miércoles, 29 de agosto de 2012

Brasil: Comunidad quilombola da el ejemplo

Por José Pedro Martins,
desde Alto Alegre, Horizonte


Todos los días a las 5:30 am, la comunidad quilombola de Alto Alegre, en el municipio de Horizonte del nororiental Estado de Ceará, es despertada por la voz de Nego do Neco. Es el locutor de la radio comunitaria Raíces del Quilombo, que informa a los cerca de 800 habitantes acerca de temas generales, los derechos de cada uno y sobre los próximos eventos culturales promovidos por la Asociación de Remanentes de Quilombos de Alto Alegre y Adyacencias (ARQUA). La radio comunitaria es uno de los instrumentos que vienen consolidando el rescate de la cultura afrodescendiente en esta comunidad que se ha convertido en una referencia en Ceará.

La lucha de los pobladores de Alto Alegre por sus derechos históricos es un ejemplo de la trayectoria de las comunidades quilombolas en todo el país. Los quilombos eran las comunidades formadas por negros que huían de la esclavitud durante la colonia (1500-1822) y la monarquía (1822-1889) hasta fines del siglo XIX.

La Constitución de 1988, bautizada como Constitución Ciudadana, reconoció el derecho que las comunidades remanentes de quilombos tienen sobre sus tierras. La consagración oficial de esos derechos comienza con el reconocimiento otorgado por la gubernamental Fundación Cultural Palmares que ha registrado 3,524 quilombos en el país, aunque algunas fuentes indican que existirían más de 5,000 comunidades quilombolas en Brasil.

La comunidad de Alto Alegre fue reconocida definitivamente como área quilombola el 15 de febrero de este año por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), siete años después que lo hiciera la Fundación Cultural Palmares. A partir del reconocimiento por el INCRA se llevará a cabo el proceso de regularización de las tierras.

"Después del reconocimiento, nos hemos hecho mucho más fuertes. Todos están orgullosos de su origen”, afirma Francisco Haroldo da Silva, presidente de la ARQUA. De hecho, la comunidad de Alto Alegre vive un periodo de gran efervescencia, con el apoyo de diversos organismos. La nueva sede de la asociación se inauguró en el 2011 con recursos del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Con la nueva sede, se reforzaron las acciones sociales, educativas y culturales en la comunidad, que contribuyen a avanzar en el rescate y afirmación de la identidad.

Mejora de la autoestima

La comunidad de Alto Alegre, como resultado de la lucha histórica de sus habitantes por sus derechos, se hace cada vez más un reflejo de la movilización de los afrodescendientes en el país. La preocupación por la educación, por el futuro de los niños, niñas y adolescentes, es uno de los ejes de esta movilización en Alto Alegre.

Uno de los proyectos en curso en la comunidad en el área educacional es la Hora del Juego. El proyecto es patrocinado por el Fondo Juntos por la Educación, formado por el Instituto Arcor Brasil y el Instituto C&A. Coordinado por el no gubernamental Instituto de la Infancia, la Hora del Juego utiliza varios juegos como herramienta de aprendizaje; lo lúdico como camino hacia la construcción del conocimiento. También son socias del proyecto la propia ARQUA y la Secretaría Municipal de Educación de Horizonte, por medio de la Escuela Municipal "Olimpio Nogueira Lopes”.

"Después de participar en el proyecto, los niños y niñas de la comunidad de Alto Alegre vieron muy fortalecida su autoestima. Son más desinhibidos, se expresan con mayor tranquilidad”, cuenta la profesora de Historia Cícera Erlandia da Silva, coordinadora de Programas y Proyectos Educacionales de la Secretaría Municipal. Para ilustrar esta afirmación, la profesora Da Silva señala que los niños y adolescentes de Alto Alegre han pasado a atender programas en la radio comunitaria Raíces del Quilombo y en la emisora de radio FM Horizonte. "En el diagnóstico inicial sobre la comunidad, se observó la dificultad de muchos jóvenes en asumir su propia identidad. Ahora, con el reconocimiento del quilombo y con los proyectos en la comunidad, como la Hora del Juego, percibimos un cambio muy positivo”, añade Da Silva.

Un icono del fortalecimiento de la identidad cultural local es la producción artesanal de la comunidad, especialmente de sus mujeres. Las muñecas negras, confeccionadas por las residentes, son uno de los principales productos. En agosto, las muñecas fueron exhibidas de forma prominente en el Centro de Artesanía de Ceará (CEART), el principal espacio de exhibición y comercialización de productos artesanales del Estado, ubicado en la capital, Fortaleza.

"Hoy me siento muy orgullosa de la comunidad, porque sé de nuestro valor”, dice Maria de Fátima da Silva, una de las participantes en el taller de confección de muñecas de la ARQUA.

Obstáculos para titulación

A pesar de todo el apoyo, en las áreas gubernamental, empresarial y de la sociedad civil, las comunidades quilombolas brasileñas siguen enfrentando barreras. Por ejemplo, en el 2004 el Partido del Frente Liberal (actualmente denominado Demócratas) dirigió a la Justicia una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) contra el decreto 4887/2003, que regula la titulación de las tierras quilombolas. La ADI comenzó a ser examinada en abril pasado por el Supremo Tribunal Federal (STF), pero el juicio fue suspendido ese mismo mes ante el pedido de la jueza suprema Rosa Weber para que la ADI sea nuevamente evaluada por los magistrados antes de una decisión del STF.

La Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas lanzó una campaña nacional para defender los derechos de las quilombolas, previstos en la Constitución y regulados por el decreto 4887/2003. Entre otras organizaciones, la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) y la Asociación Brasileña de Antropología (ABA) divulgaron mensajes en defensa del Decreto.

"Los artículos 215 y 216 de la Constitución Federal aseguran a las quilombolas el derecho a preservar su propia cultura y su patrimonio inmaterial. La garantía constitucional del reconocimiento de sus territorios es, por tanto, fundamental para mantener esta trayectoria de resistencia. A esto se añade, además, que lo dispuesto en el artículo 68 del Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias determina que corresponde al Estado garantizar la propiedad de los ocupantes de las tierras remanentes de los quilombos”, observa el documento de la CNBB.

Por su parte, la ABA destaca que "la decisión que deba adoptar el Pleno del STF tendrá serias implicaciones para la efectivización del precepto constitucional de valorización y respeto de los derechos culturales en Brasil y, como tal, requeriría una discusión más amplia sobre el tema, preferiblemente con la realización de audiencias públicas que, en casos recientes en el propio [Tribunal] Supremo, han demostrado ser herramienta fundamental para la maduración de las decisiones adoptadas por el máximo órgano de nuestro sistema judicial”.

Bolivia: Evo Morales aprueba anteproyecto de ley de consulta en las comunidades del TIPNIS

Adital

El gabinete del presidente Evo Morales aprobó la mañana de este miércoles (29) un anteproyecto de ley de ampliación de la consulta en las comunidades del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) sobre la construcción del tramo dos del proyecto carretero Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por en medio de esa reserva ecológica.

La información la dio a conocer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien dijo que este plazo servirá para que las brigadas integradas por personeros de los ministerio de Obras Públicas y de Medio Ambiente; además de funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) concluyan su trabajo.

El funcionario, en conferencia de prensa en el Palacio Quemado, justificó la medida bajo el argumento de que el TIPNIS tiene una superficie que sobrepasa el millón de hectáreas, existen dificultades de navegación en los ríos del parque y se deben llegar a más de 70 comunidades para ser consultadas.

Fuente: Erbol

Economía solidaria y soberanía alimentaria

Ecoportal.net
El directorio ecológico y natu
Adital

*Por Patricia Dopazo y Gustavo Duch

La actividad económica ha existido siempre, la pregunta es ¿qué leyes económicas deben regirla? Curiosamente debemos rescatar valores que hoy las escuelas de negocios dirían ‘antieconómicos’

los términos con nombre y apellido que van apareciendo en nuestra sociedad en los últimos años: agricultura ecológica, banca ética, comercio justo, etc. ¿Qué ha ocurrido para presuponer que, según esto, el comercio es de naturaleza injusta, la agricultura daña el medio ambiente o la banca está lejos de ser ética? Añadamos uno más, economía solidaria.

"Economía” es una palabra compleja, que nos hemos acostumbrado a escuchar y leer y a lo que hay que sumar que quizá los medios de comunicación la han vaciado de contenido, o al menos simplificado en exceso. Y ahora necesita adjetivos, porque hay muchas economías. Economía real, economía verde, economía solidaria…

Economía de visión limitada

Sin entrar en detalles, si observamos muy rápido la evolución del término economía a lo largo de la historia, veremos que ha ido variando, independientemente de sus múltiples disciplinas y escuelas, arrastrada, como todo, por las circunstancias históricas, pero también por la particular visión que los valores capitalistas le han ido dando, incluso bastante antes de que este sistema se consolidara como tal.

El concepto de economía surgió ligado a la naturaleza, a la tierra. Podemos decir que se trataba de una ciencia social que administraba los recursos naturales al servicio de los individuos y de la sociedad, y era consciente de la complejidad que esto entrañaba. Se entendía a sí misma como parte inseparable de la biosfera, y por tanto, tenía en cuenta que sus actividades generaban impactos, productos y residuos, tanto a nivel físico como social.

Para los fisiócratas, la corriente económica que mantuvo este enfoque, la agricultura era el único proceso que generaba producción y riqueza: de una semilla se obtenía una planta y de ésta frutos y varias semillas. Los procesos industriales, sin embargo, sólo modifican, sin multiplicar ni añadir nada (Quesnay, citado por Carpintero, 1999).

Con la revolución industrial y la evolución del comercio, la ciencia económica completa su focalización en lo monetario, en los valores de cambio. Se produce una ruptura muy importante, al quedar fuera del sistema económico dominante los procesos sociales y naturales y dejar de entenderse como una disciplina integral e integradora, para estudiar un sistema cerrado donde todo tiene traducción monetaria.

La economía convencional, compartimentada como todas las ciencias modernas, externaliza, por tanto, todos los procesos naturales y los residuos que provoca toda transformación o uso de productos, los deja fuera de su contabilidad. Se aísla de la realidad y se cree apartada del sistema social y del medio ambiente, confundiendo valor y precio, riqueza con dinero y, sobretodo, no midiendo sus consecuencias.

Así, los resultados de lo que hoy conocemos como economía no es extraño que ignoren los impactos sociales y ambientales de los que a mitad del siglo XX se empieza a alertar. La reciente globalización, además, desestructura los procesos económicos y sociales de los territorios, supeditando aún más el desarrollo a la generación de riqueza, entendida como acumulación de capital.

La economía como ciencia, lejos de regular o explicar actividades económicas, se pone al servicio del capitalismo, y, como dicen algunos autores, nos encontramos en el s.XXI rodeados por una econocracia o sistema econocrático que sirve a una ideología muy distante de la equidad y la justicia. Por cierto, y como no podía ser de otra manera, sumido en estos momentos en una crisis global.

La economía solidaria

La sociedad de la información nos ha permitido ser más fácilmente conscientes de las causas y consecuencias del modelo económico imperante, el capitalismo, extendido por doquier: pérdida de cultura, degradación ambiental, abandono de ciertas actividades generadoras de tejido social local (como la agricultura a pequeña escala), acumulación de poder y monopolios de grandes empresas transnacionales, pérdida de derechos laborales, discriminación por sexo, condición física, etc.

Además de la denuncia, desde la sociedad civil consciente y activa se generan alternativas como las ya mencionadas al comienzo del artículo. Una de ellas es la economía solidaria, que devuelve a la economía su verdadera finalidad: proveer de manera sostenible las bases materiales para el desarrollo personal, social y ambiental del ser humano en cada territorio.

La economía solidaria se basa en los valores universales que deben regir la sociedad: equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social y democracia directa, y está definida en la Carta de la Economía Solidaria (de REAS, Red de Economía Alternativa y Solidaria) a través de sus seis principios:

Principio de Equidad. Todas las personas somos iguales a efectos de derechos y oportunidades, entendiéndose y respetándose la diferencia como una fuente de diversidad que aporta riqueza a la sociedad. Según este principio, nadie puede ser objeto de discriminación o dominación, y la igualdad será ejercida a efectos de información, retribución, solidaridad, participación, etc.

Principio de Trabajo. El trabajo es mucho más que un empleo u ocupación. Se trata de un elemento clave que permite el desarrollo de las capacidades de las personas, poniéndolas al servicio de las necesidades de la comunidad y satisfaciendo sus verdaderas necesidades. Este concepto amplio le confiere dimensión humana, social, política, económica y cultural y reconoce igualmente el trabajo no remunerado, al no ser el intercambio monetario condición determinante.

- Principio de Sostenibilidad Ambiental. Todas las actividades que se llevan a cabo lo hacen con respeto por el medio ambiente, del que se sienten parte. De esta manera se promueve el consumo responsable, la conservación de la biodiversidad, la soberanía alimentaria, el decrecimiento. Se minimizan los impactos, haciendo un uso energético eficiente, reutilizando, reduciendo el consumo de recursos, reciclando y promoviendo estas prácticas entre trabajadores y personas usuarias. También, en coherencia con todo lo anterior, se pone en práctica la restauración y recuperación de espacios degradados.

Principio de Cooperación. En contra de los criterios de competencia que son frecuentes en la actividad económica convencional, se defiende la cooperación, la confianza, la transparencia, como forma de optimizar el trabajo, de compartir avances y conocimientos para el beneficio mutuo. La cooperación necesita de comunicación, de interactuación, de espacios donde compartir los retos, los avances y los objetivos comunes que generan tejido económico. La economía solidaria, con su trabajo en red, genera estos espacios.

Principio sin fines lucrativos. La economía solidaria, en coherencia con el resto de principios integrales, pretende la redistribución y reinversión de la riqueza generada en la propia organización o empresa, en contraposición a la deslocalización o al uso de esa riqueza para la práctica especulativa. De esta forma, reinvirtiendo, se repercute en la sostenibilidad de la actividad y en que, por ejemplo, cada vez pueda ofrecerse trabajo de manera autónoma y autogestionada a más personas a medida que la actividad prospera.

Principio de compromiso con el entorno. El entorno debe ser entendido en sentido amplio, como el espacio físico, cultural, social en el que se desarrolla la actividad económica; en primer lugar en sentido local, inmediato y de cercanía y, de manera inseparable, como parte del contexto global. La integración en el entorno próximo, promoviendo su conocimiento, la información y la participación en la resolución de los problemas propios de cada lugar genera, entre otras cosas, tejido social, sentimiento de pertenencia o redes sociales, elementos muy importantes para el desarrollo de la economía solidaria.

En el Estado español, REAS se constituye en 1995 para impulsar y aglutinar las iniciativas de la economía solidaria. En la actualidad es una red de redes que reúne proyectos con larga experiencia relacionadas con la inserción social, la financiación alternativa, el consumo transformador, la formación, la industria, etc, y se encuentra fuertemente consolidado en varias comunidades autónomas.

Alimentar el actual sistema económico o al planeta.

La profundización del capitalismo con sus últimas fases neoliberales ha arrastrado el modelo de agricultura y alimentación hacia un sistema globalizado, de cadenas alimentarias larguísimas e interconectadas, dependiente del capital y finalmente pensando en los alimentos sólo como mercancías que multiplican las ganancias. Analizar la agricultura capitalista permite, lamentablemente, entender bien las consecuencias del modelo, hoy colapsado, cuando se enfoca exclusivamente al crecimiento entendido como la acumulación de riqueza de unos pocos.

Las consecuencias de este modelo son claramente visibles por la población y cada vez más fuertemente rechazadas: pobreza, hambre y desaparición del medio rural y sus gentes campesinas, degradación de los ecosistemas, pérdida de suelos, contaminación del agua, calentamiento del planeta y una alimentación insana e insegura. Este sistema de producción intensivista, mercantilizado y que no reconoce los límites del planeta, es responsable de un futuro amenazador en forma de cambio climático, privatización de los recursos naturales, etc.

Igual que más PIB no significa más desarrollo, más producción agroindustrial no significa más ni mejor alimentación. De hecho, ocurre lo contrario, nunca antes se habían producido tantas materias primas, ni nunca antes ha habido tanta gente pasando hambre. La dinámica consumista propia de estas economías capitalistas que cuestionamos, orientada por y para los mercados -también en la alimentación- hemos visto que no ayuda a satisfacer los derechos humanos básicos, además de ofrecernos alimentos dudosos en su calidad y aportes nutritivos.

Sin embargo, por suerte, el sistema agroalimentario también es un buen ejemplo de las nuevas propuestas que nacen para hacer frente a estas circunstancias. Bajo el paraguas ideológico de la Soberanía Alimentaria, cientos de iniciativas y movimientos sociales han sido capaces de transgredir los perversos paradigmas dominantes.

El más antiguo de los lemas de la Soberanía Alimentaria era premonitorio: LA ALIMENTACIÓN NO ES UNA MERCANCIA, desterrando el protagonismo que los mercados han conseguido en los últimos años. Si en la economía solidaria los valores humanos se ponen por delante de los intereses económicos, en la soberanía alimentaria, de forma análoga, se pone a la economía al servicio de la alimentación (facilitar mecanismos comerciales, financieros, etc.), nunca al revés.

Así pues, la Soberanía Alimentaria encaja como un modelo de economía social y solidaria, resituando la función de la agricultura con mucha claridad: una práctica que, de manera respetuosa con el medio ambiente y adaptada a cada territorio, produce alimentos para las comunidades locales a la vez que se convierte en un medio de vida para quienes la desarrollan, generando economías de pequeña escala y reales.

Cuando hablamos de una agricultura que recupera su sentido primario, alimentar a la población, reivindicamos también la importancia de este sector, el PRIMARIO, en las economías actuales. No podemos construir ninguna economía sostenible reduciendo el sector primario a la mínima expresión.

Sólo desde estas precisiones, ‘alimentar a las comunidades’, se alcanzará la meta de alimentar al mundo. Sólo permitiendo ‘medios de vida’ para las gentes campesinas se alcanzará la igualdad y la erradicación de la pobreza, ya que la Soberanía Alimentaria es también una fórmula para distribuir justa y equitativamente las rentas del trabajo.

Por último, la Soberanía Alimentaria, recupera valores campesinos que bien podemos aplicar en las economías solidarias, por ejemplo la austeridad. Es decir, hemos de entender la agricultura y la alimentación –y la economía- dentro de un planeta vivo y finito, evitando el derroche, el despilfarro de nutrientes y energía… recuperando el sentido común y caminando siempre en los límites de la sostenibilidad y de sus posibilidades reales que, recuperando esta consciencia, son, de verdad, ilimitadas.

La agricultura en una economía capitalista con la agricultura en una economía solidaria, comparemos:

Donde ahora tenemos una agricultura separada de la Naturaleza (o peor, una agricultura que se siente dominadora de la Naturaleza) recuperaremos una agricultura que es parte de la Naturaleza, y ésta, por cierto, la recompensará.

Dónde ahora tenemos una agricultura machista (producir más, ser la empresa más fuerte, tener el tractor más grande…) buscando el control y el poder, tendremos una agricultura feminista revalorizando las ansías del cuidar y del ofrecer.

Donde tenemos una agricultura que, como los trenes de alta velocidad, no paran en ninguna estación, tendremos una agricultura de cercanías, recuperando en cada estación, sea verano o invierno, los sabrosos productos locales y de temporada.

Donde ahora dependemos del petróleo, negro, viscoso y ¡finito!, para producir alimentos, la agricultura del futuro volverá a trabajar con el Sol, un aliado voluntario, generoso y nunca absentista.

Frente a la agricultura de una cosechadora que siega, trilla y contamina –tres en uno-, proponemos una agricultura intensiva… en mano de obra, generando muchos medios de vida.

Frente al gran modelo de distribución, recuperemos el pequeño comercio, los mercados locales y nos organizamos en grupos de consumo para decidir qué comemos y quien lo produce.

Por último, frente a las cosechas uniformadas del monocultivo, se apuesta por huertos fundamentados en la biodiversidad. Patatas, ovejas, patos, guisantes, berenjenas y altramuces comparten la misma tierra, y eso les hace sanos. www.ecoportal.net

*Patricia Dopazo y Gustavo Duch - Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas.

Más información sobre economía solidaria

www.economiasolidaria.org


Colombia: Farc y gobierno divulgan informaciones sobre acuerdo inicial rumbo a la paz

Natasha Pitts
Periodista de Adital
Adital

El lunes (27), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos divulgaron la firma de un acuerdo para comenzar una conversación pacífica con el objetivo de terminar con el conflicto armado interno que afecta al país desde hace cerca de 50 años. El acuerdo, que fue firmado en La Habana, capital de Cuba, prevé la elaboración, en el plazo de 18 meses, de un nuevo proyecto de sociedad que incluya algunas postulaciones programáticas de las Farc.

De acuerdo con el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (ODDR), hay también un consenso sobre la firma de un acuerdo de paz, ya que las dos partes creen que la búsqueda de la paz es una obligación.

El acuerdo firmado en febrero de este año incluye seis puntos y una regla de funcionamiento. El primero tiene que ver con la ‘Política de desarrollo agrario integral’, iniciativa considerada determinante para impulsar la integración entre las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país.

El segundo punto es la ‘participación política’ y definirá algunos derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular, para los nuevos movimientos que surjan inmediatamente después de la firma del acuerdo final. También se debatirán algunos mecanismos democráticos de participación ciudadana y medidas para promover una mayor participación en la política nacional.

El tercero contempla el tema ‘Fin del conflicto’. La pauta específica sobre este punto debatirá el cese del fuego, el abandono de las armas y el fin de las hostilidades en forma bilateral y definitiva. En esta ocasión también se discutirá la reincorporación de las Farc a la vida civil en los aspectos económico, social y político según sus intereses.

El cuarto punto, ‘Solución al conflicto de drogas ilícitas’, se relaciona con la problemática del narcotráfico, y va a empujar el debate sobre programas de sustitución de cultivos ilícitos, recuperación ambiental de las áreas afectadas con la participación de las comunidades, programas de prevención del consumo y salud pública.

El quinto punto es ‘Víctimas y reparación’ y tratará sobre los derechos humanos de las víctimas y el sexto punto de debate será ‘Implementación, verificación y legalización’.

Quedó definido durante la reunión en La Habana que las conversaciones entre las partes serán ‘directas e ininterrumpidas’. La intención es garantizar la efectividad del proceso y terminar el trabajo sobre los puntos de la agenda en el menor tiempo posible, de modo de cumplir con las expectativas de la sociedad colombiana. A pesar de esto, miembros de la Farc y del gobierno determinaron que los debates van a llevar el tiempo necesario para llegar a un punto común.

Este recorrido rumbo a la paz tiene el apoyo de los gobiernos de Cuba y de Noruega como garantes y de Venezuela y Chile como acompañantes. Posteriormente, otros países podrán ofrecer colaboración y unirse para ayudar en este proceso.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com




Ecuador: Reformas legislativas para favorecer a mineras

Por Luis Ángel Saavedra

El gobierno ecuatoriano está empeñado en promover la minería a gran escala para lo cual debe implementar una legislación interna que, siendo contradictoria con principios constitucionales, satisfaga los intereses económicos de las transnacionales mineras que se han resistido a invertir en el país hasta que no se les garantice su total control sobre las regalías que producirá esta industria.

La última Asamblea Constituyente del Ecuador (2007-2008) no sólo se preocupó de incorporar los derechos de la naturaleza en el texto constitucional, garantizando la preservación y la reproducción de su ciclo vital, pues también fue muy prolija en dotar al Estado el control de los beneficios que produce la explotación de recursos naturales, inclusive si esta actividad se debiera delegar a empresas mixtas o privadas, a través de concesiones.

En este sentido, el artículo 408 de la Constitución establece que “El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota”.

Basada en la Constitución, la Asamblea Nacional elaboró la Ley de Minas, promulgada en enero del 2009, en la que asegura que los beneficios económicos para el Estado deberán estar sujetos al artículo constitucional 408. Así, en el artículo 93 de esta ley se establece que el concesionario minero deberá pagar una regalía “no menor al 5% sobre las ventas, adicional al pago correspondiente del 25% del impuesto a la renta, del 12% de las utilidades determinadas en esta
Ley, del 70% del impuesto sobre los ingresos extraordinarios y del 12% del impuesto al valor agregado (IVA)”. De esta forma el Estado garantiza que más del 50% de la rentabilidad minera vaya a sus arcas en calidad de impuestos y regalías.

Bajo esta normativa, en marzo pasado se firmó el primer contrato de minería a gran escala con la empresa china EcuaCorriente, la que deberá invertir US$1.4 millardos en el proyecto Cóndor Mirador, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, en la Amazonia sur del país, y el que el Estado participaría del 52% de la rentabilidad minera.

EcuaCorriente no tuvo reparos en firmar un contrato minero favorable al Estado ecuatoriano, pues su interés es más geopolítico y no necesariamente económico.

“EcuaCorriente es una empresa estatal [china] que piensa en tener un negocio rentable, pero está más interesada en asegurar que China tenga acceso a los recursos naturales necesarios para sostener su expansión económica”, asegura el asambleísta amazónico Kléver Jiménez, del
Movimiento Pluricultural Pachacutik.

Kinross cambia el escenario minero

La firma del contrato con EcuaCorriente fue presentado como un ejemplo de firmeza y soberanía que marcaba la ruta para futuros contratos, no sólo en Ecuador.

“Este contrato está siendo seguido por toda América porque es inédito, donde el Estado recibe la mayor cantidad del recurso”, señaló el presidente Rafael Correa al firmar el convenio de explotación mediante el cual EcuaCorriente extraerá unas 180,000 TM de cobre al año.

Pero, pese al empeño del gobierno, desde febrero pasado se paralizaron las negociaciones con la minera canadiense Kinross Gold Corporation, que busca explotar oro en el proyecto denominado Fruta del Norte, en la misma cordillera de El Cóndor, limítrofe con Perú, para lo que
tiene prevista una inversión de $1.3 millardos. Esta transnacional se negó a aceptar términos iguales a los que había firmado EcuaCorriente.

“Quiero dejar muy claro a todo el mundo que no procederemos, a menos que tengamos un mejor acuerdo en términos económicos”, dijo el director consejero de la minera, Tye Burt, al explicar la paralización de las negociaciones con el Ecuador. Las demandas de Kinross fueron catalogadas como exageradas y, en febrero de este año, el ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pastor, advirtió que el Ecuador no firmaría un acuerdo con esta transnacional minera.

“Hay cosas que no podemos aceptar porque no podemos forzar una ley o cambiar una ley”, aseguró Pastor.

Pese a estas declaraciones, el mismo ministro Pastor anunció el pasado 20 de julio que se reformaría la Ley de Minas para corregir algunos errores, como por ejemplo el hecho de que la ley fije un mínimo del 5% por regalías adicionales a los impuestos para la explotación minera,
pero no fija un máximo. De igual forma, Pastor anunció que el impuesto a las ganancias extraordinarias por el alza de los precios de los metales no se cobraría hasta cuando la empresa haya recuperado la inversión realizada.

Para tal efecto, el proyecto de reforma que el Ejecutivo enviará a la Asamblea Nacional incluirá las dos propuestas: la primera que pospone el cobro de impuestos hasta que el concesionario recupere la inversión, y la otra que fija un máximo para el porcentaje de las regalías. De esta manera Pastor dio paso a las presiones de Kinross y se puso a tono con la línea presidencial, pues ya Correa había anticipado: “Es razonable lo que nos ha pedido Kinross, y preparamos una reforma legal para que cualquier utilidad extraordinaria vaya a
amortizar la inversión”.

Presiones presidenciales

En la Asamblea Nacional, la aprobación de estas reformas no tendrá un camino fácil, pues si bien el movimiento de gobierno, Alianza País, mantiene una precaria mayoría, el tema minero es muy sensible para los asambleístas y algunos partidarios de gobierno podrían abstenerse a la hora de votar. Sin embargo, en el actual escenario político, Correa puede presionar para que los asambleístas mantengan la tesis gubernamental si desean ser considerados para una posible reelección en los próximos comicios electorales.

En efecto, hasta octubre próximo hay plazo para presentar las listas de candidatos a la Asamblea Nacional que postularán en las elecciones de febrero del 2013 y varios asambleístas actuales no ven muy claras sus opciones de ser incorporados en estas nuevas listas y acceder a una posible reelección. La votación de las reformas a la Ley de Minas se presenta como una oportunidad de hacer valorar su voto y negociar su incorporación en el listado electoral.

“Asistiremos a una feria de candidaturas a cambio del voto para reformar la ley y seguir con el modelo neoliberal del que nunca hemos salido. Las reformas a la Ley de Minas son un ejemplo de que seguimos sometiéndonos a los intereses de las transnacionales y que el discurso de soberanía que mantiene el gobierno es vacío”, sostiene Jiménez, quien ya presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de Ecuador por el contrato firmado con EcuaCorriente, señalando que el acuerdo no garantiza que el Estado tenga el 52% de la rentabilidad, ya que está incluido el 12% del IVA que sólo se paga en productos elaborados, y la producción minera se exportará en bruto, sin valor agregado. Arguye además que no se realizó una consulta previa a las comunidades afectadas por la actividad minera, principalmente la nacionalidad shuar. Agregó que se apresta a hacer lo mismo hacia las reformas anunciadas por el régimen en caso de que sean aprobadas.


Dirigente indígena dice el Gobierno practica la misma política de los neoliberales

La presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), Judith Rivero, manifestó que el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) practica la misma política de los partidos neoliberales, ya que siempre premia a su gente que violan y atropella la Constitución Política del Estado (MAS).
A juicio de la dirigente, la designación del exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, como embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (ONU) es un premio a la lealtad, sin importar su vinculación con la represión a la marcha indígena en septiembre del año pasado en Chaparina y el asesinato de dos jóvenes en Caranavi ocurrido en mayo de 2010.
“Cuando pasó la violenta represión policial a la VIII marcha indígena el pasado 25 de septiembre en Chaparina, yo dije que el exministro Sacha Llorenti iba a ser premiado por esta actitud, ahora el gobierno lo ha cumplido. El Movimiento al Socialismo (MAS) practica la misma política que los gobierno neoliberales”, enfatizó.
Rivero dijo que la justicia tarda pero llega “y algún día el exministro Sacha Llorenti debe pagar por los hechos mencionados”.

La evasión de capitales en Africa

Importantes cantidades de divisas huyen anualmente del continente africano hacia el primer mundo o a paraísos fiscales. Gran parte de este dinero es fruto del robo y la corrupción.

En África, las riquezas naturales y minerales, no se convierten en fuentes de desarrollo y bienestar social para la inmensa mayoría de sus ciudadanos. Sus tierras, sus minas y pozos de petróleo son explotados por multinacionales que sacan ágilmente sus beneficios del continente, casi siempre con el respaldo de políticos locales corruptos.

Se calcula que éstos capitales equivalen al 39 % del Producto Interior Bruto. En estos momentos se pierde una media de 18.400 millones de dólares anuales, según informa el “Africa Economic Outlook 2012”, lo que significa que con ese flujo se podría financiar el desarrollo del continente. Y añade: “si el capital hubiera sido reinvertido en África con el mismo nivel de productividad que el de las inversiones actuales, los niveles de pobreza habrían sido recortados entre un 4 y un 6 % cada año, entre 2000 y 2008”.

Obviamente, Africa no logrará llegar a los Objetivos del Milenio que propuso Naciones Unidas pero estarían al borde de alcanzar alguno de ellos si no se hubiesen sacado de los diferentes países dinero a borbotones.

Esta salida de capitales ilícitos fuera de África está amparada por los mismos paraísos fiscales a donde va a parar el dinero europeo. Como consecuencia, baja la recaudación de impuestos y se cancelan inversiones.

Gran parte de éste dinero es fruto del robo y la corrupción de conocidos dictadores que amparan a las a grandes multinacionales instaladas en el Continente las cuales no declaran sus beneficios y los sacan del país clandestinamente. Esta alianza es devastadora.

Sin lugar a dudas hay una estrecha relación entre democracia y crecimiento. Allí donde hay libertades, se roba menos, hay más y mejores mecanismos de control, libertad de expresión y una justicia que funciona más o menos bien. Mientras que en los países que están gobernados por dictadores, éstos no responden ante nadie, no se les puede denunciar y la opacidad es absoluta. Paralelamente, la comunidad internacional prefiere mirar hacia otro lado. Son muchos los intereses que hay en juego: materias primas o petróleo.

A pesar del crecimiento económico que disfrutan algunas poblaciones africanas, un 30% sigue sufriendo severas hambrunas. Así lo recoge el informe sobre desarrollo humano en África de 2012, titulado Towards a Food Secure Future, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que fue presentado el pasado mayo.

Es una triste paradoja que se dé inseguridad alimentaria en un continente que tiene enormes extensiones de tierras fértiles, grandes cantidades de agua y un clima ideal para muchos cultivos.

«Cada año, la fuga de capitales provoca cerca de 75.000 muertes infantiles en la región. Principalmente en la República Democrática del Congo, Nigeria y Angola», según el profesor de Economía en la Universidad de Massachusetts Léonce Ndikumana y ex director de investigación del Banco Africano de Desarrollo.

Dicho profesor ha llegado a afirmar que existe relación entre los préstamos extranjeros y la fuga de capitales. Y habla concretamente del régimen de Mobutu en Zaire (actualmente Congo) afirmando que desde 1982 se sabía que las cuentas personales del dictador y la Banca Central del país “funcionaban como vasos comunicantes”. Según Transparencia Internacional, Mobutu Sese Seko, presidente entre 1965 y 1997, habría robado 5.000 millones de dólares. Esta misma agencia internacional denunciaba que el actual país líder en fuga de capitales era Nigeria, seguida por Congo y Guinea.

El instituto estadounidense Global Financial Integrity denuncia que “las salidas ilegales de capitales habrían supuesto 1,8 billones de dólares durante los últimos 40 años. Esta evasión se habría efectuado hacia las instituciones financieras de los países ricos. Esta cifra excluye la fuga de capitales asociada al contrabando, el tráfico humano, la violación de derechos de propiedad intelectual y otras actividades ilegales imposibles de cuantificar de forma mínimamente fiable.

Y en lugar de combatirla nos encontramos con noticias que nos dicen que el gobierno de Sudán del Sur promete amnistía a los funcionarios que hayan robado, si devuelven el dinero. El presidente de dicho país,, Salva Kiir Mayardit ha emitido un comunicado pidiendo a los funcionarios que devuelvan el dinero público robado y depositado en cuentas secretas de Kenia, ya que a cambio les ofrece una amnistía.

Como dice Howard G. Buffeet del Instituto Oakland:” África tiene necesidad de inversores en la agricultura e industria, pero no, de políticos que permitan a los inversores cultivar y llevarse todos los productos y beneficios a sus propios pueblos y bolsillos, en detrimento de las poblaciones locales.”

La diferencia con Europa es que la fuga de capitales en el viejo continente hace que los países sean más pobres mientras que en África mata a la población.

La Cepal prevé una “nueva geografía de la economía mundial”


El presidente de El Salvador, Mauricio Funes (i), durante la inauguración de la reunión bienal de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en San Salvador (El Salvador).EFE

El presidente de El Salvador, Mauricio Funes (i), durante la inauguración de la reunión bienal de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en San Salvador (El Salvador).EFE

(EFE).- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) exhortó este martes a la región a actuar con “prudencia” ante la actual crisis internacional y prepararse para los desafíos de la “nueva geografía de la economía mundial”.

“Se está conformando un escenario inédito que debemos mirar con mucha atención: se está transformando y trasladando el poder económico del norte (países industrializados) al sur”, dijo la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, en la inauguración oficial del XXXIV período de sesiones de la comisión, que empezó el lunes y terminará el viernes en San Salvador.

Aunque arrastran muchas dificultades, los países en desarrollo (sur-sur), incluidos los latinoamericanos y caribeños, ya representan el 60 % del crecimiento económico mundial y sus exportaciones tienden a superar a las de los industrializados, indicó Bárcena.

Recalcó que “se empieza entonces a construir una nueva geografía de la economía mundial, que llama a repensar la estructura de las alianzas estratégicas con mayor peso de las relaciones sur-sur”.

“El sur ya no es el mismo y América Latina y el Caribe también han cambiado”, lo cual “significa asumir nuevos desafíos; hay que avanzar en posturas regionales unificadas” entre los distintos bloques de integración, apuntó Bárcena en su discurso.

La Cepal propone en este período de sesiones un cambio estructural en la economía de la región que lleve hacia la igualdad social y la sostenibilidad ambiental.

Bárcena inauguró el encuentro junto al presidente salvadoreño, Mauricio Funes, quien abogó por que el Estado recupere el papel conductor que le quitó el modelo neoliberal implantado en la región.

Bajo el neoliberalismo, muchos países de la región han sufrido “una larga herencia de políticas macroeconómicas arcaicas y modelos deficientes, que me atrevo a calificar incluso de modelos perversos, porque han minado el desarrollo pleno de nuestras naciones”, señaló Funes en su discurso.

La titular de la Cepal refirió que la “nueva geografía” ya se evidencia en que “la suma de las actividades económicas de Asia Pacífico y América Latina representan hoy el 60 % del crecimiento económico mundial”.

“Esta tendencia nos augura que para el 2020 las exportaciones sur-sur van a sobrepasar a las exportaciones norte-norte, y algo parecido está ocurriendo con los flujos de inversión extranjera directa, en donde ya el 50 % se dirige a economías en desarrollo”, aseguró.

Bárcena comentó que “un estado de ánimo positivo recorre hoy día Latinoamérica y el Caribe pese a las turbulencias mundiales”, ante las cuales “la región debe mantener prudencia económica”.

Tras sufrir la “década pérdida” en los años ochenta por la crisis de la deuda exterior, esta región “logró un rico aprendizaje” que hoy le permite “enfrentar la grave recesión mundial con notable capacidad”, añadió.

Gracias a que los países han sido “prudentes en lo macroeconómico” y “progresistas en lo social”, la economía de la región este año “tendrá un crecimiento superior al promedio global”, aseguró Bárcena, sin precisar el porcentaje.

Agregó que, frente a la actual desaceleración mundial, la región cuenta con “inflación controlada, sólidas políticas fiscales, una deuda pública menor y mejor estructurada, por debajo del 35 % del producto interior bruto, y un nivel inédito de reservas internacionales”.

Además, recordó que entre 1990 y 2011 la pobreza disminuyó del 48,4 % al 30,4 %, y la extrema pobreza e indigencia del 22,6 % al 12,8 %, mientras que el desempleo hoy es inferior al 6,6 %.

Son “logros importantes que, por cierto, no están en las economías industrializadas”, comentó la titular de la Cepal.

Sin embargo, Bárcena también recordó que persisten “herencias al interior de la región que perpetúan desigualdades y mecanismos de exclusión”, así como “rigidez de las brechas productivas y poca movilidad social en grupos de baja productividad, especialmente en las mujeres”.

En la reunión bienal de la Cepal participan ministros y otros delegados de los 44 Estados miembros y de los 8 asociados, así como representantes de Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales.