Los medios gubernamentales asistieron puntualmente a la rueda de prensa convocada hoy por el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, Enrique Ayala Mora, a propósito de las críticas que el presidente de la República hiciera al Informe sobre Derechos Humanos, Ecuador 2011, presentado por el Programa de Derechos Humanos de esa institución académica en días pasados. Y asistieron, no precisamente a cubrir la información, sino más bien a provocar a los autores del mencionado informe, endilgándoles falta de rigor académico y sugiriendo que en ellos existe una actitud política que pretende hacer daño al régimen.
Luego de que Ayala Mora explicara que el trabajo tenía el rigor académico necesario para este tipo de documentos, sostuvo que si bien se ha reconocido que durante este gobierno se han hecho avances en materia de derechos humanos, ”también es cierto que se siguen violando derechos humanos y de una forma preocupante, y la más preocupante es que se ha comenzado a usar de forma generalizada, un recurso del Código Penal que permite asimilar al delito de terrorismo a la protesta social. Esto es indiscutible, por eso hay que denunciarlo, no es una cuestión menor”.
Como esta alma mater entró ya a la lista de instituciones y organizaciones que el régimen ubica como posibles instancias desestabilizadoras, el historiador aclaró: “Esto no tiene que ver con una especie de conspiración para dañar la imagen del gobierno, el gobierno daña su imagen con lo que hace, no por lo que nosotros decimos. La universidad no es un organismo político y no es un instrumento de oposición”.
Dijo además que frente a la convocatoria que el presidente Rafael Correa le hiciera en su última sabatina, para que hable en el enlace ciudadano y explique las razones de por qué se elaboró el informe, Ayala Mora dijo que esta mañana acudió a dejar una carta al Presidente y que aprovechó para preguntar cuál era el mecanismo para participar en el mencionado programa del primer mandatario, y le dijeron que requiere de una invitación formalizada y directa, la cual, evidentemente aún no ha llegado a manos del académico de la Universidad Andina. “Que no se diga luego que no quise ir”, manifestó.
Por su parte, Gina Benavidez, del PADH, respondió, una por una, las críticas que el Presidente y funcionarios del régimen han hecho al informe. Comenzó aclarando que el mencionado documento solo es una compilación de 20 artículos de diversos autores, de quienes se establece de manera clara su responsabilidad. “Nuestras fuentes son: la denuncias de las personas o grupos afectados, cinco bases de datos que hemos armado desde el año pasado y que dan origen a algunos de los artículos, que es donde podría establecerse el rigor científico que se exige. Estas bases de datos son: Conflictividad, normativas, garantías, estados de excepción, sobre ellos tenemos artículos específicos. Y otros artículos generados por la sociedad civil que no tienen como fundamento estas bases de datos, pero parten de sus testimonios en su contacto con la realidad”.
Sostuvo que han pedido información al Estado y lo que han obtenido son respuestas parciales, que no dan informaciones con enfoque de derechos humanos, sino informes de gestión.
El PADH no hace una investigación específica sobre la criminalización de la protesta, y esto debido a que desde las organizaciones sociales e instituciones como la Defensoría del Pueblo se estaban adelantando investigaciones para el año 2011. Y como este tema era referido en varios artículos del informe, los compiladores decidieron tomarlo en cuenta, sobre la base de lo que se había hecho por parte de las organizaciones, y porque era un tema presente en el debate nacional.
Hay que recordar que las conclusiones del informe de la Defensoría del Pueblo sostienen que existe una criminalización de la lucha social, que surge de actores tanto estatales como privados. En esto es recurrente, dice, la iniciación de procesos penales por sabotaje y terrorismo. “Es importante para nosotros ver lo que hay detrás de cada proceso de éstos, y lo que hay son personas, no solo expedientes. Hay que buscar el derecho de la persona, y no estar centrado solo en la cifra; claro que hay que establecer la existencia de la problemática, y ésta fue documentada en el informe”, sostuvo Benavidez.
Otro de los estudios en los que se basó la PADH es: “Cuando tiemblan los derechos, extractivismo y criminalización en América Latina”, de Acción Ecológica, en el que se establece que hay 40 casos, con 210 personas que se encuentran bajo procedimiento de distinto carácter: penal, civil y administrativo, entre 2007 y 2011. De ellas 180 corresponden a 31 procedimientos de carácter penal. Las figuras penales más utilizadas son: interrupción de vías, invasión de edificios públicos, injurias, robo agravado, secuestro, asociación ilícita, intento de asesinato, sabotaje y terrorismo. El 40,47% corresponden a la figura de sabotaje y terrorismo.
Gina Benavidez explicó también el contenido de una extensión al informe, que se presentó hoy como un nuevo aporte al análisis de la situación de los derechos humanos. En él se incluye una caracterización específica por el tipo de caso, provincia, el número de personas demandadas, no da nombres, “porque hay que proteger a las personas”, etc.
Además recordaron que a partir del mes de marzo, el Fiscal General y el Presidente de la República dijeron que había 33 causas abiertas y 42 casos detectados ante los órganos de justica, 38 en fase de investigación. La referencia es a causas, sin mencionar el número de personas, es decir, reconocieron que existen los casos, porque hay expedientes abiertos. “La sociedad civil habla de 40 casos, el Presidente habla de 42. En materia penal, de esos 40 casos, las organizaciones sociales dicen que son 31, el Fiscal dice que son 33 causas abiertas, entonces es necesario que el Estado genere información, así como se lo ha hecho por parte de la sociedad civil. Son las instancias estatales las que tienen la información, porque ante ellas se abren y son ellas las que deberían estar haciendo este procesamiento. Lo importante es sentarnos y contrastar estas informaciones para buscar soluciones para las personas”.
Se puso énfasis en que no se reconoce etapa histórica en que estas figuras penales se hayan usado de manera tan sistemática y continua contra manifestaciones y actos de protesta, “y es preferible que no haya si queremos construir un Estado realmente democrático”.
En cuanto a la situación de trabajadores y dirigentes sindicales, el gobierno esta impulsando reformas laborales con espacial incidencia en el sector público, se ha documentado desde la sociedad civil, la existencia de 11 casos con 613 personas afectadas, de ellas 38 son acusadas por sabotaje y terrorismo.
En esta polémica, armada por el gobierno, aún hay mucha tela por cortar. Seguramente las amenazas del primer mandatario, de que la SENESCYT intervendría para investigar a la Universidad Andina, se canalizarán en estos días, como ha ocurrido con cada llamado público que el Primer mandatario ha hecho a las instituciones del Estado. Según Ayala Mora, a este organismo no le corresponde investigar nada, por lo que no se aceptarán presiones y se seguirá haciendo el trabajo académico que les corresponde como institución.
La lista de perseguidos políticos, de criminalizados continúa en ascenso, pero la denuncia también crece de intensidad, la firmeza y la pérdida de temor también. Este sábado 19 de mayo, la Convención Plurinacional de las organizaciones populares y de izquierda será una muestra más de aquello. Ahí se trazarán líneas programáticas generales que recuperen, desde los pueblos, el proyecto político por el que han luchado los trabajadores, pueblos y nacionalidades históricamente en el Ecuador, y que este Estado cada vez más antidemocrático y autoritario no solo que ha dejado en el olvido, sino que lo confronta con violencia.
Servicio informativo OPCIÓN
