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Desde hace ya 10 días todo un pueblo está de pie. En Famatina, ciudad ubicada a 300 km al norte de la Capital de la Provincia de La Rioja, miles de habitantes riojanos están impidiendo el paso de los transportes mineros de la transnacional Osisko Mining Corparation. Sin embargo, los gobernadores e intendentes de las zonas mineras siguen sin escuchar a los pobladores y a las asambleas socio-ambientales que día a día se manifiestan en contra de la minería a cielo abierto.
La mega-minería y su método depredador solo traen a nuestra cordillera contaminación y destrucción de regiones enteras. En momentos en que se habla de emergencia hídrica en muchas provincias del país, estos proyectos exponen a los pueblos cordilleranos a la falta de agua y la contaminación de la misma. Así los impulsores de estos proyectos muestran su verdadera cara, poniendo el dinero por sobre la vida. Denunciamos que el saqueo de minerales estratégicos por parte de empresas multinacionales no representa un desarrollo integro para el país sino una continuidad en la dependencia y el neocolonialismo.
En estos días fuerzas especiales de seguridad provinciales se encuentran rodeando a los manifestantes que cuentan con el apoyo de todo su pueblo. Los intentos por acallar a las asambleas locales sobran. Sin embargo los pobladores de Famatina siguen al pie del Cerro Nevado evitando el paso de la transnacional.
Por esto, desde la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares (COMPA) nos sumamos a la convocatoria de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) a la realización de un escrache a la Casa de la Rioja, en Callao 745 este jueves 12 de enero a las 17.00hs, en apoyo al pueblo de Famatina en lucha contra la explotación minera a cielo abierto y llamamos a todos/as a rodear de solidaridad a esa pueblada.
Reproducimos abajo el comunicado de la UAC, para mayor información.
No queremos más minería a cielo abierto. Basta de persecución a los que luchan por recuperar y defender nuestros bienes comunes.
SI A LA VIDA. NO A LA MINERÍA DESTRUCTIVA Y CONTAMINANTE.
¡EL FAMATINA NO SE TOCA!
COMPA Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina
Región Buenos Aires
Cátedra Abierta de Estudios Americanistas; Centro Cultural de los Trabajadores; Colectivo de Educación Popular en Cárceles – Atrapamuros; Comedor Germinal; Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (CEIP); Espacio Chico Mendes; Estudiantes Críticos Lanús; Frente Popular Darío Santillán; Garabatos la Aceitera; Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe (GEAL); Juventud Rebelde 20 de Diciembre (La Mella, Lobo Suelto, La Trifulca, Corriente Sindical Agustín Tosco); Organización Popular Fogoneros; Rebelión – Corriente Universitaria; Socialismo Libertario; Casa de la cultura Los compadres del horizonte; Asamblea popular de Beccar;); Grupo AMAICHA.
Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa
9 de enero de 2012
LA UAC CONVOCA A DEFENDER EL FAMATINA
El pueblo de Famatina (prov. de La Rioja) en su conjunto interrumpe desde el primero de enero los transportes mineros, rechazando el convenio firmado por el gobernador con una transnacional del sector. Fuerzas especiales de seguridad, provenientes de la capital riojana, rodean a los manifestantes que cuentan con el apoyo de todo un pueblo. La orden de reprimir será un riesgo político que habrá de asumir el gobierno provincial. Los hechos pueden salpicar al gobierno nacional que apaña una política extractiva devastadora.
Hay un claro intento de acallar a las asambleas socioambientales que han surgido en defensa del Famatina, lo que se evidencia no sólo en el cerco que las fuerzas represivas ejercen en el corte, sino también en la persecución, la intimidación, las amenazas, el armado de listas “negras” de luchadore/as que denuncian trabajos de inteligencia por parte de la empresa canadiense Osisko Mining Corporation y la judicialización de las luchas de compañero/as contra los proyectos megamineros en nuestra cordillera.
Llamamos a todas las personas y organizaciones sociales a la realización de un escrache a la casa de La Rioja, Callao 745, el Jueves 12 de Enero a las 17 Hs.
ALGUNOS GOBERNADORES CONFUNDEN LOS VOTOS ELECTORALES CON
LA LICENCIA SOCIAL PARA DINAMITAR CERROS Y DESTRUIR ACUIFEROS
Este principio produce el levantamiento popular de unos 6.400 habitantes riojanos que impiden el tránsito de los transportes mineros de la transnacional Osisko Mining Corparation. Los manifestantes van rotando de manera organizada, concentrados en Alto Carrizal en la base de los Nevados del Famatina.
En el corte de ruta no falta nadie, desde el intendente Ismael Bordagaray hasta el párroco del pueblo, Omar Quintero. La autoconvocatoria es absoluta y la tensión crece: el gobernador Luis Beder Herrera recurre a fuerzas especiales de la capital riojana sustituyendo a la policía local incapaz de reprimir a familiares presentes en el corte de ruta. Rodean a los manifestantes.
Una vez más se expresa la voluntad de un pueblo que defiende sus bienes comunes y una calidad de vida incompatible con la actividad extractiva mega minera. En el método del depredador transnacional prevalece la contaminación, la destrucción de territorios y economías regionales, el saqueo de minerales críticos y estratégicos requeridos conforme al más voraz criterio neocolonialista. El pueblo de Famatina salió pleno en la defensa de sus fuentes de agua en uno de los ecosistemas semidesérticos de mayor fragilidad, consciente de las enfermedades y miserias que deja a su paso el extractivismo en Latinoamérica toda. Hecho agravado ante la emergencia nacional por la sequía más grande de los últimos 46 años.
No podemos permitir, en pleno siglo XXI, que avance un proyecto económico saqueador en el que se benefician unos pocos y solo deja destrucción y miseria para las poblaciones locales. Creemos que es nuestro derecho y nuestro deber defender nuestros territorios frente a un claro desinterés de las autoridades estatales en todos sus niveles.
Llamamos a todas las personas y organizaciones sociales a un escrache en la casa de La Rioja, Callao 745, el Jueves 12 de Enero a las 17 Hs. y a la reunión organizativa el Martes 10 de enero a las 19.30 en Ferrari 243.
¡LA REBELIÓN DEL PUEBLO DE FAMATINA
PARALIZA LA ACTIVIDAD MINERA EN LA RIOJA!
¡TODO/AS JUNTOS CON UN PUEBLO QUE PELEA SU DIGNIDAD!
HOY ESTAMOS TODO/AS PENDIENTES DE CHILECITO Y FAMATINA. SI A LA VIDA. NO A LA MINERÍA DESTRUCTIVA Y CONTAMINANTE.
¡NI UN PASO ATRÁS!
Los hechos sobre la cooperación en Haití tras el terremoto son escandalosos. A pesar de la falta de transparencia con la que se gestionan las investigaciones logran mostrar un entramado de negocios privados, colonialidad en su gestión, falta de eficacia y discriminación. Un desastre es una “buena oportunidad”… de negocios.
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La ONG Intermon Oxfam concluye que dos años después del terremoto de Haití “más de 519.000 personas viven todavía en tiendas de campaña y bajo lonas en 758 campamentos; la mitad de los escombros siguen sin haberse recogido; el cólera se ha cobrado miles de vidas y representa una amenaza muy importante para la salud pública; pocos haitianos tienen acceso a servicios básicos; la mayor parte de la fuerza laboral está desempleada o subempleada; el 45 por ciento de la población se enfrenta a la inseguridad alimentaria; y las elecciones, seguidas de una confrontación política entre el presidente electo y el Parlamento, han impedido que avance la reconstrucción”. Es parte de su informe El Lento Camino hacia la Reconstrucción. Según relatan las noticias sobre el informe de Oxfam, la ONG del Norte global explica que las elecciones de principios de año y el posterior enfrentamiento entre el presidente y el parlamento “han impedido la reconstrucción” y es hora de recuperar tiempo perdido y hacerlo involucrando a todas las partes.
Es decir, la culpa, al final del paseo, es de los haitianos. Pero resulta que Oxfam peca de omisión -voluntaria o involuntaria- en su informe o, lo que sería peor, de una mirada colonial imperdonable. La ONG insiste en que 7 de cada 10 dólares que entran al país proceden de la cooperación no denuncia que 9 de cada 10 dólares de la cooperación son manejados por ONGs, organizaciones gubernamentales o empresas privadas extranjeras. Es decir, que el Gobierno y las organizaciones de Haití apenas rozan el 1% de las donaciones destinadas a Haití (unos 3.600 millones de dólares en estos dos años si se suma la ayuda humanitaria y la ayuda a la reconstrucción). Tampoco cuenta que 1.556 millones de dólares han sido gastados desde enero de 2010 en pagar a los cuestionados militares de la Misión de Estabilización de Haití de la ONU.
Para tener una mirada más centrada sobre la realidad, nos asomamos al artículo de Bill Quigley y Amber Ramanauskas Siete lugares a donde fue y no fue el dinero del terremoto publicado en BahiaNoticias y traducido por Alicia Vega. En él se resumen las principales investigaciones sobre el destino de las donaciones a Haití. Publicamos un extracto revelador:
El mayor receptor individual de dinero del terremoto de EE.UU. fue el gobierno de los EE.UU.. Lo mismo es válido para las donaciones de otros países.
Inmediatamente después del terremoto, los EE.UU. asignó $ 379 millones en ayuda y envió tropas integradas por 5000 soldados.
The Associated Press descubrió que de los $ 379 millones en dinero inicial de EE.UU. prometido a Haití, la mayoría no era realmente dinero que iba directamente a Haití, o en algunos casos ni siquiera indirectamente. Se documentó en enero de 2010 que treinta y tres centavos de cada uno de estos dólares para Haití se le dio en realidad directamente de retorno a los EE.UU
Cuarenta y dos céntimos de cada dólar se fue a organizaciones no gubernamentales privadas y públicas como Save the Children, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud
El Enviado Especial de la ONU para Haití, informó que de los $ 2.4 mil millones de financiación humanitaria, el 34 por ciento fue reemblsado de nuevo a los propios entes donantes civiles y militares para la respuesta al desastre, el 28 por ciento se le dio a las agencias de las Naciones Unidas y organismos no gubernamentales (ONG) para determinados proyectos de la ONU, el 26 por ciento fue entregado a los contratistas privados y otras organizaciones no gubernamentales, un 6 por ciento se presentó como servicios en especie a los beneficiarios, el 5 por ciento a la comunidad internacional y las sociedades nacionales de Cruz Roja, un 1 por ciento se presentó al gobierno de Haití, cuatro décimas de un 1 por ciento de los fondos se destinaron a organizaciones no gubernamentales de Haití.
El Centro para la Investigación Económica y Política, la fuente más favorable para obtener información precisa sobre este tema, analizando todos, los 1.490 contratos adjudicados por el gobierno de los EE.UU. después del terremoto de enero 2010 hasta abril de 2011; encontró que sólo 23 contratos fueron para empresas haitianas.
La Cruz Roja Americana recibió más de $ 486 millones en donaciones para Haití. Se dice que dos tercios del dinero fue invertido en los esfuerzos de socorro y recuperación, aunque los detalles específicos son difíciles de conseguir. El consejero delegado de la Cruz Roja Americana tiene un sueldo de más de 500.000 dólares al año.
Hay un contrato conjunto de $ 8,6 millones entre la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) con la empresa privada CHF para la remoción de escombros en Puerto Príncipe. CHF es una empresa de desarrollo internacional políticamente bien conectada con un presupuesto anual superior a los $ 200 millones, cuyo CEO cobró $ 451.813 en 2009.
Los presidentes George W. Bush y Bill Clinton anunciaron una iniciativa para recaudar fondos para Haití el 16 de enero de 2010. A partir de octubre de 2011, el Fondo había recibido $ 54 millones en donaciones. Se ha asociado con varias organizaciones haitianas e internacionales. Aunque la mayor parte de su trabajo parece ser admirable, ha donado $ 2 millones para la construcción de un hotel de lujo haitiano de $ 29 millones.
Aprovechando el desastre, Lewis Lucke, un coordinador de ayuda de alto rango de USAID, se reunió dos veces en su calidad de USAID con el Primer Ministro haitiano inmediatamente después del terremoto. Él renunció a la agencia y fue contratado por 30.000 dólares al mes por una corporación de Florida Ashbritt (ya conocida por su gran oferta no otorgada en Katrina) y un socio próspero de Haití para presionar para los contratos de desastre. A Ashbritt y sus socios haitianos se les concedió antes 10 millones de dólares sin contrato de oferta. Lucke, dijo que él desempeñó un papel decisivo en la obtención de otro contrato de $ 10 millones del Banco Mundial y otro más pequeño a partir de CHF Internacional antes de que su relación terminara.
A casi dos años después del terremoto, menos del 1 por ciento de los $ 412,000,000 en fondos de EE.UU. destinados específicamente a las actividades de reconstrucción de la infraestructura de Haití se habían gastado por la USAID y el Departamento de Estado de EE.UU. y sólo un 12 por ciento incluso fue obligado de acuerdo con un informe de noviembre 2011 de la Oficina de Contabilidad del Gobierno de EE.UU.
El Miami Herald señaló que a partir de julio de 2011, de los $ 3.2 mil millones en proyectos aprobados por la CIDH sólo cinco habían completado un total de $ 84 millones. La Comisión Interina de Recuperación de Haití (CIDH), que fue duramente criticada por los haitianos y otros desde sus inicios, ha sido en efecto suspendida ya que su mandato terminaba a finales de octubre de 2011. El Fondo de Reconstrucción de Haití se creó para trabajar en conjunto con la CIDH, así que mientras su pareja está suspendida, no está claro cómo se puede avanzar.
Por Equipo Otramérica
Taller de evaluación del borrador del reglamento de la Ley de Consulta Previa de la macro regional norte, demandó la modificación de la Ley 29785.
Conacami 09/01/12.- Más de 300 líderes sociales e indígenas demandaron la modificación de la Ley de Consulta N° 29785, por no estar ajustada a los estándares internacionales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni incorporar la visión de desarrollo de las comunidades andinas, amazónicas y costeras.
En el taller macro regional, cuyo objetivo fue revisar y aportar al borrador del reglamento de la Ley de Consulta Previa, también se acordó adoptar los estándares internacionales resumidos en los Principios Mínimos no Negociables presentados por el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas.
Los líderes y lideresas de 6 regiones del norte peruano mostraron su respaldo a la lucha emprendida por las autoridades, ronderos, frentes de defensa, comunidades y organizaciones de Cajamarca en su defensa de los recursos hídricos y cabeceras de cuenca para asegurar la preservación de la vida de las generaciones futuras.
Tras las disertaciones tanto por parte de las organizaciones indígenas como del Estado, respecto al reglamento de la Ley, se procedió a recoger los aportes correspondientes, con 10 grupos de trabajo que permitió arribar a acuerdos y propuestas en una plenaria que contó con líderes de Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Ancash.
Previamente el evento fue inaugurado por el Vice Ministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, Dr. Iván Lanegra Quispe, quien señaló la buena disposición del Estado para llevar adelante una serie de talleres macro regionales en Pucallpa, Huancayo, Iquitos, Cusco, Bagua y que culminará en Lima los días 8, 9 y 10 de febrero.
Acompañó el proceso la Dra. Alicia Abanto Cabanillas, Jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, quien resaltó la importancia la participación de los pueblos y legitimó los aportes, acuerdos y conclusiones del taller . Lo propio hizo Gustavo Zambrano jefe del INDEPA en el recojo de las conclusiones.
Cabe resaltar que durante la ceremonia de inauguración, Saúl Puerta pidió un minuto de silencio que conmovió al auditorio, en memoria y reconocimiento de los mártires del conflicto de Bagua, quienes cayeron en el ejercicio legítimo de sus derechos a ser consultados por el Estado, antes de adoptar una medida o implementar un proyecto que los afecte.
Llevaron a buen término todo el encuentro, Magdiel Carrión, Presidente de CONACAMI, Saúl Puerta, Dirigente Nacional de AIDESEP; Jenny Ugarte, Presidenta de CCP; Antolín Huáscar, Presidente de CNA; y Gladis Vila Pihue, Presidenta de ONAMIAP, integrantes del Pacto de Unidad.
Asimismo, participó Zaida Ríos en representación CONAP; quienes resaltaron en todo momento la importancia de la participación de las mujeres y de jóvenes en este proceso de recojo de aportes al Reglamento de la Ley, ya que esta es una muestra de los nuevos liderazgos que están surgiendo desde sus bases regionales.
Los próximos eventos se desarrollarán en Pucallpa el 12 y 13, Huancayo 16 y 17, Iquitos 19 y 20, Cusco 23 y 24, Bagua 27 y 28 de enero y una nacional en Lima los días 8,9 y 10 de febrero de 2012, en el que también está prevista la participación de 300 participantes y en la nacional 600 líderes indígenas y sociales.
La represión y la violencia a manos del Estado continuarán azotando a Oriente Medio y el Norte de África en 2012 si los gobiernos de la región y las potencias internacionales no acometen los cambios que se les demandan. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional el informe, titulado 'Año de rebelión: El estado de los derechos humanos en Oriente Medio y el Norte de África', donde describe cómo los gobernantes han usado una violencia extrema para resistirse al clamor popular de una reforma fundamental.
Frente a esa represión, afirma sin embargo que los impulsores de las revueltas no han dado señales de renunciar a sus objetivos o aceptar reformas esporádicas.
"Los movimientos de protesta de toda la región, encabezados en muchos casos por jóvenes y en los que las mujeres ocuparon un lugar central, han demostrado una asombrosa resistencia ante una represión en ocasiones alarmante", afirma Philip Luther, director provisional del Programa para Oriente Medio de Amnistía.
Pese al optimismo que se vivió en el Norte de África con el derrocamiento de los gobernantes que, durante tanto tiempo, habían ocupado el poder en Túnez, Egipto y Libia, Amnistía afirma que estos avances no se han afianzado mediante reformas institucionales que garanticen que ese tipo de abusos no se repite.
El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se comprometió a satisfacer las demandas de la 'Revolución del 25 de Enero' pero, según AI ha cometido abusos en algunos casos peores a los del Gobierno de Hosni Mubarak.
El ejército y las fuerzas de seguridad reprimieron violentamente las protestas, en operaciones que causaron al menos 84 muertes entre octubre y diciembre de 2011. La tortura bajo custodia persistió, y se juzgó a más civiles ante tribunales militares en un solo año que en los 30 años de gobierno de Mubarak.
Las mujeres han sido vejadas para que no participen en las protestas y las oficinas de varias ONG egipcias e internacionales fueron asaltadas por las fuerzas de seguridad para silenciar las críticas a las autoridades.
La ONG teme que en 2012 el Consejo Supremo renueve sus intentos de limitar la capacidad de los egipcios de protestar y expresar libremente su opinión.
El levantamiento en Túnez trajo consigo importantes mejoras en materia de derechos humanos pero, un año después, mucha gente considera que el ritmo de cambio ha sido muy lento, y las familias de las víctimas aún aguardan justicia.
Tras las elecciones de octubre, se formó un nuevo gobierno de coalición. Moncef Marzouki, activista de derechos humanos y ex preso de conciencia es el presidente provisional del país. Para AI, es fundamental que Túnez redacte una nueva constitución que garantice la protección de los derechos humanos y la igualdad ante la ley.
En Libia persisten las dudas sobre la capacidad de las nuevas autoridades de controlar las brigadas armadas que ayudaron a derrotar a las fuerzas de Gadafi e impedir que repitan el patrón de abusos del sistema anterior.
Pese a que el Consejo Nacional de Transición pidió a sus partidarios que evitaran las represalia, los graves abusos cometidos por las fuerzas contrarias a Gadafi rara vez se han condenado. En noviembre, la ONU manifestó que, según estimaciones, 7.000 detenidos permanecían recluidos en centros improvisados bajo el control de las brigadas revolucionarias, sin perspectivas de ser sometidos a un proceso judicial adecuado.
Las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia sirios han sido responsables de homicidios que constituyen crímenes de lesa humanidad, en un vano intento de someter a los manifestantes y los opositores. En 2011 se contabilizaron más de 200 muertes bajo custodia policial, una cifra 40 veces superior a la media anual reciente de Siria.
La situación de punto muerto respecto a la presidencia causó un sufrimiento adicional para la población. Más de 200 personas murieron en el contexto de las protestas, y centenares más, en enfrentamientos armados. Decenas de miles se vieron desplazadas por la violencia, lo que provocó una crisis humanitaria.
El pasado mes de noviembre se esperaba que la presentación de un informe independiente elaborado por expertos internacionales sobre los abusos relacionados con las protestas supusiera un nuevo comienzo para el país. Al concluir el año, aún estaba por ver la solidez del compromiso del gobierno respecto a aplicar las amplias recomendaciones de la comisión.
Anunció en 2011 grandes partidas de gasto, con la intención intento de impedir las protestas, pero éstas continúan pese a ello y a la redacción de una represiva ley antiterrorista.
El gobierno siguió acallando la disidencia, endureciendo las restricciones a la libertad de información y reprimiendo a periodistas, blogueros, sindicalistas independientes y activistas políticos.
Para Amnistía, la respuesta de las potencias internacionales y de órganos regionales como la Unión Africana, la Liga Árabe y la UE a los sucesos de 2011 ha sido poco coherente, y no ha captado el calibre del desafío al que se enfrentan los arraigados regímenes represivos de la región.
"Lo más sorprendente del pasado año ha sido que –salvo excepciones– el cambio se ha logrado en gran medida por los esfuerzos de la gente corriente que se ha echado a las calles, no por la implicación de potencias extranjeras”.
Perú es la mejor opción de Brasil para acceder hacia el Asia Pacífico. Foto: ANDINA/Archivo. |