Organizaciones indígenas bolivianas denuncian al Gobierno por racismo e intentos de dividirlas

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI

Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia

Las organizaciones participantes en la IX Marcha Indígena difundieron hoy una carta remitida al Presidente Evo Morales en la que responden a una nota que lamentan la negativa del gobierno boliviano al diálogo y sustentan su oposición a la Ley 222 de Consulta sobre el TIPNIS.

La misiva señala que “la decisión de no permitirnos entrar en la Plaza Murillo, espacio público y patrimonio cultural de todos los bolivianos, bajo el argumento de que la ‘ensuciaríamos’ y ‘maltrataríamos’, como si fuésemos animales, es el típico argumento con el cual durante la Colonia y a comienzos de la República se nos impedía ingresar a estos lugares, precisamente porque no era ‘bien visto’ que indios se mezclen con la gente blanca”. Esto vulnera la Ley 045/10, Ley General contra el Racismo y toda forma de Discriminación Racial.

Precisa, asimismo, que la Ley 222 nunca les fue consultada, como establecen las normas. Y respecto a los pueblos indígenas propietarios de los territorios del TIPNIS, indica que “esos pueblos, en uso de sus derechos a la libre determinación, la autonomía, el autogobierno y el derecho a tener sus propias organizaciones e instituciones, tienen a la Subcentral TIPNIS como su representante legal”. Por tanto, el gobierno no puede separar a estos pueblos de sus organizaciones a la hora del diálogo y la consulta.

“La posición asumida por el Ministerio reproduce exactamente lo que hacían las empresas transnacionales en la época neoliberal. Estas, cuando las organizaciones nos poníamos duras en la defensa de nuestros derechos, buscaban formas de llegar con prebendas y regalos a las comunidades, corrompiendo a los dirigentes de base”, denuncia la carta.

Julio 5 del 2012,

Comunicaciones CAOI

Se adjunta la carta en referencia.

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Área de Comunicaciones
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas - CAOI
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Telefax: 0051-1-2656250
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San Basilio de Palenque, un trocito de África en Colombia

Alida Juliani Sánchez

Cartagena (Colombia), 5 jul (EFE).- Cerca de la costa del Caribe, en el departamento colombiano de Bolívar, se encuentra San Basilio de Palenque, un pueblo orgulloso de representar "un trocito de África en Colombia", donde la Ruta Quetzal BBVA hizo un alto este miércoles en su camino hacia Cartagena de Indias.

Fundado por esclavos fugados principalmente de esa ciudad en el siglo XVI, Palenque, como es conocido entre sus gentes, conserva muchas de las tradiciones del continente negro, como la música y los ritos, así como su propio idioma, el palenquero, mezcla de africano, español y portugués.

Conviviendo durante unas horas con sus habitantes, los expedicionarios de la Ruta Quetzal BBVA conocieron, por ejemplo, que ese idioma nació como una manera de comunicarse entre los esclavos, y que éstos eran capaces de expresar alegría, a pesar de la falta de libertad, con bailes como el mapalé.

Los jóvenes ruteros descubrieron también otra forma de expresión común entre los habitantes de Palenque, la de la tristeza, que se transforma en una danza o rito fúnebre conocido como lumbalú, en el que los bailarines se mueven alrededor del ataúd para despedir al fallecido.

En la actualidad, San Basilio de Palenque es un pueblo de unos 3.500 habitantes que tiene en el turismo su principal fuente de ingresos, y que se mantiene gracias a una agricultura y ganadería de subsistencia.

También las mujeres elaboran dulces y frutas que va a vender a otras localidades aledañas, principalmente a Cartagena.

Las calles sin asfaltar de la localidad, en las que la gente se mezcla con los animales, se llenan varias veces al año para celebrar tres fechas especiales: el Festival de los Tambores y Expresiones Musicales, en octubre; Fin de Año, en enero, y la fiesta del patrón, San Basilio, en junio.

En 2005, la UNESCO le otorgó la categoría de Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, "porque su riqueza está en lo que no se puede tocar", afirman sus habitantes.

Si de algo estos hacen gala es de la solidaridad, al punto de que, durante los nueve días y nueve noches que dura el velatorio de un difunto, se alimenta a todo el que se acerca, de la misma manera en que, entre todos, se ayuda a sufragar los gastos por enfermedades o fiestas.

En cuanto a la religión, los palenqueros se consideran "católicos no practicantes y por imposición", porque en realidad los ritos que practican son un sincretismo entre el catolicismo y las religiones propias, aunque en la comunidad existe un buen número de cristianos evangélicos.

Por las calles de Palenque los niños juegan a la rueda, la goma o montan en bicicleta, en un ambiente en el que el tiempo parece haberse detenido.

Durante la visita de la Ruta Quetzal BBVA compartieron esos juegos con los expedicionarios, mientras que los adultos se animaron a echar una partida al dominó con los lugareños en la plaza, bajo la atenta mirada de Benkos Biohó, fundador de la localidad, cuya estatua se erige junto a la iglesia.

El paso de los años borró la memoria colectiva de los habitantes de Palenque que, curiosamente, saben que proceden de África, pero no pueden detallar de qué país en concreto, pues sus antepasados llegaron a Colombia desde diferentes lugares del continente negro.

Sin embargo, en su piel se reflejan los genes de aquellos que fueron esclavizados y que soñaron con un pueblo libre y orgulloso de su pasado. EFE

ajs/chg

Plantón y carta a la Embajada de Perú en Colombia por represión de defensora(e)s del agua

Amigas y amigos ambientalistas,

Debido a la triste y delicada situación que se presenta en Perú en relación con la oposición al proyecto minero Conga, que ha resultado en muertes, detenciones arbitrarias y violación de DDHH en general, consideramos que es necesario hacer un pronunciamiento en todos los países del continente frente al gobierno de Perú, manifestando nuestra preocupación y respaldo a los defensores de las aguas que están siendo allí perseguidos y golpeados.

Los invitamos a firmar esta carta y a acompañarnos mañana viernes 6 de julio a las 10:30 a.m. en la Embajada de Perú en Colombia (Calle 80 A No. 6-50), para entregarla personalmente en un pequeño acto de solidaridad con nuestros hermanos defensores de los bienes comunes.

Pueden enviar sus adhesiones con su nombre, documento de identidad y organización, así como confirmar su asistencia mañana, escribiendo a mineria@censat.org

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Bogotá D.C., 5 de julio de 2012

Doctor:

Jorge Voto-Bernales Gatica

Embajador de Perú en Colombia

Ciudad

Respetado doctor:

Quienes firmamos esta declaración queremos expresar nuestro rechazo por la alarmante escalada de represión y la vulneración de derechos fundamentales que observamos en Perú, como respuesta del gobierno ante los conflictos medioambientales en los últimos meses.

Desde hace semanas, esta respuesta totalmente irresponsable y desproporcionada, con el uso indiscriminado de armas de fuego, incluso desde helicópteros, contra manifestantes y peatones, ha sido la causante de cuatro personas muertas y decenas de heridas en el conflicto de El Espinar en el Departamento del Cusco; una persona muerta y varias heridas de bala en Bambamarca; y tres muertas y decenas de heridas de bala, durante las movilizaciones de la población de Celedín, Cajamarca, contra el proyecto minero Conga, que amenaza con la contaminación y la desaparición de las fuentes de agua de la región.

En ese mismo contexto, denunciamos la violenta y arbitraria detención del señor Marco Arana, miembro de la organización ambientalista Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), uno de los referentes comunitarios en la resistencia a la minería y dirigente de la formación política “Tierra y Dignidad”, como fue registrado por los medios de comunicación. Ver aquí el video de la detención http://www.youtube.com/watch?v=4Bw8FCelp8w)

Todo esto ha estado acompañado de medidas de excepción y privación de libertades a través de la declaración del “estado de emergencia” en ambos conflictos. Con los precedentes de Honduras y Paraguay, tememos que podamos encontrarnos ante una dinámica creciente de suspensión de derechos y libertades de la población en varios países de América Latina, especialmente vinculada a la defensa de los intereses de diferentes multinacionales y sus negocios extractivos. Por todo ello:

• Expresamos al gobierno de Perú nuestra profunda indignación, le instamos a que ponga inmediatamente fin a la escalada represiva y que asuma su responsabilidad histórica de ser garante de los Derechos Humanos de la población peruana.

• Hacemos un llamamiento a organizaciones sociales, ONG de cooperación internacional, entidades de derechos humanos, instituciones públicas, y otras, a comprometerse activamente en la defensa de los derechos y libertades para impedir un giro autoritario en Perú, y en la defensa de una resolución de los conflictos atendiendo el derecho a la consulta libre e informada de las comunidades y pueblos afectados.

• Solicitamos el esclarecimiento de todos los hechos que han conducido a estos graves acontecimientos y provocado el luto en estas poblaciones.

• Exigimos a la empresa multinacional Newmont, que conduce el proyecto Conga, que se pronuncie sobre las acciones violentas e ilegales del gobierno peruano.

Como organizaciones de la sociedad civil colombiana mantendremos una vigilante mirada sobre la evolución de los hechos en Perú, difundiendo ampliamente al respecto y alertando a los entes internacionales sobre las políticas represivas del gobierno peruano que violan y contravienen los acuerdos firmados por las partes, de respeto a los derechos de los pueblos.

Seguiremos brindando nuestra solidaridad y acompañamiento a las poblaciones afectadas, a sus organizaciones sociales y comunitarias, así como a sus autoridades locales y, especialmente a las familias de las víctimas.

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Más información:

La CNDDHH exige investigación ante golpiza de policías a abogadas en Cajamarca: http://censat.org/articulos/10030-noticia/10492-la-cnddhh-exige-investigacion-ante-golpiza-de-policias-a-abogadas-en-cajamarcala-coordinadora-naci

CNDDHH exige inmediata libertad de Marco Arana y condena su agresión: http://derechoshumanos.pe/2012/07/cnddhh-exige-inmediata-libertad-de-marco-arana/

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REPUDIO A LA REPRESION Y DETENCIONES MASIVAS EN PERU

Nuevamente en el Perú están ocurriendo hechos de violencia, que han producido en los últimos días un saldo de 4 muertos a manos de las fuerzas represivas, detenciones masivas y una gran cantidad de heridos en la región de Cajamarca, contra pobladores que se manifestaban en contra del Proyecto Conga, un emprendimiento que como todos los estudios científicos han demostrado es absolutamente inviable, ya que amenaza con la destrucción de las fuentes hídricas y la vida en ese lugar.

Asimismo, el 4 de julio fue detenido brutalmente el reconocido dirigente político y social Marco Arana, ex sacerdote y sociólogo, quien se ha ganado a nivel nacional e internacional un lugar destacado por su compromiso con las poblaciones en lucha contra la megaminería, y por su labor pacifica en favor de la vida y la protección de los bienes comunes. Gracias a una orden de comparecencia de la fiscal a cargo, Marco Arana fue liberado un día después.

Sin embargo, la embestida represiva del actual gobierno peruano está lejos de ser un hecho aislado. El actual proceso de militarización se asemeja a los hechos vividos poco menos de un mes atrás en la región de Cusco, donde también la resistencia contra la megaminería fue respondida con represión, persecución y asesinatos. En el año que se apresta a cumplir el gobierno de Ollanta Humala, olvidado de sus compromisos electorales, lleva ya 15 muertos por represión a la protesta social, en lo que aparece como un sangriento proceso de afianzamiento del modelo extractivista, en clara alianza con las grandes corporaciones trasnacionales y los sectores militares.

Como intelectuales y activistas consideramos que no es con más criminalización y represión que los conflictos relativos a la megaminería pueden resolverse, sino por la doble vía de un genuino debate de sociedad sobre las consecuencias que acarrea el modelo minero y de la democratización de las decisiones, tal como demanda hoy el pueblo de Cajamarca y tantas otras localidades, provincias y países de América Latina.

Llamamos a toda la comunidad internacional a repudiar los hechos de violencia que están ocurriendo en Cajamarca y adherimos a la lucha del pueblo peruano contra la alianza minera-militar que promueve el gobierno de Humala.

Edgardo Lander (Venezuela), Raúl Zibecchi (Uruguay), Maristella Svampa (Argentina), Alberto Acosta (Ecuador), Margarita Aguinaga (Ecuador), Dunia Mokrani (Bolivia), Enrique Viale (Argentina), Roberto Gargarella (Argentina), Rubén Lo Vuolo (Argentina), José Seoane (Argentina), Nicolás Tauber (Argentina)

Enviar adhesiones a correo@maristellasvampa.net

www.maristellasvampa.net

Chile: Encuentro Nacional de la Diversidad Feminista se realizará en noviembre en Valparaíso

Hasta el 30 de julio del 2012 están abiertas las inscripciones para el Encuentro Nacional de la Diversidad Feminista que se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de noviembre del 2012, en el Parque Cultural de Valparaíso. Interesados/as en participar deben responder la ficha de pre-inscripción y enviarla al correo electrónico: encuentrofeministava@gmail.com.

El encuentro es un momento de las feministas organizadas y otras independientes participaren del movimiento para hacer política feminista, reflexionar sobre nuestras prácticas, intercambiar conocimientos y construir colectivamente a partir de la diversidad de tendencias feministas y del contexto en el cual estamos viviendo.

El principal objetivo es fortalecer la actoría política desde la diversidad del movimiento feminista, instalando propuestas de transformación social, económicas, políticas y culturales. Además, realizar un balance del movimiento feminista desde 1990 hasta la fecha (desde el "regreso” a la "democracia”), compartir e intercambiar prácticas feministas en los diferentes espacios políticos y socioculturales, elaborar plataformas y propuestas políticas feministas, instalar propuestas y discursos feministas que nos vinculen con otros movimientos sociales.

Fuente: Noticias de La Red

Convocada manifestación solidaria con estudiantes guatemaltecos

Guatemala, 5 jul (PL) Las 45 organizaciones guatemaltecas agrupadas en el Movimiento Indígena, Campesino y Popular condenaron la represión contra las demandas legítimas y justas estudiantiles, y convocaron para hoy a una manifestación solidaria. Esa instancia se puso del lado de los alumnos normalistas violentamente atacados por las fuerzas antimotines el pasado lunes, cuando rechazaban una disposición de las autoridades para alargar el tiempo de estudios en la carrera de magisterio. Fuentes del Movimiento aseguraron respaldar la lucha de esos estudiantes y exigieron al Ministerio de Educación y a la Comisión de Educación del Congreso dar respuesta inmediatamente a las demandas de los estudiantes. Estos repudian la intención de modificar la carrera mediante el reemplazo por un bachillerato con orientación hacia esa especialidad durante dos años, más un título universitario adquirido con tres más de cursos, lo cual los afectará en su economía y avance profesional. El Comité de Unidad Campesina indicó que piden la destitución de la ministra de Educación, Cynthia del Aguila, por no tener capacidad técnica, política y académica para el cargo. Ese Movimiento responsabilizó al ministro de Gobernación, Mauricio López, por el exceso de violencia utilizada por las fuerzas de seguridad contra los estudiantes, lo cual provocó heridas a más de 40 personas. La agrupación convocó para este jueves a la población de esta capital y del interior a unirse a una marcha en solidaridad con los estudiantes normalistas, la cual afirmó será pacífica. Igualmente reclamó la liberación de un profesor detenido durante los choques con los agentes antidisturbios, a quien las autoridades le achacan injustificadamente responsabilidad criminal. El llamado de ese Movimiento a los guatemaltecos está dirigido al respaldo a las demandas y planteamientos de los alumnos de las escuelas normales. Los antimotines arremetieron el lunes pasado contra estudiantes de esa esfera opuestos a la reanudación de las clases como dispuso previamente la cartera del sector. Los choques se produjeron en el capitalino Parque de la Industria, principal recinto ferial de Guatemala, donde se pretendía impartir clases hasta tanto fueran desalojadas las escuelas ocupadas para exigir el cumplimiento de la demanda de derogar la reforma. Desde mayo se mantienen las protestas, incluida la toma de aquellos recintos docentes, para llevar a las autoridades del sector a dar marcha atrás en su disposición de alargar el tiempo de estudios en la carrera de magisterio. ocs/jf

alterNativa Intercambio con Pueblos Indígenas y la Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas (CODPI.org) se suma a la Declaración de organizaciones y movimientos sociales ante la alarmante escalada de represión y la vulneración de derechos fundamentales en Perú, a causa de la respuesta gubernamental ante los conflictos medioambientales en los últimos meses.

Desde hace semanas, esta respuesta totalmente irresponsable y desproporcionada, con el uso indiscriminado de armas de fuego -incluso sesde helicópteros- contra manifestantes y peatones, ha causado ya 9 muertes y centenares de personas heridas en el Cusco, Bambamarca y Cajamarca, y amenaza con agravarse en las próximas semanas. En el siguiente enlace, se hace un llamado a todas las organizaciones interesadas a sumarse a la campaña.

DECLARACIÓN DE PERÚ
<https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGtIVE9zZnU1eFNSU1l1RDFFTTJIcHc6MQ>

DECLARACIÓN SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REPRESIVOS EN PERÚ

Quienes firmamos esta declaración queremos expresar nuestra repulsa por la alarmante escalada de represión y la vulneración de derechos fundamentales que observamos en Perú en la respuesta gubernamental ante los conflictos medioambientales en los últimos meses.

Desde hace semanas, esta respuesta totalmente irresponsable y desproporcionada, con el uso indiscriminado de armas de fuego, incluso desde helicópteros, contra manifestantes y peatones, ha sido la causante de cinco personas muertas y decenas de heridas en el conflicto de Celendín en el Departamento del Cusco; una persona muerta y varias heridas de bala en Bambamarca; y cinco muertas y decenas de heridas de bala, durante las movilizaciones de la población de Celedín (Cajamarca) contra el proyecto minero Conga, que amenaza con la contaminación y la desaparición de las fuentes de agua de la región. En ese mismo contexto, denunciamos la violenta detención de forma atentatoria a todo derecho y ante las cámaras de la prensa del Sr. Marco Arana miembro de la entidad ambientalista Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), uno de los referentes comunitarios en la resistencia a la minería y dirigente de la formación política “Tierra y Dignidad”. Todo ello acompañado de medidas de excepción y privación de libertades a través de la declaración del “estado de emergencia” en ambos conflictos. Con los precedentes de Honduras primero y Paraguay recientemente, nos tememos que podamos encontrarnos ante una dinámica creciente de suspensión de derechos y libertades de la población en varios países de América Latina, especialmente vinculada a la defensa de los intereses de diferentes multinacionales y sus negocios extractivos. Por todo ello:

- Expresamos al Gobierno de Perú nuestra más enérgica protesta, le instamos a que ponga inmediatamente fin a la escalada represiva y que asuma su responsabilidad histórica de ser garante de los Derechos Humanos de la población peruana.

- Hacemos un llamamiento a organizaciones sociales, ONG de cooperación internacional, entidades de derechos humanos, instituciones públicas, y otras a implicarse activamente en la defensa de los derechos y libertades para impedir un giro autoritario en Perú, y en la defensa de una resolución de los conflictos atendiendo el derecho a la consulta libre e informada de las comunidades y pueblos afectados.

-Demandamos el esclarecimiento de todos los hechos que han conducido a estos graves acontecimientos y provocado el luto en estas poblaciones.

- Exigimos a la empresa multinacional Newmont, que conduce el proyecto Conga, que se pronuncie sobre las acciones violentas e ilegales del gobierno peruano.

Informamos que en el seno de una amplia red de organizaciones de la sociedad civil internacional mantendremos una vigilante mirada sobre la evolución de los hechos en Perú, difundiendo ampliamente al respecto y alertando a las autoridades europeas sobre las políticas represivas del gobierno peruano que violan y contravienen los acuerdos firmados por las partes, de respeto a los derechos de los pueblos; y exigiremos se tomen las acciones que correspondan para impedir la continuación de estas violaciones.

Finalmente queremos trasladar nuestra solidaridad a las poblaciones afectadas, a sus organizaciones sociales y comunitarias, así como a sus autoridades locales y, especialmente a las familias de las víctimas.

AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes, Brigadas Internacionales de Paz, Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Ingeniería Sin Fronteras, Observatori del Deute en la Globalització, Plataforma Q'atary Perú, Repsol Mata, Censat Agua Viva Amigos de la Tierra Colombia, Educación para la acción Crítica EdPAC, Grupo de investigación en ddhh y sostenibilidad Cátedra UNESCO-UPC, Terra de Direitos – Brasil, Université du Québec à Montréal, Ecosistemas, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Censat Agua Viva, Mugarik Gabe, Casa de la Mujer,Ecologistas en Acción Aragón, Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS A.C., Ecologistas en Acción, ACSUR-Las Segovias, Organizacion Ciudadana Ambiental de Salamanca OCAS, Asociación Cultural Museo Itinerante de Arte por la Memoria, Plataforma de solidaridad con Chiapas de Madrid, Confederacion Mapuce de Neuquen, Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio CEICOM, Acción Ecológica, La enredadera de Radio Topo, Solidaritat PERIFÈRIES del Mon, EQUO, Otros Mundos, AC/Amigos de la Tierra México, Jóvenes en Resistencia Alternativa, Coalicion Quebquenese sobre los impactos socio-ambientales de las transnacionales canadienses en A.L., PACS, Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Ceiba, Movimiento docente Acuerdo Institucional Sanmarquino, Movimiento Cívico, International Rivers, UCIZONI, MAIZ, Soldepaz.Pachakuti, Siero solidario, Red Nacional Género y Economía, Observatorio de Territorios Étnicos, MUJERES POR MÉXICO EN CHIHUAHUA, A.C., Savia Escuela de pensamiento ecologista, FAO contra MSX-Mexico-France, COMITE NACIONAL DE LOS 63 PUEBLOS INDIGENAS A.C., Comité de Derechos Humanos Asís México D. F., Oficina de Justicia Paz Integridad de la creación Sociedad misionera de San Columbano Chile, Prodefensa del Nazas AC, Comité de DD.HH.Perú en Suecia, Maderas del Pueblo del Sureste AC, PLATAFORMA 0.7 EXTREMADURA, Colegio Verde de Villa de Leyva, Colectivo No a Keiko, Colectivo NAK, Council of Canadians, Plurijur, Blue Planet Project, Centro Mexicano de Justicia Ambiental, Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas COMCAUSA A C, Amigos da Terra Brasil, Red Latina sin fronteras, Universidad de la Tierra en Puebla, Ningunas Santas mujeres por la perspectiva de género, Ong AFRICANDO, UNIÓN UNIVERSAL DESARROLLO SOLIDARIO, Centro de Estudios de la REgión Cuicateca, Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero, Asociación Nacional de Industriales de Transformación A. C., Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C. Oaxaca, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, DepartamentoJPIC Obispado de Copiapó ,LA BRUJA TEATRO MADRID, ENTREPUEBLOS-SEVILLA, oilwatch mesoamerica, Puente de Paz Guatemala, FAO Frente Amplio Opositor, Common Frontiers, Frente Nacional por la Salud de los Pueblos, Red Ecologista del Sur de Ecuador, Red Latinoamericana de Mujeres defensoras de los derechos socio ambientales, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, Universidad Autónoma de la Ciudad de México Derechos Humanos, Orden de frailes menores, COMCAUSA A. C., FORO POR LA PAZ, BIZILUR, Fundación Paz y Solidaridad CCOO Aragón, ATTAC ALICANTE, ACEAL Asociación Cooperante en América Latina, Ecologistas en Acción País Valenciano, Izquierda Anticapitalista, Warmikunaq, PARTIDO DE LA REFUNDACION COMUNISTA – ITALIA, FISC ARAGON, Lliga dels Drets dels Pobles, Almáciga

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Jordi Noè i Calopa
Coordinador

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Perú: Novedades luego de la emisión de “Lucha Indígena 71”

Por Hugo Blanco

El 3 de julio fueron asesinadas 3 personas en la provincia de Celendín, Cajamarca. No fue una manifestación contra el proyecto minero Conga, sino de los trabajadores de construcción a quienes el municipio no pagó.

En una ocasión anterior, cuando hubo una marcha antiminera, un grupo de provocadores al servicio del alcalde, acérrimo defensor de la minera, intentó llevar la marcha de la gente indignada por enfrente del local municipal. Su intención era tirar piedras contra el local, lo cual hubiese sido continuado por la gente y con eso facilitar la represión. El compañero nombrado para dirigir la marcha, se dio cuenta de la maniobra y no condujo la marcha por la calle donde está el local del municipio, los provocadores, indignados, se retiraron.

El día 3 sí tuvieron éxito, debido a la inexperiencia de los trabajadores, iniciaron el ataque al local municipal, lo que fue aprovechado por la policía para asesinar a 3 personas y herir a 20.

También fueron heridos tres policías, con heridas de bala según el premier Valdés, y heridos por pedradas según los médicos que los atendieron.

Días antes un ministro citó a los alcaldes de Cajamarca para una reunión donde se iba a tratar el tema de obras de desarrollo. Después de la reunión, en la que se presentó Humala, el gobierno informó que los alcaldes se habían reunido para manifestar su apoyo al proyecto Conga. Esto fue desmentido con indignación por el alcalde de Cortegana (distrito de Celendín) Marino Vásquez, quien manifestó que fue elegido por su pueblo para defender el agua y la vida y que cumple con ese mandato.

El día anterior Humala había amenazado al movimiento anti-Conga: “Que se atenga a las consecuencias”. Antes delas 24 horas cumplió su amenaza. Los hechos sucedieron en Celendín, sin embargo las garantía se han suspendido, además de Celendín, En otras dos provincias, Cajamarca y Hualgayoc con su capital Bambamarca. No es casual, son las tres provincias que serían más afectadas por el proyecto Conga.

Además, al día siguiente fue muerta otra persona en Bambamarca. La suspensión de garantías prohíbe las reuniones públicas, sin embargo el padre Marco Arana (ecologista y dirigente del partido inscrito en el Jurado Nacional Electoral, quien no estuvo en las movilizaciones anteriores por encontrarse enfermo y está convaleciente) no fue capturado en ninguna reunión, cuando estaba sentado en una banca de la plaza principal de Cajamarca, fue violentamente agredido por 20 policías quienes con golpes de vara y puntapiés lo tendieron en el suelo donde continuaron golpeándolo. La agresión puede verse en un video:

http://www.youtube.com/watch?v=4Bw8FCelp8w&feature=em-share_video_user

Se reitera la medida anticonstitucional de enviarlo para que sea juzgado en Lambayeque en lugar de Cajamarca, se le acusa de inducir a disturbios en Celendín, lugar al que no va hace meses.
Su captura es una actitud anticonstitucional más de este gobierno, el decreto de estado de emergencia no faculta a agredir a una persona sentada en un banco de la plaza. No permitieron que su abogada le entreviste.

Otras actitudes anticonstitucionales:

Antes de la declaratoria de estado de emergencia golpearon y sacaron a empellones de la comisaría a la abogada representante de la Coordinadora de Derechos Humanas y a la representante del organismo estatal Defensoría del Pueblo.

Envían a gente que según ellos ha delinquido en Cusco para que sea juzgada en Ica y a quienes supuestamente han delinquido en Cajamarca para que sea juzgada en Lambayeque.

La anterior suspensión de garantías debía haber sido decretada por el gabinete, pero lo hizo el presidente. Apresaron sin motivo alguna al alcalde de la provincia de Espinar, elegido por el pueblo, sólo por denunciar la contaminación minera, anunciaron que estría detenido por 5 meses antes de investigación alguna (luego se vieron obligados a darle libertad).

Podemos decir que ahora quien gobierna es la institución de las fuerzas armadas, quien ordenó a Humala que públicamente manifieste al premier Oscar Valdés, ex militar propietario de minas, dispusieron además que en dicho acto apareciera la esposa del presidente, quien disfruta de mayor aceptación popular que Humala.

Las respuestas a las encuestas señalan un vertiginoso descenso de aprobación, en primer lugar de Valdés (quien recientemente fue felicitado por la Fuerza Armada), en segundo lugar de Humala y en tercer lugar de su esposa.

Las manifestaciones oficiales y sus acciones, muestran la voluntad de atacar violentamente la protesta social y la defensa absoluta de los intereses del gran capital transnacional (minas a tajo abierto, agroindustria, represas para hidroeléctricas, vías rápidas de comunicación, pesca de arrastre, etc.) feroz depredador de la naturaleza, enemigo del agua y de la vida, que son defendidas en varias partes del país.

Hay un acelerado empeoramiento de la situación. En el Perú no es necesario un golpe de estado como un Paraguay, ya se hizo “legalmente”, repito, hoy gobierna el ejército.

Hugo Blanco
Director de “Lucha Indígena”

Lucha Indígena 71.pdf 1403 kb Ver Descargar *

Auxilio nacional e internacional ante el genocidio iniciado contra el pueblo de Cajamarca por parte del Gobierno peruano

Pasa la Voz

Ante la imposición por la vía de la fuerza, que hasta el momento ha cobra do la vida de tres hermanos de Cajamarca, perpetrado por el Gobierno de Ollanta Humala, para imponer el mega proyecto Conga rechazado por el pueblo de Cajamarca, la declaración en “estado de emergencia” y el violento secuestro del ex sacerdote Marco Arana, la persecución de los principales líderes. Las organizaciones indígenas, sociedad civil y colectivos sociales del Perú abajo firmantes, piden auxilio nacional e internacional de manera URGENTE y decimos lo siguiente:

1. Rechazamos y condenamos enérgicamente la imposición violenta del mega proyecto Conga y el genocidio desatado contra humildes campesinos y rondas de la región de Cajamarca que en las últimas 24 horas ha cobrado la vida de Eleuterio García Rojas, José Faustino Silva Sánchez y uno de ellos un joven de apenas 17 años, el cual constituye tres muertos, más de 20 heridos y 15 detenidos. Lo cual constituye una flagrante violación de los derechos humanos.

2. Exigimos la inmediata libertad del padre Marco Arana quien fue secuestrado, golpeado, vejado, maltratado y conducido violentamente por efectivos de la Policía Nacional mientras el líder social se encontraba sentado en una banca de la Plaza de Armas de Cajamarca, así como la detención de hombres y mujeres inclusive con un niño en la espalda.

3. Respecto a los sucesos de Celendín del día 3 de julio, rechazamos las imputaciones de personajes y funcionarios del gobierno como Reinaldo Núñez Campos director regional de Salud de Cajamarca, que conjuntamente a varios medios de comunicación pretenden montar una campaña de difamación contra la movilización en defensa del agua y la vida que vienen sosteniendo los hermanos y hermanas cajamarquinos.

4. Denunciamos que el régimen de Gobierno viene utilizando la figura de “declaratoria del Estado de Emergencia” para legitimar impunemente la vulneración del Estado de Derecho y segar la vida de las personas en Cajamarca. La suspensión de las garantías constitucionales, sirven para justificar detenciones arbitrarias y violentas, el empleo de armamento así mismo se niega el derecho a la legítima defensa legal de las personas.

5. Por lo tanto exigimos que se respeten los derechos humanos, y se levante inmediatamente el “estado de emergencia”, que se viene implementando para sitiar a las tres provincias Celendín, Hualgayoc y Cajamarca que legitima todo abuso de las fuerzas policiales y militarte, por lo que responsabilizamos al Gobierno por las muertes ocasionadas.

6. El modelo represivo y de criminalización de la protesta social de Ollanta Humala, ha quitado la vida de 15 hermanos y hermanas, en protestas sociales, mientras los medios de comunicación desde Lima los siguen llamando, así, “muertos” sin nombres y apellidos, y nosotros no nos cansaremos de construir memoria, de recordarlos y de exigir el simple respeto por la dignidad humana.

7. Planteamos la necesidad de construir un diálogo que incorpore a todos los involucrados en el conflicto, que la empresa minera deje de lado su soberbia y malas prácticas, y que el estado más allá de poner condiciones, trate de escuchar a las diferentes partes y desarrolle capacidad de interlocución directa, sin violencia o represión de por medio.

8. Nos declaramos enemigos de la violencia, en cualquiera de sus formas, tanto en los enfrentamientos con las fuerzas policiales, como con la imposición de un proyecto minero con “estado de emergencia” y sin consulta a las comunidades. Somos enemigos de la violencia que incitan los medios de comunicación oficiales, que celebran las detenciones, los golpes de la policía, y las lluvias de gases lacrimógenos perpetrados contra indefensos hermanos y hermanas con niños y ancianos.

Alto a la violencia, represión, muerte
No a los estados de emergencia
No al acoso a líderes, legítimos representantes del pueblo
No al uso de armas letales por parte de policías y militares en manifestaciones sociales
No a la criminalización de la protesta

Por nuestros caídos
Ni una muerte más

Si al agro
Si a la vida

Asociación interétnica de desarrollo de la selva peruana AIDESP
Confederacio0n Nacional Agraria CNA
Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería – CONACAMI
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Anadinas y Amazónicas - ONAMIAP
Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú- FEMUCARINAP
Confederación Campesina del Perú - CCP
PDTG


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Bolivia: Una consulta cocalera para la carretera cocalera

Por Alejandro Almaraz

La conducta del Gobierno de Evo Morales en el prolongado y cada vez más grave conflicto nacional en torno a la carretera del “quieran o no quieran” viene siendo una inagotable fuente de las más sobrecogedoras revelaciones de doblez, incoherencia y vacío ético. Una de las últimas y más dramáticas de estas revelaciones es la abyecta manipulación mediática de los antecedentes policiales de Bertha Bejarano, con la que se quiso descalificar moralmente una marcha nacional de indígenas respaldada por una amplia mayoría de la ciudadanía.

Es pues impactante que el mismo Gobierno que puso a la cabeza de la inteligencia antinarcóticos del Estado a un pesado narcotraficante, que se dedicó a exportar personalmente toneladas de cocaína valido de su cargo, y que solo paró al ser descubierto y detenido por la DEA, sea quien pretenda lapidar la imagen de Bertha Bejarano y de la movilización que encabeza, divulgando la dolorosa experiencia que ella vivió cuando la desesperación de no poder alimentar a sus seis hijos y la presión de los narcotraficantes la forzaron a transportar al Brasil algunos gramos de droga. Que Bejarano pagó con la cárcel aquella debilidad, y que desde entonces se ha dedicado a luchar para que la miseria no empuje a otras madres indígenas al narcotráfico, por supuesto, no tiene interés alguno en las versiones que el Gobierno ha propalado luego de chantajear sin éxito a la presidenta de la IX marcha.

Pero en medio de la avalancha de despropósitos y exabruptos del Gobierno, algo, si bien absolutamente opuesto a la legalidad y profundamente reñido con la ética y el interés público, parece tener cierta coherencia. El Gobierno insiste con especial obstinación en abrir la consulta sobre la carretera por el TIPNIS a los miembros del Conisur, y, más aún, cuando en estos días condiciona la apertura del urgente diálogo a la participación de los corregidores de “las 63 comunidades”.

No ignora el Gobierno que las 15 comunidades indígenas que componen el Conisur y que habitan el Polígono 7, colindante hacia el sur con el territorio indígena TIPNIS, renunciaron por expresa y libre voluntad a ser parte de ese territorio. De modo que, sin habitar en él, ni tener derecho alguno sobre él, mal podrían ser consultados sobre la carretera que amenaza destruir ese territorio que, en cambio, tiene como legal y legítimo propietario colectivo a las 48 comunidades que lo habitan y que son consignadas en el respectivo proceso agrario de titulación.

El solo hecho de ser indígenas no habilita a los miembros de Conisur a ser destinatarios de la consulta; si así fuera, también tendría que consultarse a los cientos de poblaciones indígenas circundantes al TIPNIS, o a todas las existentes en el país, pues se estaría prescindiendo de la obvia y elemental delimitación de la consulta. Pero tampoco ignora el Gobierno que si Conisur quedó fuera del territorio TIPNIS fue por la plena asimilación de la mayor parte de sus miembros a la organización a la dinámica socioeconómica y a la modalidad individual y parcelaria de ocupación de la tierra de los colonizadores, absorbente mayoría en el Polígono 7, a cuyos sindicatos se hallan afiliadas casi todas las comunidades de Conisur.

Por último, conoce perfectamente el Gobierno que, hasta el pasado año, el Polígono 7 se había convertido en el vigoroso epicentro de la producción de coca ilegal y cocaína, como lo acredita el informe remitido en febrero de este año por el ministro Romero al presidente Morales, recientemente divulgado en Bolpress. Del escalofriante detalle de esta información oficial se deduce, con incontrovertible certeza, que por lo menos una parte importante de la población organizada en los sindicatos cocaleros de los que son parte los miembros de Conisur ha estado centralmente dedicada no sólo a la producción de coca ilegal, como ya se sabía y lo confesó el propio ejecutivo de Conisur en su caso personal, sino también de cocaína.

Es esa coca y esa cocaína del Polígono 7 las que, en el ciego e incontenible impulso por ampliar su frontera, consumaron los brutales e implacables avasallamientos sufridos hasta ahora por el territorio indígena, y son ellas las anhelantes beneficiarias principales de la carretera del “quieran o no quieran”. No es pues casual que la promesa electoral de la carretera, que tiene que cumplirse a cualquier costo, haya sido hecha por el candidato Morales ante sus bases orgánicas del Polígono 7.

Bajo la descarnada ruina moral, defección ideológica y postración política en la que ha caído el Gobierno, tiene pues una siniestra coherencia la pretensión de viabilizar la construcción de la carretera por el TIPNIS, consultando a sus verdaderos beneficiarios, los que, tras el rótulo de Conisur, la necesitan para expandir el “floreciente” y “revolucionario” desarrollo que el “Proceso de cambio” ha llevado al Polígono 7.


Alejandro Almaraz es abogado y fue viceministro de Tierras.