Este artículo, escrito por Luis Manuel Claps [en] fue publicado originalmente [en] en el blog de NACLA (North American Congress on Latin America) Extractives in Latin America [en]. Luis
Manuel Claps estudió Comunicaciones en la Universidad de Buenos Aires.
Ha continuado su labor en América Latina desde el 2004 como editor del
sitio web Minas y Comunidades. Reside en Lima, Perú.
Elmer Campos Álvarez, campesino de 32
años, proviene del caserío Túpac Amaru, de la provincia de Celendin,
departamento de Cajamarca, en el norte de Perú. El 24 de noviembre de
2011, Elmer, junto a unos amigos, se encaminaron hacia las montañas de
Cajamarca para protestar contra un proyecto de una gran mina de oro a
cielo abierto en los distritos de Sorochuco y Huamin. Elmer y sus amigos
se llamaban a sí mismos los defensores de las lagunas. Véase el testimonio de Elmer publicado
por La Mula en enero de 2012. A pesar de estar defendiendo los lagos,
los manifestantes en contra de las mineras como Elmer, enfrentan una
nueva amenaza bajo la forma de una ley que permite a la policía a
emplear la fuerza letal sin temor a las consecuencias.
Tres días después, llegaron al cruce de
Maque Maque, entre los lagos Azul y El Perol, dos de los cuatro lagos
amenazados por el proyecto. Entretanto, se ha declarado una huelga
regional general en oposición a la mina. En la madrugada del 29 de
noviembre, estalló un conflicto cuando una treintena de policías
contratados por la minera Yanacocha para resguardar el sitio de
concesión, ordenó marcharse a los manifestantes. La policía disparó gas
lacrimógeno, balas de goma y reales.
Cuando la policía comenzó a disparar,
Elmer fue a socorrer a uno de sus amigos que había recibido un tiro en
la espalda. Éste perdió la conciencia y fue llevado a la ciudad de
Chota, siendo más tarde transportado a la ciudad costera de Chiclayo,
donde permaneció hospitalizado por una semana. Perdió un riñón y su
bazo, y sufrió una lesión en la médula espinal que lo paralizó de la
cintura hacia abajo. Se estima que 24 otros manifestantes [en] fueron heridos durante la jornada de represión de Maque Maque.
(infoconga.wordpress)
En Cajamarca conocen demasiado bien el
impacto de la gran minería aurífera. En las últimas dos décadas, Newmont
Mining y Buenaventura han manejado la mina Yanacocha, la mina de oro a
cielo abierto más grande de Sudamérica. Se dice que una expansión
planificada conocida como proyecto Conga asegurará veinte años más de
producción. La inversión total alcanza los US$4,8 mil millones, una de
las cifras más altas que se ha invertido en la minería peruana. Una
planta con la capacidad de procesar 92.000 toneladas de roca diarias
produciría 3,1 mil millones de libras de cobre y 11,6 millones de onzas
de oro (se puede acceder al resumen ejectuvo del Estudio de Impacto
Ambiental, o EIA, del proyecto, aquí).
La Compañía de Minas Buenaventura es la
empresa de metales preciosos más grande del Perú, a la vez que un gran
titular de derechos mineros en todo el país. Tiene dos grandes socios
estadounidenses: Newmont Mining, asentada en Denver y asociada a la
Minera Yanacocha en Cajamarca, y Freeport-McMoRan, con base en Phoenix y
asociada a la Sociedad Minera Cerro Verde en Arequipa. Perú es el sexto
mayor productor de oro en el mundo.
Los manifestantes han desafiado a la mina
de Conga durante los últimos años, y la represión policial es hoy la
causa de dos procesos judiciales en Perú. El primero es una
investigación criminal en contra de los dos oficiales que estaban al
mando el día de los ataques, el coronel Amador Bacalla Guadalupe y el
capitán Wagner Ocampo Huamán. El segundo es una demanda civil contra las autoridades de policía y los personeros de gobierno responsables.
Elmer sólo quiere justicia:
“Yo no hice nada de malo [...] las autoridades del Estado son muy
crueles [...] No sé qué será de mi vida [...] los médicos no pueden
hacer nada por mi médula.” Mar Pérez, abogada de la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos y defensora de Elmer, agrega: “Buscamos
justicia, rendición de cuentas y una mayor protección de los derechos
humanos, y poner fin a la cultura de la impunidad ante la represión
policial de las actividades de protesta legítimas.”
La lucha ha vuelto también a los Estados
Unidos. El 2 de enero de 2014, EarthRights International (ERI),
organización que representa a Elmer Campos, interpuso una acción ante la Corte Federal en
la ciudad sede de Newmont, Denver, Colorado, solicitando la información
que está en manos de la empresa, incluyendo evidencia fotográfica y en
video, informes de seguridad de los empleados de Yanacocha, registros de
comunicaciones con la policía y comunicaciones internas de la empresa,
que aporten claridad sobre los hechos de aquel día y para beneficio de
los procedimientos judiciales peruanos. La acción fue archivada bajo el
código 28 U.S.C. § 1782 [en],
ley que permite a las partes de procesos legales extranjeros obtener
documentos e información de individuos y corporaciones estadounidenses.
“La represión policial a la protesta
social contra las operaciones mineras es endémica en el Perú,” dijo
Benjamin Hoffman, abogado del Programa Amazonía de ERI. “El problema se
agrava en casos como éste, donde los agentes públicos de la policía
están al servicio de la seguridad privada.”
A fines de enero, Elmer y la acción judicial de ERI atrajeron considerable atención en la prensa y
los medios sociales peruanos. Esto coincidió con una ofensiva
coordinada para presentar a los dirigentes locales opositores a la
Minera Yanacocha de Cajamarca como beneficiarios de una “red de apoyo
internacional [que] tiene el objetivo de frenar el modelo de desarrollo
económico del país,” como señaló hace poco un investigador vinculado al sector minero en el periódico El Comercio. La campaña para
deslegitimar a los dirigentes locales también llegó al departamento de
Piura, donde Buenaventura quiere desarrollar el proyecto aurífero El
Faique.
Un consenso violento
Partiendo por un fuerte precedente bajo
el anterior gobierno de Alan García, la respuesta del gobierno a las
protestas en Perú ha tomado la forma de una apabullante
militarización. Steven Levitsky lo denomina el “consenso de Lima“:
las elites limeñas son simpatizantes de un neoliberalismo ortodoxo tal
que el empleo de la fuerza letal parece ser un modo legítimo de lidiar
con las protestas sociales en las regiones mineras. Pese a que la
administración de Ollanta Humala a veces ha buscado medios más políticos
y negociadores, este consenso permanece inamovible.
Un informe publicado en diciembre de 2013
por las ONGs peruanas Grufides, Derechos Humanos Sin Fronteras, la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Sociedad por los Pueblos
Amenazados (SPA) de Suiza, reveló que las empresas mineras extranjeras
han firmado acuerdos con la Policía Nacional para asegurar sus
operaciones. Estos acuerdos les permiten solicitar presencia policial
permanente o pedir el rápido despliegue de unidades mayores para
reprimir las protestas sociales. En algunos casos, demuestra el informe,
las empresas otorgan a la policía [en] apoyo financiero y logístico total.
Organizaciones internacionales de derechos humanos como el Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otras, han solicitado al presidente Humala impedir
el uso arbitrario de la fuerza letal por las fuerzas de seguridad en
las operaciones de control masivo. Pero el gobierno peruano parece ir en
la dirección opuesta, ya que el mes pasado se modificó un artículo del
código penal de una manera en que críticas apuntan que permite a la
policía y a los militares emplear la fuerza letal sin consecuencias. La
nueva Ley 30151 [en]
dice que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se
hallan “exentos de responsabilidad penal” si causaren lesiones o muerte
por el uso de sus armas en el cumplimiento de su deber.
En un pronunciamiento en
condena a la ley, la Defensoría del Pueblo recordó que desde mediados
de 2011, han muerto 34 civiles y han sido heridos más de 949 personas en
conflictos sociales, incluyendo a cinco militares y 357 policías. Un
conjunto de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, entre las que se cuenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) también han condenado la Ley 30151.
A medida que se agota el mineral de
Yanacocha, las operaciones mineras necesitan expandirse. El proyecto
Conga es uno de dichos planes de expansión, tal vez el más ambicioso. La
larga historia de conflictos mineros de Cajamarca sugiere que la lucha
de Elmer por la justicia será larga, y con toda seguridad, la primera de
muchas.
Fuente: http://es.globalvoicesonline.org/2014/03/04/peru-la-represion-policial-se-legaliza-mientras-aumentan-las-protestas-mineras/
