Ecuador: !! SARAYAKU! Hoy se define una importante lucha legal

Hoy se define caso Sarayaku en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su caso sentará precedentes importantes para las luchas legales de los pueblos indígenas a nivel continental.

A manera de homenaje a ese valioso pueblo y sus luchas iniciadas en los años 90- las cuales fueron decisivas para los posteriores pasos de las luchas indígenas en Ecuador comparto ahora este breve resumen de su recorrido legal publicado en SERVINDI.

Hoy habrán pantallas gigantes en varios puntos importantes para los pueblos indígenas de Ecuador en los cuales se pueda seguir este emocionante proceso.

FUERZA SARAYAKU!

Ecuador: Sarayaku: un caso emblemático de defensa territorial

Por Mario Melo*

“La humanidad no puede liberarse de la violencia
más que por medio de la no violencia”.
Gandhi

En 1996, el Estado ecuatoriano concesionó el Bloque 23, que afecta un 60% del territorio del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku a favor de la Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina. Esta concesión fue realizada sin que haya precedido por parte del Estado ecuatoriano ningún proceso de información, consulta o pedido de consentimiento al Pueblo de Sarayaku para la realización de actividades petroleras en el territorio de su propiedad.

Desde 1996 Sarayaku ha venido expresando su rechazo al ingreso de la actividad petrolera en su territorio, fundamentado en los enormes impactos negativos que dicha actividad provoca en su territorio sagrado, en la calidad de vida de sus miembros, en su forma de vida y opciones de desarrollo, en su espiritualidad, en el ambiente amazónico, en la paz social y en la vida e integridad de sus miembros.

Sin embargo, durante el último trimestre de 2002 y el primer trimestre del 2003, la CGC ingresó reiteradamente al territorio de Sarayaku, sin autorización y contra la voluntad del legítimo propietario, para realizar investigaciones sísmicas altamente destructivas. Para intentar detener la campaña de sísmica Sarayaku debió declararse en emergencia por siete meses y movilizar a sus pobladores, hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños a resguardar su territorio en los denominados Campos de Paz y Vida constituidos en medio de la selva, donde se estaba produciendo la invasión armada de CGC y el ejército. Esta decisión implicó graves riesgos para la vida, integridad, salud, alimentación, educación, cultura y espiritualidad de los miembros de Sarayaku.

Según información oficial del Ministerio de Energía, existen 476 puntos dentro del territorio de Sarayaku y el territorio Achuar, en donde la empresa CGC colocó, sin conocimiento de los afectados, sin haberlos consultado antes y en contra de su voluntad, cargas de entre 3 y 5 kgs. de pentolita, un explosivo de alto poder destructivo. En total hay 1.433 Kgs. (casi tonelada y media) de explosivos sembrados a 12 metros de profundidad y una cantidad no determinada abandonada en la superficie de la selva sagrada de Sarayaku, en sus lugares de caza, en sitios donde niños y jóvenes transitan en busca del sustento. La información que dio el Ministerio de Energía es que ese explosivo es muy peligroso y que las cargas pueden detonarse accidentalmente con mucha facilidad.

A inicios de 2003, Sarayaku, acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando su intervención urgente en salvaguardia de sus derechos violados durante la campaña de sísmica de la empresa CGC. En mayo de ese año, la Comisión dictó Medidas Cautelares a favor de la vida e integridad de los miembros de la comunidad y de su especial relación con su territorio. El Estado Ecuatoriano desoyó sistemáticamente dichas medidas.

Frente al incumplimiento de las Medidas Cautelares, la Comisión Interamericana solicitó a la Corte Interamericana dictar Medidas Provisionales a favor de Sarayaku, las mismas que fueron otorgadas en julio de 2004. Dichas Medidas buscan proteger la vida e integridad de los miembros de Sarayaku, la investigación de los hechos de violencia cometidos en su contra y la garantía efectiva del derecho al libre tránsito violentado por el arbitrario bloqueo del Río Bobonaza efectuado por aliados de la petrolera, como medida de presión para que Sarayaku desista de las acciones legales emprendidas y entre a negociar.

Ante el nuevo incumplimiento del Estado ecuatoriano, la Corte, en junio de 2005 ratificó las medidas y las amplió incorporando la disposición de que se retiren urgentemente los explosivos dejados por la CGC en territorio de Sarayaku. Recién en la primera mitad del año 2007, en los primeros meses del gobierno del presidente Rafael Correa, el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Energía y Minas, aceptó la disposición de la Corte Interamericana. Y desde entonces el Ministerio de Minas y Petróleo emprendió gestiones para el retiro de los explosivos; proyecto que empezaría a cristalizarse a fines del mismo año. A diciembre de 2009, con el concurso del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional, se había retirado apenas catorce kilogramos de explosivos y el proceso se suspendió hasta la presente fecha.

Todo este esfuerzo de parte del gobierno por cumplir las disposiciones de la Corte, destinadas a proteger los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza, se diluyó… El 8 de mayo de 2009, el ministro de Minas y Petróleo autorizó sorpresivamente el reinicio de las operaciones petroleras en los Bloque 23 y 24 a las que el Pueblo de Sarayaku y las Nacionalidades Shuar y Achuar se oponen desde finales de los noventa. Esta autorización también va abiertamente en contra de otras decisiones de organismos internacionales de derechos humanos que amparan a los indígenas. Aún cuando el reinicio de actividades dispuesto no fue acatado por la empresa CGC, este hecho demuestra la frágil situación en la que se encuentra el caso Sarayaku.

Peor aún, en la renegociación del contrato del Bloque 10 entre el gobierno del presidente Rafael Correa y la empresa AGIP, celebrada en noviembre de 2010, las autoridades entregaron a dicha empresa petrolera una porción del Bloque 23 que afecta el territorio de varios pueblos indígenas amazónicos. El territorio de Sarayaku queda también afectado por el Bloque 10. Esta redefinición del Bloque se hizo, nuevamente, a espaldas de las nacionalidades y pueblos afectados, sin habérseles consultado ni pedido consentimiento pese a la gravedad de los efectos que esa decisión traerá a sus vidas y territorios.

El 26 de enero de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su resolución respecto al caso.

El caso ha sido remitido a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los días 6 y 7 de julio de 2011, en San José de Costa Rica, se llevará a cabo la audiencia del caso Sarayaku ante el Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta diligencia es crucial porque en ella el pueblo Kichwa de Sarayaku, de la Amazonía ecuatoriana, presentará ante los jueces de la Corte sus alegatos orales así como las pruebas testimoniales y periciales con las que demostrará las violaciones de derechos humanos que sufrió durante la actividad petrolera del Bloque 23. Desde Sarayaku viajará a Costa Rica una delegación de líderes, sabios tradicionales, hombres y mujeres de la comunidad.

La Corte Interamericana dictará una sentencia que es esperada con expectativa por pueblos indígenas y expertos del mundo entero y en especial del continente americano, pues sentará nuevos precedentes respecto al derecho a la consulta previa y al consentimiento de las comunidades afectadas por proyectos petroleros. Para el Ecuador esa sentencia, que deberá ser cumplida obligatoriamente por el Estado, traerá grandes repercusiones pues zanjará un debate que ha sido muy intenso en los últimos años, respecto al alcance del derecho a la consulta y de los derechos territoriales de los pueblos indígenas que son afectados por proyectos de explotación de recursos naturales propiciados por el Estado.

23 de junio de 2011

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* Mario Melo es abogado de Sarayaku

MANIFIESTO POR LA DEMOCRACIA, LA EQUIDAD Y EL BUEN VIVIR

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CORDINADORA PLURINACIONAL DEL ECUADOR

Por la Unidad de las Izquierdas
Pachakutik
Montescristi Vive
Movimiento Popular Democratico
Corriente Socialista Revolucionaria

Hoy la globalización está subordinada a la crisis económica. El dominio del capital financiero impone una civilización de la desigualdad, de la explotación de los seres humanos y la naturaleza, que produce efectos devastadores para la vida en toda la Tierra. Las respuestas al actual caos mundial intensifican la explotación social, profundizan la opresión nacional y aumentan las desigualdades. El inmenso poder de las transnacionales y de las corporaciones financieras les permite someter a sus intereses a gobiernos y a organismos supranacionales. Su codicia ilimitada promueve la extensión de la guerra del petróleo y del agua en diversos continentes, a la vez que aplica las terapias fondomonetaristas incluso en Europa y Estados Unidos, con el único fin de financiar las pérdidas del capital financiero. De este modo se estimulan y sacralizan los intercambios ilegales y delictivos en el orbe.

No solo la energía, sino también la alimentación, están en la mira del capital transnacional. La conversión de los alimentos en combustibles, así como la especulación y la introducción de los transgénicos para consolidar el control por parte de unas pocas empresas sobre el comercio agrícola internacional, ocasionan un sostenido y alarmante incremento de los precios de los alimentos, con consecuencias devastadoras para amplios segmentos de la población mundial.

En este contexto de crisis generalizadas, multifacéticas y simultáneas, se ha generado una insurgencia social que se extiende por todos los continentes. Esta rebelión, cada vez más intensiva e interconectada, expresa un conjunto de denominadores comunes. En todos lados se clama por el aseguramiento de la vida de los seres humanos y de la naturaleza, por una democracia real que garantice un régimen político participativo y sin excluidos, y por una economía que ponga fin a la hegemonía cada día más concentrada del capital financiero internacional. La prioridad debe centrarse en el ser humano y la naturaleza.

América Latina asiste a un complejo proceso de descolonización integral, no exento de contradicciones. En Ecuador vivimos una cadena de luchas sociales y movilizaciones masivas. Desde hace más de tres décadas, la protesta se ha manifestado a través de las huelgas generales de los trabajadores, la vigorosa insurgencia de las nacionalidades y pueblos, y una renovada lucha por los derechos humanos y de la Naturaleza que involucran a amplios grupos humanos en el campo y la ciudad.

La formación del actual gobierno es fruto directo del acumulado histórico de estas múltiples batallas del pueblo ecuatoriano. Pero el presidente Rafael Correa, luego de traicionar a las fuerzas sociales populares y al proyecto que lo eligió, en un ejercicio de poder cada vez más personalizado y caudillesco, lejos de cumplir con las expectativas y mandatos populares, apenas alienta una modernización económica y estatal sin reformas estructurales. El Estado continúa al servicio de viejos y renovados intereses oligárquicos, se profundiza la dependencia del capital transnacional especulativo y extractivista y se sepulta el proyecto originario de la “revolución ciudadana”.

El accionar de este gobierno decepciona cada vez a más sectores. A diario se constata su oposición para generar los cambios que nuestra Patria necesita. Preocupa su creciente impronta autoritaria, alejada de los principios democráticos promulgados en la Constitución de Montecristi, en la cual se sintetizaron aspiraciones fundamentales de las luchas emancipadoras del pueblo ecuatoriano.

Frente a la larga sumatoria de contradicciones y traiciones de Correa, expuestas en la contrarrevolución jurídica de la última consulta popular, cuyo propósito principal busca destruir derechos y libertades fundamentales, convocamos a constituir la Coordinadora Plurinacional, para ratificar nuestro compromiso con la defensa de los derechos esenciales individuales, colectivos y de la Naturaleza, y sobre todo para hacer realidad los cambios estructurales que requiere la sociedad ecuatoriana.

Denunciamos a la oligarquía y sus herramientas de poder, a su ligazón al capital transnacional y financiero, como responsables de la tragedia nacional.

Nos comprometemos a continuar la lucha por la emancipación y la soberanía plena de nuestra nación, por un régimen político auténticamente democrático y participativo.

Desde la riqueza de nuestra diversidad entendemos que estamos ante un desafío histórico: construir democráticamente una sociedad democrática, que en base a la equidad forje el Buen Vivir. Esto demanda el ejercicio de la soberanía de la nación en todos los órdenes, el establecimiento real de un Estado plurinacional y la socialización del poder. Para ello son indispensables propuestas programáticas sólidas, así como la participación unitaria del conjunto de la ciudadanía, de movimientos sociales y políticos fortalecidos. Esta tarea exige un esfuerzo coordinado que excluye sectarismos, dogmatismos y nefastos hegemonismos.

Para lograrlo nos comprometemos a luchar por la cristalización de los siguientes 12 puntos programáticos:

1. Por una democracia realmente participativa

La democracia es el ejercicio participativo y soberano del poder por el pueblo. Invitamos a construir un cogobierno de los pueblos, nacionalidades, ciudadanos y ciudadanas, que desconcentre, descentralice y socialice la toma de decisiones políticas en todos los niveles.

2. Por un Estado Plurinacional

Ecuador es una nación de naciones. Es inaplazable asumir la extraordinaria riqueza de la diversidad de nuestra Patria, y reivindicar con equidad los derechos soberanos de todas y cada una de las nacionalidades, en la construcción real de un Estado Plurinacional, libre de toda forma de colonialismo externo e interno.

3. Por una Patria y una sociedad soberanas

El Ecuador es de los ecuatorianos y ecuatorianas. Su territorio continental, marítimo y espacial, incluidos sus derechos en la órbita geoestacionaria, son irreductibles. Su patrimonio natural y sus conocimientos ancestrales pertenecen a la sociedad. Construiremos la soberanía alimentaria dirigida a garantizar la alimentación a todo ciudadano y ciudadana, como el más básico y primer derecho humano y social, para lo cual proponemos una revolución agraria que redistribuya la tierra con equidad, que promueva la agroecología fomentando el cultivo ético de la tierra, que desprivatice el agua garantizando su acceso equitativo a todos y todas.

4. Por la vigencia de los Derechos de la Naturaleza

Proclamamos la plena vigencia y garantía de los Derechos de la Naturaleza con el fin de reproducir y realizar la vida, respetando integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Nos proponemos proteger la diversidad genética; el Yasuní es sagrado. Convocamos a trabajar mancomunadamente en revertir la erosión de la tierra y la desertificación y superar el extractivismo.

5. Por la vigencia y ampliación de los derechos ciudadanos

Proclamamos la plena vigencia y garantía de los derechos de los ciudadanos, individuales y colectivos, de los trabajadores y campesinos, de los pueblos y nacionalidades. No a la criminalización del pensamiento, de la libertad de expresión y de la protesta social. En cumplimiento cabal de nuestros deberes y responsabilidades, lucharemos y venceremos por la afirmación y el ejercicio de los derechos constitucionales de organización, reclamo, huelga y resistencia. La libertad es siempre libertad de los que piensan diferente, es derecho inalienable de todos los habitantes del país.

6. Por la multiplicación de la producción y el empleo

Proponemos reconstruir el aparato productivo del país devastado por el neoliberalismo, superando las limitaciones de su sometimiento colonial extractivista. Para lograrlo reivindicamos el ejercicio soberano sobre la economía, la desprimarización de su estructura, el fomento de la innovación científico-tecnológica y la inclusión social, la generación de empleo abundante y de calidad, el imaginar y crear una nueva matriz energética no contaminante, limpia y barata. Nos proponemos superar el déficit habitacional garantizando el derecho a una vivienda digna; vencer el doloroso drama de la emigración masiva, asegurando el derecho de los ecuatorianos y ecuatorianas a vivir en el Ecuador; superar toda forma de discriminación, garantizando el derecho al Buen Vivir para todas y todos.

7. Por la socialización de la salud

Proponemos superar las deficiencias de un sistema basado en la comercialización de la salud curativa con un sistema socializado de medicina integral y preventiva, que revalorice las medicinas ancestrales y alternativas y asuma como obligación primordial del Estado el derecho de la ciudadanía a la salud.

8. Por una revolución educativa y cultural

Proponemos una revolución educativa y cultural que construya una sociedad intercultural, rescate las identidades de nuestras naciones, sus lenguas, conocimientos y saberes; que promueva un diálogo permanente con la evolución mundial del conocimiento y establezca el derecho al arte y la diversidad cultural. Este esfuerzo debe estar en correspondencia con las necesidades objetivas y subjetivas de la transformación de la sociedad, para así garantizar el derecho de todos y todas a la educación en todos los niveles, a la autonomía y cogobierno universitarios, al acceso universal a las telecomunicaciones, a las tecnologías de la información y el conocimiento y a los descubrimientos científicos.

9. Por una efectiva justicia social y seguridad ciudadana

Una justicia interna y externamente independiente que garantice el derecho a una vida ética, a un Estado garantista de derechos y libertades, que reconozca y promueva la justicia ancestral y elimine la impunidad, es hoy más que nunca una tarea pendiente y urgente. La construcción de una sociedad inclusiva, equitativa y justa, capaz de superar el hambre, la marginalidad, el desempleo y la pobreza, y garantizar la seguridad social universal, es la base de la seguridad ciudadana. La ciudadanización de la fuerza pública superará definitivamente su operación como un órgano de represión social, y se transformará en un órgano social de protección de la ciudadanía. Solo así se garantizará que su funcionamiento sirva para la prevención del delito y el desmantelamiento del crimen organizado local y transnacional.

10. Por la unidad latinoamericana y la paz mundial

La unidad de la Patria Grande es el desafío actual de todos los países de América Latina, pendiente desde la independencia y el nacimiento de las repúblicas. El pleno ejercicio de su soberanía, y el posicionamiento de nuestra nación de naciones en el lugar que le corresponde en el mundo, está indisolublemente ligado a la integración más resuelta, a la abolición de las fronteras fratricidas que nos separan, a la formación de una comunidad o federación de repúblicas democráticas latinoamericanas. Promovemos la descolonización y el pleno ejercicio a los derechos a la autodeterminación de todos los pueblos del mundo, la solución pacífica de los conflictos, el mantenimiento de relaciones diplomáticas con todos los países en términos de equidad y reciprocidad; en suma, la paz mundial. Por lo tanto rechazamos todo convenio internacional que lesione la soberanía irreductible de los pueblos del Ecuador, América Latina y el mundo.

11. Por una sociedad ética

Combatiremos la corrupción causante de la descomposición social y la opresión de nuestra sociedad. Es imperativo construir una sociedad ética basada en el poder ciudadano, en el ejercicio pleno del control social y en la independencia de los poderes del Estado.

12. Por la construcción del Buen Vivir

Nuestro objetivo es la construcción democrática del Buen Vivir. Buscamos una vida armónica que destierre la explotación inmisericorde del talento y trabajo humano y de la naturaleza, causas fundamentales de la miseria social, de la discriminación nacional y del deterioro ambiental, así como de la hipoteca de nuestra economía a los intereses transnacionales. La tarea es construir una sociedad sustentada en la convivencia del ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza a partir del reconocimiento de la diversidad cultural del país. Esta perspectiva nos convoca a la unidad militante en la lucha por una revolución democrática participativa, a la formación de un Estado Plurinacional.

Estamos convencidos de que el cambio verdadero será obra de los movimientos de los pueblos y nacionalidades, de los trabajadores, artesanos y campesinos, de los pobladores urbanos, de los afroecuatorianos, montubios y mestizos; de hombres, mujeres, ecologistas, humanistas, estudiantes, maestros, profesores universitarios, de la intelectualidad patriótica, de la juventud, de los empresarios comprometidos con la sociedad y la nación, de las organizaciones y partidos políticos democráticos y de izquierda. Juntos constituimos una fuerza revolucionaria invencible. Todos y todas seremos los protagonistas colectivos de la construcción de un gobierno auténticamente democrático y de un nuevo Ecuador, libre y soberano.

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LÍBANO: Mujeres brillan por su ausencia

Por Dalila Mahdawi

BEIRUT, jul (IPS) - Las defensoras de la igualdad de género no salen de su asombro en Líbano ante la desaparición de las mujeres del gabinete ministerial de 30 miembros del nuevo gobierno del primer ministro, Najib Mikati, conformado tras cinco meses de intensas discusiones políticas.

"Tengo que confesar que no esperaba que aumentara la cantidad de mujeres, pero tampoco pensé que no hubiera ninguna", se quejó Lina Abou-Habib, directora ejecutiva de la organización Colectivo para la Investigación y Capacitación en Desarrollo-Acción (CRTD-A, por sus siglas en inglés).

Las activistas recibieron con "asombro y horror" la lista de los miembros del gabinete. También se sorprendieron de que el asunto fuera casi ignorado por la prensa local e internacional, pese a que ya pasaron dos semanas del anuncio.

La presencia femenina en el gobierno nunca estuvo cerca del 30 por ciento que es considerado adecuado para lograr cambios sociales, pero por lo menos había mujeres. En el anterior gabinete los ministerios de Finanzas y de Estado estaban encabezados por mujeres y había otras cuatro en el parlamento de 128 integrantes.

Las mujeres obtuvieron el derecho de voto en 1952.

Los desafíos que el movimiento femenino tiene por delante son muchos más que lograr una mejor representación política, dijo Farah Salka, de la organización Nasawiya. "Esa es sólo la punta del iceberg", señaló.

"Vivimos en un país donde los derechos inalienables de la mujeres son destrozados por hombres que tratan de adoctrinarnos desde la infancia a que aceptemos el status quo. La falta de mujeres en el gobierno es un duro reflejo de la situación actual en Líbano", explicó.

Este país suscribió la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres y su Constitución garantiza la igualdad de género y, sin embargo, se mantiene leyes que las subordinan.

Algunas de las normas más sorprendentes son la que les impide heredar la nacionalidad a sus hijos y las condenas poco severas para hombres sentenciados por los llamados "crímenes de honor".

Hasta 2009, las mujeres no podían abrir una cuenta bancaria para sus hijos. La máxima autoridad sunita de este país, el gran mufti jeque Mohammad Qabbani rechazó la semana pasada una ley para protegerlas de la violencia doméstica por considerarla una amenaza occidental a los valores de la familia islámica.

El gobierno de Líbano se forma sobre la base de un delicado equilibrio entre las 17 denominaciones religiosas reconocidas. Los principales partidos políticos están divididos por sus tendencias confesionales, aunque técnicamente están abiertos a todos los ciudadanos.

Los intereses partidarios siempre desempeñaron un papel mayor en la política libanesa que los de igualdad, indicó Nadya Jalife, investigadora de la organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York.

La preocupación por satisfacer los preceptos religiosos perjudicó el empoderamiento femenino. Las pocas mujeres que integraron el gabinete en anteriores oportunidades, fueron designadas por sus vínculos familiares y no por su mérito, calificación o dedicación en defensa de sus derechos.

La naturaleza religiosa de la política libanesa atenta contra la participación femenina, coincidió Abou-Habib. "Cuánto más poder tienen las distintas confesiones en Líbano, más le falla a las mujeres", añadió.

Tribunales religiosos están por encima de las leyes vinculadas al estatus personal, lo que lleva a la discriminación de género sobre cuestiones importantes como divorcio, custodia de los hijos y herencia. "El secularismo no necesariamente equivale a la igualdad de género, pero las confesiones son, sin duda, una de las causas de raíz de la desigualdad", indicó.

Quizá por el sistema confesional del país, la participación política de las mujeres siga rezagada respecto a la de otros países árabes. Ellas constituyen más de la mitad de la población y de las personas habilitadas para votar, pero en 2009 sólo obtuvieron 3,1 por ciento de los cargos políticos.

Las cifras son mucho más bajas que en los países vecinos, considerados más conservadores en materia de derechos femeninos, 12,4 por ciento en Siria, 25,2 por ciento en Iraq y 7,7 por ciento en Kuwait.

La exclusión de mujeres del gabinete coincide con un momento en que se registran grandes retrocesos políticos.

En Egipto, la participación femenina en las protestas populares de este año fue significativa, pero sólo una mujer integra el gabinete de 27 miembros.

En Túnez, donde las mujeres llegaron a tener un cuarto de los escaños parlamentarios, ahora son marginadas con sólo dos ministras en el gabinete de 31 miembros. El movimiento feminista árabe ha sido "ingenuo al pensar que no podía haber un retroceso", indicó Abou-Habib.

"Todas coincidimos en que el desafío es mucho mayor ahora", indicó Abou-Habib, refiriéndose al encuentro estratégico de dos días con movimientos feministas árabes convocado por su organización, CRTD-A. "Hubo un aumento tangible de organizaciones fundamentalistas y religiosas que va perjudicar a las mujeres", añadió.

Las activistas deben repensar de forma radical su curso de acción, indicó Jalife. Primero, sostuvo, "como mujeres tenemos que participar más en política y abandonar la creencia de que está reservada a los hombres", añadió.

Abou-Habib, por su parte, fue más drástica. "Es un buen momento para salir al ataque desde el punto de vista intelectual, no sólo en la calle. No tiene más sentido seguir avanzando de a pequeños pasos, es hora de realizar una revolución femenina", sostuvo.

Una universidad de Florida relaja normas convivencia para alumnos transgénero

Miami, 7 jul (EFE)- La Universidad del Sur de Florida (USF) ha decidido flexibilizar a partir de hoy sus normas internas para que sus alumnos transgénero no se vean obligados a compartir habitación con estudiantes de un sexo determinado y con el que ellos no se identifiquen.

"En un esfuerzo por mantenernos al día de los constantes cambios entre la población estudiantil, la Universidad del Sur de Florida ha decidido cambiar, a partir de este jueves, parte de su proceso de solicitud de alojamiento en el campus", explicó hoy a Efe una portavoz de esta institución.

Con esta iniciativa, el centro universitario con sede en Tampa facilitará que los estudiantes que se registren para vivir en el campus se identifiquen como "hombre", "mujer" o "en transición".

Todo el que elija esa última opción tendrá derecho a vivir solo, con algún amigo o con un compañero de habitación elegido al azar entre los estudiantes que manifiesten no tener problema al respecto y sin necesidad de hacer pública su identidad sexual. En cualquier caso, se tratará de evitar que las parejas sentimentales cohabiten.

A estas facilidades se añadirán a comienzos del próximo año habitaciones "de género neutral" para que los estudiantes que quieran puedan cohabitar con independencia del género de sus compañeros.

Esta iniciativa, pionera en Florida y en línea con la que tienen en marcha otras universidades estadounidenses como Harvard, se ha impulsado después de que un estudiante transgénero de USF, Taylor McCue, se quejara de que estaba siendo acosado en los pasillos de una residencia masculina, su género de nacimiento y el que se vio obligado a indicar cuando se registró en el centro universitario.

"Esto va a ser realmente positivo para un montón de gente 'trans', especialmente para los estudiantes de primer año. No es que se haya ganado la guerra 'trans', pero es un paso en el proceso de cambiar cómo funcionan las cosas en el campus", dijo McCue en un comunicado.