miércoles, 6 de abril de 2011

COSTA DE MARFIL, OTRA CARA DE AFRICA


Buenos Aires, 6 de abril (Télam, por Alberto Galeano).- La situación en Costa de Marfil, donde el presidente Laurent Gbagbo se niega a entregar el gobierno a su sucesor electo, muestra otra faceta de la atribulada África, sacudida por los conflictos de Túnez, Egipto y Libia.

A diferencia de otros países pobres del continente, Costa de Marfil es una nación relativamente próspera, considerada el mayor productor mundial de cacao, que hasta hace unos años recibió olas de migrantes de Liberia, Burkina Faso y Guinea.

El presidente saliente Laurent Gbagbo, de 66 años, se hizo conocido en el movimiento sindical durante sus largos años de oposición contra el presidente Felix Houphouet-Boigny (1960-1993), quien fuera un aliado del poder de Francia en Africa.

El presidente saliente gobernó entre 2000 y 2005, pero desde 2002 sólo controló el sur del país ante el asedio de los rebeldes de la Nueva Fuerza en el norte.

Las elecciones del 28 de noviembre de 2010 -pospuestas varias veces- condujeron a una nueva crisis cuando el presidente Gbagbo rechazó retirarse del poder, a pesar de que las Naciones Unidas, la Unión Africana, Estados Unidos y la Unión Europea reconocieron el triunfo del ex primer ministro Alassane Ouattara.

Gbagbo, del Frente Popular Marfileño, se niega a reconocer la victoria de la Alianza de los Republicanos de Ouattara, lo que desató una guerra civil que provocó la intervención de la ONU y de fuerzas francesas (Costa de Marfil se independizó de Francia en 1960).

Ouattara es un economista formado en Estados Unidos, que trabajó para el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las posibilidades de que Gbagbo tenga éxito con su estrategia son limitadas, ya que en las últimas horas se reanudaron los combates en el palacio presidencial de Abiyán, tras una orden del mandatario electo.

En cumplimiento de la resolución 1975, dos helicópteros de las fuerzas de paz de la ONU bombardearon esta semana dos bases militares de Gbagbo en “defensa y protección de civiles”, según declaró el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon.

Gbagbo nunca quiso admitir su derrota y, en declaraciones a la televisión francesa, aseguró que él había ganado las elecciones del último año en Costa de Marfil. “Yo demando la verdad de la votación”, afirmó.

“Hay un temor (implícito) al efecto Túnez y sus revueltas populares. Este es un polvorín latente que amenaza el equilibrio en esa región de Africa. No es un hueso fácil de roer ni para Francia ni para Estados Unidos”, señaló a Télam Ezequiel Escudero, del Centro Argentino de Estudios Internacionales.

Escudero opinó que “el apoyo (de la ONU, la Unión Europea y Estados Unidos) al gobierno elegido por el pueblo pretende mitigar ese rigor, y tratar de suprimir (de paso) los altos índices de corrupción que recorren los estratos políticos de ese país”.

Sin embargo, la intervención militar de la Fuerza de las Naciones Unidas en Costa de Marfil (Onuci) y de la fuerza militar francesa Licorne para apoyar al líder opositor generaron fuertes críticas en Africa, Europa y dentro de Francia.

“Yo personalmente estoy shokeado por la conducta de la ONU en Costa de Marfil. Esto no forma parte de su mandato para llevar a cabo contra las instituciones del país”, dijo Zakaria Fellah, un consejero de política exterior del presidente Gbagbo, según el diario estadounidense The Washington Post.

“La ONU no ha sido un jugador imparcial, tomando partido por la gente de Quattara”, agregó.
Rusia reconoció que estudiará la “legalidad” de la intervención francesa porque “el mandato de las tropas de la ONU es garantizar la neutralidad y su imparcialidad”, aseguró el canciller, Serguei Lavrov, en conferencia de prensa.

Francia trató hasta ahora sin éxito de lograr la rendición de Gbagbo, quien se negaba a firmar un documento en el que reconoce su derrota electoral.

Ouattara fue declarado oficialmente ganador por más de nueve puntos, pero un día más tarde el Consejo Constitucional y los aliados del presidente declararon que en los comicios hubo “flagrantes irregularidades”, por lo que ambos líderes se declararon presidente.

Gbagbo retuvo el apoyo del ejército, así como de una porción de la población, lo que derivó en una pelea por el poder. Pero la batalla por la presidencia alcanzó una fase decisiva cuando el 31 de marzo las fuerzas de la oposición ocuparon las afueras de la ciudad de Abidjan, considerada la capital comercial del país.

En Costa de Marfil viven 12.000 franceses y Francia tiene una fuerza de 1.200 militares.
Funcionarios de la ONU y grupos de derechos humanos dijeron a la prensa que las fuerzas de Gbagbo han perpetrado serios abusos contra civiles sospechosos de apoyar a las fuerzas opositoras.

Asimismo, las milicias Ouattara fueron acusadas de llevar a cabo represalias y de ejecutar a prisioneros en forma extrajudicial en su marcha hacia Yamusukro, la capital del país.

El domingo pasado, el secretario de la ONU manifestó su preocupación por una serie de informes que señalaban que las fuerzas de Ouattara mataron a 230 personas en la ciudad de Duoekoue, en el oeste del país.

Pero el líder opositor negó los cargos, prometió cooperar con las autoridades e impulsar una investigación para aclarar la matanza.

Ban dijo que la ONU no está participando en el conflicto, pero admitió que había tomado parte en acciones militares porque Gbagbo había usado “morteros, cohetes propulsores de granadas y ametralladoras contra la población civil”.

La intervención militar de la ONU y de Francia en Costa de Marfil fue rechazada por la Unión Africana que cuestionó la legalidad de la medida contra la ex colonia francesa, cuyos nativos son mayormente católico-animistas, es decir que creen en la espiritualidad de los objetos. (Télam).-



Radiografía de los Derechos Humanos en los países del Norte de África. Infome de Amnistía Internacional

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Tras décadas de represión, los ciudadanos del norte de África alzaron la voz y dijeron basta. Las manifestaciones del cambio comenzaron en Túnez, en diciembre de 2010 y, en poco tiempo la mecha prendió en el resto de países como Egipto, Yemen, Libia, Siria y Bahrein. Amnistía Internacional considera que con todas estas revueltas se abre una nueva oportunidad y recuerda a los Gobiernos europeos que "sin Derechos Humanos es difícil que haya una estabilidad", según palabras de su presidente, Esteban Beltrán.

En su opinión, la política exterior española en relación a estos países tiene luces y sombras, ya que, por un lado, el Gobierno ha apoyado un corredor humanitario para que los ciudadanos perseguidos puedan salir de Libia, pero, por otro, no ha asumido ninguna responsabilidad con los refugiados que están llegando de manera masiva a Lampedusa.

"Se había visto como natural leyes de excepción que duraban 40 años. En un mes todo se volatilizó, porque es muy difícil que la gente se resigne a no tener futuro", manifestó Beltrán en rueda de prensa. En un informe presentado hoy en Madrid, Amnistía Internacional ha hecho una radiografía de la situación de los derechos humanos en el Norte de África:

Túnez

El 17 de diciembre de 2010, Mohamed Bouazizi, de 24 años, se inmoló en Sidi Bouzid en protesta porque un funcionario le había impedido vender verduras. Su acto desencadenó una oleada de protestas y en menos de un mes, el Gobierno tunecino se derrumbaba y el presidente Ben Ali huía del país para pedir refugio en Arabia Saudí tras 23 años en el poder.

La población estallaba tras años de dura represión. Según denuncia el informe de Amnistía Internacional, los defensores de los Derechos Humanos en Túnez han sido objeto de un hostigamiento continuado, sometidos a vigilancia intensiva y viendo cómo su acceso a Internet era bloqueado.

Según su relato, desde 2003, unas 2.000 personas fueron juzgadas en aplicación de la Ley Antiterrorista y fueron condenadas a largas penas de prisión en juicios "injustos". Algunos acusados han afirmado que les obligaron a confesar bajo tortura mientras estaban incomunicados y en prisión preventiva. Además, 22 personas fueron condenadas a muerte, aunque luego no se llevó a cabo ninguna ejecución.

Ahora que el régimen ha caído, Amnistía pide que estos atropellos no queden impunes y que sus responsables sean llevados ante la Justicia. Además, insta al Gobierno español a que no venda armas a estos países, a lo que el Ejecutivo ha respondido que "desde las manifestaciones en Túnez y Egipto no se ha aprobado ninguna solicitud de exportación de material de defensa".

Egipto

Siguiendo la estela de Túnez, las protestas en Egipto estallaron "tras más de 30 de dura represión y violaciones generalizadas de los Derechos Humanos", según asegura Amnistía. Hosni Mubarak había aplastado todas las manifestaciones que exigían reformas y cambios en el país, en virtud del estado de excepción que estaba en vigor desde 1981.

Durante su mandato, la ONG ya había denunciado redadas contra las personas críticas con el Gobierno, que luego fueron procesadas por cargos falsos. Además, "decenas de miles de personas calificadas de amenazas para la seguridad nacional sufrieron reclusión sin cargos en aplicación de sucesivas órdenes administrativas".

En las revueltas de enero y febrero, también se produjeron ataques violentos de la policía y los simpatizantes del Gobierno contra los manifestantes, detenciones arbitrarias de activistas de Derechos Humanos y de periodistas y restricciones a la libertad de expresión y reunión.

Amnistía confía en que, tras la dimisión de Mubarak, se persiga a los culpables y que se dé una protección real a los derechos políticos y económicos de los egipcios para que se produzca un cambio real en el país.

Libia

Según la ONG, durante años, el régimen de Gadafi reprimió cualquier disidencia y centenares de personas fueron recluidas de forma arbitraria por motivos de seguridad. También se violaron los derechos humanos de los inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo.

Amnistía Internacional muestra su preocupación por la situación de los refugiados, ya que, en los últimos tiempos, según la ONU, más de 218.000 personas han cruzado las fronteras a países vecinos, como Egipto y Túnez. Además, en las últimas semanas, unas 22.000 personas han llegado a la isla italiana de Lampedusa y muchas de ellas no han recibido la asistencia humanitaria más básica.

Por este motivo, Amnistía Internacional solicita al Ejecutivo español y a la UE que pongan en marcha un plan para que las personas que huyen de Libia tengan derecho a la protección internacional y puedan acogerse al estatuto de refugiado.




Perú: Dirigentes de Islay no dan marcha atrás


Sin solución a la vista. A pesar de la disposición del ministerio de Energía y Minas, de paralizar por 180 días calendario la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, los pobladores de la provincia de Islay rechazaron todo diálogo y se mantienen firmes cumpliendo dos semanas de huelga indefinida.


Jaime De la Cruz, dirigente del Frente de Defensa de Islay refirió que seguirán con la paralización y anunciaron que “no participarán en las elecciones para que el Gobierno entienda que no queremos proyectos mineros”.

Asimismo, se conoció que hoy realizarán una asamblea para evaluar si continúan o suspenden la huelga indefinida en contra del proyecto minero Tía María.

Todas las actividades comerciales y el transporte en la zona de huelga se encuentran suspendidas y se vive una tensa calma tras los últimos enfrentamientos que dejaron una persona fallecida y once heridos, entre ellos tres policías.