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Boaventura de Souza Santos/ Ecuador: ¿La revolución ciudadana tiene quién la defienda?

Boaventura de Souza Santos

Los intelectuales de América Latina, entre los que me considero por adopción, han cometido dos tipos de errores en sus análisis de los procesos políticos de los últimos cien años, sobre todo cuando contienen elementos nuevos, ya sean ideales de desarrollo, alianzas para construir el bloque hegemónico, instituciones, formas de lucha, estilos de hacer política. Por supuesto, los intelectuales de derecha también han cometido muchos errores, pero aquí no me ocuparé de ellos. 

 

El primer error ha consistido en no hacer un esfuerzo serio para comprender los procesos políticos de izquierda que no encajan fácilmente en las teorías marxistas y no marxistas heredadas. Las primeras reacciones a la Revolución cubana son un buen ejemplo. El segundo tipo de error ha consistido en silenciar, por complacencia o temor de favorecer a la derecha, las críticas de los errores, desviaciones y hasta perversiones por las que han pasado estos procesos, perdiendo así la oportunidad de transformar la solidaridad crítica en instrumento de lucha.

 

Desde 1998, con la llegada de Hugo Chávez al poder, la izquierda latinoamericana ha vivido el período más brillante de su historia y tal vez uno de los más brillantes de la izquierda mundial. Obviamente, no podemos olvidar los primeros momentos de las Revoluciones rusa, china y cubana ni tampoco los éxitos de la socialdemocracia europea durante la posguerra. 

 

Pero los gobiernos progresistas de los últimos quince años son particularmente notables por varias razones: se producen en un momento de gran expansión del capitalismo neoliberal ferozmente hostil a proyectos nacionales en divergencia con él; son internamente muy diferentes, dando cuenta de una diversidad de la izquierda hasta entonces desconocida; nacen de procesos democráticos con una elevada participación popular, ya sea institucional o no institucional; no exigen sacrificios a las mayorías en nombre de un futuro glorioso, sino que tratan, por el contrario, de transformar el presente de quienes nunca tuvieron acceso a un futuro mejor.

 

Escribo este texto siendo muy consciente de la existencia de los errores mencionados y sin saber si tendré éxito en evitarlos. Además, me centro en el caso más complejo de todos los que constituyen el nuevo período de la izquierda latinoamericana. Me refiero a los gobiernos de Rafael Correa en Ecuador, en el poder desde 2006. Para empezar, algunos puntos de partida. En primer lugar, se puede discutir si los gobiernos Correa son de izquierda o de centroizquierda, pero me parece absurdo considerarlos de derecha, como pretenden algunos de sus opositores de izquierda. 

 

Dada la polarización instalada, creo que estos últimos sólo reconocerán que Correa fue en última instancia de izquierda o centroizquierda en los meses (o días) siguientes a la eventual elección de un gobierno de derecha. En segundo lugar, es opinión ampliamente compartida que Correa ha sido, “a pesar de todo”, el mejor presidente que Ecuador ha tenido en las últimas décadas y el que ha garantizado mayor estabilidad política después de muchos años de caos. En tercero, no cabe duda de que Correa ha emprendido la mayor redistribución de la renta de la historia de Ecuador, contribuyendo a la reducción de la pobreza y al fortalecimiento de las clases medias. Nunca tantos hijos de las clases trabajadoras llegaron a la universidad. ¿Pero por qué todo esto, que es mucho, no es suficiente para tranquilizar al “oficialismo” y convencerlo de que el proyecto de Correa, con o sin él, proseguirá después de 2017 (próximas elecciones presidenciales)?

 

Aunque Ecuador vivió en el pasado algunos momentos de modernización, Correa es el gran modernizador del capitalismo ecuatoriano. Por su amplitud y ambición, el programa de Correa tiene algunas similitudes con el de Kemal Atatürk en la Turquía de las primeras décadas del siglo XX. Ambos están presididos por el nacionalismo, el populismo y el estatismo. El programa de Correa se basa en tres ideas principales. 

 

La primera es la centralidad del Estado como conductor del proceso de modernización y, vinculada a ella, la idea de soberanía nacional, el antiimperialismo estadounidense (cierre de la base militar de Manta;  expulsión de personal militar de la embajada de Estados Unidos; lucha agresiva contra Chevron y la destrucción ambiental que ha causado en la Amazonia) y la necesidad de mejorar la eficiencia de los servicios públicos. 

 

La segunda, “sin perjudicar a los ricos”, es decir, sin alterar el modelo de acumulación capitalista, consiste en generar con urgencia recursos que permitan llevar a cabo políticas sociales (compensatorias, en el caso de la redistribución de la renta, y potencialmente universales, en el caso de la salud, la educación y la seguridad social) y construir infraestructuras (carreteras, puertos, electricidad, etc.) con el fin de volver la sociedad más moderna y equitativa. 

 

En tercer lugar, por estar todavía subdesarrollada, la sociedad no está preparada para altos niveles de participación democrática y ciudadanía activa, que pueden resultar disfuncionales para el ritmo y la eficacia de las políticas en curso. Para que esto no ocurra, hay que invertir mucho en educación y desarrollo. Hasta entonces, el mejor ciudadano es aquel que confía en el Estado, que conoce bien cuál es su verdadero interés.

 

¿Este vasto programa choca o no con la Constitución de 2008, considerada una de las más progresistas y revolucionarias de América Latina? Veámoslo. La Constitución apunta a un modelo alternativo de desarrollo (e incluso a una alternativa al desarrollo) fundada en la idea de buen vivir, una idea tan nueva que sólo puede formularse correctamente en una lengua no colonial, el quechua:sumak kawsay. 

 

Esta idea presenta desdoblamientos muy interesantes: la naturaleza como ser vivo y, por tanto, limitado, sujeto y objeto de cuidado, y nunca como recurso natural inagotable (los derechos de la naturaleza); la economía y la sociedad intensamente pluralistas, orientadas por la reciprocidad, la solidaridad, la interculturalidad y la plurinacionalidad; Estado y política con un carácter altamente participativos, involucrando diferentes formas de ejercicio democrático y de control ciudadano del Estado.

 

Para Correa (casi) todo esto importante, pero se trata de un objetivo a largo plazo. A corto plazo, y de manera urgente, es necesario crear riqueza para redistribuir los ingresos, realizar políticas sociales e infraestructuras esenciales para el desarrollo del país. La política tiene que asumir un carácter sacrificial, dejando de lado lo que más valora para que un día pueda rescatarlo. Así, es necesario intensificar la explotación de recursos naturales (minería, petróleo, agricultura industrial) antes de que sea posible depender menos de ellos. Para ello, es preciso llevar a cabo una agresiva reforma de la educación superior y una vasta revolución científica basada en la biotecnología y la nanotecnología para crear una economía del conocimiento a medida de la riqueza de la biodiversidad del país. Todo esto sólo dará frutos (tenidos como ciertos) muchos años después.

 

A la luz de esto, el Parque Nacional Yasuní, tal vez el más rico en biodiversidad del mundo, tiene que ser sacrificado y la explotación petrolera realizada, a pesar de las promesas iniciales de no hacerlo, no sólo porque la comunidad internacional no colaboró en la propuesta de no explotación, sino sobre todo porque los ingresos previstos derivados de la explotación están vinculados a inversiones en curso y su financiación por países extranjeros (China) tiene como garantía la explotación petrolera. 

 

En esta línea, los pueblos indígenas que se han opuesto a la explotación son vistos como obstáculos al desarrollo, víctimas de la manipulación de dirigentes corruptos, políticos oportunistas, ONG al servicio del imperialismo o jóvenes ecologistas de clase media, ellos mismos manipulados o simplemente inconsecuentes.

 

La eficiencia exigida para llevar a cabo tan amplio proceso de modernización no puede verse comprometida por el disenso democrático. La participación ciudadana es bienvenida, pero sólo si es funcional y eso, de momento, sólo puede garantizarse si recibe una mayor orientación del Estado, es decir, del Gobierno. Con razón, Correa se siente víctima de los medios de comunicación que, como ocurre en otros países del continente, están al servicio del capital y la derecha. Trata de regular los medios de comunicación y la regulación propuesta tiene aspectos muy positivos, pero a la vez tensa la cuerda y polariza las posiciones de tal modo que de ahí a la demonización de la política en general hay un corto paso. Periodistas son intimidados, activistas de movimientos sociales (algunos con una larga tradición en el país) son acusados ​​de terrorismo y la consecuente criminalización de la protesta social parece cada vez más agresiva. El riesgo de transformar adversarios políticos, con los que se discute, en enemigos que es necesario eliminar, es grande. 

 

En estas condiciones, el mejor ejercicio democrático es el que permite el contacto directo de Correa con el pueblo, una democracia plebiscitaria de nuevo tipo. Al igual que Chávez, Correa es un comunicador brillante y sus habituales apariciones semanales en los programas de radio y televisión de los sábados (“sabatinas”) son un ejercicio político de gran complejidad. El contacto directo con los ciudadanos no tiene como objetivo que estos participen en las decisiones, sino más bien que las ratifiquen mediante una socialización seductora que se presenta desprovista de contradicción.

 

Con razón, Correa considera que las instituciones del Estado nunca han sido social o políticamente neutrales, pero es incapaz de distinguir entre neutralidad y objetividad en base a procedimientos. Por el contrario, piensa que las instituciones estatales deben involucrarse activamente en las políticas del Gobierno. Por eso es natural que el sistema judicial sea demonizado si toma alguna decisión hostil al Gobierno y celebrado como independiente en caso contrario; que la Corte Constitucional se abstenga de decidir sobre cuestiones polémicas (como en el caso de la comunidad de La Cocha en materia de justicia indígena) si las decisiones pueden perjudicar lo que se juzga el interés superior del Estado; que un dirigente del Consejo Nacional Electoral, encargado de verificar las firmas para una consulta popular sobre la no explotación de petróleo en Yasuní, promovida por  el movimiento Yasunidos,  se pronuncie públicamente contra la consulta antes de efectuar la verificación. 

 

La erosión de las instituciones, típica del populismo, es peligrosa sobre todo cuando estas no son fuertes desde el principio debido a los privilegios oligárquicos de siempre. Y es que cuando el líder carismático abandona la escena (como ocurrió trágicamente con Hugo Chávez), el vacío político alcanza proporciones incontrolables debido a la falta de mediaciones institucionales.

 

Y esto resulta aún más trágico en cuanto es cierto que Correa ve su papel histórico como la construcción del Estado-nación. En tiempos de neoliberalismo global, el objetivo es importante e incluso decisivo. No obstante, se le escapa la posibilidad de que este nuevo Estado-nación sea institucionalmente muy diferente del modelo de Estado colonial o Estado criollo y mestizo precedente. Por eso la reivindicación indígena de la plurinacionalidad, en vez de ser manejada con el cuidado que la Constitución recomienda, es demonizada como peligro para la unidad (es decir, la centralidad) del Estado. 

 

En lugar de diálogos creativos entre la nación cívica, que consensualmente es la patria de todos, y las naciones étnico-culturales, que exigen respeto por la diferencia y autonomía relativa, se fragmenta el tejido social, centrándose más en los derechos individuales que en los colectivos. Los indígenas son ciudadanos activos en construcción, pero las organizaciones indígenas independientes son corporativas y hostiles al proceso. La sociedad civil es buena siempre que no esté organizada. ¿Una insidiosa presencia neoliberal dentro del postneoliberalismo?

 

Se trata, por tanto, del capitalismo del siglo XXI. Hablar del socialismo del siglo XXI es, por el momento, y en el mejor de los casos, un objetivo lejano. A la luz de estas características y contradicciones dinámicas que el proceso dirigido por Correa contiene, centroizquierda es quizá la mejor manera de definirlo políticamente. Tal vez el problema resida menos en el Gobierno que en el capitalismo que él promueve. 

 

Paradójicamente, parece componer una versión postneoliberal del neoliberalismo. Cada remodelación ministerial ha producido el fortalecimiento de las élites empresariales vinculadas a la derecha. ¿Será que el destino inexorable del centroizquierda es deslizarse lentamente hacia la derecha, tal y como ha sucedido con la socialdemocracia europea? Si esto ocurriese, sería una tragedia para el país y el continente. Correa generó una megaexpectativa, pero perversamente la manera en que pretende que no se convierta en una megafrustración corre el riesgo de apartar a los ciudadanos, como quedó demostrado en las elecciones locales del pasado 23 de febrero, en las que el movimiento Alianza País, que lo apoya, sufrió un fuerte revés. 

 

Cuesta creer que el peor enemigo de Correa es el propio Correa. Al pensar que tiene que defender la Revolución ciudadana de ciudadanos poco esclarecidos, malintencionados, infantiles, ignorantes, fácilmente manipulables por políticos oportunistas o enemigos procedentes de la derecha, Correa corre el riesgo de querer hacer la Revolución ciudadana sin ciudadanos, o lo que es lo mismo, con ciudadanos sumisos.Los ciudadanos sumisos no luchan por aquello a lo que tienen derecho, sólo aceptan lo que les es dado. 

 

¿Puede aún Correa rescatar la gran oportunidad histórica de llevar a cabo la Revolución ciudadana que se propuso? Pienso que sí,pero el margen de maniobra es cada vez más reducido y los verdaderos enemigos dela Revolución ciudadana parecen estar cada vez más cerca del Presidente. Para evitar esto, y en solidaridad con la Revolución ciudadana,todos debemos contribuir a impulsarla. 

 

A tal efecto,identifico tres tareas básicas. 

 

En primer lugar, hay que democratizar la propia democracia, combinando democracia representativa con verdadera democracia participativa. La democracia que se construye únicamente desde arriba siempre corre el riesgo de convertirse en autoritarismo en relación a los de abajo. Por mucho que le cueste, Correa tendrá que sentirse suficientemente seguro de sí mismo para, en lugar de criminalizar el disenso (siempre fácil para quien tiene el poder), dialogar con los movimientos, las organizaciones sociales y con los jóvenes yasunidos, aunque los considere “ecologistas infantiles”. Los jóvenes son los aliados naturales dela Revolución ciudadana, de la reforma de la educación superior y de la política científica, si esta se lleva acabo con sensatez. Alienar a los jóvenes parece un suicidio político.

 

En segundo lugar, hay que desmercantilizar la vida social, no sólo a través de políticas sociales, sino también a través de la promoción de economías no capitalistas, campesinas, indígenas, urbanas, asociativas. Ciertamente, no está en consonancia con el buen vivir entregar bonos a las clases populares para que se envenenen con la comida basura que inunda los centros comerciales. La transición al postextractivismo se hace con cierto postextractivismo y no con la intensificación del extractivismo.El capitalismo,abandonado a sí mismo,sólo conduce a más capitalismo, por trágicas que sean las consecuencias.

 

En tercer lugar, hay que compatibilizar la eficiencia de los servicios públicos con su democratización y descolonización. En una sociedad tan heterogénea como la ecuatoriana, hay que reconocer que el Estado, para ser legítimo y eficaz, tiene que ser un Estado heterogéneo, conviviendo con la interculturalidad y, de manera gradual, con la propia plurinacionalidad, siempre en el marco de la unidad del Estado garantizada por la Constitución. La patria es de todos, pero no tiene que ser de todos de la misma manera.

 

Las sociedades que fueron colonizadas todavía hoy están divididas en dos grupos de poblaciones: los que no pueden olvidar y los que no quieren recordar. Los que no pueden olvidar son aquellos que tuvieron que construir como suya la patria que comenzó siéndoles impuesta por extranjeros; los que no quieren recordar son aquellos a los que les cuesta reconocer que la patria de todos tiene en sus raíces una injusticia histórica que está lejos de ser eliminada y que es trabajo de todos eliminarla gradualmente.

 

* Traducción de Antoni Aguiló

Movimiento LGBTI latinoamericano saborea triunfos y va por más (Asediando a nuestros prejuicios y estereotipos sociales)

Aunque no lo parezca, América Latina es la zona más activa del mundo en la defensa de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersex (LGBTI). Eso obedece a la madurez y las estrategias inteligentes que trenzó el movimiento LGBTI en varios de los 33 países de la región, aún dispar y compleja en […]

El artículo Movimiento LGBTI latinoamericano saborea triunfos y va por más fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Integrantes de la compañía de baile Tropicana animan una sesión de la conferencia de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe, en el balneario cubano de Varadero. Crédito: Jorge Luis Baños /IPS

Por Ivet González

VARADERO, Cuba, May 10 2014 (IPS)

Aunque no lo parezca, América Latina es la zona más activa del mundo en la defensa de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersex (LGBTI).
Eso obedece a la madurez y las estrategias inteligentes que trenzó el movimiento LGBTI en varios de los 33 países de la región, aún dispar y compleja en el respeto a la libre orientación sexual e identidad de género, aseguraron activistas regionales a IPS en este emblemático balneario cubano.

Las propuestas “más progresistas e interesantes” están lográndose en el continente americano, dijo la mexicana Gloria Careaga, durante la VI Conferencia Regional de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (IlgaLac), que se clausuró este sábado 10 en Varadero.

A la cabeza de los cambios más favorables están Argentina y Uruguay, especificó la cosecretaria de la federación mundial fundada en 1978 y con estatus consultivo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los dos países del cono sur continental tienen leyes antidiscriminatorias, matrimonio igualitario y permiten la adopción de niños y niñas por parejas diversas.

Para Careaga, otros países con pasos claros son Brasil, Colombia y México. También destacó avances en Cuba, donde fue delito la “ostentación pública de la homosexualidad” hasta los años 90 y que ahora ha hospedado la conferencia regiona, inaugurada el martes 6.“Hemos ido cambiando. La lucha era al principio mucho más de victimización y reclamo. Esa perspectiva fue ampliándose y renovándose. Ahora somos sujetos y sujetas de derecho”: Pedro Paradiso
En general, el Caribe es la zona más atrasada de la región en materia de derechos de los LGBTI.

Actualmente, solo en dos países continentales se penaliza la homosexualidad, Belice y Guyana, mientras que en nueve insulares caribeños se consideran delito las relaciones entre personas del mismo sexo, en especial la sodomía.

Antigua y Barbuda, Barbados, San Vicente y las Granadinas, Dominica, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Trinidad y Tobago imponen penas de entre 10 y 50 años de cárcel. Y Trinidad y Tobago veta desde 1976 la entrada de personas homosexuales a su territorio.

Por esa y otras razones, la cita en el Centro de Convenciones Plaza América de Varadero, 121 kilómetros al este de La Habana, es la primera en la región caribeña. Aquí se reunieron representantes de más de 200 organizaciones de IlgaLac, junto a participantes de Europa y Estados Unidos.

Banderas multicolores, símbolo del respeto a la libre orientación sexual e identidad de género, y carteles con mensajes inclusivos engalanan los corredores y salones del centro.
Pese a la situación en el Caribe, la región en su conjunto sigue restando terreno a la homofobia y el machismo asentado en sus culturas.

Careaga resaltó como causa de los avances que cada país trazó su agenda propia, adecuada a su contexto.

Para el abogado argentino Pedro Paradiso, que abandera esta causa desde hace más de 20 años, fue definitoria la evolución del activismo LGBTI.

“Hemos ido cambiando. La lucha era al principio mucho más de victimización y reclamo. Esa perspectiva fue ampliándose y renovándose. Ahora somos sujetos y sujetas de derecho”, planteó a IPS este integrante de la Comunidad Homosexual Argentina, con tres décadas de vida.

A su juicio, elevar la autoestima de la población no heterosexual y asumir un enfoque basado en sus derechos como colectivo fueron decisivos, aunque mencionó que hay muchos más ingredientes en el cóctel del éxito.

Según Paradiso, comenzaron visibilizándose y empoderándose. Luego pasaron a institucionalizarse y a exigir derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. También se articularon con otros movimientos sociales y concertaron alianzas con partidos políticos e instituciones públicas y privadas como las universidades.

Otro escenario conquistado fueron los foros internacionales de la ONU y la Organización de los Estados Americanos, que pueden ejercer alguna presión sobre gobiernos y Estados.
Y en la medida en que lo permitió cada sistema, la comunidad LGBTI usó el Poder Judicial para abrir caminos de equidad, que han resultado a veces hasta tortuosos.

Ese es el caso de Colombia, donde las parejas del mismo sexo se unen legalmente a través de los tribunales, a la espera de que se decrete el matrimonio igualitario. “El proceso es como un parto largo y doloroso”, comparó Anaís Morales, de la Corporación Femm, que agrupa a mujeres lesbianas y bisexuales en ese país sudamericano.

La activista feminista de 25 años aseguró que las mujeres siguen siendo pocas en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos. “Los hombres gays son los más visibles”, indicó Morales a IPS.

De manera general, las organizaciones de mujeres presentes en Varadero coincidieron en que ellas son doblemente discriminadas, por su género y orientación sexual, y les falta más acceso a la reproducción asistida, trato respetuoso en los servicios de salud y conectar más el movimiento feminista con el lésbico, entre otros retos.

La primera concejala transgénero de Chile, Zuliana Araya, planteó a IPS que el movimiento LGBTI debe unirse más internamente. “Entre nosotros no puede existir ninguna discriminación”, sostuvo la concejala del municipio de Valparaíso y activista en un sindicato local de personas trans.

“No porque la mayoría de nuestra comunidad (trans) ejerza el comercio sexual tenemos que quedar fuera”, enfatizó esta mujer de 50 años que pasó de la lucha ciudadana a la política, en un país con leyes antidiscriminatorias desde mayo de 2012. “Nosotras aún estamos en la parte reivindicativa”, detalló.

El cambio cultural y social hacia el respeto de la diversidad sexual y de género es el gran reto, incluso en Argentina y Uruguay, cuyas legislaciones están entre las más avanzadas del mundo.

También se sienten los frenos del fundamentalismo religioso y del conservadurismo político, muy marcados en el Caribe. Aunque el militante gay dominicano Davis Ventura aseguró a IPS que “hay muchos Caribes”.

Para Ventura, de 40 años, en el Caribe anglófono la criminalización hace casi imposible el activismo o lo recluye a foros internacionales, mientras en los países hispanohablantes –Cuba, República Dominicana y Puerto Rico— se observan avances “medios” y las islas de influencia francesa y holandesa son las más progresistas.

En Puerto Rico se dan pasos firmes en el ámbito municipal, en tanto que República Dominicana tiene asociaciones ya visibles y Cuba logró la primera ley antidiscriminatoria en 2013, cuando aprobó un nuevo Código del Trabajo que protege de forma explícita los derechos laborales de las personas no heterosexuales.

Sin embargo, varias voces coinciden en que no existe aún un movimiento LGBTI cubano.
Manuel Vázquez, jefe de Asesoría Jurídica del estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), dijo a IPS que “se están viendo grupos con una conducta activa en solicitar, exigir y discutir sobre los derechos sexuales”. Para Maykel González, del Proyecto Arcoíris, el activismo está “en vías de constitución”.

Arcoíris, que asegura ser independiente y anticapitalista, la no gubernamental Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad e iniciativas acompañadas por entidades estatales como Cenesex o el Centro Nacional de Prevención de las ITS-VIH/Sida representaron a Cuba en la conferencia de IlgaLac.