jueves, 14 de febrero de 2013

Perú/Cañaris: “De qué nos sirve hacer tanta consulta si el Estado va a decidir al final”


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SANTOS CRISTOBAL BARRIOS CARRILLO. Presidente de la comunidad campesina San Juan de Cañaris.

Elízabeth Prado


Está en Lima para participar de un encuentro en el que se analizarán los cambios pendientes en el sistema de evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental. A sus 34 años, el dirigente tiene la enorme responsabilidad de representar y saber manejar las necesidades y requerimientos de pobladores que no ven bien a la minería.

El gobierno ha destinado 100 millones de soles para el desarrollo de Cañaris, y ha llevado ocho ministerios a la mesa de diálogo. ¿Qué importancia tiene esto para ustedes?

Los 100 millones de soles, que por primera vez llega a Cañaris, se han conseguido gracias a la lucha de nuestra comunidad que se ha levantado en prevención de la contaminación minera. Este dinero nos va a beneficiar con algunas obras pero como campesinos no nos beneficia. Nosotros queremos mejoras en los canales de irrigación, tecnificación de riego, semillas. Ellos solo ven lo que son construcciones de carreteras, colegios, postas médicas.
Y esas obras no son importantes?

En Cañaris tenemos una buena posta médica pero no hay medicamentos ni profesionales, entonces de nada sirve, es un elefante blanco. Felicito ese monto, pero ojalá se destine en la producción agraria y se mejore la calidad de vida a través de la agricultura. Siempre el gobierno ha mirado el desarrollo sembrando cemento pero no ve la agricultura, la conservación de las cabeceras de cuenca que necesitamos.

-Se cuestiona la consulta del 30 de setiembre porque no hubo representación del Estado. También la del 8 de julio, que ustedes reclaman que fue manipulada. ¿Estarían dispuestos a que se ejecute una tercera consulta para zanjar la posición de Cañaris respecto al proyecto Cañariaco?

No vamos a aceptar que se vaya a una tercera consulta porque nosotros nos hemos autoconsultado de acuerdo al Convenio 169 y a Ley de Comunidades Campesinas que dice que las comunidades determinan cualquier actividad que quieren realizar. Ir a una nueva consulta es una estrategia del gobierno porque el artículo 15 de la Consulta Previa dice que si no hay entendimiento entre la empresa y la comunidad nosotros no tenemos derecho a veto. Entonces, de qué nos sirve hacer tanta consulta cuando al final el Estado va a decidir. Por eso vamos a hacer que prevalezca la consulta del 30 de setiembre.

¿Aun cuando la ley dice que la consulta debe ser hecha por una entidad del Estado?

Antes de hacer esta autoconsulta comunal invitamos al gobierno a través de los ministerios, invitamos también al JNE que nos recibió el oficio de invitación. La ONPE en primera instancia nos recibió, después ya no quiso diciendo que la comunidad no era su jurisdicción. Incluso llamaron en ese instante a la ex jefa de la ONPE Magdalena Chú, y dijeron que no podían ir. Invitamos también a Defensoría del Pueblo, a congresistas, al mismo presidente de la República, pero ahora dicen que no es válido y que se vaya a otra consulta. No vamos a aceptarlo. Tampoco iremos a denunciar en instancias constitucionales del Perú, es una pérdida de tiempo, iremos directamente a organizaciones internacionales para validar nuestra asamblea.

Entonces ¿cuál es la salida que usted le da a este conflicto?

Cañaris está de acuerdo con el diálogo siempre y cuando la empresa minera se retire de la comunidad y el gobierno vea otro modo de desarrollo para los campesinos.

¿Cuál es la salida, señor Barrios?

Que el gobierno respete la asamblea del 30 de setiembre y que si quiere invertir en Cañaris que lo haga en agricultura y en defensa del agua, de las 15 mil hectáreas de bosques húmedos que tenemos y que están en peligro de extinción porque la minera Candente está en la cabecera de cuenca del valle. Ahí tenemos el árbol de la Quina que está en nuestro Escudo Nacional y nadie conoce.

Usted ya cumplió su mandato como presidente de la comunidad, ya no sería un interlocutor válido para el Estado.

El Estado ha tratado de dar validez a personas que no representan a la comunidad pero están en la mesa de desarrollo. La comunidad, en una asamblea, determinó que soy su máxima autoridad y por esa razón mi mandato todavía termina el 17 de abril del 2013. El domingo pasado, los 38 delegados de diferentes caseríos han decidido hacer llegar este documento hacia la Presidencia del Consejo de Ministros y a todos los ministerios para decir que los directivos César Humberto Lucero Huamán y Elías Palomino Culca no los representan.

Se ha dicho que usted tiene un pasado vinculado al MRTA...

Es una calumnia. Yo soy comunero y he radicado en mi pueblo desde mi niñez. En Cañaris no existe ni nunca ha habido presencia del terrorismo. He servido a mi patria, he estado en el Ejército de 1999 al 2000 y toda mi vida he laborado dentro de mi pueblo. Desde los 24 años he sido autoridad, he sido teniente gobernador, presidente de ronda y después me han elegido presidente de mi comunidad.

La próxima mesa de diálogo será en Cañaris

Hemos decidido que la reunión se realice cerca del proyecto minero para que las autoridades vean por qué Cañaris se opone a esta inversión. También queremos que se definan los lugares dónde debe haber minería y dónde agricultura.

Comunicado No.1 Cumbre ideológica y política de los pueblos indígenas de Colombia

CUMBRE IDEOLÓGICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS COLOMBIANOS
COMUNICADO DE PRENSA N°1

Escobar Arriba, departamento de Sucre, 13 de febrero de 2013

Más de quinientas autoridades y representantes de los pueblos indígenas de toda Colombia, organizados en la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena ONIC; Autoridades Indígenas de Colombia AICO; Autoridades Tradicionales Indígenas en Colombia y la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC, reunidos en el territorio ancestral indígena del pueblo Zenú, Cabildo de Escobar Arriba, Departamento de Sucre, donde fuimos convocados por nuestras autoridades y organizaciones de manera autónoma y NOpor iniciativa del gobierno, como lo afirma el Viceministro para la participación e igualdad de derechos del Ministerio del Interior, nos encontramos analizando a profundidad la situación actual de los pueblos y organizaciones indígenas del país, las graves violaciones a nuestros derechos como pueblos, el grave riesgo de exterminio físico y cultural que sufren nuestras comunidades así como el relacionamiento y actitud de diálogo que hemos tenido con el gobierno nacional, expresamos a la opinión pública lo siguiente:
  • Nuestra cosmovisión como pueblos originarios entra en contradicción con las ambiciones de un modelo de desarrollo impuesto, que ve a la tierra solamente como un recurso para ser explotado.  Para los pueblos indígenas el desarrollo es parte de la vida, del buen vivir, de la protección de nuestra madre tierra incluyendo sus recursos naturales, lo que está debajo del suelo, sobre el suelo y encima de él. Nuestra visión de desarrollo nos permite pensar en las futuras generaciones, indígenas y no indígenas, y en la protección de nuestro planeta. No se puede anteponer en abstracto el interés mayoritario que se tenga del “desarrollo” o del “progreso”, frente a visiones distintas de desarrollo, tal como lo ha dicho la Corte Constitucional en la sentencia T – 129 de 2011. A la Corte, solicitaremos formalmente una audiencia con los pueblos indígenas, para que escuchen nuestros puntos de vista, a la vez que los exhortamos a no ceder ante las presiones gubernamentales y a seguir protegiendo la diversidad étnica y cultural del Estado colombiano.Rechazamos la campaña mediática que el gobierno nacional a través de su periódico oficial “el Diario el Tiempo”, pretende generar en la opinión pública que los indígenas somos los causantes del freno a sus “locomotoras” de desarrollo, a raíz de los procesos de consulta previa que deben adelantarse en relación con medidas legislativas y obras que afecten directamente nuestros territorios, nuestra identidad y nuestra vida como pueblos milenarios que habitamos este continente.  La participación de los pueblos indígenas en la construcción de las leyes de los Estados, constituye su mayor riqueza y un reconocimiento a su diversidad étnica y cultural, y no un obstáculo al buen vivir y al desarrollo.
  • Consideramos, que el atraso en la agenda legislativa es responsabilidad del gobierno nacional y no de los pueblos indígenas y afros, toda vez que el gobierno ha desconocido el derecho fundamental a la Consulta Previa tratando de imponer una ruta metodológica que limita el alcance del mismo, observándolo como un simple trámite administrativo, requisito o formalismo  y no como un derecho fundamental que garantiza la participación y los derechos de los pueblos indígenas, afros, rom, y raizales de San Andrés; estos últimos, a los cuales acaban de despojar de su territorio ancestral marítimo como consecuencia de la colonización nacional y supranacional existente. Al gobierno nacional, solo le interesa sacar adelante aquellas leyes que hacen parte de su agenda macro-económica que pretende favorecer los intereses de los grandes monopolios económicos con los cuales se ha comprometido; y no una agenda que garantice los derechos a la vida, a la salud, educación, a la tierra y los territorios de los pueblos indígenas, comunidades afro colombianas y campesinas, igualmente empobrecidas, de este país.
  • Responsabilizamos al gobierno nacional por las amenazas, persecuciones, señalamientos, criminalizaciones  y graves violaciones a los derechos humanos que han surgido y se puedan agudizar por las declaraciones que desde hace un tiempo vienen haciendo diferentes ministerios,  como lo reiteraran los ministros del Interior, Agricultura, Medio Ambiente, Transporte, Energía y Minas realizadas al periódico EL TIEMPO el día domingo 10 de febrero de 2013, las cuales pretenden generar diferentes reacciones de discriminación, xenofobia y hostilidad en algunos sectores de la población colombiana.
  • El gobierno nacional pretende hacer ver ante la opinión pública que los costos que le genera el proceso de garantía de un derecho fundamental como lo es la Consulta Previa, son altísimos para el erario público. Sin embargo, las autoridades indígenas reunidas en la Cumbre Ideológica y Política sabemos que las ganancias económicas que se generan con los procesos de exploración y explotación de recursos naturales, que se llevan a cabo en territorios indígenas, por ejemplo, son billonarios, y benefician generalmente a las compañías multinacionales generando empobrecimiento de nuestros pueblos indígenas, comunidades campesinas, afros y la sociedad en su conjunto.  Los costos de las consultas son ínfimos si los comparamos con esta realidad. Nosotros no pedimos que nos lleven a Bogotá o Cartagena.  Los invitamos a realizar estos procesos en nuestras comunidades, a la vez que demandamos que denuncien cuáles miembros u organizaciones del país exigen viáticos u hoteles costosos, como lo pretenden hacer ver al país a través de sus diarios, cuando son los funcionarios gubernamentales quienes viven y duermen sobre los colchones de sueldos y pensiones que pagan nuestros impuestos.
  • Nunca hemos renunciado al derecho fundamental de la Consulta Previa. Estamos de acuerdo en que se requiere clarificar una  ruta metodológica o protocolo para la realización de los procesos de consulta previa tanto a medidas legislativas como a obras, proyectos o actividades en nuestros territorios, sin que esto implique limitar el alcance del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.
  • Exigimos del presidente Juan Manuel Santos un pronunciamiento inmediato sobre el asunto, pues su discurso conciliador es muy diferente al de sus ministros.  ¿Cuál es entonces la política del gobierno en relación con los pueblos indígenas?
  • Convocamos a los ministros del Interior, Ambiente, Transporte, Minas y Energía y Agricultura a la próxima Mesa Nacional de Concertación a realizarse los días 15 y 16 de febrero de 2013, para que frente a las autoridades indígenas del país y de cara al pueblo colombiano, expliquen cuáles son los chantajes y abusos a que hacen referencia. De igual manera para que informen el por qué del incumplimiento de los 96 acuerdos pactados con los Pueblos Indígenas en el Plan Nacional de Desarrollo. Igualmente hacemos un llamado a los órganos de control para que hagan acompañamiento y se pronuncien sobre el asunto.
  • Convocamos a una rueda de prensa para el día 15 de febrero a las 10:00 am, para informarle al país la posición de los pueblos y organizaciones indígenas con respecto a estos temas, así como los resultados y declaración final de la Cumbre ideológica y política de nuestros pueblos. A la vez, exigimos al “Diario El Tiempo” para que así como utilizó una página del día domingo en su diario, entre otros editoriales, para mostrar los señalamientos del gobierno, divulgue oportuna y suficientemente este comunicado y accedan a informar imparcialmente nuestras apreciaciones ante la opinión pública nacional e internacional en la rueda de prensa convocada. Todos los demás medios de comunicación, están igualmente convocados. El lugar para esta rueda de prensa será en el marco de la Mesa Permanente de Concertación, y está por definir, para lo cual informaremos oportunamente.
  •  Finalmente los Pueblos, Autoridades y Organizaciones Indígenas reunidos en esta cumbre Declaramos el año 2013, como el año de la Movilización permanente por el territorio, la paz, la autonomía y la dignidad de los Pueblos Indígenas de Colombia.  
SOMOS PUEBLOS DE LA MADRE TIERRA; SOMOS PUEBLOS DE LA VIDA; SOMOS PUEBLOS EN RESISTENCIA MILENARIA!!!

Hacia la II Cumbre Continental de la Comunicación Indígena del Abya Yala- Oaxaca-México 201


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