Por Domingo Namuncura Serrano
La organización internacional humanitaria Human Rights Watch ha confirmado que cuenta con estudios sustentables que indican en Chile "evidencia sólida de abusos policiales, brutalidad policial en allanamientos (de comunidades) y excesos injustificados donde han perdido la vida mapuches en medio del conflicto".
En estos días, el tema indígena no cuenta con ningún espacio comunicacional relevante (salvo en las redes sociales) donde se informe del estado de situación del conflicto de los pueblos indígenas con el Estado. La noticia está totalmente copada por las movilizaciones estudiantiles, marchas y paros nacionales en demanda de cambios profundos en el modelo educacional,social y político.
Pero la ausencia informativa no es señal de que el tema indígena esté en vías de solución, Por el contrario, se mantiene una activa política de "ocupación cuasi-militar" en las regiones de la Araucanía y del Bío-Bío; hay zonas completas bajo estricto control policial y ante comunidades en conflicto, los allanamientos policiales provocan tensiones mayores.
El gobierno conservador de Sebastián Piñera mantiene una "comisión de diálogo" que sirve a intereses funcionales del régimen y que no da señales de progreso en los temas fundamentales. Por su parte, en forma independiente, funciona otra comisión de personalidades que intentan mediar entre los conflictos y el gobierno, sin grandes avances a este momento.
Las demandas esenciales del movimiento indígena se encuentran sin un eco claro en el gobierno de Sebastián Piñera ni en el Parlamento, en parte por una agenda copada por las movilizaciones estudiantiles, pero esas demandas están ahí, vigentes y tienen su propio peso en el conflicto general.
En tanto, la movilización de comuneros mapuches por demanda de tierras y aguas se mantiene en alto, especialmente porque el gobierno no está cumpliendo las metas de compra y transferencia de tierras y esto acumula frustraciones importantes en varias comunidades indígenas.
Las demandas esenciales del movimiento indígena se encuentran sin un eco claro en el gobierno de Sebastián Piñera ni en el Parlamento, en parte por una agenda copada por las movilizaciones estudiantiles, pero esas demandas están ahí, vigentes y tienen su propio peso en el conflicto general.
Esto es observado en las distintas marchas sociales realizadas en donde emergen banderas de la nación mapuche entre centenares de jóvenes que las portan como una señal de adhesión y respaldo a los pueblos indígenas. Esto indica que en la subjetividad social el tema está presente, pero no es lo mismo en la clase política y menos en el gobierno o el Parlamento, instituciones donde -además- prácticamente la presencia indígena es completamente nula, por lo tanto no hay interlocutores en el Estado.
Los conflictos en el sur indígena de Chile son controlados con la acción policial. Pero, como dice Human Rights Watch, es un control excesivo y que acumula costos emocionales muy fuertes. Un camino para enfrentar estas tensiones es que, de verdad, el gobierno encare los temas estratégicos y acceda a consensuar con los pueblos indígenas las reformas políticas que son coincidentes, además, con las demandas ciudadanas actuales. Pero no se observa por parte de las autoridades conservadoras chilenas un mayor interés por canalizar mejor la problemática indígena.
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