El ex Presidente colombiano Alvaro Uribe (2002 a 2010), estuvo el pasado
fin de semana en la comuna de Villarrica, Región de la Araucanía
(Mallolafken, territorio ancestral Mapuche), donde participó de un
seminario en el Hotel Park Lake. El ex mandatario, según trascendió en
medios informativos, expuso ante una serie de autoridades,
latifundistas y empresarios sobre temas ligados a la “política y
guerrilla”. Fuentes del Hotel señalaron al periódico Soy Temuco que “los
organizadores son extranjeros. Es un evento privado, nosotros les
entregamos las instalaciones y nos restringieron dar información”.
Al
respecto, el dirigente Mapuche Aucán Huilcamán, werkén del consejo de
todas las tierras, dijo a medios de prensa que Uribe era “persona non
grata en territorio mapuche” y agregó: “Durante el gobierno de Álvaro
Uribe se realizaron los hechos más violentos en su país y sus políticas
fueron totalmente perversas, porque relacionó el narcotráfico y los
paramilitares para combatir a la Guerrilla en su país, del cual no fue
capaz de solucionar”, manifestó.
Uribe
llegó a Chile con completo hermetismo, lo que fue situado como un acto
cobarde ocurrido en medio del silencio y complicidad del gobierno,
encabezado por un Presidente y empresario como Sebastián Piñera, quien
rindió pleitesía en julio de 2008 y de cuya política genocida de
“seguridad democrática” se considera admirador.
Los Montajes FARC y Mapuches
En
septiembre de 2008, parlamentarios de Renovación Nacional, encabezados
por el Senador Alberto Espina denunciaron la existencia de vínculos
entre las Farc con grupos extremistas mapuches de la región de la
Araucanía, cuya información “privilegiada” habría sido provista desde el
mismo Gobierno de Uribe en Colombia en el 2006.
Lo
mismo era resaltado por el diputado independiente -ex RN y ex ministro
de Pinochet- Alberto Cardemil y el RN Cristián Monckeberg, quienes
aseguraron que el Ministerio del Interior de la época estaba al tanto de
la posible relación entre las Farc y grupos subversivos vinculados a la
causa mapuche desde hace más de un año y medio.
Lo
mismo hizo el actual presidente y entonces presidenciable Sebastián
Piñera, en agosto del año 2009, afirmando irresponsablemente que detrás
de la violencia en el conflicto mapuche hay organizaciones terroristas
extranjeras y en agosto de este año con su homónimo de Colombia, el
actual presidente Juan Manuel Santos, dijeron a la prensa que habían
acordado “cortar el ‘vínculo’” entre mapuches y las Farc”.
También,
de la misma forma, señalaba, textualmente a los medios: “En la
Araucanía se han cometido hechos de terrorismo y el gobierno en vez de
aplicar la Ley Antiterrorista, salvo en dos excepciones, hace la vista
gorda y cuando el gobierno esconde la cabeza, la gente piensa que puede
seguir actuando con impunidad”. (Que) “un puñado de delincuentes tengan
de rodillas a todo un país es porque (el gobierno) no está cumpliendo
con su deber”.
Cabe
mencionar que el medio informativo donde se origina la concepción
“Terrorismo Mapuche” y ha dado amplias coberturas a la relación
“Mapuches con grupos terroristas extranjeros”, es principalmente el
Diario El Mercurio y sus cadenas de diarios, cuyo propietario es el ex
golpista Agustín Edwards, también vinculado a la ultra derecha.
Otro
medio, Canal TV 13 de fundación “católica” ligada a un sector de la
iglesia, con directa influencia del grupo Matte, aliadas de Edwards,
dueñas de Forestal Mininco, CMPC, quienes mantienen sendos conflictos
territoriales con Comunidades Mapuches, donde hoy, en dicho canal, es
propietario el grupo Luksic, difundía en junio del 2010, en el programa
contacto, ante una importante audiencia y a través de una apuesta
sensacionalista el llamado “conflicto Mapuche” y se pretendió,
exclusivamente, hacer la relación Mapuches – Farc y el terrorismo en
Chile ¿Coincidencia?
En
marzo del 2011 trascendían cables de la Embajada norteamericana en
Chile, correspondientes a las desclasificaciones de Wikileaks, revelados
por diversos diario internacionales, demostrando que la pretendida
conexión mapuches-PC-FARC fue un montaje ejecutado por parlamentarios de
la ultra derecha, entre ellos, los senadores Alberto Espina y el
entonces candidato presidencial Sebastián Piñera, con la complicidad de
medios informativos, como El Mercurio y La Tercera.
Los
sucesivos despachos enviados a Washington, a lo largo de 2008 y 2009,
indican, sin embargo, que todas las investigaciones les llevaron a la
misma conclusión: la comunidad mapuche es abrumadoramente no violenta;
“el problema ha sido magnificado por los medios”; quienes alegan que
existen lazos entre los mapuches y organizaciones terroristas
extranjeras “no han proporcionado pruebas de ello” y “los expertos del
Gobierno califican esos contactos de mero ‘turismo de guerrilla”….
Todos
esos son párrafos desclasificados de la correspondencia de la Embajada
de Estados Unidos en Santiago, que demuestran la falsedad de la supuesta
conexión entre los mapuche y las FARC.
El
Gobierno sospechaba de contactos entre los indígenas y el terrorismo
internacional .- La Embajada estadounidense no veía al movimiento
mapuche como una amenaza seria
Edmundo
Pérez Yoma, quien fue ministro del Interior en el Gobierno de Michelle
Bachelet, transmitió a Estados Unidos su preocupación por el “problema
mapuche” y le pidió apoyo “de inteligencia” para seguir de cerca su
posible radicalización, sus eventuales contactos con grupos terroristas
extranjeros, como las FARC colombianas o ETA, y para “seguir el dinero”
que les pudiera llegar.
La
conversación se produjo en 2008, a poco de tomar posesión el ministro, y
cuando ya se habían registrado algunos incidentes entre grupos
mapuches, fuerzas del orden, propietarios de tierras reclamadas por la
comunidad indígena y empresas españolas, como Endesa, implicadas en la
construcción de presas hidroeléctricas en territorio mapuche.
“El
consejero legal le explica que el FBI ya está coordinado con los
Carabineros para ayudarles a localizar la llegada de esos posibles
contactos”, asegura un telegrama de la embajada.
Los
sucesivos despachos enviados a Washington, a lo largo de 2008 y 2009,
indican, sin embargo, que todas las investigaciones les llevaron a la
misma conclusión: la comunidad mapuche es abrumadoramente no violenta;
“el problema ha sido magnificado por los medios”; quienes alegan que
existen lazos entre los mapuches y organizaciones terroristas
extranjeras “no han proporcionado pruebas de ello” y “los expertos del
Gobierno califican esos contactos de mero ‘turismo de guerrilla”.
Un
detallado informe escrito en otoño de 2009, tras un viaje de varios
días por el territorio en conflicto (que coincide con la muerte de un
joven activista mapuche a manos de la policía chilena), recoge la
opinión, bastante irónica, de los diplomáticos estadounidenses: “Un
eventual observador de la cobertura informativa de la actualidad chilena
podría pensar que violentos activistas mapuches, relacionados con las
FARC y ETA, matan cada semana a inocentes civiles”, se mofan y agregan:
”El candidato presidencial de la oposición, Sebastián Piñera, ha
declarado que la Araucaria arde en llamas. Los principales periódicos
chilenos, que son generalmente conservadores, publican muy a menudo en
primera página reportajes sobre este conflicto”.
En
otro párrafo señalan que los diplomáticos ocultan a duras penas su
indignación: “La destrucción de propiedades, que supone la inmensa
mayoría de las acciones ilegales de los mapuches, se presenta
frecuentemente a todo color con descarados titulares y a veces una
cobertura muy superior a la que se da a crímenes mucho más graves
cometidos por chilenos no indígenas”..
La Versión de la policía Chilena
Radio
Universidad de Chile, publicó a inicios de marzo del 2011 que
carabineros y PDI habrían desechado la tesis de vinculación de mapuche
con grupos terroristas, esto, en la comisión de Derechos Humanos de la
Cámara de Diputados, quienes debieron concurrir para exponer sobre los
cuestionados operativos que han realizado en la zona de la Araucanía.
En
la comisión, de acuerdo al relato del medio, se encontraba el general
director de Carabineros subrogante, Gustavo González y el director
general de la PDI, Marcos Vázquez, quienes informaron sobre su actuar en
el marco del conflicto de tierra que enfrenta al pueblo mapuche con
empresarios forestales.
La
negativa de Gustavo González, General Director Subrogante de
Carabineros fue clara al señalar: “es delicado afirmar una cosa de esa
naturaleza si no tiene los antecedentes concretos sobre la materia. Se
ha detectado a personas que no corresponden a las etnias mapuches o
corresponderían más bien a extranjeros, pero sindicar a un país
determinado respecto de esta materia me parece que nos es factible
hacerlo”.
El
Director General de la PDI, Marcos Vásquez, señaló también que no
tenían antecedentes ciertos en esta línea y opinó sobre otros datos,
indicando: “no tenemos antecedentes fidedignos, estamos de acuerdo con
Carabineros que tiene la misma versión nuestra” y añadió. “Cuando
entregamos cualquier tipo de información tiene que estar confirmada y
por eso digo que no tenemos información fidedigna”.
Álvaro Uribe y crímenes de lesa Humanidad
El
5 de marzo del 2010 fue presentado en Bogotá el libro “Las perlas
uribistas” que hace un descarnado análisis de los ocho años de gobierno
de Álvaro Uribe Vélez y en el que se denuncian en forma documentada
delitos de lesa humanidad que comprometen seriamente al mandatario
colombiano.
Uno
de los temas tratados es el de los denominados “falsos positivos” a
cargo del columnista Felipe Zuleta, quien cuestiona la indiferencia del
gobierno colombiano ante la participación de 33 brigadas del Ejército y
el asesinato de 1778 personas.
Otro
de los escándalos que documenta este libro-denuncia son las llamadas
“chuzadas del DAS”, la agencia de inteligencia del Estado colombiano que
depende directamente del Presidente de la República. El periodista
Hollman Morris advierte que lo más delicado fue descubrir los “Manuales
para amenazar”.
En la publicación también se revela que Uribe Vélez tiene acumulados numerosos procesos en su contra.
Son
160 investigaciones en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de
Representantes y hay un número similar en la Procuraduría y el
Contraloría, advirtió el defensor de derechos humanos, Iván Cepeda.
Aseguró
que el listado de delitos es interminable y muchos de ellos están
incluidos en el estatuto de Roma, sustento de la Corte Penal
Internacional que pueden ser tipificados como crímenes de lesa
humanidad.
Publico.es publicaba
en España a inicios del 2010: “En el pequeño pueblo de La Macarena,
región del Meta, 200 kilómetros al sur de Bogotá, una de las zonas más
calientes del conflicto colombiano, se está descubriendo la mayor fosa
común de la historia reciente de Latinoamérica, con una cifra de
cadáveres “NN”, enterrados sin identificar, que podría llegar a los
2.000, según diversas fuentes y los propios residentes. Desde 2005 el
Ejército, cuyas fuerzas de élite están desplegadas en los alrededores,
ha estado depositando detrás del cementerio local cientos de cadáveres
con la orden de que fueran inhumados sin nombre…”
Agrega
el medio español en otro párrafo: “Se trata del mayor enterramiento de
víctimas de un conflicto de que se tenga noticia en el continente.
Habría que trasladarse al Holocausto nazi o a la barbarie de Pol Pot en
Camboya, para encontrar algo de esta dimensión…”
Álvaro Uribe y el conflicto bélico en Colombia
Existen
numerosos antecedentes que la “excusa” de este conflicto bélico
intensificado durante el periodo del Gobierno de Álvaro Uribe, ha
causado destrucción de viviendas, desplazamiento de la población,
sistemáticos asesinatos y heridos de miles de personas inocentes,
mientras por otra parte, paralelamente, se siguen imponiendo
megaproyectos de industrias extractivas con intereses de
transnacionales, como mineras y petroleras.
Resulta
extraño, por decirlo de algún modo, que la llamada Guerrilla en
Colombia, entre otros aspectos, ha servido de “justificación” para el
ataque a habitantes campesinos, indígenas y/o afrodescendiente de
diversos territorios, ya sea por el ejército, paramilitares, incluso por
la misma denominada “FARC”, situada en varios lugares donde
“casualmente” se han instalado o se pretenden instalar los principales
proyectos de este tipo de mega industrias, según se ha venido
denunciando.
Como
mapa de conflictos, en Colombia, las principales arremetidas de
paramilitares, militares y bases militares que buscan imponerse,
coinciden donde se ubican los principales intereses de Corporaciones
económicas y en el Cauca particularmente, los Pueblos Indígenas han sido
víctimas del genocidio del ejército Colombiano, de la policía, del
intervencionismo extranjero, y de la misma FARC, aunque a esta altura,
no se sabe de qué FARC se está hablando. Lo que si, son cientos los
indígenas asesinados por los fusiles de la brutalidad, por cobardes
bombas, con miles de desplazados en medio de la inacción del mundo
respetuoso de los Derechos Humanos y de un gobierno responsable directo
de estas masacres que involucra responsabilidades por crímenes de lesa
humanidad al ex Presidente Uribe y al actual mandatario Santos, quien
también fue ministro de defensa.