Lenin Moreno avanza en su ruptura
con Correa. Acusasiones, giros económicos y cambios políticos en el país
de la Revolución Ciudadana.
Alianza País (AP) consiguió la presidencia de Ecuador en 2007 con la primera candidatura presidencial de Rafael Correa, quien proclamó la llamada «Revolución Ciudadana». Para cuando Lenin Moreno, el actual presidente del país, termine su período en 2021, AP habrá manejado la presidencia por aproximadamente catorce años. Un récord para un país políticamente inestable desde su retorno a la democracia en 1979. Sin embargo, a pesar de la continuidad de AP y de la promesa de estabilidad, a menos de tres meses en el poder, Correa acusó de traidor al Presidente Moreno, quien, a su vez, dejó sin funciones explícitas al vicepresidente. Si bien es cierto que es probable que una transición presidencia reacomode a las fuerzas políticas, ¿qué pasó en el país para que esta transición haya sido desestabilizante? ¿Qué papel juega o deja de jugar AP en esta transición? Es de esperar que un cambio presidencial traiga cambios y reconfiguraciones, pero este puede tener un desenlace mayor.
Hay al menos tres factores que influyen en la transición presidencial actual y que, seguramente, marcarán la política en los próximos meses. Primero, la difícil posición fiscal y económica que heredó el Lenin Moreno. Este marco lo presiona, por un lado, a realizar un ajuste fiscal necesario pero impopular. Por otro lado, reconocer la debilidad fiscal actual – implícita o explícitamente –construye una narrativa que modifica la imagen que Correa pretendió crear para sí: el economista manejó eficientemente el mayor «boom petrolero» del país. Ambas situaciones construyen rivales políticos para el gobierno actual: los posibles perjudicados del ajuste y Correa (y el correísmo). De hecho, Correa ya mostró su abierta oposición a un plan económico que traicionaría – según él – el legado de la Revolución Ciudadana.
El giro en el Ejecutivo no será únicamente en la esfera económica. En otras áreas se perfilan más cambios sustanciales. Tal es el caso de la educación superior. Correa construyó opositores en este sector a través de su reforma, pero ahora estos actores dialogan fluidamente con las autoridades actuales. Otro ejemplo es el del manejo petrolero. Allí también se perfila un cambio en la modalidad contractual entre el Estado y los operadores privados –definidos anteriormente a partir de la estrategia del manejo «soberano» de Correa—. Sin embargo, no todo son cambios. Las relaciones exteriores – un área sensible e importante – mantiene la vieja línea.
El segundo ingrediente de la transición actual es la estructura y organización de AP. A pesar de (o debido a) llevar diez años en el poder, el partido de gobierno no cuenta con una organización que guíe su estrategia y sus acciones. Este movimiento carece de instancias que viabilicen el procesamiento democrático de los retos que enfrenta, de las diferencias internas, y de la toma de decisiones. Por ello, frente al reto de gobernar en una difícil situación económica y fiscal, no sabe cómo desarrollar la salida política a la crisis. Algunos de sus legisladores – que son más de la mayoría en el Congreso – se apoyan en el voluntarismo para «reconciliar» a sus líderes, en lugar de procesar el momento económico y ser parte de su solución con votos y propuestas.
El último elemento presente en la transición presidencial ha sido la corrupción. Las acusaciones de mal manejo y corrupción sobre áreas específicas de los gobiernos de Correa flotaron en el ambiente durante años. Pero desde la publicación de los Panama Papers y el arresto de Marcelo Odebrecht, crecieron las pruebas en contra de funcionarios específicos, algunos de los cuales ya enfrentan cargos. Gran parte de las acusaciones son sobre malos manejos en la industria petrolera y en la construcción de hidroeléctricas; áreas que dirigió Jorge Glas como ministro y vicepresidente de Correa. Gran parte de la opinión pública y de la oposición ve a Glas como el principal responsable, al menos político, de estas acusaciones. Como consecuencia, Glas es una piedra pesada que acarrea el gobierno actual. Y aunque Moreno retiró las atribuciones de su vicepresidente, no puede deshacerse de él tan fácilmente porque cuenta, al menos parcialmente, con el apoyo de Correa y el movimiento que encarna.
La transición política y económica que lleva Lenin Moreno le obligó a antagonizar con su antecesor. Necesita apoyo político y social para su reforma económica y fiscal, y ni Correa ni el correísmo se lo brindarán. Las pruebas que «aparecen» de a poco sobre casos donde hubo sospecha de corrupción son oportunas para Moreno: se acercan cada vez más a Glas y podrían ayudarle a deshacerse de una carga pesada y brindarle legitimidad para abrir espacios de diálogo con otros sectores por fuera de AP. Su objetivo no es únicamente conformar mayorías legislativas sino canalizar otras demandas y contener la respuesta social a algunas de sus reformas. Al frente está un sector del partido de gobierno encabezado por Correa, que mira en esta coyuntura la posibilidad de perder poder (influencia, acceso a espacios de decisión, y la disputa por el legado de Correa). En el medio se chorrea un partido sin estructura.
Es poco probable que Moreno conceda nuevamente funciones a su vicepresidente, quien está cada vez más acechado por denuncias. Pero aún queda por saber la forma institucional en que asentará esta ruptura. Es de esperar una reacción de Correa tras perder esta batalla. Por lo pronto, su capital político se basa principalmente en su posibilidad de ser candidato y presidente en el 2021, en tanto la ausencia de reglas que brinden alternancia y predictabilidad al juego político le otorgan espacio a las personas. Pero si Moreno convoca a una consulta popular para limitar la reelección presidencial (indefinida) – y esta opción gana –Correa no sería presidente nunca más. Hasta allí llegarían las promesas que pueda hacer para aglutinar apoyo a su alrededor. Por otro lado, aún es temprano para prever lo que pueda pasar con AP. Con seguridad, esta transición tendrá efectos sobre el movimiento, pero no se debe perder de vista que la ausencia de estructura le brinda flexibilidad para adaptarse a nuevas circunstancias.
La reforma económica que Ecuador requiere actualmente muestra – otra vez – que las «vacas flacas» traen retos a su gobernabilidad democrática. Pero a diferencia del pasado, en el que la capacidad para concertar salidas políticas a la crisis acentuó la rivalidad entre partidos, ahora el conflicto ocurre dentro del partido de gobierno. Antes, las soluciones se dieron por fuera de la Constitución debido a la incapacidad institucional por contener la crisis. Ahora, parece que el sistema político podrá manejar el conflicto. También desde una mirada optimista, esta puede ser una coyuntura crítica que canalice cambios institucionales importantes: eliminar la reelección presidencial indefinida y una reforma del Estado que fortalezca la rendición de cuentas horizontal (opacada en los últimos años). Si así ocurre, Moreno desmontaría el legado institucional de Correa. Esta transición presidencial puede ser el primer paso del camino hacia un nuevo ciclo político.
