Tras décadas de represión, los ciudadanos del norte de África alzaron la voz y dijeron basta. Las manifestaciones del cambio comenzaron en Túnez, en diciembre de 2010 y, en poco tiempo la mecha prendió en el resto de países como Egipto, Yemen, Libia, Siria y Bahrein. Amnistía Internacional considera que con todas estas revueltas se abre una nueva oportunidad y recuerda a los Gobiernos europeos que "sin Derechos Humanos es difícil que haya una estabilidad", según palabras de su presidente, Esteban Beltrán.
En su opinión, la política exterior española en relación a estos países tiene luces y sombras, ya que, por un lado, el Gobierno ha apoyado un corredor humanitario para que los ciudadanos perseguidos puedan salir de Libia, pero, por otro, no ha asumido ninguna responsabilidad con los refugiados que están llegando de manera masiva a Lampedusa.
"Se había visto como natural leyes de excepción que duraban 40 años. En un mes todo se volatilizó, porque es muy difícil que la gente se resigne a no tener futuro", manifestó Beltrán en rueda de prensa. En un informe presentado hoy en Madrid, Amnistía Internacional ha hecho una radiografía de la situación de los derechos humanos en el Norte de África:
Túnez
El 17 de diciembre de 2010, Mohamed Bouazizi, de 24 años, se inmoló en Sidi Bouzid en protesta porque un funcionario le había impedido vender verduras. Su acto desencadenó una oleada de protestas y en menos de un mes, el Gobierno tunecino se derrumbaba y el presidente Ben Ali huía del país para pedir refugio en Arabia Saudí tras 23 años en el poder.
La población estallaba tras años de dura represión. Según denuncia el informe de Amnistía Internacional, los defensores de los Derechos Humanos en Túnez han sido objeto de un hostigamiento continuado, sometidos a vigilancia intensiva y viendo cómo su acceso a Internet era bloqueado.
Según su relato, desde 2003, unas 2.000 personas fueron juzgadas en aplicación de la Ley Antiterrorista y fueron condenadas a largas penas de prisión en juicios "injustos". Algunos acusados han afirmado que les obligaron a confesar bajo tortura mientras estaban incomunicados y en prisión preventiva. Además, 22 personas fueron condenadas a muerte, aunque luego no se llevó a cabo ninguna ejecución.
Ahora que el régimen ha caído, Amnistía pide que estos atropellos no queden impunes y que sus responsables sean llevados ante la Justicia. Además, insta al Gobierno español a que no venda armas a estos países, a lo que el Ejecutivo ha respondido que "desde las manifestaciones en Túnez y Egipto no se ha aprobado ninguna solicitud de exportación de material de defensa".
Egipto
Siguiendo la estela de Túnez, las protestas en Egipto estallaron "tras más de 30 de dura represión y violaciones generalizadas de los Derechos Humanos", según asegura Amnistía. Hosni Mubarak había aplastado todas las manifestaciones que exigían reformas y cambios en el país, en virtud del estado de excepción que estaba en vigor desde 1981.
Durante su mandato, la ONG ya había denunciado redadas contra las personas críticas con el Gobierno, que luego fueron procesadas por cargos falsos. Además, "decenas de miles de personas calificadas de amenazas para la seguridad nacional sufrieron reclusión sin cargos en aplicación de sucesivas órdenes administrativas".
En las revueltas de enero y febrero, también se produjeron ataques violentos de la policía y los simpatizantes del Gobierno contra los manifestantes, detenciones arbitrarias de activistas de Derechos Humanos y de periodistas y restricciones a la libertad de expresión y reunión.
Amnistía confía en que, tras la dimisión de Mubarak, se persiga a los culpables y que se dé una protección real a los derechos políticos y económicos de los egipcios para que se produzca un cambio real en el país.
Libia
Según la ONG, durante años, el régimen de Gadafi reprimió cualquier disidencia y centenares de personas fueron recluidas de forma arbitraria por motivos de seguridad. También se violaron los derechos humanos de los inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo.
Amnistía Internacional muestra su preocupación por la situación de los refugiados, ya que, en los últimos tiempos, según la ONU, más de 218.000 personas han cruzado las fronteras a países vecinos, como Egipto y Túnez. Además, en las últimas semanas, unas 22.000 personas han llegado a la isla italiana de Lampedusa y muchas de ellas no han recibido la asistencia humanitaria más básica.
Por este motivo, Amnistía Internacional solicita al Ejecutivo español y a la UE que pongan en marcha un plan para que las personas que huyen de Libia tengan derecho a la protección internacional y puedan acogerse al estatuto de refugiado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario