Existe una creciente preocupación por la seguridad de Carlos Zorrilla, activista medioambiental de Ecuador, y otras personas que han protestado contra proyectos de desarrollo en la región de Intag, en el norte del país. Esta preocupación ha surgido después de que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, atacara repetidamente las actividades de estas personas durante sus discursos semanales a la nación.
Carlos Zorrillaes miembro fundador de Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN), organización que trabaja para proteger el ecosistema de Intag, una región del norte de Ecuador rica en bosques subtropicales y biodiversidad. Durante muchos años, Carlos Zorrilla ha participado en iniciativas locales para oponerse a actividades mineras que dañarían el medio ambiente en la región, y ha iniciado proyectos de desarrollo alternativos a la minería.
El 14 de septiembre, los comuneros de Intag que se oponen a la minería en la zona bloquearon el acceso de empleados de la Empresa Nacional Minera a una parte de Intag. Los empleados iban a tomar muestras para realizar una evaluación medioambiental de la zona. Según Carlos Zorrilla, él no estaba en la zona en esos momentos.
Dos semanas después, el 28 de septiembre, el presidente Rafael Correa, durante su discurso semanal televisado a la nación, difundió fotos y datos de activistas de Intag, incluido Carlos Zorrilla. Calificó sus actividades de “desestabilizadoras” y dijo que eran una injerencia, encabezada por extranjeros, en la política gubernamental.
Durante otro discurso televisado el 7 de diciembre, el presidente acusó de nuevo a Carlos Zorrilla y otras personas de defender intereses extranjeros, y pidió a los ecuatorianos que reaccionaran.
La preocupación por la seguridad de Carlos Zorrilla y las demás personas nombradas durante los discursos presidenciales se ve reforzada por el repentino cierre el 4 de diciembre, por parte de la policía, de la organización ecologista Pachamama, y por la negativa de las autoridades gubernamentales a permitir a esa organización y a los activistas desempeñar su labor (véase Información complementaria).
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
− pidiendo al gobierno de Ecuador que se abstenga de acusar arbitrariamente a Carlos Zorrilla y otros defensores y defensoras de los derechos humanos de realizar actividades desestabilizadoras, ya que eso puede dar lugar a represalias indiscriminadas contra ellos;
− expresando preocupación porque estas declaraciones del gobierno pueden disuadir a otras personas de participar en acciones públicas en defensa de los derechos
humanos;
− recordando a las autoridades que los Estados tienen el deber de proteger a quienes defienden los derechos humanos y de crear las condiciones necesarias para garantizar que pueden llevar a cabo sus actividades legítimas sin restricciones injustas y sin temor a represalias, conforme establece la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada en 1998.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 23 DE ENERO DE 2014, A:
Rafael Correa Delgado
Presidente de la República
García Moreno N10-43 entre Chile y
Espejo, Quito, Pichincha, Ecuador
Twitter: @MashiRafael
Tratamiento: Sr. Presidente
Y copia a:
Programa de América
Amnistía Internacional
Correo-e.: ecupeve@amnesty.org
Envíen también copia a la representación diplomática de Ecuador acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3Fax Número faxCorreo-e. Dirección correo-e.Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
ACCIÓN URGENTE
TEMOR POR LA SEGURIDAD DE ACTIVISTAS MEDIOAMBIENTALES
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 4 de diciembre, unos policías cerraron las oficinas de la Fundación Pachamama, ONG ecuatoriana que trabaja sobre los derechos de los pueblos indígenas y los derechos medioambientales. La orden de cierre decía que la organización estaba interfiriendo en políticas públicas y que amenazaba la seguridad del Estado. La organización ha negado toda implicación en actos violentos. Otras organizaciones pueden correr peligro de que las cierren. Véase AU 326/13:
El Decreto Ejecutivo 16, recientemente aprobado (4 de junio de 2013), concede al presidente de Ecuador amplios poderes para vigilar y disolver ONG, y esos poderes podrían usarse para aumentar la criminalización del derecho de protesta.
Organizaciones tanto nacionales como internacionales han manifestado su oposición a este decreto por considerar que restringe la libertad de asociación, ya que sus términos son tan amplios que las autoridades pueden utilizarlo arbitrariamente para disolver organizaciones que critican las políticas públicas o que se oponen legítimamente a ciertas actividades gubernamentales que, según consideran, podrían violar derechos. El decreto no incluye un procedimiento que respete el proceso debido para el cierre de organizaciones, y no da a las ONG la oportunidad de defenderse y rebatir, antes del cierre, cualquier acusación de que sean objeto.
Entre 2008 y 2010 estallaron en todo Ecuador protestas por la actuación de las autoridades, que no habían consultado debidamente a los pueblos indígenas y las comunidades campesinas antes de promulgar legislación sobre minería y derecho al agua. Las autoridades respondieron iniciando procesos penales contra defensoras y defensores y líderes que habían participado en las protestas. Estos procedimientos parecían concebidos para impedir y castigar protestas legítimas y para silenciar a quienes hacen campaña por los derechos humanos de sus comunidades. Véase el informe “Para que nadie reclame nada”. ¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?Índice AI: AMR 28/002/2012)
Una reciente resolución del Consejo de Derechos Humanos, “Protección de los defensores de los derechos humanos”, pide a los Estados que garanticen que la legislación destinada a garantizar la seguridad y el orden públicos contiene disposiciones claramente definidas que sean conformes con el derecho internacional de los derechos humanos, y que esa legislación no se utilice para impedir o restringir el ejercicio de cualquiera de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de
expresión, asociación y reunión pacífica, esenciales para la promoción y la protección de otros derechos (A/HRC/RES/22/6).
Nombre: Carlos Zorrilla (hombre), miembros de DECOIN y otros defensores y defensoras de los derechos medioambientales en Intag Sexo: Hombres y mujeres
AU: 334/13 Índice: AMR 28/004/2013 Fecha de emisión: 12 de diciembre de 2013
