Panamá: El 1º de mayo con huelgas y elecciones

Marco A. Gandásegui, h.

ALAI AMLATINA, 01/05/2014.- Los trabajadores del mundo entero hacen una pausa en el día de hoy para conmemorar a los mártires de Chicago, un grupo de obreros que fueron castigados por sus ideas libertarias y colgados injustamente a fines del siglo XIX. Las luchas populares de aquel entonces por los derechos básicos –salarios justos, jornadas de ocho horas, condiciones sanitarias, entre otras– siguen vigentes en la actualidad.

En el caso de Panamá, en la recta final de un proceso electoral, el 1º de mayo de 2014 tiene un gran sindicato y dos asociaciones de educadores en huelga y protestando en las calles. Obreros de la construcción y gremios docentes continúan con las medidas de presión que comenzaron la semana pasada. Los obreros y los empresarios están a cinco cláusulas de lograr un acuerdo que ponga fin al paro que afecta a un total de 400 proyectos. Los docentes, por su lado, continúan con sus acciones en demanda del aumento sin condiciones de 300 dólares mensuales.

Los empresarios y especuladores internacionales celebran el crecimiento económico de Panamá en los últimos dos lustros. Sin embargo, ignoran que los trabajadores no han participado de ese crecimiento. El 90 por ciento del incremento ha beneficiado sólo a los propietarios y a los especuladores. En cambio, los trabajadores de la ciudad y del campo han sufrido la pérdida de sus empleos formales y han sido obligados a buscar alternativas informales, donde no existen contratos o seguridad social.

La familia trabajadora es la que más ha sufrido en este proceso que los gobernantes llaman “crecimiento económico”. Por un lado, los precios de los productos básicos se han disparado obligando al hogar a realizar milagros para poner sobre la mesa lo mínimo necesario para alimentar a la familia. Por el otro, la desintegración de la familia ha convertido al barrio en terreno fácil para la consolidación de crimen organizado y la corrupción en todas las esferas.

Las políticas neoliberales impuestas desde arriba en los últimos 20 años han transformado la estructura productiva del país. Ha reducido la planta industrial y, al mismo tiempo, ha reducido drásticamente el número de hectáreas sembradas. Las actividades económicas se han concentrado en el sector de servicios y en la especulación. Las organizaciones obreras se han visto reducidas y el número de trabajadores sindicalizados es cada vez menos.

El Ministerio de Trabajo en forma sistemática rechaza las solicitudes de formación de sindicatos. En 2010, incluso, pretendió acabar con el sindicalismo panameño mediante un decreto. El rechazo de la iniciativa gubernamental cobró varias vidas y centenares de heridos en las fincas bananeras de Changuinola y en la ciudad de Colón. En las áreas rurales de Panamá han desaparecido las comunidades agrícolas y los centros tradicionales de producción agrícola contratan fuerza de trabajo de la comarca Ngobe Buglé a precios muy por debajo de la línea de pobreza: Cafetales en Boquete, arrozales en Soná y Alanje, cañaverales en Coclé, Herrera y Veraguas y bananeras en Bocas del Toro y Barú.

El gobierno del presidente Ricardo Martinelli ha intentado romperle el espinazo al Sindicato de los Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS) e, igualmente, a los gremios de los educadores: Asociación de Educadores de Veraguas (AEVE) y la Asociación de Profesores de la República de panamá (ASOPROF). No es casualidad que un miembro del SUNTRACS, Genero López, es candidato a la Presidencia de la República. Igualmente, los miembros del AEVE simpatizan con la candidatura independiente del profesor Juan Jované.

La fuerza sindical no es un factor determinante en la campaña electoral. Fuera de los casos mencionados, se destaca la candidatura a la Vice-presidencia de Alberto Reyes, secretario general de la Federación Auténtica de Trabajadores (FAT), en la nómina de Jované. A diferencia de hace varias décadas, no hay candidatos obreros para cargos de elección popular en los partidos tradicionales.

Las políticas neoliberales han golpeado al movimiento obrero a escala global. En el caso de América Latina, sólo hay gobiernos populares con sindicalistas a la cabeza en Bolivia (Evo Morales) y Venezuela (Nicolás Maduro). En países como EEUU y de la comunidad europea, gobiernan oligarquías compuestas por el 0.1 por ciento de la población que son multimillonarios. (Los cien miembros del Senado de EEUU son millonarios. No hay un solo trabajador).

En el caso de Panamá, el gobernante que está preparando sus maletas para abandonar el Palacio de las Garzas era un millonario cuando llegó y ahora es un multimillonario. La mayoría de los diputados pretenden reelegirse por un período de 5 años más para continuar amasando millones. La crisis del capitalismo mundial actual ha llevado a los especuladores al pillaje y a la des-posesión de los trabajadores. La política de explotación económica ha sido abandonada por una fórmula de saqueo. La nueva realidad obliga a los trabajadores a buscar fórmulas originales que complementen las luchas tradicionales para hacer valer sus conquistas y derechos.

1º de mayo de 2014.


- Marco A. Gandásegui, hijo, es profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA.

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Perú: Nativos del Marañón persisten en diálogo sin descartar medidas drásticas

la Acodecospat: Foto: Servindi.

Por Jonathan Hurtado

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Servindi, 25 de abril, 2014.- Alfonso López Tejada, presidente de la Acodecospat, federación que agrupa a más de cincuenta comunidades nativas de la cuenca del río Marañón, en Loreto, lleva más de dos años y medio inmerso en una lucha en la que no está solo. Aunque el gobierno así lo quisiera.

Alfonso y otros dos dirigentes de cuencas vecinas llegaron el domingo a Lima para reunirse con representantes del Ejecutivo y demandar al unísono medidas concretas e inmediatas para atender a las decenas de comunidades que consumen agua contaminada con hidrocarburos y metales pesados.

Las comunidades del Marañón, afiliadas a la Acodecospat, que es la Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca, hacen un total de cerca de 15 mil habitantes. En esta cuenca opera desde hace más de una década la empresa argentina Pluspetrol.

Para ser preciso, Pluspetrol opera el Lote 8X que se encuentra al interior de la Reserva Nacional Pacaya Samiría, territorio habitado por el pueblo Kukama, y también el Lote 1 AB, conocido hoy como 192, cuyo permiso para operar vence en algo más de un año.

Para las comunidades nativas, Pluspetrol no es la empresa que mejor represente al rubro petrolero, en caso existiese alguna que bien lo haga. Desde que empezó a operar en la zona, los derrames se hicieron cada vez más frecuentes aunque poco conocidos para las mayorías concentradas en las urbes que conocen el petróleo solo desde las gasolineras.

Según cuenta Alfonso, pese a que los cuadros de contaminación eran evidentes, muchas veces las autoridades se hacían de la vista gorda. Afirma que eso pasó con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) en el 2012, cuando acudieron por ayuda ante sus representantes.

En aquella ocasión el organismo creado el 2008 no cumplió con su labor de proteger de la contaminación por hidrocarburos la incalculable biodiversidad del Pacaya Samiria, reserva con una superficie mucho mayor a la de pequeños países como Eslovenia.

Mientras que algunos se doblegan ante la adversidad Alfonso reaccionó de modo contrario. Asumió con mayor tenacidad la defensa del territorio, los recursos y forma de vida de las comunidades que se encuentran al interior de la reserva. Él mismo habita la zona, en la comunidad Dos de Mayo, distrito de Nauta, en la provincia de Loreto, en la región del mismo nombre.

El compromiso de Alfonso con su pueblo es enorme. Esto se aprecia en el tiempo que le dedica al cargo. Salir de Dos de Mayo con destino a Lima, no toma un día ni dos. Toma cuatro días. Esto es más de una semana entre ir y venir.

El motivo que trajo nuevamente a Lima al dirigente de 57 años, es continuar el diálogo con el Gobierno. El lunes y martes sostuvo una serie de reuniones con representantes de diversos ministerios, como Energía y Minas, Ambiente, Salud y Desarrollo e Inclusión Social, entre otros.

Asimismo se reunió con representantes del Congreso de la República con los que viene trabajando desde hace algún tiempo en la labor de visibilizar los daños causados por la actividad petrolera.

Los temas a tratar son principalmente una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano que crea la Comisión Multisectorial de “Desarrollo de las Cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del departamento de Loreto”. La misma dejaría sin efecto una mesa parecida creada a mediados de 2012.

La nueva comisión es resultado de un acuerdo tomado por la anterior que estuvo compuesta por dos grupos de trabajo, uno ambiental y otro social. Fue justamente el primero que dio fe de los altos niveles de contaminación en las cuatro cuencas -en agua, suelos y sedimentos-, producto de la actividad petrolera.

Alfonso López, junto a Aurelio Chino, de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep) y Emerson Sandi, de la Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre (Feconat), coinciden que con esta nueva comisión pasará lo mismo que con la otra: quedarse en lo propositivo sin pasar a lo ejecutivo.

A pesar de las adversidades ellos recuerdan con satisfacción que los análisis oficiales se hicieron y que hoy el Estado no puede negar en ningún idioma la contaminación de las cuencas, algo que ha quedado contundentemente demostrado.

Sin embargo, esos resultados se dieron producto de un largo batallar contra la inacción de un Estado indiferente y los mismos no están aún completos debido a que no se han hecho análisis a nivel toxicológico y epidemiológico.

Otro de los cuestionamientos a la nueva comisión adscrita a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), es que la resolución que la crea no precisa en ninguna parte medidas que ellos consideren concretas ante la contaminación producida por más de cuarenta años de actividad petrolera en las cuatro cuencas.

Cabe recordar que antes de Pluspetrol en la zona operaba la Occidental Petroleum, empresa que dejó numerosos pasivos ambientales que hasta hoy son motivo de daño ambiental y afectación directa e indirecta a las comunidades de las cuencas. Pero los cuestionamientos a la nueva comisión no terminan ahí.

Lo que antes fue una laguna hoy se ha convertido en un inmenso charco de petróleo. Cuenca del río Marañón. Foto: Acodecospat.

La zona afectada, según la resolución, es la que se encuentra dentro de los distritos de Pastaza, Andoas, Tigre, Trompeteros, Urarinas y Parinari. Es decir, no toman en cuenta Nauta, distrito que forma parte de la cuenca del río Marañón y en donde las federaciones cuentan con bases comunales.

Otro punto crítico es la participación de las federaciones en esta mesa, la cual se limita a dos representantes por federación. Al respecto, el presidente de la Acodecospat, afirma que no presentarán a sus representantes hasta que no se defina su grado de participación y si la mesa va a dar solución a sus problemas.

Cabe precisar que ellos compartirían espacio en las diferentes mesas que se conformen al interior de la comisión, con representantes del Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y de la misma empresa.

Alfonso que vive justamente en una de las comunidades afectadas afirma que desde que se ha comprobado el alto grado de contaminación en las cuencas es poco o nada lo que ha hecho el gobierno por al menos solucionar el problema del agua, el más urgente y vital.

La urgencia de hacer algo al respecto es grande. Mientras que en Lima, a cientos de kilómetros de distancia, el agua está disponible para una gran mayoría en forma de agua potable, en las comunidades de las cuatro cuencas el agua se obtiene solo de dos fuentes: de los ríos y de los pozos.

La pregunta que se hace Alfonso es contundente: ¿Qué hacer cuando ambas están contaminadas? Porque es cierto. Los análisis cuyos resultados se conocieron de manera paulatina, confirmaron la presencia de hidrocarburos y metales pesados como plomo, cadmio y arsénico en estas fuentes.

Conocido los resultados se declararon en emergencia ambiental, en diferentes fechas, las cuencas del río Pastaza, Corrientes y Tigre. Sin embargo, la cuenca del Marañón a la fecha no ha sido declarada en emergencia, pese a que, según Alfonso, la propia comisión considera que reúne las condiciones para que se la declare en esa situación.

Ha pasado mucho tiempo desde que Alfonso y los presidentes de las otras tres cuencas iniciaron la batalla de la defensa de sus derechos, sin llegar a tomar medidas drásticas. Pero como él mismo declara “la paciencia se agota cuando no hay voluntad del gobierno para implementar acciones que solucionen los problemas concretos de los pueblos afectados”.

Esta paciencia la perdieron hace algunos días los pueblos de la cuenca del río Corrientes quetomaron la central eléctrica de Huayurí y las vías aledañas al Lote 1 AB para exigir medidas efectivas para remediar e indemnizar a los nativos por los daños ocasionados por Pluspetrol.

El presidente de la Acodecospat espera no ser el siguiente que tome una medida parecida. Es por esto que aún se aferra a la idea de que el diálogo es el mejor camino para dar solución a las demandas nativas, esto pese a lo fácil, y le pasa continuamente, que es decepcionarse a raíz de la actitud negativa del gobierno.

No obstante,  él señala: “Respetamos las acciones de los hermanos Achuar (de Feconaco), porque cada pueblo tiene su propia percepción del mundo y su forma de hacer respetar sus derechos, y nosotros tenemos que respetar porque ellos están haciendo lo que consideran que es lo que les va servir para que se respeten estos derechos”.

Los presidentes de las tres federaciones que llegaron a Lima el domingo y que hoy están camino a sus comunidades, en lo más profundo de la selva peruana, han entregado un documento con las observaciones y propuestas hechas a la resolución que crea la nueva comisión multisectorial.

Entre ellas, figuran la designación de un comité colegiado conformado por un representante de la PCM, uno del Gobierno Regional de Loreto (GOREL) y las federaciones. De igual modo, que la secretaría técnica de la nueva comisión sea tripartita y esté integrada por estas tres instituciones y el Ministerio del Ambiente (MINAM).

Cabe destacar en este punto algo que consideran capital: que los representantes de la PCM, MINAM y GOREL que integren ambos grupos tengan poder de decisión.

Una de los puntos que más atención despierta es la elaboración de un Plan de Acción a cargo de la federaciones que incluya un programa de actividades para la solución de problemas referidos al agua apta para consumo humano, la seguridad alimentaria, la salud, la remediación, la indemnización, la titulación, entre otros aspectos.

Ahora queda conocer la respuesta que vaya a dar el Gobierno en próximas fechas.

En el tiempo que vienen luchando, los dirigentes nativos han visto muros infranqueables en la actitud asumida por el gobierno. Ahora, sostienen, esperan una señal de cambio. Esta vez no llegó a Lima el presidente de la federación de la cuenca del Corrientes por las acciones de lucha que han emprendido al interior de sus territorios.

Alfonso espera que en una próxima reunión no sea él el que tenga que ausentarse, por la falta de voluntad de un gobierno y un Estado que históricamente le ha dado la espalda a los pueblos originarios.

Colombia: En el Día del Trabajo entierran vivos a 40 mineros en el Norte Cauca

Pueblos en Camino

40 mineros sepultados en explotación minera de El Palmar, Cauca, Colombia. Este 1 de mayo de 2014 será, por las víctimas de la codicia de El Dorado y de la conquista, un día para rechazar el exterminio que genera la codicia minera corporativa transnacional. Estarían con vida si el oro que alimenta a los beneficiarios del sistema, no se alimentara de tanta muerte, corrupción, terror y destrucción. No podemos seguir muriendo y matando para que unos pocos acumulen. Ver video con testimonios desde El Palmar

 

En el Día del Trabajo entierran vivos a 40 mineros en el Norte Cauca, Colombia

 

 

Siendo aproximadamente las 2200hrs de la noche del 30 de abril, se derrumba una enorme cantidad de tierra y lodo sobre mineros que trabajaban en un pozo. Testigos calculan que por lo menos 70 metros cuadrados de tierra y lodo atraparon a unas 40 personas que sobrevivían realizando este trabajo durante la noche, al parecer, a cambio de una “mejor” remuneración que durante las horas del día. El Palmar,donde sucedió esta tragedia, queda a unos 20 minutos del casco urbano de Santander de Quilichao en el norte del Departamento del Cauca, al Sur Occidente de Colombia, a unos 70 kmts. al sur de la ciudad de Cali. La información preliminar  proviene de un testigo que llegó al lugar de los hechos e informa que hasta el momento, aproximadamente 0100hrs del 1 de mayo, solamente habían podido rescatar tres personas. En la mina trabajan campesinos, indígenas y afrocolombianos. Según el angustioso testimonio recogido esta madrugada, se dice que los “dueños” de esta excavación minera y de las retro excavadoras que se encontraba allí, habrían escapado con sus equipos. 

 

 

Compañeros de trabajo, familiares, amigos de los mineros, están sumidos en la desesperación, el dolor y la angustia. Pobladores de la zona esperaban a esta hora noticias sobre sus parientes y conocidos. 

 

 

Sucede esta tragedia, que sepulta vivos a trabajadores explotados, precisamente en las primeras horas del 1 de mayo, Día de los y las trabajadoras. Al compartir esta información preliminar, agobiados de expectativa y tristeza, nos preocupa además que esta tragedia sirva como pretexto para señalar a las víctimas como culpables de la misma, criminalizarlas y favorecer con ello la explotación minera a gran escala, perpetrada por las transnacionales, según la política minera del Estado Colombiano. Las víctimas de esta tragedia, como las de otros derrumbes en minas mal llamadas artesanales, son obreros explotados en condiciones oprobiosas quienes deben recurrir a este tipo de trabajo asumiendo riesgos inaceptables, para sobrevivir en medio de la falta de oportunidades de trabajo. Son víctimas de la voracidad criminal de dueños de maquinarias, frecuentemente aliados a escuadrones de la muerte, en colisión con fuerzas armadas y funcionarios del Estado quienes conocen de esta actividad y a sus beneficiarios, pero, cuando no los protegen abiertamente, dan la espalda y pretenden no ver lo que sucede. Esta región del Norte del Cauca ha sido empobrecida por el despojo violento a indígenas y afrocolombianos por parte de los grandes ingenios azucareros. La caña de azúcar ha reemplazado todos los cultivos de pan coger y generado miseria, contaminación, hambre y violencia social en la zona. En este sustrato social, el narcotráfico se estableció y permea todos los ámbitos de la región moviendo enormes cantidades de dinero. En lugar de realizar una reforma agraria que garantice el sustento de los pobladores de la región y proteja el medio ambiente, el Estado, ha defendido abiertamente los intereses de los ingenios y ahora, el de compañías mineras transnacionales a través de enormes concesiones. En estas condiciones de inseguridad, criminalidad y pobreza para beneficio de unos pocos a costa de la mayoría de la población despojada y explotada, se da este tipo de proyectos mineros que, lejos de artesanales, son formas de explotación realizada por empresarios que someten trabajadores en condiciones inaceptables de riesgo y abuso. El gobierno colombiano ha presentado la minería a cielo abierto realizada por grandes empresas transnacionales, en su mayoría canadienses, como una alternativa limpia, segura y técnicamente apropiada. Toda la evidencia demuestra que la destrucción y muerte ocasionada por este tipo de megaproyectos mineros es mucho peor que la ocasionada por los proyectos menores. A la destrucción ambiental y contaminación masiva causada por estos proyectos se suma la criminalidad y violencia para despojar a los habitantes de tierras objeto de concesiones. La población expulsada de tierras productivas termina en villas miseria engrosando por fuerza la criminalidad y siendo reclutada para actividades como el narcotráfico y los grupos armados. La cantidad de muertos que produce la minería a cielo abierto no son tan visibles como los que causan accidentes como el que hoy sepultó a estos mineros en el Cauca, pero su número es mucho mayor, si se incluye, como debería hacerse, a quienes son afectados por la falta o por la contaminación de las aguas y las tierras. 

 

Debemos recordar que el extractivismo del oro beneficia, fundamentalmente al gran capital especulativo transnacional y a dueños de grandes capitales en países centrales quienes destruyen ecosistemas, montañas, selvas, ciudades y campos, para enterrar lingotes en socavones o colgarse joyas y evitar así, con la muerte de naturaleza y el exterminio de poblaciones enteras, la depreciación de sus enormes riquezas. La minería del oro es una actividad criminal, pero no son los criminales los pobres trabajadores obligados a enterrarse en vida para que unos desconocidos millonarios a quienes nunca conocerán, conserven e incrementen sus capitales. Los criminales, responsables de un verdadero genocidio global en curso que incluye hoy a las víctimas de la mina de El Palmar en este triste Día del Trabajo, son las corporaciones mineras transnacionales, los centros financieros especulativos donde se vende anticipadamente y por enormes ganancias el oro que sacan de estas tierras quienes hoy quedaron allí sepultados, los gobiernos que sirven a esos intereses a costa y a sabiendas de sus impactos que encubren con una complicidad aberrante, empezando por el gobierno de Canadá. Pero también el gobierno de Colombia, que, de una parte, promueve la minería ilegal no artesanal en manos de escuadrones de la muerte y empresarios explotadores, persigue a mineros artesanales que sobreviven con esta actividad a quienes les declaró la guerra sin brindarles alternativas y entrega en concesión la mayor parte del territorio nacional a las transnacionales. El Norte del Cauca y Colombia lloran este 1 de Mayo de 2014 a trabajadores esclavizados de su tierra, enterrados por la codicia de un sistema que les impone la muerte por el despojo, por la persecución, por la guerra, el terror y la violencia, por la destrucción ambiental o por derrumbes mineros para beneficiarse con las prebendas corruptas que les deja el despojo para beneficio del capital transnacional. Lejos de este socavón de la muerte se encuentran los patrones del capital transnacional, durmiendo y disfrutando cómodamente la riqueza obtenida por el despojo sin siquiera saber de los muertos que van enterrando en vida por todo el planeta que van matando. Este primero de mayo de 2014 será, por las víctimas de la codicia de El Dorado y de la conquista, un día para reconocer el exterminio que genera la codicia minera. Estarían con vida si el oro que alimenta a los beneficiarios del sistema, no se alimentara de tanta muerte y destrucción. No podemos seguir muriendo y matando para que unos pocos acumulen. 

 

A continuación compartimos una información sobre la explotación minera de El Palmar que habla por si misma. 

 

Tejido de Comunicación y Pueblos en Camino

 

Una nueva tragedia minera enluta a los Afrocolombianos 

Derrumbe en la mina San Antonio, Santander de Quilichao

Comunicado del Proceso de Comunidades Negras-PCN

 

Quiénes estarían detrás de la minería ilegal en Santander de Quilichao serían…

 

En Santander de Quilichao existen cerca de 9 frentes de trabajo en los que se practica intensamente la minería ilegal, la mayoría localizados entre la vereda Quinamayó, sobre la margen izquierda y derecha del rio aguas-abajo, y la vereda San Antonio. También, hay frentes en la vereda Mandivá y 2 para ser más exactos en el corregimiento de Mondomo. En estos 9 frentes se ocupan más de 5000 personas, la mayoría afrodescendientes, y más de 50 máquinas retroexcavadoras que remueven tierra 24 horas y hacen en tan solo una hora el trabajo de 1000 hombres. Algunos frentes, como el de la vereda el Palmar llevan más de un año operando de manera ininterrumpida, y otros, no superan los 5 o 6 meses. Por regla general y de seguridad se tiene que, cada cierto tiempo; no más de 6 meses, se levanta un frente y se traslada a otro, y luego, a otro, y a otro, en un juego de ruleta para evadir quizás los ejercicios de control de las autoridades. También hay 7 sitios de exploración minera entre la vereda el Palmar aguas- abajo hasta los límites con la vereda San Antonio, 3 en Mandivá y 1 en Mondomo.

 

Por lo general un frente lo conforman varios socios que se articulan y organizan para explotar pedazos de un mismo predio los cuales todos a su vez en la mayoría de los casos obedecen a una cabeza mayor; a un jefe o al dueño de la mina. Cada uno de estos pedazos está a cargo de un capataz que también hace las veces de administrador; en su condición, la desconfianza es para unos lo que la vida significa para otros. En la mayoría de los casos también cuentan estos frentes con relacionistas públicos que se encargan no solo de hacer el puente con particulares para la compra de predios o proponer mediante engaños a los propietarios, campesinos todos y afrodescendientes en su mayoría, las tales uniones temporales; “al partir”, sino que además, traman enlaces con algunos miembros de la fuerza pública para asegurar por un lado el control de la zona con información privilegiada y por el otro, el transporte ilegal de oro y de dinero. Por ello, en muchas ocasiones cuando el ejército en su ejercicio de acciones de control hace presencia en estas zonas, que apropósito casi nunca sucede no obstante existir una base militar a tan solo 15 minutos, en las minas solo encuentran hoyos profundos y mineros. Según un miembro del Consejo Comunitario del Zanjón del Garrapatero que nos pidió mantener su nombre en reserva, “Pareciera que aquí todos trabajan en llave y en secreto”

 

La minería ilegal en Santander, según un alto oficial del ejército, se encuentra asociado en la mayoría de los casos a grupos al margen de la ley, en especial las BACRIM (Bandas Criminales. Uno de los nombres con que se conocen los paramilitares o escuadrones de la muerte que actúan en colisión con el Estado)

No obstante este desalentador panorama la respuesta de la institucionalidad ha sido, el silencio.

 

Por Jaime Soto Palma

Periodista Investigador

http://www.magazincnc.com/quienes-estarian-detras-de-la-mineria-ilegal-en-santander-de-quilichao-serian/

 

LA VEREDA EL PALMAR EN SANTANDER QUILICHAO NO ES FRONTINO, NI SEGOVIA, NI MARMATO; PERO VA PARA ALLÁ.

 

A  20 minutos de Santander de Quilichao, en dirección norte sur, con el cerro Garrapatero al poniente y por una carretera serpenteante y sin pavimentar, pero en muy buen estado, se llega a la vereda El Palmar. Habitada en su mayoría por afro descendientes; 1500 tal vez, prodigaba ser, por la fertilidad de sus suelos, hasta hace muy poco una de las últimas reservas agrícolas del norte del Cauca.

 

Surcada por el rio Agua Limpia y otros no menos importantes, estos ríos que en otrora con sus aguas límpidas y cristalinas hacían gala de su nombre, hoy aguas abajo abastecen a más de 20 acueductos rurales de agua barro, de mercurio y cianuro muy posiblemente, gracias a los gravísimos daños ambientales que está provocando la minería ilegal. Estas aguas también, y pese a las actuales circunstancias, son utilizadas para riego en plantaciones de arroz, piña y caña especialmente, no obstante los peligros que para la salud humana ello puede implicar.

 

En mi recorrido, iniciado apropósito a muy tempranas horas de la mañana, pude constatar, entre el punto de quiebre de la carretera Panamericana hasta dos Km antes del sitio de la extracción, la presencia de siete máquinas retroexcavadoras, silenciadas todas, ocultas unas entre la maleza y camufladas otras en medio de la vegetación. Este paisaje siniestro de palas mecánicas que por nada se confunden con el verdor intenso de la naturaleza, debo confesar, me trasladó 25 años atrás a los comienzos de la minería intensa en Frontino, Segovia y Marmato. Tres pueblos antioqueños que, por más de una década, han vivido esperando a que Tribunales Internacionales obliguen al Estado Colombiano a resarcir no solo los daños ambientales causados sino a las cientos de víctimas que ha provocado la contaminación por “plomo”, cianuro y mercurio. También, a 15 años atrás, cuando los paramilitares con el apoyo de la institucionalidad lograron en vastas regiones del país imponer el silencio. En el Palmar ya casi nadie quiere hablar, cada cual sospecha de cada quién, máxime si es forastero.

 

http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/nuestra-palabra-kueta-susuza-2013/6312-la-vereda-el-palmar-en-santander-quilichao-no-es-frontino,-ni-segovia,-ni-marmato-pero-va-para-allá

 

Fiebre del oro trae muerte y enfermedades a Santander de Quilichao

 

La muerte de dos personas el pasado fin de semana en el norte del Cauca es apenas la punta del iceberg de lo que significa la minería ilegal en zona rural de Santander de Quilichao.

 

Según Ricardo Cifuentes, secretario de gobierno, las dos personas fallecieron cuando la mina en que trabajaban se derrumbó, hechos que ocurrieron en el sector del Palmar. Aún más preocupante; según el funcionario, es que en la misma zona han muerto al menos 9 personas s en la misma actividad y sus fallecimientos han querido ser ocultados por quienes trabajan en el sitio.

 

Y es que allí, si bien existe un permiso de explotación minera, lo que está prohibido es el uso de maquinaria pesada; en ese lugar están haciendo socavones del tamaño de un edificio de tres pisos, socavones que tienen a derrumbarse por cualquier circunstancia. Explica el señor Cifuentes.

 

El secretario de gobierno, quien desde noviembre anterior está amenazado precisamente por la persecución a la minería ilegal; agrega que además de la muerte y la violencia que ha traído la extracción minera ilegal en su municipio, se suma el tema sanitario.

 

La Malaria que se había erradicado, volvió por cuenta de personas de la costa pacífica que llegaron atraídos por la fiebre del oro. Enfermedades venéreas a causa de la prostitución también ha incrementado su manifestación.

 

Las zonas donde más problemas se presentan con Minería Ilegal, son Manivá; donde el fin de semana se hizo un procedimiento de decomiso de combustible, el Palmar, la Toma y San Antonio.

 

Fuente: Radio Súper Popayánhttp://www.radiosuperpopayan.com/noticias/1254-fiebre-del-oro-trae-muerte-y-enfermedades-a-santander-de-quilichao

(Tomado de http://www.pueblosencamino.org/index.php/asi-no/proyectos-de-economia-extractiva/822-en-el-dia-del-trabajo-entierran-vivos-a-40-mineros-en-el-norte-cauca-colombia) 

Indígenas del Cauca: “Somos pueblos de cultura de paz”

Deutsche Welle Español

 

La violencia del narcotráfico, paramilitares y la guerrilla amenaza a pueblos indígenas del Cauca. A eso se suma la disputa por las riquezas naturales. Sus líderes buscan alianzas en Europa para seguir en pie de lucha. 

Representantes del Consejo Regional Indígena del Cauca, (CRIC).

Representantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Colombia, llegaron a Alemania dentro de una gira europea con el objetivo de estrechar alianzas. La organización indígena más antigua de Colombia y Latinoamérica, techo de diez pueblos indígenas revivió la fuerza del movimiento indígena en Colombia y busca aliados para hacer frente a las numerosas amenazas que enfrentan sus comunidades.

El recorrido de los cuatro líderes indígenas comenzó en Noruega, adonde llegaron con la invitación de la Universidad de Oslo y sirvió para estrechar lazos con los Sami, uno de los pueblos indígenas autóctonos noruegos, con cultura, idioma y costumbres propias. Después de Alemania, el periplo los llevará a Holanda y España, y ocurre poco antes de las elecciones presidenciales colombianas previstas el 25 de mayo, en donde el presidente Juan Manuel Santos aspira a su reelección. Organizaciones como Amnistía Internacional exhortan a los candidatos a proteger a la población civil, especialmente a los grupos y comunidades más vulnerables, expuestas a sufrir abusos y violaciones a sus derechos.

El Cauca, región mega diversa

El Cauca, en el suroeste de Colombia, es uno de los 32 departamentos que integran el territorio colombiano. Allí nacen la Cordillera Central y la Occidental y tres de los ríos más importantes: el Cauca, el Patía y el Magdalena. Con distintos climas de acuerdo a la altitud, son hogar de una gran variedad de especies y ecosistemas. Empresas trasnacionales se disputan esos territorios ricos en minerales y recursos naturales, lo que ejerce una presión adicional sobre esas comunidades.

“Vivimos en zonas estratégicas, ricas en recursos naturales, abundantes en páramos, lagunas, nevados, ahí hay una gran riqueza mineral y por eso nos quieren bajar de la cordillera y despojarnos de nuestros territorios ancestrales. Esta gran disputa enfrenta por un lado al modelo económico neoliberal que sigue el país y por el otro a los campesinos, indígenas y afrodescendientes que necesitamos la tierra”, afirma Eduardo Camayo, líder de la Región Occidente y Consejero Mayor del CRIC, avalado por las 121 autoridades indígenas del Cauca. Unos 300.000 indígenas pertenecientes a diez pueblos distintos habitan la zona desde tiempos prehispánicos.

Mapa de Colombia: El Cauca, al suroeste del país.

Demandas al Estado colombiano

La organización fundada hace 43 años es liderada en igualdad de jerarquía por los representantes de las 9 zonas indígenas, que formulan claras demandas al Estado colombiano. “La garantía de los derechos territoriales, económicos, políticos y sociales para toda la población colombiana, no sólo para los indígenas. Demandamos una real distribución de la riqueza, y la garantía de los derechos políticos, que tengamos la posibilidad de decidir en las políticas nacionales, y tengamos igualdad de condiciones en el acceso a la salud, a la educación y a la justicia. Que no haya impunidad frente a tantos crímenes, en los que están coludidos hasta el mismo gobierno y actores que están presentes en el país”, destaca Camayo.

Durante un debate realizado la víspera en el Instituto Iberoamericano de Berlín, los líderes indígenas explicaron que su lucha les ha costado muchos muertos e indicaron que seguirán movilizándose y buscando la concertación con otros movimientos sociales en Colombia y otros países. También reiteraron su aspiración por el reconocimiento oficial de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAII, que les ha negado el gobierno colombiano. “Queremos nuestros propios médicos e ingenieros”, destacó José Vicente Otero.

La directora del Instituto Iberoamericano de Berlin, Barbara Göbel y líderes del CRIC. Atrás, con corbata, el embajador de Colombia, Juan Mayr Maldonado.

Intercambio de experiencias Alemania – Colombia
La directora del Instituto Iberoamericano de Berlín, la antropóloga Barbara Göbel, destacó su interés por posicionar a América Latina en 'el mapa de la sociedad alemana'. “Los movimientos indígenas y su papel como actores políticos son poco conocidos en Alemania, Colombia es un país muy interesante para nosotros porque su reforma Constitucional ha abierto muchos instrumentos y espacios para el reconocimiento de la diferencia cultural. Estos movimientos no sólo reclaman un reconocimiento sino que aspiran a un empoderamiento para poder manejar con autonomía sus territorios. Todo esto está muy vinculado a la temática medioambiental, que tiene un fuerte énfasis en Alemania”.

Líderes del CRIC señalan que hay una gran brecha entre la postura del gobierno colombiano y lo que piensan las comunidades indígenas. “Constitucionalmente existen en Colombia las garantías para la preservación de los ecosistemas, pero en la práctica la realidad es otra”, afirma José Vicente Otero, uno de los nueve líderes del CRIC. “Si en Colombia, un país de 47 millones de habitantes, megadiverso, pluriétnico y multicultural, se consultaran a las bases podrían implementarse políticas de verdadera defensa de la biodiversidad”, apunta.

Combatientes de las FARC ante el Valle del Cauca.

La lucha sigue

Eduardo Camayo cree que tarde o temprano los pueblos indígenas serán reconocidos como los verdaderos guardianes de la naturaleza. Camayo demanda un cambio en la política económica del país. “La política minero energética que el gobierno ha implementado no fue consultada con los pueblos en Colombia y como resultado están entregando los recursos naturales a las multinacionales. El gobierno se olvidó de que los colombianos tenemos que comer”.

Además de la lucha por la tierra estas comunidades se ven amenazadas por la violencia que vive el país en un conflicto que dura ya más de 40 años. “Los muertos, los desaparecidos, los desplazados, la persecución del movimiento indígena, todo eso se vive en nuestros territorios. Es una guerra externa que nos han traído los grupos guerilleros como las FARC y el ELN, los grupos paramilitares y las bandas del narcotráfico”, dice por su parte José Vicente Otero.
El líder destaca que la Constitución les otorga derechos, aunque siguen siendo atropellados. “La Constitución avala que nuestros territorios son autónomos, políticamente organizados, que tenemos autoridades propias, usos y costumbres y una cosmovisión particular”, dice Otero y añade: “Hemos sobrevivido a base de lucha pero somos pueblos de cultura de paz”.