Este lunes (7) por la mañana, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) lanzó en Brasília, Distrito Federal, la 27ª edición del informe "Conflictos en el Campo". Publicado anualmente, el conjunto de la información de busca hacer visible el escenario de violencia y los conflictos vividos en el campo y enfrenado por trabajadores y trabajadoras rurales. El documento, que muestra datos del 2011, presenta también las manifestaciones por la defensa y garantía de derechos.
Este mismo día, CPT entregó el informe al Ministro de la Secretaría Especial de Derechos Humanos, Maria do Rosário Nunes; al Ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo; y al Ministro de Desarrollo Agrario, Pepe Vargas. Además, deberá protocolizar el documento en el Ministerio del Medio Ambiente y de Minas y Energía y en la Secretaría General de la Presidencia de la República.
La Comisión desea llamar la atención sobre la violencia que se propaga en el campo y la necesidad de resolver este problema con acciones exigidas durante años, como la reforma agraria, tema ausente en la agenda del Gobierno de Dilma Rousseff. De acuerdo con el informe, el primer año del mandato de la presidenta, fue observado como el año con menos familias asentadas en el campo desde 1995. Situación calificada como "decepcionante".
De este modo, factores tales como la lucha por la tierra desatan cientos de muertes, amenazas y persecución a los trabajadores rurales, ambientalistas, comunidades tradicionales, indígenas, quilombolas y movimientos sociales.
En 2011, los conflictos en el campo alcanzaron la cifra de 1.363 casos, número superior a la de 2010, cuando fueron registrados 1.186 casos. Los conflictos por la tierra pasaron de 853, en 2010, a 1.035 en 2011, lo que representa un aumento.de 21.32%.
Carlos Walter Porto Gonçalves, uno de los responsables para el capítulo sobre "Tierra" del informe, destaca que los conflictos protagonizados por el poder privado (hacendados, empresarios, madereros y otros) han aumentado. El año pasado, ellos fueron responsables de 689 casos, en un total de 1.035 conflictos de tierra. El informe también indica que las autoridades del Gobierno fueron responsables de menos de 100 acciones, entre los desalojos y las cárceles, mientras los movimientos sociales, respondieron por 230 acciones, entre ocupaciones y campamentos.
La violencia también estuvo presente en las zonas rurales en 2011. La CPT ha registrado 29 asesinatos, cinco menos que el año pasado. Sin embargo, la Comisión evalúa que el impacto de algunas muertes en 2011 fue mayor que en años anteriores, como fue el caso de los asesinatos de José Cláudio y María do Espírito, en el estado de Pará, de Adelino Ramos en Rondonia y cacique indígena Nísio Gomes, en Mato Grosso do Sul.
El informe detalla que de los 29 asesinados, siete ya habían recibido amenazas de muerte. Práctica que ha crecido en el último año y pasó de 125 (en 2010) a 347 (en 2011). Los objetivos de las amenazas, en su mayor parte, son indios, quilombolas (cimarrones), ambientalistas y personal del Ministerio Público. La CPT también expone datos sobre trabajo esclavo y muestra que se trata de una "llaga que no cicatriza". El número de casos pasó de 204 a 230, en 19 Estados.
Al presentar los datos a comienzos de este año, la Comisión muestra que la violencia continúa asustando a la población en el campo. De enero a abril, 12 trabajadores/as fueron asesinados en conflictos en el campo, y decenas de indígenas, trabajadores/as, militantes, sindicalistas y dirigentes han sido amenazados.
A pesar de esto, "incluso en medio de tantos conflictos, violencia y agresiones constantes, la capacidad de resistencia y de lucha de los pueblos indígenas, de las comunidades de quilombolas y de otras comunidades campesinas no decae. Después de todo la capacidad de resistencia y lucha de los pueblos indígenas y las comunidades de quilombolas y de de otras comunidades campesinas no decae”, asegura la CPT en nombre de la población del campo.
Traducción: ricazuga51@yahoo.com
