Llorente&Cuenca
Madrid, 29 enero 2014
La emergencia y visibilidad de lo indígena es uno de los fenómenos
políticos y étnico-sociales más importantes en la historia reciente de
América Latina. Se trata de un hecho que corrió paralelo a la
democratización de los países latinoamericanos en los años ochenta.
Si bien hundía sus raíces desde comienzos del siglo XX, fue en el
último cuarto de la pasada centuria cuando los propios intelectuales y
líderes indígenas tomaron las riendas del movimiento y se convirtieron
en un nuevo actor político, logrando introducir sus demandas en las
agendas políticas nacionales, mediante una intervención política
directa.
Hace 30 años, coincidiendo con las transiciones a la democracia (en
los años 80) y la definitiva consolidación de la misma (los años 90)
aparecieron los movimientos indigenistas, con especial fuerza e
intensidad en Ecuador y Bolivia, y con menor capacidad de expansión en
otros países como México, Guatemala, Brasil, Perú y Chile.
Pero, ¿por qué se dio ese auge de los movimientos indígenas en los años ochenta y noventa?
Al menos, se pueden entresacar cuatro factores, consistentes en la
apertura democrática, la reacción a los cambios económicos y sociales
provocados por las reformas “neoliberales” de los años 90, el nacimiento
de una élite intelectual indígena urbana y el favorable contexto
internacional.
Tras el renacimiento del movimiento indígena ocurrido en los años 80 y
el impulso experimentado a comienzos de la siguiente década, llegó el
momento del despliegue y crecimiento en los 90. A lo largo de esos años
se pudo ir comprobando que ese movimiento se caracterizaba por su
heterogeneidad y por la diversidad en sus demandas y estrategias con
especificidades propias y variedad de situaciones de país a país.
De todas maneras, sí es posible encontrar ya en los 90 una serie de
importantes paralelismos y continuidades a escala global en toda la
región. Las aspiraciones de estos movimientos se dirigían en varias
direcciones reclamando derechos económicos, sociales, culturales así
como derechos civiles y políticos
A lo largo y ancho de la región, con mayor o menor intensidad, se
vivieron ejemplos de este tipo de “despertar indígena”, aunque fue en
Ecuador donde arraigó con más fuerza.
Todas estas movilizaciones indígenas de finales de los 80 y los 90
tuvieron muy evidentes efectos políticos y legislativos pues fue
acompañada de una oleada de reconocimientos constitucionales de los
derechos indígenas, por parte de los Estados en la década de los
noventa. Las protestas convirtieron, además, a los indígenas en
interlocutores públicos lo que les permitió modificar propuestas o
políticas gubernamentales.
El movimiento indígena se fue desdibujando de diversas maneras en la
región entre finales de los 90 y comienzos de la nueva centuria.
Desde el cambio de siglo el panorama de las movilizaciones reúne una serie de características peculiares:
1-. La vía armada no es un camino pero sí los conflictos y protestas
de baja intensidad que ponen en cuestión el monopolio de la violencia de
un Estado que no puede reprimir esas protestas de forma tan contundente
como lo hacía ante las antiguas sublevaciones. Todo lo cual les
proporciona a los movimientos indígenas poder de veto y de “chantaje al
Estado”.
2-. Además esos grupos indígenas logran articular alianzas amplias
que van más allá del tema indígena enarbolando banderas que pueden ser
acogidas por otros grupos sociales en “alianzas estratégicas que pueden
abrir el camino para avanzar hacia soluciones realmente integrativas de
la cuestión indígena ya que afectan a todos los sectores sociales”.
Desde hace una década, los movimientos indígenas cuentan con una
agenda mucho más extensa que abarca y acoge intereses sociales y étnicos
más amplios. Además, la presión y disputa creciente sobre recursos
naturales ubicados en tierras indias (o reivindicadas por ellos)
favorece la unificación de las diferentes étnicas y les sirve de base
para elaborar una propuesta de desarrollo alternativa (ecologista y
ambientalista) que gana apoyos entre sectores no indígenas, urbanos, y
capta respaldo internacional lo cual legitima este mensaje de tipo
ambientalista.
La mayoría de los conflictos sociales actuales en América Latina,
según un informe del Banco Mundial, giran sobre las dimensiones
ambientales y sociales de la minería. También la Defensoría del Pueblo
peruano, en un reciente informe, identifica como una de las causas de
los conflictos socioambientales al “temor justificado de la población a
la potencial contaminación que pueden ocasionar las actividades
extractivas”. A esto no escapan las propias empresas mineras que han
incorporado como un elemento infaltable de la Responsabilidad Social
Corporativa el tema medioambiental.
Conclusiones
El tema indígena está presente en la realidad latinoamericana con un
fuerte componente político desde hace más de 30 años. Ha tenido diversas
fisonomías y características pero lo que parece sobresalir es que posee
una formidable capacidad de adaptación que le permite perdurar en el
tiempo. Tuvo un mensaje indigenista hasta los años 50, marxista
(indígenas vistos como clase social) hasta los 80-90 y actualmente
ambientalista y antiglobalización.
Además, es uno de los pocos fenómenos que se da a escala regional
desde México, pasando por Centroamérica y la mayoría de países de
Sudamérica (Colombia, Perú, Brasil, Chile y Argentina). El Observatorio
de Conflictos Mineros de América Latina calcula que en la región hay 175
conflictos socio-ambientales que involucran a 183 proyectos mineros y a
246 comunidades.
Posee asimismo una importante capacidad para marcar o alterar la
agenda política de los países. El indigenismo ambientalista, si bien de
carácter eminentemente local, tiene potencialidad para crear redes de
apoyos y solidaridad a escala nacional e incluso internacional que
potencia su presencia y posibilidades de influencia.
Asimismo, los conflictos que desencadenan las protestas indígenas
medioambientales tienen un carácter muy disruptivo pues generan
sensación de ingobernabilidad o de pérdida del monopolio de la violencia
legítima por parte del Estado, aunque, en realidad, en escasas
ocasiones, poseen fortaleza para acabar con la propia institucionalidad.
América Latina ha entrado en un ciclo de mayor estabilidad, pero
existen temas clave como las cuestiones medioambientales, ligadas con la
tierra y los recursos naturales que pueden alterar esos equilibrios.
Algunos analistas creen que estos conflictos tenderán a escalar por
falta de vías institucionales capaces de ofrecer soluciones y
plataformas de negociación.
Los Estados nacionales no han sido aún capaces de articular cauces
institucionales para atender las reclamaciones indígenas ambientalistas y
hacerlas compatibles con las necesidades de desarrollo de los países.
Su capacidad para alterar la política nacional puede verse
incrementado en caso de crisis coyunturales en las que el malestar de
las clases medias se aúne con las movilizaciones indígenas en un común
rechazo a la institucionalidad y a la presencia de intereses foráneos.
Como señala Alicia Bárcena, Secretaria General de la CEPAL, “los
actuales patrones de producción y consumo son insostenibles pues generan
grandes costos económicos y sociales y ambientales que erosionan sus
propias bases de sostenibilidad material en el mediano y largo plazo. El
tema ambiental forma parte de la agenda pública… por las crecientes
demandas ciudadanas” que encuentran así un nexo de unión con las
reclamaciones indígenas.
Resumen del informe especial publicado en www.dmasillorenteycuenca.com.
