viernes, 25 de mayo de 2012

Bolivia: MÁS PODER PARA EL “JR”: CON EL INTERINATO DE MALDONADO, QUINTANA TOMA CONTROL DIRECTO DE LA POLICÍA

Wilson García Mérida – Bolpress, 23 de mayo de 2012

El ex militar logró su objetivo de someter a la institución policial bajo su irrefrenable ansiedad de poder personal, dentro una estrategia orientada a convertir a la Policía en una entidad eminentemente represiva y de control político, para transferir importantes funciones policiales a las Fuerzas Armadas. La Policía es una más de las instituciones estatales que cae bajo el compulsivo control de Quintana, ante la complacencia de un Presidente que labra su propio desgaste como rehén voluntario del ávido ex asesor de Banzer. Si Evo Morales no “desquintaniza” su Gobierno, la crisis gubernamental podría derivar en una ruptura de la democracia que el mismo Quintana viene gestando con maquiavélica intencionalidad, pretendiendo militarizar este proceso…

La posesión reciente del coronel asimilado Víctor Maldonado Hinojosa como Comandante General de Policía Boliviana, con carácter interino, es otra “jugada maestra” del ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana que vuelve a poner al presidente Evo Morales —quien designó al cuestionado policía por directa “sugerencia” de su influyente Ministro (como sucede con una gran parte de las designaciones en este régimen)—, en un escenario recurrente de conflicto, de crisis y desgaste presidencial.

Apenas superado el conflicto con el sector médico y estudiantil a raíz de un decreto anticonstitucional redactado por iniciativa del mismo Quintana, ahora Evo Morales se enfrenta a un latente estado de amotinamiento e insubordinación policial al haberse roto las líneas institucionales de ascensos y promociones de mando en la Policía.

No cabe duda que este ex mayor de Ejército, conocido como “el JR” en las altas esferas gubernamentales, es la personificación más nítida de una tendencia autoritaria, reaccionaria y rupturista que está pisando fuerte en el gobierno del presidente Evo Morales, causando el acelerado deterioro de un Gobierno que prometía otra cosa al país. El ex militar que fue asesor de Inteligencia en el gobierno de Hugo Banzer Suárez, es el principal responsable de la pérdida de popularidad de Evo Morales y de la derechización del proceso de cambio, con los asomos fascistoides de un sujeto ávido de acumular poder personal (y riqueza mal habida por ende) a costa de corromper las instituciones democráticas bajo un pseudo discurso “anti-imperialista” que engañó a muchos durante los primeros años de este régimen, y sigue engañando a los mandatarios electos que confían en él ciegamente.

Si Evo Morales retoma lucidez alejando sus oídos de la lengua falsaria de Quintana, y asume la necesidad de revertir el deterioro de su régimen para reencauzar el proceso revolucionario bajo los principios libertarios y populares que sustentaron este proceso, no sólo debe rectificar errores como el reciente de entregar el mando de la Policía a un efectivo asimilado, sino, sobre todo, “desquintanizar” su Gobierno cortando de manera firme y transparente los tentáculos militaristas y autoritarios que este descontrolado “estratega” de la ruptura —obsesionado con acumular para sí un poder ilimitado— viene desarrollando a costa incluso de debilitar el liderazgo democrático del Presidente.

Si se mantiene la situación de descontento generado en las filas policiales por este caprichoso nombramiento (tras la destitución de Santiesteban por el escándalo no aislado de Anapol, lo correcto era el relevo con el segundo General al mando), el país podría revivir aquel doloroso amotinamiento policial de febrero del 2003 que fue el comienzo de la caída de Sánchez de Lozada. Está en manos de Evo Morales —sólo de Evo Morales y bajo ninguna circunstancia de Quintana— evitar semejante posibilidad en ciernes.

LA POLICÍA, NUEVO BOTÍN DE QUINTANA

Tal como confirmó la revista digital Oxígeno que dirige el periodista Grover Yapura, el coronel Víctor Maldonado Hinojosa “fue un detective asimilado por la institución del orden, en los años 80”, no egresó de la Academia Policial y no cumple el requisito esencial para asumir cargos de General, pues, según Oxígeno, “en los años 80 (durante el gobierno de Luis García Meza y Luis Arce Gómez, nr) fue parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DIN), grupo que se dedicó a ejercer represión política y que atentó contra líderes sociales. Un vez que el DIN desapareció, el gobierno democrático de Hernán Siles Suazo dispuso que quienes eran parte del grupo de inteligencia sean asimilados por la Policía…”.

Es por demás sabido que el coronel Víctor Maldonado, quien fue habilitado para ascender en el escalafón policial durante el gobierno de Sánchez de Lozada como parte de un grupo de policías vinculados al MNR, es un policía que hoy trabaja estrecha y directamente bajo las órdenes de “JR” Quintana, al menos desde el año 2008 tras los sucesos sangrientos en Porvenir, cuando Maldonado Hinojosa asumió el cargo de Subcomandante Departamental de la Policía en Pando. Quintana, que odia visceralmente a la Policía fiel a su espíritu de cuerpo militar, halló en Maldonado el perfil ideal de un policía con cierto desafecto hacia la estructura institucional normada. Debido a su carrera policial como un ex agente civil de inteligencia asimilado, Maldonado sufrió en carne propia la discriminación de sus soberbios camaradas formados en la Academia Policial y en esa circunstancia halló en Quintana el padrino perfecto para subir en la jerarquía policial venciendo esa discriminación a costa incluso de romper las líneas formales de mando.

Luego de intercambiar favores mutuos en Pando, en el 2010 Quintana “promovió” a Maldonado como Comandante Departamental de la Policía en el Beni, donde el ya privilegiado ex agente del DIN trabajaría estrechamente con Jessica Jordan haciendo “seguimiento” al entonces gobernador Ernesto Suárez. Durante su gestión como comandante del Beni, el coronel Maldonado trabajó con un dirigente del MNR en Trinidad, Oscar Nacif, para incriminar a los entornos de Suárez de presuntos pagos de millonarios sobornos en la Asamblea Departamental, en mayo del 2011, a partir de lo cual la caída del gobernador Suárez se hizo inminente.

Tras el “exitoso” caso de los sobornos en el Beni, en agosto del 2011, en previsión a la anunciada crisis del Tipnis una vez emprendida la marcha desde Trinidad, Quintana apadrinó a Víctor Maldonado para que éste asumiera el cargo de Jefe Nacional de Inteligencia, lo cual le permitió al “JR” consolidar su área de control e influencia en el Ministerio de Gobierno, por encima incluso del Ministro correspondiente, pues Evo Morales había delegado en Quintana —encubierto bajo su cargo de rango menor como director de la Agencia de Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (“Ademaf”)— las tareas de Seguridad e Inteligencia del Estado.

Además de controlar el aparto de Inteligencia policial a través del coronel Maldonado, Quintana controla los organismos de inteligencia militar mediante un grupo de oficiales satinadores egresados de la Escuela de Cóndores de Sanandita (creada durante la dictadura de García Meza) quienes se encargan de realizar labores de infiltración y escuchas telefónicas, además de otras tareas sucias propias de regímenes dictatoriales. Este grupo de satinadores, de hecho, también ha sustituido al grupo de policías edecanes en el Ministerio de la Presidencia. El objetivo de Quintana es que todos los equipos de edecanes en todos los ministerios, incluyendo los servicios de seguridad del Presidente, prescindan de personal policial y en su lugar sólo trabajen oficiales del Ejército egresados de la Escuela de Cóndores.

CORRUPCIÓN POLICIAL FUNCIONAL AL PLAN MILITARIZADOR

Mientras dure el interinato del coronel Maldonado como Comandante General de la Policía, "JR” Quintana aprovechará esta coyuntura para reducir los espacios institucionales de la Policía a favor de las Fuerzas Armadas, y para doblegar a los coroneles que aspiran al ascenso de generales obligándoles a alinearse con el “proceso de cambio” sin derecho a deliberar y comprometidos a quedar en deuda con él por las prebendas que se negociarán en dicho lapso.

En su alianza con “el JR”, Maldonado le proveyó valiosa información interna que le permitió al ex militar tener un “mapa” (con su respectivo “power point” de rigor) para planificar su intervención sobre los mandos policiales.

Por supuesto que la corrupción endémica que caracteriza a esta institución coercitiva del Estado ofrece uno de los flancos más vulnerables de la Policía, y es lo que Quintana aprovecha para quitarle terreno al cuerpo policial. En base a la información suministrada por Maldonado, Quintana, desde la dirección de Ademaf, obligó al Ministerio de Gobierno procesar y destituir a varios policías que fueron sorprendidos cobrando sobornos a traficantes de madera en Pando; y una vez que el ex militar volvió al Ministerio de la Presidencia en enero de este año, instruyó a uno de sus más obsecuentes “operadores” en la Amazonia, Cliver Rocha, director de la ABT (Autoridad para la Fiscalización de Bosques Tropicales) emitir una resolución administrativa separando a la Policía Nacional en las tareas de control de los bosques, para sustituir a los efectivos policiales con una unidad dependiente de las FF.AA. En otras palabras, la corrupción en que suelen incurrir algunos efectivos policiales es funcional a la estrategia de Quintana para favorecer a la expansión militar en ciertas funciones estatales que le serán cercenadas a la Policía. Pero la corrupción en sí no desaparece, sólo cambia de uniforme y de mandamás.

SOMETER A LA POLICIA AL PODER POLITICO

En el año 2003, ejerciendo como sociólogo tras ser dado de baja del Ejército, Quintana realizó una consultoría para el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (Pieb), publicando un estudio denominado “Policía y democracia: una política institucional pendiente”, donde el ex militar vislumbra su proyecto hoy en marcha manifestando lo siguiente:

“La compleja mezcla del poder deliberante del mando policial, su subordinación política y la indiscriminada autonomía administrativa, impidieron llevar a cabo reformas coherentes en el cuerpo policial. La continua rotación de mandos trató de regular la lealtad policial pero al mismo tiempo fue un obstáculo para ejercer plena autoridad política. En suma, hasta hoy no ha sido posible forjar una política gubernamental, peor aún, una política estatal, capaz de lograr la subordinación policial al orden constitucional. Tomando en cuenta lo anterior, las tareas más urgentes que se deben llevar a cabo debieran orientarse a lograr la institucionalización a través de la subordinación real y efectiva de la conducta, roles y funciones policiales al imperio de la ley”.

Aquella “subordinación real y efectiva” que busca “JR” tuvo una muestra patética durante el último Congreso del MAS en Cochabamba, donde los principales mandos de la Policía se hicieron presentes exhibiendo sus credenciales de militantes recién afiliados al partido.

ADIÓS A LAS ONG’S

Cuando estalló el conflicto del Tipnis, a partir de la marcha que se inició en agosto del 2011, Quintana aprovechó esa coyuntura para desmarcarse abiertamente de las ONG’s a través de las cuales había llegado al gabinete de Evo Morales junto con personajes como Alejandro Almaraz, Raúl Prada, Pablo Solón y otros funcionarios estalinistas de estas ONG`s que crearon el conflicto del Tipnis como parte de su disputa interna por cuotas de poder con el MAS.

Quintana, que con anterioridad a las elecciones del 2005 tuvo alguna actividad académica trabajando para algunas ONG’s hoy en la oposición, y que se acercó a Evo Morales y García Linera como funcionario de una ONG financiada por el grupo norteamericano Soros, tuvo serios problemas con la partidocracia del MAS durante su primera gestión en el Ministerio de la Presidencia, debido a la distribución de cargos.

Las pegas que le exigía el MAS al ministro Quintana las detentaban las ONGs, además de sus entornos personales y familiares con gente del MIR, MNR y ADN. Cuando se produjo la ruptura entre las ONG’s y el MAS, Quintana dejó el Gabinete junto con Almaraz, “Chato” Prada, Solón, “et al”; pero a diferencia de los dirigentes del Cejis, el ex militar no se pasó a la oposición, se aferró al gobierno aceptando un cargo menor como director de “Ademaf” y desde esa oficina se quitó la máscara académica y se puso la charretera mostrando el puño cerrado y el ceño fruncido que necesitaba el MAS ante la emergencia del conflicto del Tipnis, un conflicto que le abrió el camino para volver al Ministerio de la Presidencia, esta vez granjeándose las simpatías necesarias entre la jerarquía cocalera del MAS que lo había reemplazado con Oscar Coca en el Gabinete tras la ruptura entre la partidocracia masista y los señoritos de las ONG`s (que con sus privilegios financieros pretenden suplir no sólo al Estado sino también al Partido).

Desde “Ademaf”, Quintana abrió de par en par las puertas de los cuarteles, mucho más que en su anterior gestión de Ministro, para generar una adhesión obsecuente de las FF.AA. a Evo Morales; exacerbó la propensión megalómana y pequeño-burguesa del Presidente adulándolo en todo momento y anulando el perfil indígena de Evo, y expandió sus redes de Inteligencia aprovechando sus viejas amistades con militares y policías banzeristas y garciamecistas. El coronel Víctor Maldonado, ahora Jefe Nacional de Inteligencia, le venía como anillo al dedo.

LA MANO NEGRA EN CHAPARINA

No hay duda alguna de que Quintana fue el “cerebro” del intento de masacre del 25 de septiembre del pasado año, perpetrado especialmente contra mujeres indígenas que marchaban con sus hijos; tras el ropaje de “Ademaf”, Quintana operativiza las principales acciones represivas del Gobierno actuando a nombre del presidente Evo Morales para imponer su autoridad por encima incluso de otros ministros encargados de las áreas de Seguridad y Defensa. Envió personalmente al Jefe Nacional de Inteligencia hacia Yucumo para planificar la violenta intervención policial; los informes que transmite Maldonado desde su celular no van necesariamente al despacho del ministro Sacha Llorenti y menos a la del comandante general de la Policía. Van a oídos de Quintana directamente. Es ahí donde la famosa “cadena de mando” se rompe. De hecho, el Comandante general de la Policía de entonces, Santiestéban, a quien hoy Maldonado reemplaza en el cargo, desconocía sobre la presencia del Jefe Nacional de Inteligencia en la zona de Yucumo; y la pregunta obvia es ¿quién le instruyó a Maldonado hacerse presente en el lugar del conflicto durante la operación represiva?

La intervención policial en Chaparina se produce en el momento en que los marchistas indígenas se toman una siesta en pleno reposo dominical, cansados, hambrientos, sedientos, humillados, tras sufrir difamaciones que emiten los medios de Estado con el libreto escrito por Quintana y tras soportar un despiadado bloqueo que les impide acceder a suministros de agua, medicamentos y víveres; la acción está concebida militarmente para aprovechar el factor sorpresa, reducir la resistencia física de los intervenidos y evitar bajas en lo posible. El santo y seña para la intervención policial en el momento de la siesta indígena no la da un pajarito, la da un equipo de Inteligencia previo trabajo especializado; eso lo sabe el coronel Víctor Maldonado, eso lo sabe el satinador Quintana, diestro en operativos Opsic (Operaciones Sicológicas) que aprendió en la Escuela de las Américas de Panamá y que ahora, en el Gobierno del “cambio”, se enseña como materia troncal en la Escuela de Cóndores de Sanandita, cuyos tenebrosos muros huelen hoy a pintura fresca.

Los planificadores y ejecutores de la represión fascistoide en Chaparina (entre ellos Quintana y Maldonado con toda seguridad) intentaron rematar aquella razzia anti-indígena trasladando a los marchistas acorralados hacia sus lugares de origen en vuelos de la FAB, usando aviones que llegaron ahí sin la autorización oficial respectiva. La Máxima Autoridad Ejecutiva del área, la Ministra de Defensa, Cecilia Chacón, hizo prevalecer su condición de mujer joven y revolucionaria renunciando al cargo porque alguien también rompió la cadena de mando en este Ministerio; sobra decir quién es el recurrente “innombrable” que todo lo rompe.

LAS VILLANÍAS DE VILLENA

En noviembre del 2011, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, emitió un informe sesgado y mediocre que no muestra investigación alguna sobre el por qué de la presencia del coronel Víctor Maldonado en la Marcha horas previas a la razzia del 25 de septiembre, y tampoco explica los motivos reales de la renuncia de Cecilia Chacón al Ministerio de Defensa.

El Informe Defensorial sobre los hechos de Chaparina no menciona en ninguna de sus páginas el nombre de Víctor Maldonado Hinojosa. Miente Villena en sus recientes declaraciones ante la prensa este martes, tras salir de una reunión en el Palacio de Gobierno, cuando sostiene que Maldonado “se negó a declarar”; no consta en el informe que el Defensor del Pueblo hubiera requerido informe alguno al entonces Jefe Nacional de Inteligencia.

De hecho, en las conclusiones del informe emitido por Villena en noviembre, este Defensor del Pueblo “recomienda” al Fiscal General del Estado iniciar acciones penales, por violación a los derechos humanos a varios funcionarios del Ministerio de Gobierno y de la Policía, menos al Jefe Nacional de Inteligencia.

En la página 120 del informe de marras, Villena pide al Fiscal General “que instruya proseguir las acciones penales por la violenta intervención policial acaecida el 25 y 26 de septiembre de 2011, en especial contra los ciudadanos Sacha Sergio Llorenti Soliz, Marcos Jaime Farfán Farjat, Boris Villegas Rocabado, Ramiro Delgado, Karolina Vertiz Arancibia, Edwin Contreras, Diego Pérez, Jorge Arzabe, Adalit Rivero, Ernesto Castro; así como contra los funcionarios policiales Jorge Santiesteban Claure, Oscar Muñoz Colodro, Edwin Foronda Franco, Modesto Palacios Cruz, Oscar Chávez Ruedas, Alberto Aracena, Henry Terrazas Verduguez y otros…”. El nombre de Víctor Maldonado Hinojosa fue omitido deliberadamente por los redactores de este Informe Defensorial, ya que investigar a Maldonado con el rigor del caso habría implicado llegar hasta Quintana, el eslabón perdido en la “cadena de mando” misteriosamente rota.

Sol de Pando ha comprobado en carne propia que Rolando Villena incurre en prevaricato para encubrir la participación de Quintana en varios hechos represivos orquestados por “el JR” y sus “operadores”. Uno de aquellos “operadores”, el más obsecuente en el entorno íntimo de Quintana, se llama Jaime Quiroga Carvajal, por cuyo “filtro” pasan los informes que suscribe el defensor Villena.

Sol de Pando sigue esperando respuestas a reiteradas quejas elevadas al Defensor del Pueblo acerca de los atentados y actos discriminatorios que sufre nuestro medio informativo por influencias y órdenes directas de “JR” Quintana y sus funcionarios estatales, tales como la incautación de 2.000 ejemplares sufrida el 11 de julio del 2011 y la cobarde campaña de terror contra nuestras humildes canillitas que fueron obligadas a dejar de vender el periódico en las calles de Cobija.

Villena, quien por lo visto le debe el cargo a Quintana, resultó ser otro de sus fieles subordinados; al menos eso muestra su informe encubridor sobre los sucesos del 25 de septiembre en Chaparina.


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Perú: Un cerco contra Cajamarca

Mientras en Cajamarca los activistas y dirigentes sociales siguen preparando su anunciada huelga general para el 31 de mayo, en contra del proyecto Conga, en Lima ni el Congreso, ni el Poder Ejecutivo, ni la mayor parte de la prensa, ni las encuestas, le dan al tema un lugar importante en sus agendas.

Es notable este aparente menosprecio hacia una protesta que se ha venido anunciando hace tiempo, con viajes de sus dirigentes a pedir apoyo en otros puntos del país y en todas las provincias cajamarquinas. Es como si las autoridades centrales del Estado estuvieran convencidas de que en Cajamarca no pasa nada.
¿Pero es verdad que se trata de menosprecio? Nada de eso. Los adversarios de la protesta cajamarquina recuerdan perfectamente que hace pocos meses pudo ser contenida sólo con el Ejército. Saben bien que eso ocurre cuando la amplitud del apoyo social a una demanda ha rebasado a la autoridad civil y a la policía.
Lo que ocurre es que dichos adversarios están confiando por ahora en que funcione el cerco político, comunicacional y hasta judicial que se ha tendido para ahogar la protesta.

En lo que corresponde al Ejecutivo, su parte del cerco fue contratar el llamado peritaje, para que a la vez avale y haga recomendaciones que hagan aceptable un Estudio de Impacto Ambiental muy discutible.
En cuanto al Congreso, su papel ha sido el que ya hace durante años: no poner en agenda los proyectos que permitan prever y resolver mejor los conflictos como el de Conga. Por ejemplo, los de ordenamiento territorial o los que perfeccionen el marco institucional ambiental.

En lo que hace el sistema judicial, su rol también viene de atrás. Procesa con presteza a numerosos dirigentes sociales, convirtiendo en crimen a las manifestaciones de protesta. En cambio arrastra los pies cuando se trata de procesar a los que resultaren responsables de hacer uso indebido de sus armas.

Por si fuera poco, desde el Ministerio Público se denuncia a las autoridades municipales y regionales por atreverse a dar normas que regulan el uso de sus territorios para proteger mejor sus recursos. Y esto lo acoge el Tribunal Constitucional, sumándose entusiasta al cerco contra la protesta cajamarquina.

A esto se suma el cerco de desinformación de la mayor parte de la prensa capitalina. Esto consiste no sólo en lo exiguo del tiempo que se dedica al tema, sino también en la distorsión del debate o la descarada parcialización de los entrevistadores a favor del proyecto Conga cuando este es tratado. En una ocasión, en RPP, eran cinco entrevistadores en contra de Gregorio Santos.

Tiendo a creer que es la excesiva confianza en todo este cerco lo que explica la parsimonia que se nota respecto al nuevo episodio de protesta que arrancaría este 31 de mayo.


Perú: Arequipa el 31 sale a las calles contra el saqueo y la contaminación minera

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Perú: Once campesinos heridos en paro contra Xstrata Tintaya en Espinar

Servindi, 24 de marzo, 2012.- Once campesinos heridos y ocho detenidos fue el saldo del enfrentamiento que se desató ayer en la provincia cusqueña de Espinar, en el tercer día de paro indefinido en contra de la contaminación de la minera Xstrata Tintaya.

A las cuatro de la tarde de ayer se registró el hecho en la comunidad campesina Tintaya Marquiri, ubicada al extremo derecho de Huancané Alto, distrito de Yauri, Espinar.

“Nosotros buscamos la reformulación del convenio marco, pero la empresa minera ha sido intransigente porque no se ha preocupado de solucionar los problemas. Por eso, nosotros hemos determinado el cierre de sus operaciones”, señaló Sergio Huamaní, vicepresidente del Frente Único de los Intereses de Espinar.

Los manifestantes piden que se reformulen los aspectos concernientes a los derechos humanos y al ambiente del convenio marco.

Asimismo, que la empresa se comprometa a dar oportunidades laborales a la provincia de Espinar y que se respete la autonomía de la población.

El gobernador de Espinar, Basilio Anmercoa, anunció que el número de heridos aumentó a 13, y que algunos de ellos presentan lesiones de gravedad. Además confirmó la cifra de ocho campesinos detenidos.

Enfrentamiento

Una turba de 500 manifestantes que intentó ingresar al campamento minero de Tintaya bordeando el cerro del lugar, fue reprimida por un contingente de la policía montada que se había apostado en la parte alta.

Ahí empezó el cruce de piedras lanzadas con hondas (waracas) por los campesinos y bombas lacrimógenas y disparos de balas de goma de los efectivos del orden.

De acuerdo a algunos dirigentes, los manifestantes reaccionaron con violencia al enterarse que el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, sostuvo en el Cusco que detrás de la protesta se encuentra un grupo “de personas que actúan políticamente”.

Asimismo, Merino agregó que “la demanda social requiere de un diálogo” y que no se debe partir del supuesto “inexistente” de contaminación.

Contaminación

El ministerio de Salud ha efectuado un análisis de sangre a 506 personas que viven alrededor de la empresa minera y se ha comprobado que la gente está contaminada con mercurio, arsénico y cadmio.

El resultado de treinta años de convivencia con la minería en Espinar solamente ha traído pobreza, divisionismo, intromisión social y política, y contaminación ambiental, afirman algunos pobladores. La empresa minera socialmente no ha hecho nada sobre todo esto, acotan.

Solicitan comisión de alto nivel

Por su parte, el alcalde de Espinar, Cusco, Óscar Mollohuanca, solicitó al Gobierno la instalación de una comisión de alto nivel para resolver los reclamos por la contaminación minera.

“Estamos recogiendo la problemática de los comuneros ante la empresa que aparentemente quiere dialogar pero en el fondo sabotea y se muestra muy dura para resolver los problemas”, indicó.

A continuación un reportaje elaborado por Canal 5 de Espinar sobre los efectos de la contaminación ocasionada por Xtrata Tintaya en las comunidades de esa provincia:




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Panamá: PROTESTAS EN VIGUÍ. Indígenas preparan nuevas acciones

Ayer, séptimo día de las protestas, los manifestantes reiteraron que no saldrán de las inmediaciones de Barro Blanco. Piden la presencia de las autoridades
Indígenas preparan nuevas acciones
CAMPAMENTO. Los indígenas acampan cerca del área de conflicto. Foto: María Fajardo |La Estrella

PANAMÁ. La lucha que ha mantenido el movimiento indígena 18 de Mayo está muy lejos de llegar a su término.

Ayer, séptimo día de protestas en Barro Blanco, los manifestantes —liderados por la cacica suplente, Mijita Andrade, y el dirigente Toribio García— reiteraron que no desistirán de sus intenciones de tomarse las instalaciones del proyecto hidroeléctrico.

Los indígenas se mantienen acorralados por las unidades antimotines de la Policía Nacional, quienes les impiden entrar al área de la obra.

Ante esta acción, los ngäbes han construido un improvisado campamento a varios kilómetros del proyecto hidroeléctrico. Allí se han trasladado con sus esposas, hijos y hasta mascotas.

Ayer la cacica suplente reiteró que los manifestantes ‘quieren que el gobierno vaya a la comarca para iniciar conversaciones’.

En medio de las constantes protestas y a pesar de los fallidos intentos de los representantes de la empresa Genisa S.A. para calmar los ánimos de los indígenas, solo se han suspendido los trabajos de construcción de la hidroeléctrica en el área cercana al sitio donde se han instalado los indígenas.

A pesar de esto, los ngäbes advirtieron que traerán a más compañeros desde la montaña, ya que por ahora solo un minúsculo grupo ha estado en la lucha, frente a las más de 200 unidades policiales que custodian los alrededores del proyecto hidroeléctrico.

Las autoridades gubernamentales han reiterado que los indígenas tienen que respetar los acuerdos consensuados en la mesa del diálogo y, por ende, deben seguir los lineamientos de la cacica general, Silvia Carrera, y la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales.

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Ecuador: Pachakutik denuncia una 'cacería' del Gobierno

La legisladora por Pachakutik, Lourdes Tibán denunció ayer en una rueda de prensa que el Gobierno de Rafael Correa empezó una presunta "cacería" en contra del movimiento indígena al que representa.

Pachakutik denuncia una 'cacería' del Gobierno











Esto, a día seguido de que la Superintendencia de Telecomunicaciones ordenara el cierre de estación Telesangay, ubicada en la provincia de Morona Santiago.

"Correa quiere recuperar su electorado en las cinco provincias donde tiene incidencia Pachakutik", manifestó Tibán al asegurar que se quiere "minar" la participación política del movimiento.

Tibán cuestionó que el Gobierno haya asegurado en Ginebra que no hay medios de comunicación cerrados.

"Correa debería haber dicho no hay canales cerrados, pero estamos a punto de cerrarlos", acotó Tibán.

De su parte, la también asambleísta Diana Atamaint no desastimó movilizaciones a nivel de la provincia (Morona), por cuanto no aceptan el cierre de la televisora al considerarla una "persecusión política más", en vista de que no existe una sentencia judicial en firme que ampare la clausura.

Según Atamaint, el cierre de Telesangay se realizó "con abuso de autoridad, faltando a toda norma jurídica".

Además enfatizó que este proceso es un atentado a la libertad de expresión y al derecho de informar y estar informados de los habitantes de la Amazonía.

Las asambleístas insistieron en que enfrentarán las próximas elecciones "con o sin medios de comunicación, a manos limpias".

Según un escrito de Juan Cevallos, procurador síndico del Gobierno Autónomo Provincial de Morona Santiago (GAPMS), durante el allanamiento que se hizo al canal ciudadano para su clausura, quienes lo ejecutaron se llevaron un equipo de enlace satelital (UP LIN), bien valorado en aproximadamente $130 000.(ABT/CGP)


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