Imágenes: Centro de Medios Independientes de Guatemala
Por Jorge Agurto
Servindi,
6 de octubre, 2012.- Una protesta pacífica de indígenas k’iches contra
el alza de las tarifas eléctricas fue innecesariamente reprimida el
jueves por el Ejército, lo que provocó siete muertos y más de treinta
heridos de bala entre los civiles. Del otro lado, ocho soldados
recibieron golpes y rasguños.
El
Centro de Medios Independientes de Guatemala
(CMI-G) reportó en su cuenta de facebook que los muertos civiles
durante la jornada de protesta se elevó a nueve con los fallecidos en
cuatro caminos en el occidente del país y la muerte en la mañana de hoy
de un estudiante que se hallaba con heridas de gravedad.
El Centro señala que hay heridos por esquirlas de granada de
fragmentación, situación que coincide con las denuncias del sobrevuelo
de helicópteros militares quienes serían los responsables de estas
agresiones.
Los nombres de siete de las víctimas confirmadas el
jueves son: Rafael Nicolás Batz Menchú, José Eusebio Puac Ordóñez, Jesús
Francisco Ordóñez, Santos Nicolás Menchú Fernández, Jesús Baltazar
Puac, Arturo Felix Sapón Yax y Domingo Pascual Solís.
La brutal agresión criminal fue condenada por organizaciones
nacionales e internacionales que exigen investigar y sancionar a los
responsables de las víctimas que fueron sepultadas el viernes,
acompañadas por más de cinco mil personas en un clima de dolor e
indignación.
La protesta fue organizada por miles de indígenas pertenecientes a 48
cantones del departamento de Totonicapán, unos 170 km al oeste de la
capital, la que bloqueó tramos de la carretera interamericana.
Las
demandas principales eran rechazar el alza de la energía eléctrica por
parte de la empresa inglesa Energuate (antes DEOCSA), rechazar las
reformas constitucionales así como la extensión de la carrera
magisterial, tres peticiones respaldadas por el movimiento popular
nacional.
El Consejo Político 13 Baktún indica que el sector empresarial
obtiene grandes ganancias con tarifas abusivas aprovechando los ríos
para obtener energía; que la reforma magisterial pretende profundizar la
privatización de la educación y que la reforma constitucional del
Presidente busca favorecer a grandes empresarios y eliminar derechos
indígenas.
Dicho consejo, constituido por actores sociales y políticos mayas,
instó a la comunidad internacional a crear una comisión para observar
de manera permanente los hechos de represión, militarización y
persecución de indígenas y líderes comunitarios de varias regiones del
país.?
El quiebre de la paz
La acción de violencia rompió el clima
de diálogo iniciado y ha sido calificada como la “primera masacre
militar” contra indígenas luego de la firma de la paz en 1996 afirmó un
activista político y exguerrillero guatemalteco.
“Lo ocurrido en Totonicapán es la primera masacre, después de la
firma de la paz, en contra de la población indígena”, declaró a la
agencia Efe Miguel Ángel Sandoval, activista político y exguerrillero
guatemalteco. El acuerdo de paz puso fin a una guerra interna de 36
años (1960-1996).
“Fue una agresión brutal e innecesaria” en contra de pobladores que
“manifestaban su inconformidad” con decisiones y políticas del
Gobierno. “Fue una masacre, una violación grosera a los acuerdos de
paz, de la que se deben deducir responsabilidades penales” agregó
Sandoval.
El nuevo gobierno está encabezado por el ex general del Ejército de
Guatemala Otto Pérez Molina, y las principales ocho carteras de su
gobierno están en manos de militares retirados. Además, en la función
pública se encuentran un gran número de militares egresados de caibil,
una especialidad de legionario en el ejército guatemalteco.
Condena a la violencia y la militarización
Instituciones de
derechos humanos expresaron su temor de que se reinicie una espiral de
violencia y muerte que conduzca al país al abismo y al genocidio, en
especial afectando a los pueblos indígenas, como ocurrió en el pasado.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en Guatemala (Oacnudh) condenó la muerte de los
indígenas y los más de 40 heridos ocasionados en la zona suroccidental
del departamento de Totonicapán.
La Oacnudh expresó su solidaridad con las familias de las víctimas
fatales así como su respaldo a las comunidades indígenas,
particularmente con los 48 cantones de Totonicapán.
Los hechos
A
pesar de las diversas versiones sobre los hechos las evidencias
confirman que fueron agentes antidisturbios de la Policía Nacional Civil
y del Ejército quienes iniciaron los disparos contra los manifestantes,
temerosos de ser agredidos.
Las fuerzas de seguridad pretendían desbloquear varios tramos de la
carretera interamericana con lacrimógenas y en medio de la trifulca un
grupo de militares abrió fuego.
Lo curioso es que mientras
ocurrían los incidentes, el jefe de Estado Otto Pérez se reunía en Casa
Presidencial con los representantes comunitarios para discutir sobre
sus peticiones.
Incluso, según Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, el
mandatario habría dado la orden para dejar sin presencia policial y
militar el sector en conflicto, de acuerdo a una exigencia de los
delegados indígenas.
Gilberto Pérez, presidente de la Asociación de Alcaldes Indígenas de
Totonicapán, afirmó que el ataque se produjo a pesar que la
manifestación era pacífica y la gente no portaba armas de ningún tipo.
El
presidente guatemalteco, Otto Pérez, aseguró el jueves que el ataque no
provino de los soldados sino de civiles que pasaban por el lugar a
bordo de un camión. Sin embargo, luego modificó su versión.
El viernes, el presidente aceptó que los militares “dispararon” pero
“al aire”. “Temieron por su vida porque estaban diciendo que los iban a
incendiar y a quemar”, admitió el mandatario al detallar que de los 11
soldados que iban armados siete accionaron sus fusiles.
Fotografías que muestran a un soldado con fusil en mano en posición
de ataque, y testimonios de los manifestantes desmienten la versión
presidencial y acusan a los militares de disparar de forma
indiscriminada.
Además, se han hallado casquillos de munición para
fusiles M-16, utilizados por el Ejército para acciones de guerra. Su
uso en la represión de protestas ciudadanas constituye tortura según
resoluciones del Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura.
Sociedad civil exige desmilitarización y democracia
Un
manifiesto de una amplia red de organizaciones sociales de Guatemala
observó que el Estado de Guatemala ha sido sancionado en reiteradas
ocasiones por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos por usar
armas de guerra en acciones de control civil.
Exigen la desmilitarización de las fuerzas de seguridad, el retiro de
unidades militares en acciones de seguridad pública, derogar el
decreto 40-2000 que faculta los patrullajes conjuntos y se retomen los
acuerdos de paz, “en particular el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder
Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática -AFPC-”.
Finalmente, llamaron a las autoridades políticas, legislativas y
sector privado a que se abandonen las prácticas autoritarias y se
asuman normas de convivencia democrática real y no demagógica, que
corresponden a una cultura democrática en el marco del estado de
derecho.
—
A continuación reproducimos dos comunicados relacionados:
No al retorno de la represión militar en Guatemala
Guatemala, 4 de octubre de 2012
Ante
los hechos de violencia suscitados el Jueves 4 de octubre, las
organizaciones sociales y de derechos humanos abajo firmantes,
denunciamos:
La tarde del Jueves 4 de octubre, el Comité de los 48 Cantones de
Totonicapán, estructura ancestral de representación legítima de su
pueblo, fue violentamente reprimido por fuerzas del Ejército presentes
en el kilómetro 170 de la ruta interamericana, en respuesta a la
manifestación que realizaron en rechazo a la reforma constitucional, la
reforma de la carrera magisterial y el alto costo de la energía
eléctrica. Resultado de la intervención armada de gobierno, hay cuatro
personas fallecidas, cerca de 18 heridos y varias personas intoxicadas.
La acción violenta de las autoridades se produce en el marco de un
encuentro que sostendrían los representantes de los 48 Cantones con el
comisionado para el diálogo, Miguel Ángel Balcárcel en vista de que el
presidente de la República Otto Pérez Molina, no asistió al encuentro.
Los líderes de los 48 Cantones estuvieron en Casa Presidencial a la
espera del gobernante, mientras el Ejército accionaba en contra de la
población en el kilómetro 170 de la ruta interamericana.
El uso de fuerzas combinadas con presencia militar y con armas de
fuego, ante una acción ciudadana de protesta y reclamo en ejercicio
pleno de derechos universalmente reconocidos y nacionalmente
garantizados, es una muestra de la violencia por parte del Estado, que
se muestra incapaz de actuar en correspondencia con una cultura
democrática y en el marco del estado de derecho.
El empleo de efectivos militares y el uso de armas de fuego en
acciones de desalojos o intervención en manifestaciones o reuniones
públicas, según resoluciones del Comité de Naciones Unidas Contra la
Tortura, constituye tortura, situación por la cual el Estado de
Guatemala ha sido sancionado en reiteradas ocasiones por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
La acción autoritaria y de negación al sostenimiento de un diálogo
efectivo que busque resolver los problemas reales de la población, el
abandono histórico y el discurso demagógico violentan los derechos
fundamentales que buscan la dignidad de pueblos y personas.
Ante dicha situación, demandamos
A la Procuraduría de Derechos
Humanos (PDH), la investigación profunda de los hechos y la emisión
inmediata de la resolución que permita, identificar a los responsables
de las violaciones de derechos humanos por parte de miembros de las
fuerzas de seguridad.
Al Ministerio Público (MP), iniciar proceso penal en contra de los
funcionarios que resulten responsables de estos hechos sangrientos, así
como del accionar arbitrario y violento de las fuerzas de seguridad
civiles y militares.
Al gobierno de Guatemala, proporcionar a las autoridades de PDH y MP,
toda la información relativa a los nombres de los funcionarios al mando
de las unidades involucradas, el plan de operaciones, así como el
detalle de las instrucciones transmitidas desde la ciudad capital tanto
desde el Ministerio de Gobernación como de Defensa, hacia el lugar de
los hechos.
Asimismo, retirar temporalmente de sus posiciones a los
funcionarios involucrados quienes por acción o por omisión resultan
comprometidos en los hechos ocurridos.
Al presidente de la República Otto Pérez Molina, la inmediata
desmilitarización de las fuerzas de seguridad, así como el retiro de
unidades militares en acciones de seguridad pública.
Al Congreso
de la República, la derogatoria del decreto 40-2000 que faculta los
patrullajes conjuntos y que se retome el carácter de ley que tienen los
acuerdos de paz, en particular el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder
Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática -AFPC-.
Llamamos a las autoridades políticas, legislativas y sector privado a
que se abandonen estas prácticas autoritarias y que se asuman normas de
convivencia democrática real y no demagógica.
A las comunidades y
dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, a las familias de las
personas fallecidas, heridas y afectadas por estos hechos, manifestamos
nuestra solidaridad profunda y nuestro compromiso de acompañarles en la
búsqueda de justicia por estos hechos dolorosos.
Guatemala, 4 de octubre de 2012
- Convergencia por los Derechos Humanos
- Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH-
- Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos -CIIDH-
- Fundación Sobrevivientes
- Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala -ICCPG-
- Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala -ODHAG-
- Seguridad en Democracia -SEDEM-
- Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos-Guatemala -UDEFEGUA-
- Asociación Departamental de Jóvenes Kaji Batz
- Asociación Familiares de Desaparecidos de Guatemala -FAMDEGUA-
- Asociación para la Cultura y el Desarrollo-ACUDE
- Asociación para la Justicia y Reconciliación, AJR
- Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas, CAFCA
- Centro de Estudios de Guatemala -CEG-
- Colectiva Lésbica Todas Somos
- Conferencia de Religiosos y Religiosas de Guatemala, CONFREGUA
- Coordinación Genocidio Nunca Más
- Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej
- Coordinadora Juventud por Guatemala
- Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA,
- Defensoría Maya Chortí
- Equipo Comunitario de Apoyo Psicosocial -ECAP-
- Fundación Rigoberta Menchú Tum
- Grupo Verdad y Justicia por el Diario Militar
- HIJOS Guatemala
- Pastoral Juvenil, Obispado de San Marcos
- Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, UNAMG
- Sector de Mujeres
—
No al pasado de represión, masacres y control militar
Ante la represión policial y militar del actual Gobierno contra las
Comunidades y las Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán el día
de hoy, 4 de octubre del año 2012, el CONSEJO POLITICO 13 BAKTUN,
expresa:
Nuestro profundo y completo rechazo a la política de regreso al pasado
de represión, masacres y control militar del actual Gobierno de
Guatemala contra las Comunidades y las Autoridades de los 48 cantones de
Totonicapán. Los vecinos han informado de más de 8 muertos y más de 40
heridos.
Nuestro completo apoyo a las demandas de las Comunidades y Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán que son:
Rechazo
al aumento del precio de la energía eléctrica. Los empresarios roban
nuestros ríos para sacar energía eléctrica, hacen grandes negocios hacia
fuera y no tenemos luz o tenemos que pagarla muy cara.
Rechazo a la reforma educativa del magisterio que solo tiene el propósito de seguir privatizando la educación.
Rechazo
a la reforma constitucional del Presidente que solo busca favorecer a
los grandes empresarios y eliminar nuestros derechos indígenas.
Llamamos a las Comunidades Mayas, Xinka, Garífuna y a toda la
sociedad guatemalteca dar cualquier forma de apoyo solidario a las
Comunidades y Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán. No
permitamos que regrese el pasado de represión, masacres y control
militar sobre nuestras Comunidades.
Llamamos a las Comunidades de las distintas regiones del país
rechazar el uso abusivo, comercial y racista del actual Gobierno que
junto con los empresarios están haciendo grandes negocios millonarios
con nuestros valores culturales y lugares sagrados mayas, mientras están
reprimiendo y militarizando a nuestras comunidades indígenas.
Llamamos a la Comunidad Internacional, a la creación de una comisión
de observación permanente sobre los hechos de represión, militarización
de regiones indígenas y persecución de los líderes comunitarios de
Barillas, San Juan Sacatepéquez, Región del Polochic, Ixcán,
Sayaxché,
Petén, Izabal, Región Ixil y otras regiones del país.
Consejo Político 13 Baktun
Iximulew, Día 4 IQ’, AÑO 13 NO’J, KATUN 20, BAKTUN 13.
Guatemala, 4 de octubre del 2012
—
Foto: Ollantay Itzamná
Imagen: Niños quichés, en Totonicapán. Toma de caminos, 2011
