En el día internacional en contra de la mutilación genital femenina
En el día internacional en contra de la mutilación genital femenina, El
Espectador habló con uno de los líderes de esta comunidad, quien trabajó
por más de tres años en la sensibilización de sectores de esta
población para suprimir dicha práctica de sus costumbres.
Foto: AFP
La perforación, incisión, raspado o cauterización de la
zona genital de las mujeres, es para muchas comunidades –en especial en
África- una práctica que, aunque no está documentada en escritos
religiosos, representa desde hace décadas un acto cultural profundo. En
algunos grupos, tal como explica la Organización Mundial de la Salud
(OMS), “a veces ha comenzado como parte de un movimiento más amplio de
resurgimiento religioso o tradicional”. No obstante, la ablación o
mutilación genital femenina, como se conoce esta práctica, es
considerada mundialmente como una violación de los derechos humanos de
las mujeres y niñas, sumado a las graves complicaciones físicas que
conlleva.
Según datos de Unicef, la mutilación genital femenina se
concentra en una franja de 29 países de la costa del Atlántico hasta
África, con amplias variaciones en su prevalencia. Señalan las
investigaciones de ‘Monitoreo de la situación de niñas y mujeres’ de
esta organización que “la práctica es casi universal en Somalia, Guinea,
Djibouti y Egipto, con niveles superiores al 90%, mientras que sólo
afecta a un 1% por ciento de las niñas y las mujeres en Camerún y
Uganda.
Quistes, esterilidad, hemorragias, infecciones versicales y
urinarias, son algunos de los efectos colaterales de la ablación, una
práctica que se realiza, en su mayoría, a niñas en edad temprana, entre
los 2 y los 15 años. Sin embargo, pese a los daños a la salud que
entidades como la OMS se han esmerado en hacer visibles, la mutilación
genital no ha sido una práctica fácil de erradicar frente al dilema que
representa modificar las costumbres culturales arraigadas de muchas
comunidades.
Ablación en Colombia
Se
calcula que 70 millones de niñas y mujeres actualmente en vida han sido
sometidas a la ablación genital femenina, tan solo en África y Yemen,
según cifras de UNICEF; datos que no comprenden una documentación de los
casos en otros países fuera de África, como lo es Colombia donde la
mutilación genital fue aprendida.
La práctica en el país fue conocida
en 2007 a raíz de la muerte de dos niñas indígenas que fallecieron a
causa de una infección derivada de la remoción de su clítoris en Pueblo
Rico, Risaralda. Para la fecha se pudo visibilizar la ablación en
Colombia y se pudo identificar que se practicaba en ciertos sectores de
la comunidad indígena Embera, que se encuentra dividida en una extensa
parte del territorio nacional.
La muerte
de las menores permitió que organizaciones como el Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA) determinara que el país es el único en
Latinoamérica donde aún se realiza la mutilación genital.
El
Espectador habló con Alberto Wuazorna Bernaza, consejero mayor de la
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), y miembro de la
comunidad Embera Chamí, quien explicó su visión de esta práctica siendo
parte de esta población.
Cuenta Wuazorna
que el hecho de que se descubriera el tema en el país no fue una
sorpresa sólo para Colombia, también para líderes de la comunidad Embera
que no conocían que esta práctica se realizara en ciertas zonas de su
comunidad. “Cuando descubrieron este tema en Risaralda organizaciones
nacionales e internacionales empezaron a bombardearnos a las
organizaciones indígenas en Risaralda en búsqueda de respuestas. Se
notaba que era algo muy delicado, pero desconocido para nosotros, algo
nuevo para las comunidades indígenas desde el ámbito político y
organizativo del cabildo mayor o el Consejo Regional Indígena de
Risaralda (CRIR) y con lo que la mayoría no estábamos de acuerdo”,
relata Wuazorna, quien destaca que se trató de tiempos difíciles pues se
enfrentaban a un tema del que no tenían manejo y por el que fueron
señalados como “animales, como salvajes y personas que no eran
desarrolladas”.
Tres años de acciones en Risaralda
Durante
tres años el CRIR en compañía de entidades nacionales e instituciones
como Naciones Unidas iniciaron un proyecto que permitiera localizar y
acceder a zonas donde la mutilación genital era una práctica habitual.
El trabajo no fue fácil, se trataba de una acción que correspondía a la
intimidad femenina, por esto hablar de ello a viva voz representaba un
obstáculo para poder sensibilizar de los efectos negativos de la
remoción del clítoris en menores.
“En esos años nos tocó hacer
mucho trabajo con docentes, indígenas, enfermeros, gobernadores
veredales y autoridades mayores. El tema más importante era con las
parteras, porque esto es manejado solo por ellas, era algo muy privado y
un tema exclusivo de las mujeres. Al poder llegar a ellas pudimos ir
avanzando para poder socializar el tema y que la no realización de estas
prácticas fueran conocidas como una política”, señala Wuazorna.
“La
causa del movimiento indígena se basa en principios como la vida, el
respeto, el derecho y la hermandad. Descubrí que esta situación tan
difícil golpeaba a nuestras niñas y poder entrar a actuar en este tema
fue una gran experiencia, pese a lo complicado de trabajarlo”, añade el
líder indígena, quien resalta que se lograron avances en ciertas zonas
de Risaralda donde la ablación ya no se realiza.
Pese a que la
Defensoría del Pueblo indica que en los últimos 8 meses no se
registraron casos de ablación o mutilación genital femenina en las
comunidades indígenas de Risaralda, Alberto Wuazorna reconoce que aún
hay que trabajar en el tema, pues indica, un proyecto de tres años no es
suficiente para llegar a todos los Embera, constituidos por más de 250
mil miembros. “Es necesario hacer un llamado para que el Gobierno se
apropie de un proyecto macro planteado por la Nacion Embera que busca
avanzar en este trabajo contra la ablación”.
El ICBF llama a unir fuerzas
Cristina
Díaz, asesora de la dirección de familia de comunidades para temas
étnicos del ICFB, indica que la mutilación genital sigue vigente en
Colombia pese a que el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar ha
emprendido distintas acciones para sensibilizar a sectores indígenas
cuidando no violentar su cultura.
Es así
como junto a la ONIC, el UNFPA y el ICBF se emitió en 2012 el mandato
de los pueblos en el que las autoridades indígenas se comprometían a
erradicar la ablación. “Este acuerdo fue un éxito y suena muy bonito,
pero en la realidad, la implementación de éste es mucho más complejo”,
resalta Díaz, quien añade que al hablar de ablación en el país se ha
caído en la revictimización de las mujeres de la comunidad indígena al
estigmatizarlas.
Derechos sexuales,
salud, entre otros temas, han sido los asuntos tratados en las
comunidades en las que se ha visto algunos avances. De hecho, el ICBF
adelanta un proyecto en el que se buscaría crear una marca al momento de
la distribución de artículos, en su mayoría hechos por indígenas, con
la que se financiaría acciones en contra de la mutilación genital, un
plan que aún está en proceso de desarrollo.
Pero
pese a dichos esfuerzos, Cristina Díaz insta a distintas entidades del
Gobierno a recibir más apoyo. “Es importante la acción de muchos
sectores, sería por ejemplo vital que el Ministerio de Cultura también
hiciera un revisión del tema a través del enfoque cultural y poblacional
para determinar cómo abordar este tipo de temas. La ablación es así
mismo un asunto de mortalidad infantil y en este punto el ministerio de
salud podría ayudar en la documentación de casos que nos permitan tener
cifras para trabajar en el país; y de la misma forma el Ministerio de
Educación podría jugar un papel en la prevención y acciones
pedagógicas”, recalca Díaz, quien apunta que “solo estamos viendo la
punta de iceberg” en el tema de la mutilación genital en Colombia, donde
tal como señala el líder Embera, Alberto Wuazorna, “nos enfrentamos a
un tema de siglos, un proceso de más de 200 años que no podemos
pretender desaparecer en tres”.
dfranco@elespectador.com
