jueves, 8 de septiembre de 2011

Tortura en África persiste por la mala voluntad política, según un experto


Rabat, 8 sep (EFE).- La persistencia de la tortura en África depende de muchos factores "y entre ellos la mala voluntad política", dijo a Efe Jean-Baptiste Niyizurugero, responsable del programa África en la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT).

Jean-Baptiste Niyizurugero, presente en Rabat en el marco de la conferencia de alto nivel sobre "el papel de las instituciones nacionales de derechos humanos en materia de prevención de la tortura en África" celebrada el 7 y el 8 de septiembre, reconoció que en el pasado la tortura ha sido tradicionalmente usada como medio de castigo o para arrancar declaraciones.

Sin embargo, el experto subrayó que en los últimos tiempos ha crecido la conciencia de que es una práctica que va en contra de la dignidad humana, y esto ha permitido traducir esta condena "social" a nivel normativo.

Para Niyizurugero -que lleva seis años militando en la APT, organismo con sede en Ginebra-, el final de la tortura depende de todo un proceso, un funcionamiento social y un cambio de mentalidades.
En África -resaltó- hay países que han dado un paso en la lucha contra la tortura, y son "los países que han tenido la valentía de mirar a su pasado" y entrado en un proceso de democratización, y citó como ejemplo a Marruecos con la experiencia de la Instancia de Equidad y Reconciliación, Sudáfrica, con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, o Ghana con la Comisión de Reconciliación Nacional.

En cuando a la evolución en la percepción de la tortura, Niyizurugero subrayó que es un proceso que está empezando a ganar terreno y que "la gente está cada vez más atenta a la cuestión de los derechos humanos", añadiendo que los Estados han empezado a reconocer el papel de la sociedad civil como "actor y socio en este proceso".

En relación con las revoluciones árabes, Niyizurugero admitió que cualquier situación de conflicto es un terreno propicio para la tortura. En su opinión, en tales circunstancias las atrocidades son inevitables y son cometidas por las dos partes.

Frente a esta situación, lo que hay que hacer en el futuro, en opinión de Niyizurugero, es que las nuevas instancias que se hacen con el poder en los países sacudidos por revoluciones estén atentas y respeten los logros de esta revolución sin entrar "ciegamente" en la venganza.

Para él, hay que respetar el Estado de derecho, subrayando que se trata de una combinación entre "la necesidad de castigar y la de construir el futuro". EFE


Ecuador: LA UNIDAD DE LAS IZQUIERDAS


Por Pablo Ospina Peralta

En estas últimas semanas tomó cuerpo la unidad de varios movimientos político – electorales de la izquierda ecuatoriana, entre los que se incluyen Pachakutik, el MPD, Montecristi Vive, Participación y una fracción disidente del Partido Socialista. Paralelamente, por iniciativa de las centrales sindicales, importantes organizaciones sociales iniciaron su propio proceso de unidad. La columna vertebral de esta iniciativa son la CONAIE, la CEDOCUT y la UNE, junto a algunas organizaciones de sindicatos públicos.

Casi al mismo tiempo, se publicó un libro de entrevistas realizadas por Martha Harnecker en Ecuador y Venezuela llamado “Ecuador: una nueva izquierda en busca de la vida en plenitud”. El texto recopila un conjunto de entrevistas, ordenadas temáticamente, a dirigentes políticos de Pachakutik y de Alianza País, como parte de un proyecto más amplio de investigación sobre los nuevos “instrumentos políticos” para la transformación social en el siglo XXI. Al parecer, cuando Harnecker empezó su investigación pensaba que Pachakutik era el nuevo “instrumento político”, hasta que el fenómeno de Rafael Correa cambió los ejes de su reflexión. En cierto modo el libro puede considerarse un esfuerzo de esta destacada investigadora chileno – cubana por explicarse las razones por las cuáles estas dos fuerzas no están unidas y tienden a distanciarse cada vez más. No pude estar en el lanzamiento de su libro en Quito, pero una reseña de los organizadores menciona que hizo un llamado, emocionado hasta las lágrimas, por la unidad. Recordó que la tragedia final de Allende tuvo su origen en la división de las izquierdas chilenas.

Desde una perspectiva como la de Harnecker, en efecto, uno podría preguntarse entonces, ¿por qué el gobierno ciudadano no está incluido en la reciente unidad de las izquierdas? También podría uno preguntarse, inversamente, ¿por qué casi toda la izquierda ecuatoriana clásica, se declara abiertamente en la oposición?

Aunque el libro no presenta el balance personal de la autora de las entrevistas sobre las razones de la ruptura entre el movimiento indígena y el gobierno, una entrevista concedida por ella al diario El Telégrafo, el 15 de agosto pasado, da a entender que se debe al discurso agresivo del mandatario y a la posibilidad de que las dirigencias indígenas no estén en sintonía con lo que en realidad quieren sus bases. Considera una debilidad del proceso político ecuatoriano liderado por Alianza País este divorcio con bases organizadas y considera que todos tienen responsabilidad: no solo “el discurso” del presidente (en la entrevista se refiere al “discurso”, no al presidente), sino también las respuestas de los dirigentes indígenas.

Son cinco los temas que distancian a los movimientos sociales organizados del gobierno de Correa y ninguno de ellos tiene que ver con el discurso confrontador y descalificador del presidente. No es un problema de “estilo”, aunque la forma no carezca de contenido. El primero es el desarrollismo extractivista de los planes económicos del gobierno. La mayoría de las organizaciones no pide la suspensión inmediata de la explotación petrolera. Exigen que el extractivismo tradicional no sea reforzado con un nuevo extractivismo minero que solo empeoraría las cosas y que contradice el propósito enunciado por el Plan del Buen Vivir de ir hacia una sociedad de servicios basados en el bio-conocimiento y el turismo. El segundo es una política agraria que a lo largo de estos casi cinco años ha reafirmado en esencia los mismos sesgos de todos los gobiernos anteriores. Por un breve período el gobierno se propuso cumplir la promesa de campaña de redistribuir tierras pero no avanzó en ello ni un solo milímetro y el nuevo ministro simplemente dejó de hablar del tema. El tercero es una política laboral, especialmente en el sector público, orientada a debilitar todo el aparato sindical existente. Los sindicatos son considerados enemigos de la eficiencia, la modernización y la calidad de los servicios públicos.

El cuarto factor de distanciamiento entre las organizaciones populares y el gobierno es su concepción del Estado y de la participación social en la toma de decisiones sobre política pública. El eje de toda la revolución ciudadana es el fortalecimiento de la autoridad el poder ejecutivo. No es la participación ciudadana, que está en la Constitución pero no en la práctica del gobierno. Como dijo uno de los entrevistados por Harnecker, David Suárez, las conquistas de las organizaciones indígenas (pero puede extenderse, con sus peculiaridades, a todos los gremios) fueron “cuotas neoliberales” (p. 183), pero ahora había “otro momento”. Comprender ese otro “momento” consiste, por supuesto, en dejar la responsabilidad de tomar las decisiones, en toda soberanía, al ejecutivo.

El quinto factor es la hostilidad a la movilización social independiente. No es solo un discurso agresivo. Son casi 200 acusados de terrorismo y sabotaje. La función de esa judicialización de la protesta social es evitar nuevas movilizaciones porque, como dijo el presidente en la entrevista de Harnecker, no hay que confundir autoritarismo con “principio de autoridad” (p. 227 y 228). Los pesados juicios a los dirigentes, algunos de los cuales han terminado con sentencias acusatorias, disuaden mediante el miedo la participación en acciones de protesta. Esta criminalización tiñe con su peso todo lo demás: sin este ataque al corazón y al repertorio fundamental de lucha de las organizaciones, los otros cuatro podrían ser simplemente “diferencias”. Pero si quieres que los movimientos no “se muevan”, simplemente no quieres que existan.

El interés de Martha Harnecker por la unidad de las fuerzas de izquierda me parece muy honorable. Pero sin tomar partido y encontrar fórmulas de solución a las discrepancias de fondo, no se puede pedir a las fuerzas de izquierda que simplemente se subordinen al gobierno. Alianza País, que ha dispuesto de la iniciativa política a lo largo de estos casi cinco años, le corresponde tomar la iniciativa. Pero estamos lejos de algo así. Para muestra basta un botón: cuando Martha Harnecker le preguntó a Rafael Correa cuáles consideraba que habían sido sus errores, la primera respuesta que vino a los labios del mandatario fue “ser demasiado democráticos” (p. 225). Con balances semejantes, no existe la menor posibilidad de un acuerdo. Por eso, la unidad de la izquierdas sin las pocas izquierdas que todavía quedan en el gobierno, es un gran paso en la buena dirección.



La demanda indígena en Chile y su validez en medio de las movilizaciones


Por Domingo Namuncura Serrano

La organización internacional humanitaria Human Rights Watch ha confirmado que cuenta con estudios sustentables que indican en Chile "evidencia sólida de abusos policiales, brutalidad policial en allanamientos (de comunidades) y excesos injustificados donde han perdido la vida mapuches en medio del conflicto".

En estos días, el tema indígena no cuenta con ningún espacio comunicacional relevante (salvo en las redes sociales) donde se informe del estado de situación del conflicto de los pueblos indígenas con el Estado. La noticia está totalmente copada por las movilizaciones estudiantiles, marchas y paros nacionales en demanda de cambios profundos en el modelo educacional,social y político.

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Pero la ausencia informativa no es señal de que el tema indígena esté en vías de solución, Por el contrario, se mantiene una activa política de "ocupación cuasi-militar" en las regiones de la Araucanía y del Bío-Bío; hay zonas completas bajo estricto control policial y ante comunidades en conflicto, los allanamientos policiales provocan tensiones mayores.

El gobierno conservador de Sebastián Piñera mantiene una "comisión de diálogo" que sirve a intereses funcionales del régimen y que no da señales de progreso en los temas fundamentales. Por su parte, en forma independiente, funciona otra comisión de personalidades que intentan mediar entre los conflictos y el gobierno, sin grandes avances a este momento.

Las demandas esenciales del movimiento indígena se encuentran sin un eco claro en el gobierno de Sebastián Piñera ni en el Parlamento, en parte por una agenda copada por las movilizaciones estudiantiles, pero esas demandas están ahí, vigentes y tienen su propio peso en el conflicto general.

En tanto, la movilización de comuneros mapuches por demanda de tierras y aguas se mantiene en alto, especialmente porque el gobierno no está cumpliendo las metas de compra y transferencia de tierras y esto acumula frustraciones importantes en varias comunidades indígenas.

Las demandas esenciales del movimiento indígena se encuentran sin un eco claro en el gobierno de Sebastián Piñera ni en el Parlamento, en parte por una agenda copada por las movilizaciones estudiantiles, pero esas demandas están ahí, vigentes y tienen su propio peso en el conflicto general.

Esto es observado en las distintas marchas sociales realizadas en donde emergen banderas de la nación mapuche entre centenares de jóvenes que las portan como una señal de adhesión y respaldo a los pueblos indígenas. Esto indica que en la subjetividad social el tema está presente, pero no es lo mismo en la clase política y menos en el gobierno o el Parlamento, instituciones donde -además- prácticamente la presencia indígena es completamente nula, por lo tanto no hay interlocutores en el Estado.

Los conflictos en el sur indígena de Chile son controlados con la acción policial. Pero, como dice Human Rights Watch, es un control excesivo y que acumula costos emocionales muy fuertes. Un camino para enfrentar estas tensiones es que, de verdad, el gobierno encare los temas estratégicos y acceda a consensuar con los pueblos indígenas las reformas políticas que son coincidentes, además, con las demandas ciudadanas actuales. Pero no se observa por parte de las autoridades conservadoras chilenas un mayor interés por canalizar mejor la problemática indígena.


Carolina Herrera: El derecho al cuerpo propio


Cómo es sabido, históricamente, la sexualidad y la reproducción han sido ejes de la dominación y sometimiento de las mujeres en las diversas sociedades. Distintas regulaciones han normado la sexualidad y de múltiples formas se ha controlado el cuerpo de las mujeres. La ausencia de control sobre el propio cuerpo ha sido una de las claves de la dominación masculina. Por ello, la transformación de las relaciones de poder subyacentes a estas restricciones y la reivindicación de derechos y libertades en estos espacios han sido parte fundamentales en las luchas por mejorar la condición de las mujeres.

Los movimientos de mujeres y feministas han articulado discursos que apuntan a recuperar la sexualidad y la reproducción como espacios de libertad. Han enunciado los derechos sexuales y reproductivos como componentes fundamentales de los derechos humanos, en tanto estos derechos procuran liberar los cuerpos de las restricciones, dignificando la capacidad de cada persona a tomar sus propias decisiones, e interpelando a los estados a la protección de dicha autonomía y a garantizar aquellas condiciones mínimas de bienestar que hacen posible y dan sentido a dicha libertad.

La lucha por los derechos humanos sexuales y reproductivos, entre ellos el aborto seguro, se inscribe en al tarea más amplia de asegurar el ejercicio pleno de los derechos humanos por parte de todas las personas, en especial para las mujeres.

Precisamente por sus contenidos y potencialidades, los derechos sexuales y reproductivos son un espacio de disputa política significativa en todo el mundo. Chile no escapa a ello. La protección de estos derechos exige el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos y ciudadanas, el reconocimiento de su autonomía y el respeto al cuerpo de las mujeres como territorio propio.

El modo como las distintas sociedades –a través de las leyes y políticas públicas- enfrentan el aborto da cuenta del reconocimiento o no de las mujeres como sujetas de derechos y de la posición que éstas ocupan en la estructura social. Chile es uno de los pocos países en el mundo (además de República Dominicana, Nicaragua, El Salvador y Honduras en la región) que penalizan el aborto en toda circunstancia, incluso cuando se trata de proteger la vida y la salud de la mujer embarazada. Hasta 1989, como es sabido, se permitió en el país el aborto terapéutico; su derogación, en septiembre de ese año, fue uno de los últimos ejercicios de poder despótico de quienes gobernaron dictatorialmente el país entre 1973 y 1990, afectando gravemente los derechos de las mujeres.

Por múltiples, complejas y variadas razones, miles de mujeres se ven enfrentadas a la necesidad de interrumpir un embarazo que no pueden llevar a término. No se trata de una decisión trivial en lo absoluto. Sin embargo, muchas de estas mujeres viven en países como el nuestro, donde el aborto está prohibido. A consecuencia de esta penalización, su práctica se torna ilegal y consecuentemente clandestina e insegura, transformando al aborto en un problema de salud pública, de justicia social, de derechos humanos y de democracia, que afecta gravemente a las mujeres.

Avanzar hacía una profundización de la democracia cuyos pilares sean la igualdad, a la libertad y a la justicia, implica abrir el debate sobre la maternidad voluntaria y el derecho básico de habitar un cuerpo propio, de tomar las decisiones autónomamente y de dejar de ser un cuerpo tutelado.

Por Carolina Carrera

Directora Corporación Humanas