Por Jonathan Hurtado
Servindi, 25 de abril, 2014.- Alfonso López Tejada, presidente de la
Acodecospat, federación que agrupa a más de cincuenta comunidades
nativas de la cuenca del río Marañón, en Loreto, lleva más de dos años y
medio inmerso en una lucha en la que no está solo. Aunque el gobierno
así lo quisiera.
Alfonso
y otros dos dirigentes de cuencas vecinas llegaron el domingo a Lima
para reunirse con representantes del Ejecutivo y demandar al unísono
medidas concretas e inmediatas para atender a las decenas de comunidades
que consumen agua contaminada con hidrocarburos y metales pesados.
Las
comunidades del Marañón, afiliadas a la Acodecospat, que es la
Asociación Cocama para el Desarrollo y Conservación San Pablo de
Tipishca, hacen un total de cerca de 15 mil habitantes. En esta cuenca
opera desde hace más de una década la empresa argentina Pluspetrol.
Para
ser preciso, Pluspetrol opera el Lote 8X que se encuentra al interior
de la Reserva Nacional Pacaya Samiría, territorio habitado por el pueblo
Kukama, y también el Lote 1 AB, conocido hoy como 192, cuyo permiso
para operar vence en algo más de un año.
Para
las comunidades nativas, Pluspetrol no es la empresa que mejor
represente al rubro petrolero, en caso existiese alguna que bien lo
haga. Desde que empezó a operar en la zona, los derrames se hicieron
cada vez más frecuentes aunque poco conocidos para las mayorías
concentradas en las urbes que conocen el petróleo solo desde las
gasolineras.
Según
cuenta Alfonso, pese a que los cuadros de contaminación eran evidentes,
muchas veces las autoridades se hacían de la vista gorda. Afirma que
eso pasó con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado (Sernanp) en el 2012, cuando acudieron por ayuda ante sus
representantes.
En
aquella ocasión el organismo creado el 2008 no cumplió con su labor de
proteger de la contaminación por hidrocarburos la incalculable
biodiversidad del Pacaya Samiria, reserva con una superficie mucho mayor
a la de pequeños países como Eslovenia.
Mientras
que algunos se doblegan ante la adversidad Alfonso reaccionó de modo
contrario. Asumió con mayor tenacidad la defensa del territorio, los
recursos y forma de vida de las comunidades que se encuentran al
interior de la reserva. Él mismo habita la zona, en la comunidad Dos de
Mayo, distrito de Nauta, en la provincia de Loreto, en la región del
mismo nombre.
El
compromiso de Alfonso con su pueblo es enorme. Esto se aprecia en el
tiempo que le dedica al cargo. Salir de Dos de Mayo con destino a Lima,
no toma un día ni dos. Toma cuatro días. Esto es más de una semana entre
ir y venir.
El
motivo que trajo nuevamente a Lima al dirigente de 57 años, es
continuar el diálogo con el Gobierno. El lunes y martes sostuvo una
serie de reuniones con representantes de diversos ministerios, como
Energía y Minas, Ambiente, Salud y Desarrollo e Inclusión Social, entre
otros.
Asimismo
se reunió con representantes del Congreso de la República con los que
viene trabajando desde hace algún tiempo en la labor de visibilizar los
daños causados por la actividad petrolera.
Los temas a tratar son principalmente una resolución suprema publicada
en el diario oficial El Peruano que crea la Comisión Multisectorial de
“Desarrollo de las Cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del
departamento de Loreto”. La misma dejaría sin efecto una mesa parecida
creada a mediados de 2012.
La
nueva comisión es resultado de un acuerdo tomado por la anterior que
estuvo compuesta por dos grupos de trabajo, uno ambiental y otro social.
Fue justamente el primero que dio fe de los altos niveles de
contaminación en las cuatro cuencas -en agua, suelos y sedimentos-,
producto de la actividad petrolera.
Alfonso
López, junto a Aurelio Chino, de la Federación Indígena Quechua del
Pastaza (Fediquep) y Emerson Sandi, de la Federación de Comunidades
Nativas del Alto Tigre (Feconat), coinciden que con esta nueva comisión
pasará lo mismo que con la otra: quedarse en lo propositivo sin pasar a
lo ejecutivo.
A
pesar de las adversidades ellos recuerdan con satisfacción que los
análisis oficiales se hicieron y que hoy el Estado no puede negar en
ningún idioma la contaminación de las cuencas, algo que ha quedado
contundentemente demostrado.
Sin
embargo, esos resultados se dieron producto de un largo batallar contra
la inacción de un Estado indiferente y los mismos no están aún
completos debido a que no se han hecho análisis a nivel toxicológico y
epidemiológico.
Otro
de los cuestionamientos a la nueva comisión adscrita a la Presidencia
de Consejo de Ministros (PCM), es que la resolución que la crea no
precisa en ninguna parte medidas que ellos consideren concretas ante la
contaminación producida por más de cuarenta años de actividad petrolera
en las cuatro cuencas.
Cabe
recordar que antes de Pluspetrol en la zona operaba la Occidental
Petroleum, empresa que dejó numerosos pasivos ambientales que hasta hoy
son motivo de daño ambiental y afectación directa e indirecta a las
comunidades de las cuencas. Pero los cuestionamientos a la nueva
comisión no terminan ahí.
Lo que antes fue una laguna hoy se ha convertido en un inmenso charco de petróleo. Cuenca del río Marañón. Foto: Acodecospat.
La
zona afectada, según la resolución, es la que se encuentra dentro de
los distritos de Pastaza, Andoas, Tigre, Trompeteros, Urarinas y
Parinari. Es decir, no toman en cuenta Nauta, distrito que forma parte
de la cuenca del río Marañón y en donde las federaciones cuentan con
bases comunales.
Otro
punto crítico es la participación de las federaciones en esta mesa, la
cual se limita a dos representantes por federación. Al respecto, el
presidente de la Acodecospat, afirma que no presentarán a sus
representantes hasta que no se defina su grado de participación y si la
mesa va a dar solución a sus problemas.
Cabe
precisar que ellos compartirían espacio en las diferentes mesas que se
conformen al interior de la comisión, con representantes del Poder
Ejecutivo, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y de la misma
empresa.
Alfonso
que vive justamente en una de las comunidades afectadas afirma que
desde que se ha comprobado el alto grado de contaminación en las cuencas
es poco o nada lo que ha hecho el gobierno por al menos solucionar el
problema del agua, el más urgente y vital.
La
urgencia de hacer algo al respecto es grande. Mientras que en Lima, a
cientos de kilómetros de distancia, el agua está disponible para una
gran mayoría en forma de agua potable, en las comunidades de las cuatro
cuencas el agua se obtiene solo de dos fuentes: de los ríos y de los
pozos.
La
pregunta que se hace Alfonso es contundente: ¿Qué hacer cuando ambas
están contaminadas? Porque es cierto. Los análisis cuyos resultados se
conocieron de manera paulatina, confirmaron la presencia
de hidrocarburos y metales pesados como plomo, cadmio y arsénico en
estas fuentes.
Conocido los resultados se declararon en emergencia ambiental, en diferentes fechas, las cuencas del río Pastaza, Corrientes y Tigre. Sin embargo, la cuenca del Marañón a
la fecha no ha sido declarada en emergencia, pese a que, según Alfonso,
la propia comisión considera que reúne las condiciones para que se la
declare en esa situación.
Ha
pasado mucho tiempo desde que Alfonso y los presidentes de las otras
tres cuencas iniciaron la batalla de la defensa de sus derechos, sin
llegar a tomar medidas drásticas. Pero como él mismo declara “la
paciencia se agota cuando no hay voluntad del gobierno para implementar
acciones que solucionen los problemas concretos de los pueblos
afectados”.
Esta paciencia la perdieron hace algunos días los pueblos de la cuenca del río Corrientes quetomaron la
central eléctrica de Huayurí y las vías aledañas al Lote 1 AB para
exigir medidas efectivas para remediar e indemnizar a los nativos por
los daños ocasionados por Pluspetrol.
El
presidente de la Acodecospat espera no ser el siguiente que tome una
medida parecida. Es por esto que aún se aferra a la idea de que el
diálogo es el mejor camino para dar solución a las demandas nativas,
esto pese a lo fácil, y le pasa continuamente, que es decepcionarse a
raíz de la actitud negativa del gobierno.
No
obstante, él señala: “Respetamos las acciones de los hermanos Achuar
(de Feconaco), porque cada pueblo tiene su propia percepción del mundo y
su forma de hacer respetar sus derechos, y nosotros tenemos que
respetar porque ellos están haciendo lo que consideran que es lo que les
va servir para que se respeten estos derechos”.
Los
presidentes de las tres federaciones que llegaron a Lima el domingo y
que hoy están camino a sus comunidades, en lo más profundo de la selva
peruana, han entregado un documento con las observaciones y propuestas
hechas a la resolución que crea la nueva comisión multisectorial.
Entre
ellas, figuran la designación de un comité colegiado conformado por un
representante de la PCM, uno del Gobierno Regional de Loreto (GOREL) y
las federaciones. De igual modo, que la secretaría técnica de la nueva
comisión sea tripartita y esté integrada por estas tres instituciones y
el Ministerio del Ambiente (MINAM).
Cabe
destacar en este punto algo que consideran capital: que los
representantes de la PCM, MINAM y GOREL que integren ambos grupos tengan
poder de decisión.
Una
de los puntos que más atención despierta es la elaboración de un Plan
de Acción a cargo de la federaciones que incluya un programa de
actividades para la solución de problemas referidos al agua apta para
consumo humano, la seguridad alimentaria, la salud, la remediación, la
indemnización, la titulación, entre otros aspectos.
Ahora queda conocer la respuesta que vaya a dar el Gobierno en próximas fechas.
En el tiempo que vienen luchando, los dirigentes nativos han visto muros
infranqueables en la actitud asumida por el gobierno. Ahora, sostienen,
esperan una señal de cambio. Esta vez no llegó a Lima el presidente de
la federación de la cuenca del Corrientes por las acciones de lucha que
han emprendido al interior de sus territorios.
Alfonso
espera que en una próxima reunión no sea él el que tenga que
ausentarse, por la falta de voluntad de un gobierno y un Estado que
históricamente le ha dado la espalda a los pueblos originarios.
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