UNICEF advierte segunda ola de muertes en el Cuerno de África

GINEBRA – El hambre y las enfermedades podrían causar una segunda oleada de muertes en el Cuerpo de África advirtió el viernes el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Una de las zonas más afectadas es el sur de Somalia. La nueva emergencia se registra 100 días después de haberse declarado la hambruna en la región del Cuerno de África.

La UNICEF indicó en un comunicado que está haciendo todo lo posible por "prevenir una segunda ola de muertes por brotes de enfermedades que podría ser potencialmente más devastadora".

Añadió que la respuesta internacional en masa a la crisis de supervivencia infantil en el Cuerno de África ha mostrado ya algunos resultados positivos, “pero todavía queda mucho por hacer para salvar a cientos de miles de niños en riesgo de morir de desnutrición y enfermedades”, agregó.

"Las lluvias intensas aumentan el riego de brotes epidémicos y dificultan la distribución de ayuda", dijo el director regional para el sureste africano, Elhadj As Sy.

La guerra lo agrava

Además la escalada del conflicto armado en el sur de Somalia hace todavía más difícil la labor de trabajadores humanitarios para ofrecer asistencia vital a niños y sus familias, detalló.

"Hemos salvado a muchos niños, en Somalia, en los campos de refugiados en países vecinos, así como en las demás regiones de Kenya, Etiopía y Djibuti, afectadas por la sequía prolongada, el aumento del precio de los alimentos y el conflicto", apuntó As Sy.

"Debido a la magnitud de la crisis humanitaria, tenemos que aumentar nuestra respuesta inmediata y al mismo tiempo, sentar las bases para el desarrollo a largo plazo, para evitar que una catástrofe similar vuelva a suceder".

El director dijo además que "necesitamos más apoyo para ampliar aún más nuestras intervenciones integrales en salud, nutrición, seguridad alimentaria, agua y saneamiento, educación y protección infantil, para crear un futuro mejor para los niños en el Cuerno de África".

Aproximadamente 13,3 millones de personas necesitan ayuda. Más de 450 mil somalíes han huido a los campamentos de refugiados alrededor de Dadaab, en el noreste de Kenya, incluidos 100 mil que han llegado desde junio pasado. Otros 183 mil somalíes han huido a Etiopía, incluidos más de 120 mil de los campos de refugiados en Dollo Ado, y 20 mil refugiados han ido a Djibuti, explica el informe.

Miles han muerto

Miles de niños han muerto, y más de 320 mil -la mitad de ellos en el centro y sur de Somalia- están tan gravemente desnutridos que pueden morir en las próximas semanas y meses, si las operaciones de ayuda humanitaria no se amplían rápidamente, dijo la UNICEF.

El informe revela además que que la respuesta internacional ha sido extraordinaria, y que gracias a todo el apoyo recibido en los últimos tres meses UNICEF y sus aliados en el Cuerno de África han logrado importantes resultados, que son la base para construir una respuesta más amplia, y que incluyen:

- Cerca de 10 mil toneladas métricas de suministros de UNICEF de primera necesidad que han sido distribuidos en el Cuerno de África por tierra, mar y aire.
- 108 mil niños con desnutrición grave tratados en centros de alimentación terapéutica.
- 1.2 millones de niños vacunados contra el sarampión.
- Acceso a agua potable para 2.2 millones de personas.
- 48 mil niños con acceso a espacios acogedores para la infancia u otros entornos seguros.

Trabajo con comunidades

El informe también revela que las acciones específicas basadas en el trabajo con las comunidades, como el programa Red de seguridad productiva y el programa de ampliación de la salud en Etiopía, han sido fundamentales en la prevención de mayores tasas de mortalidad.

UNICEF dijo además que en el centro y el sur de Somalia, donde el acceso de los organismos humanitarios es limitado, ha conseguido llegar a 350 mil personas con alimentación suplementaria y a unas 30 mil familias con alimentos cocinados en su camino hacia los campos de refugiados de Kenya y Etiopía.

Además, las previsiones para la temporada de lluvias, que va de octubre a diciembre, reflejan que la seguridad alimentaria puede mejorar en Kenya y Etiopía, donde las lluvias comenzaron recientemente. Sin embargo, la experiencia también demuestra que la temporada de lluvias, después de una prolongada sequía, incrementa el riesgo de inundaciones y brotes de enfermedades mortales como el cólera, el paludismo y la neumonía.

En el centro y el sur de Somalia, la situación empeorará aún más si no mejora el acceso humanitario de forma rápida y significativa, subrayó.

"Tenemos que hacer un esfuerzo adicional para llegar a todos los niños y sus familias que necesitan nuestra ayuda. La crisis se encuentra lejos de llegar a su fin y, sin duda, continuará hasta bien entrado el año 2012", señaló As Sy.

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Panama: La privatización del sector público

Por Marco A. Gandásegui, h.

Los médicos panameños han declarado un paro de labores con fines solidarios y políticos dirigido a frenar la avaricia sin límites de los dueños del país. Los grandes empresarios – en el mejor espíritu neoliberal – ahora quieren que todos los bienes públicos sean privatizados. La estrategia de los empresarios es apropiarse sin pagar un centavo – sin riesgo alguno – de todos los servicios públicos: Salud, educación, seguridad social, protección, vivienda, fuentes de agua, el mar, las montañas, calles y carreteras. Todo lo que rinda una ganancia para los que se creen dueños del país en detrimento de los trabajadores y capas medias.

Los empresarios, quienes ya son dueños de los servicios, del comercio y de los negocios especulativos - tanto legales como ilegales – quieren aprobar el proyecto de ley Nº 349 de Asociaciones Público-Privadas. En otras palabras, una ley que privatiza el sector público. Pero la trampa es aún más grande. Quieren privatizar todos los bienes de la república pero con la garantía de que si les va mal todos los panameños (nuestros impuestos) pagan sus pérdidas, incluso las ganancias previstas. Si les va bien, los propietarios se llevan todas las ganancias, sin pagar impuestos.

En muchos países que aplicaron políticas neoliberales recientemente la experiencia ha sido un fracaso. Actualmente, en Chile hay un movimiento social encabezado por los estudiantes para que les devuelvan el sistema educativo a la sociedad. Fue privatizada hace 20 años y sólo ha creado problemas sociales y una educación mediocre. En México y Perú la situación es muy parecida.

Ahora en Panamá se quiere ir por el viejo camino equivocado. ¿Porqué? La respuesta es sencilla: Es una manera fácil y rápida para que los especuladores se hagan ricos a costilla de los panameños. Van a arruinar el sistema educativo, acabar con el sector que presta servicios de salud y, probablemente, vendan el Canal de Panamá. Puede significar un negocio de varios miles de millones de dólares que beneficie a unos pocos especuladores.

Es una trampa a la vista. El gobierno del presidente Ricardo Martinelli no quiere que la iniciativa se presente al público. En la Asamblea, los diputados de los partidos políticos de gobierno y oposición aplauden la iniciativa ya que ambas bancadas están comprometidas con las políticas neoliberales, en quiebra en todo el mundo. Quieren que sigamos por el camino de México, Grecia y EEUU que tienen movimientos de protesta social a lo largo y ancho de continentes enteros.

En Colombia el analista Eduardo Sarmiento, quien escribe en el muy conservador diario de Bogotá, El Espectador, describió el asalto del erario publico en los siguientes términos: “Se presumía que la gestión privada contribuiría a aumentar la eficiencia de las actividades y reducir el tamaño del Estado. Luego de dos décadas, el experimento ha puesto a varias empresas privadas cerca de la quiebra y ha significado enormes subsidios (por parte) del Estado”.

Según Sarmiento, “la idea era muy simple. El lucro individual induciría a las empresas a ampliar la actividad y la competencia las obligaría a transformar sus ingresos en servicios efectivos. Como era perfectamente previsible, por tratarse de actividades necesarias, las entidades adquirieron un claro poder monopólico que las lleva a una actitud muy distinta”.

Como consecuencia “las empresas de salud conceden los mínimos servicios posibles. Gran parte de los servicios especializados se obtienen con tutelas basadas en la universalidad de la salud. Los fondos privados entregan la tercera parte de los beneficios que ofrecen en las campañas de publicidad y no le aseguran la pensión mínima a la mayoría de los cotizantes”.

En el caso de las construcciones escolares “los contratistas modifican los requisitos técnicos de la obra e, incluso, incrementan el monto que sirvió de base para adjudicarlo. La constante es que el valor y los períodos de entrega de los proyectos resultan en el doble de lo estipulado”.

Según Sarmiento, “no han faltado la complicidad y la permisividad oficial. El fracaso de las entidades privadas en los grandes proyectos y actividades lleva muchas veces a los gobiernos a asumir las pérdidas. El presupuesto está plagado de partidas para cubrir subsidios, sobre-costos y pirámides de las entidades privadas”.

Lo mas peligroso es que los defensores de estas empresas especulativas trabajan con una “biblia” en la mano que llaman la ideología neoliberal. No son economistas y desconocen las mínimas reglas de administración de empresas. “Los autores y defensores de las privatizaciones se resisten a aceptar el error conceptual e insisten en profundizar el fracaso”, dice Sarmiento. Con la ley que somete los intereses públicos al despilfarro privado, “se configuró una maraña de instituciones orientadas a obtener la máxima ganancia, favorecer a los sectores altos (especuladores) y trasladar las pérdidas a los contribuyentes”. La conclusión de Sarmiento se puede aplicar a Panamá: Si se aprueba la ley de Asociaciones Público-Privadas, contribuirá a crear mas desempleo, aumentará la pobreza y provocará una desigualdad mayor en la distribución del ingreso.

Panamá, 27 de octubre de 2011.

- Marco A. Gandásegui, hijo, es Profesor en la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELAwww.salacela.net

http://marcoagandasegui11.blogspot.com

http://alainet.org/active/50437

Ocupado canteiro de obras da usina de Belo Monte

Renato Santana

De Brasília

O canteiro de obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, na região de Altamira (PA), está ocupado por mais de 600 indígenas, pescadores, ribeirinhos e populações ameaçadas pelos impactos sociais e ambientais do grande empreendimento. A ocupação começou na madrugada desta quinta-feira (27).

A Rodovia Transamazônica (BR-230), a partir de trecho em frente ao canteiro, na altura da Vila de Santo Antônio, região de Altamira, está interditada e só passam veículos transportando doentes.

Em assembleia realizada na manhã desta quinta-feira, o movimento definiu como principal reivindicação que o governo federal envie autoridades para negociar com os as populações tradicionais o fim das obras de Belo Monte.

Outra decisão tomada pelos ocupantes é que o acampamento no canteiro de obras será permanente e desde já convocam outras entidades e movimentos a cerrarem fileiras nessa luta que, conforme os manifestantes, não irá parar.

Todo o processo de ocupação ocorreu de forma pacífica e é fruto das discussões entre os povos tradicionais durante o seminário “Territórios, ambiente e desenvolvimento na Amazônia: a luta contra os grandes projetos hidrelétricos na bacia do Xingu”.

Com o encontro, se pretendia analisar a conjuntura em torno de Belo Monte e discutir respostas às situações de risco e impactos geradas pela usina. As mesas de debate foram suspensas em vista da ação de ocupação do canteiro de obras.

São 21 povos indígenas envolvidos na mobilização. “Para mim, as pessoas que estão querendo fazer essas usinas, são uma doença. São um câncer que vai matar o planeta. Nós somos o remédio para essa doença!”, disse Davi Gavião que segue: “Sou filho de quem foi impactado por uma usina. Faz 35 anos que nosso povo foi retirado da sua área e até agora estamos lutando por uma indenização. Faz 35 anos! Essa Belo Monte vai trazer muitos impactos também. Temos que lutar contra todas as barragens! (sic)”.

Entre os pescadores, Raimundo Braga Nunes: “Tenho certeza que depois de Belo Monte vou ser obrigado a mudar de trabalho, porque peixe não vai ter. Vai morrer, ou vai migrar. Eu não me calo, estou pronto para brigar, preparado. Convido nossos amigos indígenas para somar forças para proteger nosso rio. O Xingu é nosso pai e mãe”.

Nesta quarta-feira (26), as populações impactadas viram o desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), Fagundes de Deus, votar contra a Ação Civil Pública que pede a paralisação das obras de Belo Monte.

Impetrada pelo Ministério Público Federal (MPF), a ação é um recurso de apelação onde se pede o cancelamento do licenciamento ambiental e a inconstitucionalidade do Decreto 788/2005 do Congresso Nacional – que libera a obra sem a realização da consulta de boa fé aos povos indígenas do Xingu e populações tradicionais, tal como diz a Constituição Federal e a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

A desembargadora Maria do Carmo Cardoso, terceira a votar a matéria durante a sessão desta quarta-feira do TRF-1, em Brasília (DF), pediu vistas da Ação Civil Pública e interrompeu o julgamento – programado para entrar em pauta no dia 9 de novembro.

Dessa forma, a ocupação é também uma resposta a postura da Justiça que apesar de todas as irregularidades, 11 ações denunciando ilegalidades no processo de Belo Monte em tramitação, além de pareceres contrários à obra trabalhados por um painel de especialistas e MPF, não interrompe as obras. Sobretudo, não reconhece a e leva em conta a opinião das comunidades que agora ocupam o canteiro.

Primeiro voto: a favor da ação

O primeiro voto dos desembargadores do TRF-1, no último dia 17, declarou inválidas a autorização e licença ambiental para Belo Monte.

“É de nenhuma eficácia a autorização emitida pelo parlamento”. Com essas palavras a desembargadora Federal Selene Maria de Almeida desqualificou o Decreto Legislativo nº 788/2005 do Congresso Nacional que autorizou a construção da usina de Belo Monte. Ela considerou igualmente inválido o licenciamento ambiental de Belo Monte.

Num voto elaborado e denso, a desembargadora acatou a maioria dos pontos apresentados pelo MPF/PA, sendo o argumento mais importante o fato de as comunidades indígenas afetadas pela usina de Belo Monte não terem sido consultadas a respeito, conforme mandam a Constituição Federal e tratados internacionais, como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificada pelo Brasil em 2004 (Decreto nº 5.051/2004).

Ela não deixou dúvidas sobre a necessidade das oitivas: “A Constituinte prescreve que sejam ouvidas as comunidades indígenas afetadas. Para protegê-las”. Em seu voto, Selene reafirmou o posicionamento já adotado pelo TRF-1 quando da primeira avaliação da matéria, em 2006.