jueves, 2 de agosto de 2012

Colombia "Mesa permanente de Concertación", La paz tiene que llegar a nuestros territorios....

COMUNICADO URGENTE DE LOS PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDIGENAS REPRESENTADAS EN LA MESA PERMANENTE DE CONCERTACION, COMISION NACIONAL DE TERRITORIOS INDIGENAS, COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, COMISION NACIONAL DE TRABAJO DE CONCERTACION DE LA EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS (CONTCEPI), COMISION TECNICA NACIONAL DE SALUD PARA PUEBLOS INDIGENAS

Los miembros de la Mesa Permanente de Concertación de los pueblos y organizaciones indígenas, la comisión nacional de territorios indígenas, la comisión nacional de derechos humanos, la comisión nacional de trabajo de concertación de la educación para los pueblos indígenas (CONTCEPI), la comisión técnica nacional de salud para pueblos indígenas, las autoridades y líderes indígenas, preocupados por los últimos acontecimientos sucedidos en diferentes regiones del país y en particular en los territorios indígenas, manifestamos ante la opinión pública nacional e internacional, lo siguiente:

1. Desde el reinicio de los diálogos con el Gobierno Nacional en el mes de octubre del año 2010, cuando el entonces ministro del Interior, German Vargas Lleras, convocó a las organizaciones indígenas para el restablecimiento de los espacios de discusión y concertación con nuestros pueblos, manifestamos nuestra disposición y voluntad política para sentarnos a emprender caminos de entendimiento.

2. Posteriormente, con el correr de los días y, después de acordar temas y rutas metodológicas en algunos casos, se han presentado toda clase de incumplimientos por parte del Gobierno Nacional, los cuales se expresan en que de los 96 acuerdos suscritos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, a la fecha, ninguno ha sido cumplido a cabalidad y en relación con la Ley de Victimas, los pueblos indígenas y comunidades no hemos recibido beneficio alguno.

3. Por otro lado, los pueblos indígenas del Cauca representados en la ACIN, el CRIC y autoridades tradicionales de base, cansados de la guerra que se desarrolla en medio de sus campos y pueblos, decidieron decir NO MAS A LA GUERRA EN SUS TERRITORIOS ANCESTRALES y literalmente, sacaron de sus resguardos al Ejército Nacional y a las FARC.

4. Así mismo, los pueblos indígenas del Putumayo realizaron una movilización pacífica exigiendo el respeto y cumplimiento a sus derechos fundamentales, en especial a sus territorios ancestrales, toda vez que están padeciendo la falta de tierras que garanticen su pervivencia étnica y cultural al no tener reconocimiento legal de sus territorios ancestrales, presentándose por parte del INCODER demoras injustificadas para la constitución, saneamiento y ampliación de resguardos, con comunidades que llevan cinco o más años esperando la legalización de sus territorios con trámites estancados en los anaqueles de esa institución.

5. Y el 25 de julio del presente año, la Corte Constitucional expidió el Auto 173 conminando al Ministerio de Defensa a “la devolución del área del resguardo JIW de Barrancón-Guaviare, que actualmente ocupa la Escuela de Fuerzas Especiales e infantería de Marina, en un período no mayor a seis (6) meses.”

Ante este cuadro crítico de la situación de derechos humanos de nuestros pueblos, que al decir de la Corte Constitucional nos encontramos en un estado de cosas inconstitucional que tiene en alto riesgo de desaparición física y cultural a gran parte de nuestros pueblos indígenas, el Gobierno Nacional ha emprendido una campaña de desprestigio y xenofobia generalizada, a través de los medios de comunicación, invirtiendo la concepción de víctimas y posicionando en su lugar a uno de los actores armados, aspecto que no se compadece con la cruda realidad que día a día viven nuestros hermanos indígenas en todo el país.

Queremos dejar claro que no tenemos nada en contra de los soldados de la Patria, sabemos que son campesinos e indígenas que han sido reclutados por el Ejército Nacional y reiteramos que nuestra inconformidad es con las políticas públicas que el Gobierno Colombiano pretende implementar desconociendo nuestro legítimo derecho a existir como pueblos diferenciados y con autonomía territorial en el marco de la República unitaria consagrada en la Constitución.

Cuestionamos igualmente que el Estado Colombiano amparado en la “organización” de la OPIC, creada por el Gobierno anterior, genera y promueve en la opinión pública un sentimiento xenófobo, que en nada contribuye a la construcción de paz que desde nuestros territorios propendemos y promulgamos.

Precisamente, el día de hoy, en horas de la mañana, mientras un grupo de integrantes de la OPIC adelantan una manifestación en las calles de Popayán, un helicóptero del Ejército Nacional realiza sobrevuelos por la sede del CRIC pidiendo por altavoces a los guerrilleros que se desmovilicen y se entreguen, en una clara provocación al movimiento indígena y sus autoridades.

Reiteramos que es importante hacer claridad sobre lo sucedido por cuanto las informaciones y el sesgo que el Gobierno nacional y los medios de comunicación le han imprimido a las noticias originadas en el Cauca, Putumayo, Nariño, Sierra Nevada de Santa Marta y Chocó, entre otros, pretenden mostrar a nuestros hermanos indígenas como los causantes de todos los males que padecen estas regiones, cuando la causa se encuentra en la clase política tradicional y en el accionar del Estado en nuestros territorios que solo se hace a través de intervenciones militares, las cuales reflejan una política clara de desprestigio y desprecio por la suerte que puedan correr nuestros hermanos indígenas en estos territorios.

Frente a la OPIC, EXIGIMOS al Gobierno Nacional que por ser una organización paralela creada por el Gobierno del Expresidente Uribe para dividir y deslegitimar las justas luchas de nuestros pueblos, se revoque la Resolución N° 0073 de 3 de Septiembre de 2009 a través de la cual la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior le dio personería jurídica.
Es necesario que el Gobierno Nacional y la fuerza pública reconozcan y respeten el ejercicio jurisdiccional de nuestros pueblos en todo el país y que en el caso del departamento del Cauca se manifiesta entre otros aspectos, en la Guardia Indígena, creada por las autoridades tradicionales de base para el control territorial y la gobernabilidad de los territorios ancestrales.

Conminamos al Gobierno Nacional a que suspenda todo señalamiento, estigmatización y victimización de nuestras autoridades indígenas, líderes y pueblos, por cuanto no es posible que nuestras organizaciones sigan dialogando con un Gobierno que insta a la sociedad a tener comportamientos xenófobos y discriminatorios contra nuestras autoridades, líderes, pueblos y culturas.

Finalmente, exigimos al Gobierno Nacional que las consultas previa se lleven a cabo de conformidad con los postulados constitucionales y legales reconocidos en los instrumentos internacionales y a su vez EXIGIMOS el cumplimiento de todos los acuerdos pactados, tanto con la Mesa Permanente de Concertación como con los diferentes pueblos en todo el país.

MESA PERMANENTE DE CONCERTACION
COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA P.I.
COMISION NACIONAL DE TERRITORIOS INDIGENAS
COMISION TECNICA DE EDUCACION PARA PUEBLOS INDIGENAS
COMISION TECNICA DE SALUD PARA P.I.

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Jorge Omar Ramos
Comunicación OPIAC
Colombia - Cel 0057-318 6669899

Chile: En carta al presidente, organizaciones piden fin de la violencia a las comunidades mapuches

Natasha Pitts
Periodista de Adital
Adital

Después de conocer el contenido de la Cumbre de Seguridad realizada la semana pasada en el Palacio de La Moneda –sede de la Presidencia de Chile– en el marco de los actos de violencia ocurridos el día 23 en La Araucanía y que afectaron a indígenas Mapuche, el Centro de Investigación y Defensa (CID) Sur, la Fundación Instituto Indígena y el Observatorio Ciudadano escribieron y entregaron una carta al presidente Sebastián Piñera.

El documento alerta al mandatario que insistir en estrategias de criminalización y de estigmatización del mundo Mapuche no contribuye en nada para terminar con los conflictos de tierras que ocurren constantemente en la región, pero sí aleja las posibilidades de diálogo y de resolución de la problemática de manera pacífica.

En la carta, al manifestar su visión en relación con lo que fue anunciado en la Cumbre de Seguridad, las organizaciones de Derechos Humanos señalan que la continuidad de los actos de violencia contra los pueblos Mapuche, inclusive niños, además de amenazar la integridad física y psíquica de las personas, no conduce a la superación de los conflictos interétnicos persistentes en la región chilena.

"Creemos que el diálogo verdadero debe primar y la invitación es a hacerlo con convicción y con respeto a las diversas realidades que enfrenta la región, buscando soluciones compartidas e integrales. Reafirmamos que sólo el camino de la justicia nos conduce a la verdadera paz”, manifiestan en el documento, recordando el ataque de carabineros, del último día 23, en la puerta del hospital de Collipulli, que dejó a adultos y niños mapuches heridos de bala.

Las organizaciones de Derechos Humanos también manifiestan su preocupación por el hecho de que la Cumbre de Seguridad no tuvo en consideración los graves problemas que afectan a las comunidades Mapuche, siendo el principal y más grave, la carencia de tierras, originada por políticas públicas de robo de tierras indígenas ancestrales.

Los Ministros, oficiales de Policía e integrantes del Ministerio Público tampoco hicieron mención de los instrumentos firmados por el Estado chileno que prevén mecanismos específicos de diálogo con los pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantiza la realización de consultas libres, previas e informadas cuando se trata de la aplicación de medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectarlos directamente.

El acuerdo nacido de la Cumbre también deja de lado el derecho que las comunidades indígenas tienen de definir sus prioridades en materia de desarrollo. La carta de las organizaciones de DH denuncia que las Áreas de Desarrollo Indígena son justamente los escenarios donde ocurren con más intensidad los atentados violentos.

"Tras más de 15 años de aplicación de éstas en otras zonas del país, no han demostrado ser espacios en que los pueblos indígenas puedan incidir de manera efectiva en la toma de decisiones, y menos aún en la definición del tipo de desarrollo económico, cultural y ambiental que se impulsa”, manifiestan.

Las organizaciones consideran este momento una oportunidad histórica para que el Estado chileno revise sus políticas orientadas a los pueblos indígenas y se pongan a disposición para colaborar en la búsqueda de alternativas que superen los conflictos.

"Hacemos un llamado a abordar las causas profundas del denominado ‘conflicto mapuche’, a encontrarse entre las partes y a comprender que las promesas no cumplidas son heridas que se acrecientan con el tiempo. Confiamos en que las futuras acciones para superar estas situaciones de emergencia sean instancias plurales, donde puedan participar todas las partes interesadas en encontrar de verdad un camino de solución y reconocimiento a la interculturalidad presente en la región”.

Para leer la carta de las organizaciones de Derechos Humanos en forma completa: www.mapuexpress.net/?act=publications&id=6697

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com