesinas, debiendo éstos ser reconocidos como patrimonio de la humanidad.


Lima, 13 de julio de 2010.

Comunicaciones CAOI



--
Norma Aguilar Alvarado
******************************
****
Área de Comunicaciones
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas - CAOI
Ecuador-Colombia-Perú-Bolivia-Chile-Argentina
Dirección: Jr. Carlos Arrieta # 1049 Santa Beatriz, Lima - Perú
Telefax: 0051-1-2651061
Celular: 945198300
Sitio web: www.minkandina.org


--
Roberto Espinoza
Tf (511)991199376
toe86@hotmail.com
skype : roberto.espinoza2008

Francia: Polémica reunión de Sarkozy con dirigentes de 13 ex-colonias en Africa


París.- El presidente francés Nicolas Sarkozy almorzó en el palacio del Elíseo, sede del ejecutivo, con los dirigentes de 13 ex colonias francesas en Africa, "invitados de honor" al desfile militar de la fiesta nacional francesa con motivo del 50 aniversario de su independencia.


"Este año, 14 países africanos que en su historia han estado vinculados a Francia y que celebran el cincuentenario de sus independencias, serán los invitados de honor a las ceremonias del 14 de julio", anunció la presidencia francesa en un comunicadol, citó AFP.

Al hablar antes del almuerzo, el presidente francés se defendió de las acusaciones de animar una cierta "nostalgia colonial".

"Mal me conocen quienes piensan que puede animarme un sentimiento de nostalgia hacia un periodo del cual, en más de una vez, subrayé la injusticia y los errores", sostuvo Sarkozy.

El mandatario francés sostuvo que el "objeto de este encuentro no es celebrar sus independencias pues lo hacen muy bien ustedes mismos (sino) celebrar la fuerza de los vínculos que unen la historia edificada entre nuestros pueblos".

En el tradicional desfile que celebra la fiesta nacional de Francia, y que recorre la avenida de los Campos Elíseos, participarán delegaciones de Benín, Burkina Faso, Camerún, Congo, Gabón, Madagascar, Malí, Mauritania, Níger, República Centroafricana, Senegal, Chad y Togo.

Al almuerzo asistía Costa de Marfil que no tomará parte en el desfile.

El Elíseo difundió la lista de presidentes invitados al almuerzo pero la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH) le pidió la lista completa de las delegaciones africanas.

"Para que la fiesta nacional francesa no sea sinónimo de fiesta de la impunidad, nuestras organizaciones le piden solemnemente que haga pública la lista nominal de representantes de las delegaciones extranjeras invitadas al 14 de julio", escribió la FIDH y la Liga de Derechos Humanos y del Ciudadano (LDH) en una carta al presidente Sarkozy.

Ambas entidades expresaron su "seria preocupación" de que las delegaciones incluyan a "personas responsables de graves violaciones a los derechos humanos involucradas en instrucciones abiertas ante la justicia francesa".

La iniciativa gubernamental generó interrogantes en la oposición.

"¿Era necesario hacerlo el 14 de julio en el marco de un desfile militarâ Es una iniciativa nefasta", opinó Francois Hollande, uno de los principales dirigentes del Partido Socialista.




Francia: El Parlamento galo aprueba vetar el burka en público

*

PARÍS (Reuters) - Las mujeres musulmanas podrían ser multadas en Francia por llevar velo integral en lugares públicos, de acuerdo con una ley aprobada el martes por abrumadora mayoría en la Cámara Baja del Parlamento.

La ley, que aún tiene que ser aprobada por la máxima autoridad constitucional del país, el Consejo Constitucional, y por el Senado, podría convertir a Francia en el segundo país europeo que da pasos para convertir en delito llevar burka o niqab.

En Francia vive la minoría musulmana más grande de Europa, formada por cinco millones de personas, pero se cree que sólo unas 2.000 mujeres llevan el velo integral.

La ley, que según sus críticos estigmatiza a los inmigrantes, prohíbe "llevar, en un lugar público, prendas diseñadas para cubrir el rostro".

Infringir la norma conllevará una multa de 150 euros o la asistencia a una clase de ciudadanía.

Obligar a alguien a cubrirse la cara podría penarse con un año de cárcel y una multa de 30.000 euros. La ley no se aplica si el rostro está cubierto para eventos artísticos o carnavales.

En la votación, 335 miembros de la Cámara aprobaron la prohibición con sólo uno en contra. La oposición socialista y del Partido Verde se abstuvo.

La ministra de justicia, Michele Alliot-Marie, dijo que la aprobación del texto es un éxito para los valores republicanos franceses de libertad, igualdad, fraternidad y laicismo.

Sin embargo el Consejo de Estado, el máximo organismo de asesoría legal del país, ya se ha preguntado si la prohibición es compatible con la Constitución y la Convención Europea de Derechos Humanos.

¿NEGACIÓN DE DERECHOS?

También el Consejo de Europa ha expresado su oposición a la prohibición del velo, y ha señalado que niega un derecho básico a las mujeres.

Los partidarios de la norma afirman que los burkas, que cubren el cuerpo de la cabeza a los pies, y el niqab, que sólo deja los ojos a la vista, degradan a las mujeres y son una amenaza para la seguridad pública.

Sus críticos creen que leyes semejantes discriminan a los musulmanes y crean un clima de sospecha y hostilidad hacia las comunidades inmigrantes. Amnistía Internacional condenó la votación.

"Una prohibición completa a cubrir la cara violaría los derechos de libertad de expresión y religión para las mujeres que llevan el burka o el niqab como expresión de su identidad o creencias", aseguró John Dalhuisen, experto en discriminación en Europa de Amnistía Internacional.

Francia ya ha prohibido los pañuelos musulmanes que cubren la cabeza o hiyabs en escuelas y en los puestos de funcionariado, aunque las estudiantes universitarias pueden llevarlos.

El empresario Rachid Nekkaz, que intentó presentarse a las elecciones presidenciales de 2007, indicó en un comunicado publicado en varios periódicos que utilizará los beneficios de ventas de propiedades para crear un fondo de un millón de euros que ayude a las mujeres a pagar las multas acarreadas por la nueva ley.

Los movimientos en favor de prohibir el velo integrar están cobrando fuerza en Europa. Encuestas en España, Italia, Alemania y Reino Unido han indicado un amplio apoyo de la población a estas medidas.

La Cámara Baja del Parlamento belga aprobó en abril el veto a todas las prendas que cubran el rostro de forma total o parcial, y también España está considerando una prohibición.

Varias localidades españolas han prohibido ya los velos integrales en edificios públicos, y Barcelona ha anuncido su intención de hacerlo, mientras que en Italia una coalición aliada del primer ministro conservador, Silvio Berlusconi, está presionando en favor de una ley que prohíba estas prendas.

Alemania, sin embargo, no está estudiando una prohibición, mientras que en Reino Unido es improbable que prospere la propuesta de un parlamentario conservador para prohibir burkas y pasamontañas.


Reuters

“El feminismo es una filosofía de vida”


Madrid, 14 jul (10). AmecoPress. Porque el feminismo no se puede esconder en casa o en el trabajo, sino que es un filosofía que todo lo abarca, la Plataforma Andaluza de apoyo al Lobby Europeo de Mujeres organiza mañana una mesa redonda sobre “La transformación social desde la ideología feminista”.

Para Rafaela Pastor, presidenta de la plataforma, el Gobierno de Andalucía está haciendo un buen trabajo en garantizar “la equidad” entendiendo que “las mujeres no somos un departamento cerrado, ni un tema, estamos en todas las parcelas de la sociedad”.

“La transformación pasa porque se entienda que el propio feminismo se tiene que vivir no sólo como la lucha de las mujeres, sino de todas las personas excluidas de la Tierra, y por la protección del propio planeta Tierra, que nos lo estamos cargando”.

Según la presidenta de la plataforma, para transformar la sociedad es necesario pasar por “un planeta laico, en el que no se siga normalizando en nombre de religiones, culturas y tradiciones”, y en contra de los derechos de las mujeres y de las personas más vulnerables.
Pastor ha señalado que en la actualidad hay 68 países en los que se persigue la homosexualidad y que hace falta mucho trabajo para acabar con esta persecución, con la pena de muerte, y por supuesto con la lapidación de las mujeres garantizando los Derechos Humanos en todo el planeta.

“Vamos a dar un paso importante al comprender la ideología feminista como filosofía de vida”, ha dicho, y ha añadido como ejemplo: “no puede ser feminista sin ser sindicalista”. Para la mesa han contado con lideresas de distintas organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres.

Las participantes son Mercedes Osuna, directora de la Cátedra de estudios de mujeres Leonor de Guzmán; Dulce Rodríguez, de la asociación de mujeres Marianne; Lorena Mancilla, presidenta de la asociación de mujeres inmigrantes Pan y Rosas; y Lourdes Pastor, presidenta del colectivo de Jóvenas Feministas. Se celebrará a las 11 de la mañana en el Salón Mudéjar del rectorado de la Universidad de Córdoba.


Pronunciamiento final de la Asamblea Nacional de salud de los pueblos indígenas ”construyendo alternativas para un buen vivir desde los Pueblos”



DECLARACIÓN PÚBLICA

Los Pueblos Indígenas de Colombia, nuestras autoridades, organizaciones y dirigentes indígenas representados en la Primera Asamblea Nacional de Salud Indígena, convocada por la ONIC, AICO, CIT y OPIAC, en cumplimiento de las Leyes de Origen, el Derecho Mayor y el Derecho Propio, en pleno ejercicio de la libre determinación de los Pueblos,

invocando nuestro ejercicio autónomo a ejercer gobiernos propios, buscando proteger la vida, el territorio, los conocimientos ancestrales, promoviendo el fortalecimiento de lo propio, y procurando la unidad de los Pueblos, y

CONSIDERANDO

  1. Que los Pueblos Indígenas de Colombia hemos sido sometidos a procesos de extinción y exterminio por parte del Estado Colombiano y actores externos, como lo reconoce y determina la Corte Constitucional, el Relator de las Naciones Unidas sobre las cuestiones Indígenas y el movimiento indígena nacional.

  1. Que los Pueblos Indígenas hemos venido siendo sometidos de manera sistemática a procesos de exclusión, discriminación e imposición cultural y en los últimos tiempos nuestras justas luchas han sido estigmatizadas, perseguidas y judicializadas.

  1. Que el Estado social de Derecho y el pluralismo étnico y cultural ha venido siendo desmontado de manera sistemática, privilegiando los intereses privados y comerciales en deterioro de los derechos de la inmensa mayoría de la sociedad Colombiana y fundamentalmente de los Pueblos Indígenas.

  1. Que el modelo de desarrollo que se implementa en Colombia destruye la madre tierra y condecora a los intereses capitalistas y neoliberales de las multinacionales a quienes se les concesiona nuestros territorios.

  1. Que en el marco de la política de seguridad democrática la situación de conflicto armado en nuestros territorios se ha profundizado, generando una serie de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por todos los actores armados que operan en nuestros territorios.

  1. Que alrededor del 27% de los indígenas en Colombia no tenemos garantizado el derecho al territorio. En materia de desarrollo rural las políticas del Gobierno privilegian los intereses de los grandes terratenientes, de los para-políticos y de las familias hacendadas de este País, como ha ocurrido con Agro Ingreso Seguro “AIS”; mientras que las luchas campesinas, agrarias e indígenas son desconocidas y en muchos casos estigmatizadas, como ocurre con la extinción de los resguardos coloniales.

  1. Que uno de los sectores más afectados por los procesos de corrupción en este País ha sido la Salud, que bajo el modelo de la Ley 100 de 1993, los pacientes pasamos a ser clientes, convirtiendo el derecho a la salud en una mercancía o negocio que favorece los intereses privados.

  1. Los Pueblos Indígenas consideramos que el problema de la Salud en Colombia no se resuelve colocando impuestos o recortando presupuesto; si no a partir de reformas estructurales que parten de la derogación de la Ley 100 y de su modelo perverso que ha fracasado en nuestro País.

Por éstas y muchas razones más,

DECLARAMOS

  1. La defensa de la vida, el territorio y el patrimonio social, cultural y ambiental de los Colombianos y especialmente de los Pueblos Indígenas.

  1. Rechazamos las decisiones del Gobierno Colombiano de imponer reformas constitucionales, legales o extralegales que atentan contra los derechos de los ciudadanos, bajo el sofisma de atender a la población, cuando lo que se pretende es privilegiar los intereses de unos pocos como ocurrió con la extinta declaratoria de emergencia social de la salud.

  1. La Salud es un derecho fundamental e integral que corresponde a todos los Colombianos sin ningún tipo de distinción política, étnica, racial, filosófica, etc.

  1. La necesidad perentoria de articular esfuerzos con otros movimientos sociales y populares para la defensa de la salud pública en Colombia, mediante la propuesta de adelantar una minga por la defensa de éste derecho vital para el buen vivir.

  1. Los Pueblos Indígenas de Colombia realizaremos el Primer Congreso Nacional de Salud Indígena donde se legitime y consolide la puesta en marcha de un Sistema de Salud Propia e Intercultural, en armonía con la ley de origen, la constitución política de 1991, la declaración universal de naciones unidas sobre pueblos indígenas y el Convenio 169 de la OIT;

Por lo tanto,

EXIGIMOS

  1. La vigencia y el cumplimiento del Estado Social de Derecho reconocido en el pacto social y político que todos los sectores del País suscribimos en la Constitución Política de 1991.

  1. La derogatoria del actual sistema de salud, que contraría los principios de humanidad y equidad social.

  1. El reconocimiento político, jurídico y garantía financiera al Sistema de salud propio e intercultural de los Pueblos Indígenas.

Finalmente, hacemos un llamado a todos los sectores sociales y populares para consolidar un sistema de salud alternativo que respete los derechos fundamentales de los colombianos, y adelantar acciones de unidad política, en minga para la defensa de la salud pública de nuestro País; así mismo, invocamos la solidaridad internacional para mantener y consolidar la incidencia y el acompañamiento permanente en nuestros procesos de lucha.

Africa: En Nigeria siguen enfrentamientos entre cristianos y musulmanes


09:43 AM Kano, Nigeria.- Por lo menos ocho personas murieron y 40 fueron heridas en el este de Nigeria en enfrentamientos entre cristianos y musulmanes el pasado martes, durante los cuales fueron incendiadas seis mezquitas y una iglesia, indicó una fuente policial.

"Según nuestras informaciones, ocho personas murieron y otras 40 fueron gravemente heridas en actos de violencia durante los cuales seis mezquitas y una iglesia fueron quemadas", declaró el comisario encargado de la policía del Estado de Taraba, Aliyu Musa, citó AFP.

"Ahora la situación está bajo control", afirmó, agregando que se habían desplegado refuerzos policiales.

Los enfrentamientos estallaron el martes en la ciudad de Wukari, en el oeste del estado, entre jóvenes musulmanes y jóvenes cristianos, debido a la construcción de una mezquita, según Musa.

Taraba, uno de los 36 estados de la federación nigeriana, es mayoritariamente cristiano.

Nigeria, el país más poblado de Africa, con 150 millones de habitantes, es mayoritariamente musulmán en el norte y cristiano en el sur. La población está repartida entre las dos religiones y regularmente estallan choques de carácter étnico o religioso, sobre todo en el norte.

El estado de Taraba es fronterizo con el de la Meseta (centro), en cuya capital Jos se registraron varios enfrentamientos violentos entre las dos comunidades. Durante dos crisis ocurridas este año, en enero y marzo, habrían muerto unas 1.500 personas, según los recuentos de organizaciones no gubernamentales.



Perú: Comunicado Oficial



COMUNICADO OFICIAL


La Corte Suprema de Justicia del Perú anuncia que:

Este lunes 28 de Junio, a las 9:30 a.m. retirará todos los "Servicios Sanitarios" (W.C) del Palacio de Justicia y de todas sus dependencias, considerando que en ese Alto Tribunal

"Nadie hace ni Mierda".



Dichos Servicios Sanitarios serán "re-instalados" de inmediato en el Congreso de la República, dado que ahí,

la "Paran Cagando"...




Izquierda y Derecha (patrón mundial de poder y México ) *



Es más que evidente que “esta humanidad”, esta viviendo los peores momentos de su historia de apenas diez mil años. Varios son los factores que propician esta crisis humana recurrente 1, entre los más importantes podríamos señalar: la subordinación del Estado al Mercado, la deshumanización, la pérdida del sentido sagrado del mundo y la vida, la voracidad y la acumulación de la riqueza material, la destrucción y contaminación del medio ambiente, la globalización y el desarrollo de las comunicaciones, el desarrollo científico y tecnológico sin sabiduría y ética en detrimento de la espiritualidad, entre otros.

Pero existe un factor determinante que posibilitó y alentó esta catástrofe planetaria.



La toma del poder de los mercaderes/burguesía, que inició en 1776 con la creación del primer país del mundo. En efecto, hasta ese año, todas las formas de organización en el mundo, fueran reinos, imperios, federaciones, etc., obedecían a largos proyectos sociales milenarios o centenarios, de carácter autónomo, generacional y en muchos casos anónimo. Cada pueblo a través de los siglos fue ideando una mejor forma de organizarse, en base a su cultura, su medio ambiente, su religión y su idiosincrasia.



Pero en 1776 los dueños del dinero, los mercaderes, iniciaron la construcción de un “nuevo mundo”, un nuevo acuerdo o contrato social, en el que, en principio, “todos fueran iguales” y no tuvieran ninguna restricción para desarrollar impunemente sus “iniciativas privadas” para comerciar y acumular dinero. Que las “diferencias sociales” no se dieran por los linajes, las responsabilidades comunitarias o los sacrificios por el bien común, la preparación y exaltación de la nobleza humana, sino por la capacidad de mercar y atesorar. Que la responsabilidad de gobernar y administrar, en teoría, se diera a partir de que los ciudadanos eligieran “libremente” a quienes debían gobernar.



Una nueva sociedad sin límites, en la que el interés individual estuviera por encima del interés común y que el límite individual fuera su propia capacidad de mercar. En la que no hubiera restricciones de carácter moral, social, legal o religioso. En el que las leyes, las autoridades y las instituciones fueran creación de “los ciudadanos” (más distinguidos y ricos) y que se acabaran los linajes de gobierno, la monarquía, y sobre todo la nobleza 2. Que el gobierno, la sociedad y la naturaleza, estuvieran al servicio de los mercaderes y como único fin fuera la creación y atesoramiento de la riqueza material para la comodidad, el lujo y el placer.



Para ello, los mercaderes a finales del siglo XVIII, alentaron el nacimiento de los filósofos del nuevo orden mundial, la política y los partidos políticos, el gobierno del pueblo y para el pueblo que estuviera al servicio de los intereses de los mercaderes 3. Una nueva visión del mundo, la vida y la divinidad se gestó en la Europa bárbara del Norte. Los guerreros pusieron la fuerza bruta y las armas, y los mercaderes venidos del Medio Oriente, las ideas mercantiles y materialistas.



El primer gran enclave de los mercaderes se estableció en Florencia, pero luego pasó a Londres y ahora está en Wall Street. El poder económico mundial sionista y el poder militar anglosajón, han sido los instrumentos del cambio al “nuevo orden mundial” del imperio del “Becerro de Oro”. Desde Napoleón Bonaparte hasta David Petraeus 4, los ejércitos al servicio de los intereses económicos y políticos de los mercaderes han derrocado gobiernos tradicionales o constitucionales no manipulables, para imponer “la democracia” y con ello el libre mercado.



El inicio del nuevo orden mundial, se concibe con el nacimiento de Estados Unidos como una acción concertada de un poderoso y reducido grupo económico, y no como una expresión popular nacida en el seno de un proyecto de desarrollo humano ancestral. Se empieza a “exportar” las repúblicas y las democracias, por medo del financiamiento global de los mercaderes a través del derrocamiento de las antiguas y tradicionales formas de gobierno e imponen por la fuerza, la “libertad ilimitada del Mercado”, la democracia partidaria y la modernidad.



La famosa “Revolución francesa”, es más un mito del Mercado, que una expresión popular en la búsqueda de una nueva forma de gobernar para beneficiar al pueblo. En efecto, la burguesía o mejor dicho, los intereses de los mercaderes globales, financiaron un golpe de Estado a la Corona Francesa. Los mercaderes prepararon el descontento popular al “cerrar las compuertas de la economía de Francia” y financiaron con el populacho y los recién nacidos “intelectuales y políticos”, la “primera revolución burguesa” de la historia.



Fue tanta la torpeza, el encono y protagonismo de “los revolucionarios intelectuales” que estuvo a punto de perderse la Revolución Francesa. Debido a que los políticos en la Asamblea Nacional se la pasaban en permanentes pugnas. Los aprendices de políticos demostraron desde el principio que la “democracia” es poner a pelear a unos contra otros para debilitar a la sociedad y fortalecer el capital, por lo que la primera “intervención” de los políticos terminó en un baño de sangre en la guillotina, que los devoró a ellos mismos. Por la incapacidad de los políticos, el pueblo decidió volver al “viejo orden” monárquico y fue Napoleón Bonaparte, el que a cañonazos doblegó la voluntad popular y salvó la república de los mercaderes.




El nacimiento de esta nueva forma de gobernar, a través de la democracia impuesta por los mercaderes, no es producto de un proceso social, de la voluntad de un pueblo por construir una mejor forma de vivir o la búsqueda de una mejor forma de gobernar. No, por el contrario, fue y sigue siendo, el interés de los dueños del dinero, locales y globales, que buscan la implantación de una forma de organización social que se ajuste mejor a sus intereses. A principios del Siglo XIX crearon los países, a finales del Siglo XX crearon los bloques económicos y su objetivo es la implantación de un Estado global.




De modo que la “política” en las sociedades “modernas” regidas bajo los intereses de los mercaderes, tiene como estructura “deseada” un sistema bipartidista. Demócratas y republicanos, republicanos y conservadores, liberales y conservadores, laboristas y conservadores, priísitas y panistas, etc. Pero este concepto surge en la primera Asamblea Nacional en la Revolución francesa. En efecto, el “nuevo orden” estaba representado en dos posiciones, aparentemente opuestas, pero que las dos tenían el mismo fin. Cambiar el sistema ancestral en el que los mercaderes no tenían poder, y matizar el cambio con “dos corrientes aparentemente opuestas”. La imposición del totalitarismo fundamentalista del Mercado.



La izquierda y la derecha, son las dos puntas de la misma soga con la que se ahorca al pueblo. La izquierda y la derecha, a final de cuentas surgen como propuesta de los propios mercaderes y son las encargadas de restringir, en la práctica, los derechos y las oportunidades de los pueblos y las personas a favor de privilegiar los intereses de los mercaderes y del Mercado.



En la Asamblea Nacional, en el París revolucionario, Robespierre se sentaba al lado izquierdo y representaba los cambios totales en la sociedad. Fouché se sentaba al lado derecho y representaba los cambios con moderación. Pero ambos, trataban de “construir” un nuevo acuerdo social que beneficiara a los mercaderes y al Mercado. Los intereses del pueblo nuca han en verdad interesado a los mercaderes, y el Mercado, no tiene ninguna responsabilidad social o histórica con los pueblos. “Business are business”.



No fue el caso de los reyes, emperadores, zares, tlatuanis, sultanes, etc., que por miles de años, siempre tuvieron como primera responsabilidad el bienestar de sus pueblos. En algunos casos lo hicieron con acierto ejemplar y en otros con lamentables fracasos, pero el “bien común”, el desarrollo y la trascendencia espiritual de los pueblos, estaba, “en principio”, por encima del interés privado.



De modo que la lucha política está viciada desde su génesis, pues no tienen como objetivo real, el bienestar y desarrollo del pueblo. Usa un discurso saturado de mentiras (demagogia), porque necesitan del voto del pueblo para cumplir con la defensa de los intereses de los dueños del dinero, quienes los escogieron y financiaron. El político, independientemente que sea de derecha o de izquierda, le promete al pueblo trabajar por él, pero en la práctica, atiende en primera instancia los intereses de los mercaderes. De modo que el concepto de “la izquierda revolucionaria” es bastante demagógico. Los que están en la izquierda siempre le han hecho juego al sistema de los mercaderes 5.



Para el caso particular del México de nuestros días, la diferencia entre la izquierda y la derecha es que; mientras la segunda es congruente y la unen los intereses económicos, a la izquierda la desunen históricamente los protagonismos y la corrupción 6. En efecto, como dice el viejo refrán, los de la izquierda, “patean al compañero de alado, alzan el puño izquierdo…pero cobran con la derecha”, y como lo demuestra la historia, son capaces de matarse por treinta monedas de plata.

______________
1 Los Viejos Abuelos toltecas nos dejaron dicho que estamos viviendo en el Quinto intento por construir una mejor humanidad y que las cuatro anteriores fueron destruidas por sus propios errores.

2 El gobierno de los nobles fue el más generalizado en el planeta a través de los milenios. Entendiendo por noble, aquél que a través de la preparación para gobernar se le educa desde niño en la exaltación de su “nobleza humana”. La degradación del gobierno de la nobleza es la monarquía, en la que el gobierno es heredado solo por parentesco. Un noble en el siglo XXI es el Dalai Lama.

3 La creación de la masonería, los enciclopedistas y la nueva ciencia, fueron parte de la estrategia.

4 Nuevo comandante de tropas aliadas en Afganistán.

5 Estar a la izquierda o a la derecha, es “estar y aceptar” el sistema impuesto por los mercaderes y el Mercado. Pareciera que no existe otra forma de vivir, administrar y gobernar, más que la del culto al Becerro de Oro.

6 Más que patética la lucha intestina actual, de la izquierda en México y el PRD con sus “once mil corrientes”.


(Tomado del Blog Toltecas)