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Mar Cambrollé es la Presidenta de la Federación Estatal de Transexuales de España.
martes, 31 de julio de 2012
Chile Exitoso inicio del sexto año de campaña ¡Cuidado! El Machismo Mata
Adital
La campaña ¡Cuidado! El machismo mata fue lanzada el pasado jueves 26 de julio en Santiago y otras 7 ciudades del país, campaña que por sexto año consecutivo pone en la arena pública la violencia contra las mujeres, centrándose este año en al abuso sexual contra las niñas.
En Santiago la actividad se realizó en el Paseo Ahumada al mediodía, instalándose, además del Memorial a las víctimas de femicidio, stands relativos a diversos aspectos de la violencia contra las mujeres tales como: mujeres y VIH, diversidad sexual, violencia policial a las jóvenes, mujeres inmigrantes y, publicidad y educación sexistas.
Muchas de las actividades de los stands eran interactivas, preguntándose a los transeúntes qué es el patriarcado, que entendían por abuso sexual o haciéndoles preguntas sobre las inmigrantes.
En Valparaíso se hizo una instalación de zapatos y vestidos representando a las mujeres asesinadas, que desde el 2001 suman más de 600 y este año 28, incrementándose el número de asesinadas el primer semestre en un 47% respecto del mismo período el año anterior.
El lanzamiento se realizó también en Concepción con una marcha por el centro de la ciudad, en Copiapó con una caravana de autos con un carro alegórico que llevaba una bruja gigante, y en Árica donde además de denunciar la violencia contra las mujeres se denunció la represión estatal a las comunidades mapuche.
Las otras ciudades en que se realizó el lanzamiento de la campaña fueron Antofagasta, Talca y Osorno. En Puerto Montt se realizará el 2 de agosto a las 17 horas en el Paseo Talca.
Chile: Instituto de DDHH presenta recurso contra Carabineros que dispararon contra menores mapuches
Natasha Pitts
Periodista de Adital
Adital
El último viernes (27), el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile presentó ante la Corte de Apelaciones de Temuco un recurso de amparo contra la actuación de Carabineros el día 23, cuando abrieron fuego contra niños y adolescentes indígenas en las proximidades del Hospital de Collipulli.
De acuerdo con Lorena Fries, directora del INDH, la finalidad del recurso es que "la Corte declare la ilegalidad y arbitrariedad de la acción de Carabineros de la Prefectura Malleco, ya que su acción produjo una privación y una amenaza al legítimo ejercicio de los derechos a la libertad personal y a la seguridad individual de los niños, niñas y adolescentes afectados”, explicó la directora, recordando que estos derechos están consagrados por la Constitución.
Lorena afirmó también que lo que se está buscando es la protección de niños y adolescentes en situación de pobreza, de vulnerabilidad social y que forman parte de una etnia históricamente discriminada en el país. "Es inaceptable que Carabineros exceda su mandato y termine afectando a niños y niñas de las comunidades mapuche”, agregó.
El recurso de amparo señala que el Instituto ya había llamado la atención, en su Informe Anual sobre la situación de Derechos Humanos (2011), sobre las constantes vulneraciones de los derechos de niños y adolescentes en el contexto del conflicto existente en la región de Araucanía, desatado por reivindicaciones de tierras por parte de los pueblos mapuche. Como el Estado chileno no dio la debida atención al problema ni cumplió sus deberes de protección a los menores, ellos volvieron a ser afectados.
Ante esto, el documento del INDH solicita a la corte de Temuco que declare la ilegalidad y la arbitrariedad del uso indiscriminado de municiones contra mapuches solos, en particular niños y adolescentes, y que declare infringidos sus derechos constitucionales a la libertad personal y a la seguridad individual.
Otra exigencia es que se adopte todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el Estado de Derecho y asegurar la protección de todos los derechos fundamentales violados, acabando con todos los actos ilegales y arbitrarios contra los mapuches.
En relación con la actuación de Carabineros, piden que se den instrucciones para que su trabajo se adecue a lo establecido en las leyes, en la Constitución y en los tratados internacionales, especialmente en lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño.
Entienda
El recurso de amparo contra Carabineros realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos fue motivado por la acción realizada el día 23, cuando cerca de 60 indígenas de la comunidad mapuche Ignacio Queipul Tradicional retomaron pacíficamente la propiedad La Romana, en Ercilla. Cerca de 200 carabineros fueron movilizados para acabar con la desocupación y respondieron con bombas de gas lacrimógeno y disparos. En la ocasión, además de desalojar a los indígenas, los carabineros detuvieron a 12 personas, entre las cuales se encontraban tres menores.
A la tarde, después del enfrentamiento, algunos adultos y niños necesitaron ser llevados al hospital de Collipulli y en este momento se reinició la acción de los carabineros. Ellos abrieron fuego contra los mapuches en la puerta del hospital y alcanzaron por lo menos a cuatro menores con disparos en las piernas, glúteos y cabeza.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
Organizaciones convocan a movilización en el Día de Acción Continental Contra la Industria Extractiva Canadiense
Natasha Pitts
Periodista de Adital
Adital
Organizaciones de Colombia, Ecuador y Canadá están convocando a las comunidades afectadas por la industria extractiva de Canadá a movilizarse mañana –1º de agosto– para realizar el Día de Acción Continental Contra la Industria Extractiva Canadiense en Gran Escala. La intención es exigir el fin de las actividades mineras que explotan y causan perjuicios a la vida de las poblaciones y al medio ambiente.
De acuerdo con la Corporación para la Educación, el Desarrollo y la Investigación Popular - Instituto Nacional Sindical (Cedins), de Colombia, comunidades y organizaciones de diversos países realizarán actividades de protesta, manifestaciones pacíficas, campañas de envío de cartas y acciones frente a oficinas de compañías mineras y embajadas canadienses.
No por casualidad Canadá es el blanco de la protesta. Cedins destaca que el 60% de las compañías mineras del mundo comercializadas públicamente están en la lista de la Bolsa de Valores de Toronto (Toronto Stock Exchange – TSX), en Canadá. Estas empresas invierten en más de 3.200 proyectos de explotación y en más de 100 países.
Canadá es el mayor participante en la industria de extracción de recursos de las Américas y tiene el 37% de las inversiones totales. Sus mercados financieros en las bolsas de Toronto y Vancouver representan la mayor fuente mundial de capital para empresas mineras responsables de la explotación y el desarrollo de proyectos.
El otro lado de esta ganancia financiera es el perjuicio dejado a las comunidades que viven en los territorios explotados o cerca de ellos. Los impactos van desde desplazamientos forzados, problemas crónicos de salud y pérdida de la biodiversidad, hasta el uso de territorios sagrados para los indígenas, violaciones de derechos humanos, criminalización de activistas que combaten el accionar de las empresas mineras y los perjuicios ambientales y sociales, como desabastecimiento hídrico y contaminación de ríos y otras fuentes de agua.
Ante todos estos problemas y las falsas promesas de empleo, crecimiento económico y desarrollo de la región, organizaciones de Colombia, Ecuador y Canadá hacen una serie de exigencias, entre las cuales está la no inversión en estos proyectos. La medida consiste en que el Gobierno canadiense retire los fondos públicos de las empresas de extracción de recursos –por ejemplo los fondos de pensiones invertidos en la empresa Goldcorp– y los invierta en programas de educación, vivienda y salud.
Otra exigencia es que el Gobierno canadiense facilite leyes que establezcan normas de responsabilidad corporativas a las empresas canadienses que operan fuera del país. Esta legislación debe contener castigos para las empresas involucradas en violaciones a los derechos humanos y debe permitir a los extranjeros impetrar acciones legales por daños ante cortes canadienses.
El respeto de los mecanismos vinculantes de consulta comunitaria y los derechos colectivos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la consulta previa, libre e informada, es también una exigencia que debe ser cumplida por los gobiernos y tribunales. Así como la eliminación de todos los tratados de libre comercio y tratados bilaterales de inversión que ponen los derechos de las corporaciones por encima de la vida.
Las organizaciones interesadas en apoyar y participar en las manifestaciones pueden hacer contacto escribiendo a: rburbano@hotmail.com.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
Guatemala/ Feminismo y marxismo: El patriarcado reinventa “tradiciones culturales” y la violencia sexual.
Rosalinda Hernández Alarcón
La académica Rosa Cobo hizo varias presentaciones esta semana en Guatemala, las cuales sin duda contribuyen al análisis de los sistemas de dominio en momentos en que se registra un claro retroceso en la vigencia de los derechos humanos de las mujeres. Ella recurre a la teoría feminista y al marxismo, además incluye en sus reflexiones las culturas.
Como feminista analiza las prácticas patriarcales y las políticas neoliberales que están generando nuevas formas de violencia contra las mujeres, mayor precarización en el mercado laboral y sobrecarga de tareas para ellas. Ella defiende un marco interpretativo que incluye nuevos fenómenos sociales, entre ellos maquilas, prostitución, migraciones, economía criminal, sacralización del mercado.
Al participar en un curso que Rosa Cobo impartió como parte del Programa de Estudios de Género y Feminismos, tuve la oportunidad de escucharle un recuento histórico interesante, que sistematiza el tránsito del capitalismo al neoliberalismo, sistema que anula las políticas de distribución, disminuye salarios, naturaliza y legitima la desigualdad, recorta presupuestos para el bienestar social y, especialmente, aplica “mandatos patriarcales” que invisibilizan el trabajo gratuito de las mujeres. Si se analiza la realidad guatemalteca, existen sin duda efectos distintos si se comparan con países europeos o africanos, pero ella bien resalta que existe una lógica común que obliga a las mujeres a trabajar más y se profundizan las desigualdades de género.
Mediante el análisis crítico que aplica la profesora española, señala las tensiones económicas y culturales que viven las mujeres. Ubica de manera certera aquellas prácticas culturales del patriarcado y del neoliberalismo que afectan el tejido social, colocan a las mujeres como objetos de transacción entre los hombres y reafirman la supremacía masculina y la subalternidad femenina.
Cuando ella se refiere a los eufemismos que actualmente se utilizan, de inmediato pienso en funcionarios públicos y empresarios guatemaltecos que abogan por la aplicación de la ley, y ello se traduce en reprimir protestas sociales y deslegitimar a quienes sean sus opositores; en representantes de iglesias que, al defender la vida, aseguran que cuidar a la familia es una obligación de las mujeres o condenan el uso de anticonceptivos; en industriales de “belleza” que mercantilizan el cuerpo de las mujeres.
Cabe resaltar que la profesora Cobo sugiere al movimiento feminista analizar su papel, identificando las nuevas estructuras del patriarcado, buscando pactos políticos entre mujeres para conquistar espacios de libertad, autonomía e igualdad; llama a hacer “una épica de nuestra historia, ya que sin pasado no hay alternativa a futuro”.
Aviso: Hoy, a las seis de la tarde, en Filgua, Lizeth Jiménez Chacón y Andrea Carrillo Samayoa presentarán el libro Nosotras, las de la Historia. Mujeres en Guatemala (siglos XIX y XXI), en el salón Título de Totonicapán.
Bolivia: Pueblo Guaraní llamará a gran asamblea para unificar la Cidob
SERÁN INVITADAS LAS 13 REGIONALES QUE ESTáN RECONOCIDAS POR LA CONFEDERACIóN PARA BUSCAR LA UNIDAD DE LOS PUEBLOS INDíGENAS Y RECHAZAR LA INTROMISIóN POLíTICA
Lázaro Taco, ex dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), en contacto con Oxígeno informó que la decisión fue asumida en la asamblea que se realizó el fin de semana. “Se va a invitar a las 13 regionales que están reconocidas por la confederación. Se van hacer todos presentes para buscar la unidad de movimiento indígena y ver la forma de recuperar la infraestructura porque está tomada por el Gobierno nacional”, dijo el dirigente.
CRISIS La dirigencia indígena al momento atraviesa por una crisis y está dividida: un grupo del sector afín al Gobierno decidió desconocer a la dirigencia de la Cidob que está encabezado por Adolfo Chávez, y para sustituirlo se designó a Melva Hurtado, como nueva representante.
Esta acción fue cuestionada por la APG que en su resolución también determinó pedir al Gobierno nacional, a los partidos políticos y otros sectores, "que nada tienen que ver con los pueblos indígenas, no entrometerse en esa institución".
ENFRENTAMIENTO La división derivó en un enfrentamiento, el domingo entre la actual y ex directiva de la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), por la toma de las oficinas y el control de esta organización de representación nacional. Como resultado de los hechos se detuvo a ocho indígenas que horas más tarde fueron liberados.
Ahora, para evitar más enfrentamientos, la ex dirigencia de la Cidob decidió que iniciar un vigilia en la principal plaza de Santa Cruz. “Como el Gobierno nos quitó las oficinas y la Casa Grande (Cidob) se ha determinado instalar una oficina en la plaza 24 de Septiembre para hacer conocer en Santa Cruz y al pueblo boliviano, una vez más, la violenta agresión y abuso a los derechos de los pueblos indígena por parte del Gobierno nacional”, declaró Taco.
EXPULSIÓN
La comisión nacional ampliada a la cabeza de Melva Hurtado determinó expulsar del movimiento indígena a Adolfo Chávez, Mariana Guazamia, Castulo Seas, Tomás Candia, Ernesto Sánchez, María Sarabia Justa Cabrera, Lázaro Taco, Pedro Nuni, Johnny Rojas, Celso Padilla y Fernando Vargas.
Se instruyó a las organizaciones regionales, centrales, subcentrales, comunidades, capitanías y territorios indígenas proceder a aplicarles la justicia comunitaria, procesándolos y sancionándolos en el lugar donde se los encuentre.
Bolivia: Confederación indígena boliviana expulsa a opositor Adolfo Chávez de la organización
Caracas, 30 Jul. AVN.- La Comisión Nacional de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) expulsó a Adolfo Chávez y otros ex dirigentes de la organización, informó el presidente de la Central de Pueblos Indígenas de Beni (CPIB), Pedro Vare.
"La comisión ampliada de la Cidob, en uso legítimo de sus atribuciones, establecida en el estatuto orgánico de la CIDOB, resuelve la expulsión del movimiento indígena a Adolfo Chávez, Justa Cabrera, Lázaro Taco, Pedro Nuni, Celso Padilla y Fernando Vargas, los mismos que están actuando con fines personales, políticos y económicos, utilizando como palestra el problema del Parque Isiboro Sécure", dijo Vare.
Adolfo Chávez, una de las principales figuras de la oposición al gobierno de Evo Morales, fungió como presidente de la Cidob hasta el pasado 8 de junio, cuando las centrales indígenas de Oriente, Chaco y Amazonia lo destituyeron, junto a los demás ex dirigentes, por vulnerar los estatus y normas internas de la organización.
La expulsión de la Cidob, concretada este lunes, responde a que Chávez lideró la toma violenta de las instalaciones de la organización en la ciudad de Santa Cruz; además de dirigir la denominada IX Marcha Indígena, con una minoritaria participación, que llegó hasta La Paz para impedir la realización de la consulta sobre la construcción de una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
Vare agregó que la Comisión Nacional de la Cidob determinó "iniciar proceso penal por los delitos de asociación delictiva, hurto, robo agravado, estelionato (fraude o engaño en contratos), lesiones y tortura, en contra de los ex dirigentes mencionados, pidiendo al Estado Plurinacional, fiscalía y la policía, se brinde las garantías correspondientes para la seguridad de la dirigencia y bases de la Cidob".
Por otro lado, Vare instó a los partidos políticos opositores a no intervenir en los asuntos internos de los pueblos indígenas.
"Conminamos a los partidos políticos, MSM (Movimiento Sin Miedo), UN (Unidad Nacional), Verdes, comités cívicos, ONG, iglesias y políticos fracasados, a dejar de entrometerse en la vida orgánica de los pueblos indígenas ya que los problemas y conflictos, los resolvemos nosotros mismos en nuestras instancias orgánicas", dijo Vare.
Bolivia: Directiva afin al MAS expulsa a dirigentes indígenas de la CIDOB
Después de que el pasado fin de semana, los seguidores de Adolfo Chávez y de Melva Hurtado se enfrentaron violentamente por la sede de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB). Esta mañana en conferencia de prensa, la comisión nacional ampliada a la cabeza de Melva Hurtado determinó expulsar del movimiento indígena a Chávez, Mariana Guazamia, Castulo Seas, Tomas Candía, Ernesto Sánchez, María Sarabia Justa Cabrera, Lázaro Taco, Pedro Nuni, Johnny Rojas, Celso Padilla y Fernando Vargas.
Se instruyó a las organizaciones regionales, centrales, sub centrales, comunidades, capitanías y territorios indígenas proceder a aplicarles la justicia comunitaria, procesándolos y sancionándolos en el lugar donde se los encuentre. Hurtado anunció que le iniciaran un proceso penal por los delitos de asociación delictuosa, robo agravado y allanamiento de domicilio contra las personas mencionadas anteriormente.
Por su parte, el dirigente indígena, Adolfo Chávez, dijo que que el Gobierno está detrás de todos estos conflictos en busca de dividir al movimiento indígena para llevar adelante la consulta y la construcción de la carretera por medio del TIPNIS. Con respecto a la expulsión que anunció Melva Hurtado, el dirigente señaló que el pueblo indígena depositó su confianza y sólo el pueblo lo abolirá de su mandato.
“Se tiene que preguntar orgánicamente a todos los hermanos que han dado la confianza en mi persona, corresponde a la voluntad del todo el pueblo, le digo al Gobierno que me va a continuar escuchando hablar por las irregularidades que hace esta Gobierno sea dentro o fuera de la CIDOB. La casa grande esta sitiada por el propio Gobierno, buscan darle trabajo a sus servidores públicos, de qué derecho puede hablar la señora Melva cuando deja atropellar los derechos de los pueblos indígenas en el TIPNIS”, indicó Chávez.
Por otra parte, Justa Cabrera a tiempo de denunciar la intromisión del Gobierno central en el movimiento indígena, anunció una gran vigilia masiva en la Plaza 24 de septiembre. “Estamos más unidos que nunca, no descartamos la idea de una vigilia masiva en la plaza 24 de septiembre a partir de esta tarde, pedimos las correspondientes disculpa del pueblo cruceño que nos van a tener todos los días en la plaza”, anunció la dirigente indígena.
Se instruyó a las organizaciones regionales, centrales, sub centrales, comunidades, capitanías y territorios indígenas proceder a aplicarles la justicia comunitaria, procesándolos y sancionándolos en el lugar donde se los encuentre. Hurtado anunció que le iniciaran un proceso penal por los delitos de asociación delictuosa, robo agravado y allanamiento de domicilio contra las personas mencionadas anteriormente.
Por su parte, el dirigente indígena, Adolfo Chávez, dijo que que el Gobierno está detrás de todos estos conflictos en busca de dividir al movimiento indígena para llevar adelante la consulta y la construcción de la carretera por medio del TIPNIS. Con respecto a la expulsión que anunció Melva Hurtado, el dirigente señaló que el pueblo indígena depositó su confianza y sólo el pueblo lo abolirá de su mandato.
“Se tiene que preguntar orgánicamente a todos los hermanos que han dado la confianza en mi persona, corresponde a la voluntad del todo el pueblo, le digo al Gobierno que me va a continuar escuchando hablar por las irregularidades que hace esta Gobierno sea dentro o fuera de la CIDOB. La casa grande esta sitiada por el propio Gobierno, buscan darle trabajo a sus servidores públicos, de qué derecho puede hablar la señora Melva cuando deja atropellar los derechos de los pueblos indígenas en el TIPNIS”, indicó Chávez.
Por otra parte, Justa Cabrera a tiempo de denunciar la intromisión del Gobierno central en el movimiento indígena, anunció una gran vigilia masiva en la Plaza 24 de septiembre. “Estamos más unidos que nunca, no descartamos la idea de una vigilia masiva en la plaza 24 de septiembre a partir de esta tarde, pedimos las correspondientes disculpa del pueblo cruceño que nos van a tener todos los días en la plaza”, anunció la dirigente indígena.
Ecuador: mportancia de la sentencia del Caso Sarayaku para los derechos indígenas en las Américas
Mario Melo
Habrá oportunidad para mayores análisis respecto a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso del Pueblo Kichwa de Sarayaku. Sin embargo, considero necesario compartir algunas reflexiones iniciales dirigidas a quienes han seguido y apoyado la causa de Sarayaku a lo largo de estos años.
A mi juicio, la sentencia reviste relevancia para los derechos indígenas en torno, entre otros, a los siguientes puntos:
1. Porque al cabo de casi una década de litigio (de 2003 a 2010 en la Comisión Interamericana y de 2010 a 2012 en la Corte Interamericana), la justicia internacional ha dado la razón a un pueblo indígena amazónico que, como muchos otros pueblos indígenas del mundo, vio amenazado su territorio, su vida, su cultura porque el Estado le impuso un proyecto petrolero en su hábitat, sin antes haberle informado, consultado, mucho menos logrado su consentimiento. La actividad petrolera impuesta significó para Sarayaku militarización de su territorio, destrucción ambiental, violencia, persecución, agresiones e incluso el deterioro de elementos sagrados en su cultura y cosmovisión.
La sabiduría de Sarayaku estuvo en comprender que lo que le estaba sucediendo en 2002, 2003 y 2004 respondía a un entramado de poderosos intereses transnacionales que no podían ser enfrentados únicamente desde la resistencia local, sino que requerían nuevas estrategias que, fundándose en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, le permitan evidenciar el abuso y hacer de él un tema de discusión nacional e internacional.
Así, Sarayaku logra articular una red de aliados con la que emprende y sostiene el proceso en un espacio que le resultaba tan lejano y extraño como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero en el que tuvo que aprender a moverse con dignidad.
Los Sarayaku s tuvieron que salir de su comunidad en la selva de Pastaza para decir su verdad en la sede de la CIDH en Washington DC., en la sede de la Corte IDH en San José de Costa Rica y en cuanto espacio fue necesario hacerlo a lo largo de los años, cada vez teniendo que vencer mil obstáculos y dificultades pero sin nunca ceder al miedo, al cansancio, a las presiones o a los falsos ofrecimientos.
El litigio siempre fue duro. El Estado, más allá de signo ideológico de los cuatro presidentes que ejercieron el gobierno en estos años, mantuvo una posición intransigente de negar los hechos y negar las responsabilidades. Para quienes representaban al Estado, no había el deber de consultar a Sarayaku sino el derecho de explotar petróleo y vigilar los territorios indígenas con personal armado. Muchas veces la defensa del Estado consistía en denigrar, descalificar y acusar a la gente de Sarayaku de ser delincuentes, violentos y hasta “un palo en la rueda del desarrollo”.
Solo en abril de 2012, a escasos meses de que la sentencia se pronuncie, el Gobierno Nacional hizo un reconocimiento de responsabilidad digno de ser destacado aunque los ataques y descalificaciones verbales no cesaron.
La sentencia favorable a Sarayaku es fruto de un esfuerzo muy grande de la gente de la comunidad que fueron en todo momento participantes activos y protagónicos del proceso. Solo por eso merece ser valorada como un hito en la lucha de los pueblos indígenas por la reivindicación de sus derechos en el ámbito de la globalización.
2. Desde el punto de vista jurídico, la sentencia aborda varios temas importantes. El primero, es el desarrollo que realiza respecto al derecho a la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas y los estándares para su aplicación. En este momento de la Historia en el que varios países latinoamericanos se estremecen por conflictos socio ambientales en los que los pueblos indígenas reclaman por la inobservancia del derecho a la consulta que repercute en la violación de otros derechos, la sentencia del caso Sarayaku hace un aporte capital, siendo una sentencia vinculante para el Estado Ecuatoriano y precedente obligatorio en los países del sistema de la OEA.
La Corte ha sido muy clara y reiterativa respecto a que las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. (párrafo 177 de la Sentencia) y a que la consulta no debe agotarse en un mero trámite formal, sino que debe concebirse como \"un verdadero instrumento de participación”, “que debe responder al objetivo último de establecer un diálogo entre las partes basado en principios de confianza y respeto mutuos, y con miras a alcanzar un consenso entre las mismas\". (párrafo 186 de la Sentencia).
Prescribe, además que como garantía de no repetición, que en el eventual caso que se pretenda realizar actividades o proyectos de exploración o extracción de recursos naturales, o planes de inversión o desarrollo de cualquier otra índole que impliquen potenciales afectaciones al territorio Sarayaku o a aspectos esenciales de su cosmovisión o de su vida e identidad culturales, el Pueblo Sarayaku deberá ser previa, adecuada y efectivamente consultado, de plena conformidad con los estándares internacionales aplicables a la materia. (Párrafo 299 de la Sentencia)
El estándar respecto a la necesidad de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas ha sido ya establecido por la Corte Interamericana en la sentencia del Caso Saramaka v. Surinam en el cual la Corte dijo que cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio, el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar, sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones.
Consecuentemente, al disponer que las consultas se realicen de conformidad con los estándares internacionales, la sentencia del Caso Sarayaku remite al estándar de la sentencia de Saramaka respecto al consentimiento.
La sentencia del caso Sarayaku, constituye, entonces un aporte efectivo a una mayor y más profunda protección de los derechos de los pueblos indígenas y un ejemplo de dignidad que con seguridad inspirará a muchos pueblos y personas alrededor del mundo.
26 de julio de 2012
[1] Abogado de Sarayaku. Fundación Pachamama
Habrá oportunidad para mayores análisis respecto a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso del Pueblo Kichwa de Sarayaku. Sin embargo, considero necesario compartir algunas reflexiones iniciales dirigidas a quienes han seguido y apoyado la causa de Sarayaku a lo largo de estos años.
A mi juicio, la sentencia reviste relevancia para los derechos indígenas en torno, entre otros, a los siguientes puntos:
1. Porque al cabo de casi una década de litigio (de 2003 a 2010 en la Comisión Interamericana y de 2010 a 2012 en la Corte Interamericana), la justicia internacional ha dado la razón a un pueblo indígena amazónico que, como muchos otros pueblos indígenas del mundo, vio amenazado su territorio, su vida, su cultura porque el Estado le impuso un proyecto petrolero en su hábitat, sin antes haberle informado, consultado, mucho menos logrado su consentimiento. La actividad petrolera impuesta significó para Sarayaku militarización de su territorio, destrucción ambiental, violencia, persecución, agresiones e incluso el deterioro de elementos sagrados en su cultura y cosmovisión.
La sabiduría de Sarayaku estuvo en comprender que lo que le estaba sucediendo en 2002, 2003 y 2004 respondía a un entramado de poderosos intereses transnacionales que no podían ser enfrentados únicamente desde la resistencia local, sino que requerían nuevas estrategias que, fundándose en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, le permitan evidenciar el abuso y hacer de él un tema de discusión nacional e internacional.
Así, Sarayaku logra articular una red de aliados con la que emprende y sostiene el proceso en un espacio que le resultaba tan lejano y extraño como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero en el que tuvo que aprender a moverse con dignidad.
Los Sarayaku s tuvieron que salir de su comunidad en la selva de Pastaza para decir su verdad en la sede de la CIDH en Washington DC., en la sede de la Corte IDH en San José de Costa Rica y en cuanto espacio fue necesario hacerlo a lo largo de los años, cada vez teniendo que vencer mil obstáculos y dificultades pero sin nunca ceder al miedo, al cansancio, a las presiones o a los falsos ofrecimientos.
El litigio siempre fue duro. El Estado, más allá de signo ideológico de los cuatro presidentes que ejercieron el gobierno en estos años, mantuvo una posición intransigente de negar los hechos y negar las responsabilidades. Para quienes representaban al Estado, no había el deber de consultar a Sarayaku sino el derecho de explotar petróleo y vigilar los territorios indígenas con personal armado. Muchas veces la defensa del Estado consistía en denigrar, descalificar y acusar a la gente de Sarayaku de ser delincuentes, violentos y hasta “un palo en la rueda del desarrollo”.
Solo en abril de 2012, a escasos meses de que la sentencia se pronuncie, el Gobierno Nacional hizo un reconocimiento de responsabilidad digno de ser destacado aunque los ataques y descalificaciones verbales no cesaron.
La sentencia favorable a Sarayaku es fruto de un esfuerzo muy grande de la gente de la comunidad que fueron en todo momento participantes activos y protagónicos del proceso. Solo por eso merece ser valorada como un hito en la lucha de los pueblos indígenas por la reivindicación de sus derechos en el ámbito de la globalización.
2. Desde el punto de vista jurídico, la sentencia aborda varios temas importantes. El primero, es el desarrollo que realiza respecto al derecho a la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas y los estándares para su aplicación. En este momento de la Historia en el que varios países latinoamericanos se estremecen por conflictos socio ambientales en los que los pueblos indígenas reclaman por la inobservancia del derecho a la consulta que repercute en la violación de otros derechos, la sentencia del caso Sarayaku hace un aporte capital, siendo una sentencia vinculante para el Estado Ecuatoriano y precedente obligatorio en los países del sistema de la OEA.
La Corte ha sido muy clara y reiterativa respecto a que las consultas deben realizarse de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. (párrafo 177 de la Sentencia) y a que la consulta no debe agotarse en un mero trámite formal, sino que debe concebirse como \"un verdadero instrumento de participación”, “que debe responder al objetivo último de establecer un diálogo entre las partes basado en principios de confianza y respeto mutuos, y con miras a alcanzar un consenso entre las mismas\". (párrafo 186 de la Sentencia).
Prescribe, además que como garantía de no repetición, que en el eventual caso que se pretenda realizar actividades o proyectos de exploración o extracción de recursos naturales, o planes de inversión o desarrollo de cualquier otra índole que impliquen potenciales afectaciones al territorio Sarayaku o a aspectos esenciales de su cosmovisión o de su vida e identidad culturales, el Pueblo Sarayaku deberá ser previa, adecuada y efectivamente consultado, de plena conformidad con los estándares internacionales aplicables a la materia. (Párrafo 299 de la Sentencia)
El estándar respecto a la necesidad de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas ha sido ya establecido por la Corte Interamericana en la sentencia del Caso Saramaka v. Surinam en el cual la Corte dijo que cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro del territorio, el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar, sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones.
Consecuentemente, al disponer que las consultas se realicen de conformidad con los estándares internacionales, la sentencia del Caso Sarayaku remite al estándar de la sentencia de Saramaka respecto al consentimiento.
La sentencia del caso Sarayaku, constituye, entonces un aporte efectivo a una mayor y más profunda protección de los derechos de los pueblos indígenas y un ejemplo de dignidad que con seguridad inspirará a muchos pueblos y personas alrededor del mundo.
26 de julio de 2012
[1] Abogado de Sarayaku. Fundación Pachamama
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