MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional ha pedido al Partido Popular que, tan pronto como forme gobierno, reconozca la existencia en España de identificaciones policiales basadas en criterios raciales y las prohíba de forma expresa, poniendo así fin a una práctica que ha sido denunciada por ONG y organismos internacionales debido a su carácter "racista", "humillante" e "ilegal".
Esta petición nace del informe 'Parar el racismo, no a las personas' elaborado por la organización y presentado este miércoles en rueda de prensa por el responsable de Comunicación de la sección española de Amnistía, Miguel Ángel Calderón; la directora adjunta para Europa, Jezerca Tigani; y la investigadora y autora del estudio Izza Leghtas.
Según ha destacado Calderón, esta es una práctica "negada sistemáticamente por las autoridades pese a que hay evidencias" de que se lleva a cabo, por lo que el nuevo Gobierno "tiene la oportunidad de prohibirlo públicamente" y mostrar "una voluntad clara de parar el racismo y no a las personas". "Esto no es una respuesta al último gobierno, es una cuestión estructural", ha añadido.
Calderón ha incidido en que las identificaciones policiales basadas en perfiles raciales son "una violación de derechos humanos" que tienen "consecuencias muy graves" para "muchas personas" porque, por un lado, los extranjeros "se sienten vigilados" y ven coartada su libertad y, por otro, la sociedad mayoritaria asume la relación entre inmigración y delincuencia, lo que a su juicio, "perjudica la normalización social".
El informe, elaborado entre marzo y abril de 2011 a partir de estudios previos y entrevistas con migrantes, autoridades, organizaciones sociales, sindicatos policiales y abogados, explica que "los agentes reciben instrucciones verbales de sus superiores para llevar a cabo cierto número de controles de identidad" que deben traducirse en unas cifras mínimas de detenciones, ya que éstas son el indicador de "productividad de una unidad de policía".
"Aunque según los informes las instrucciones verbales no especifican que las personas sometidas a controles de identidad deban ser migrantes o pertenecer a determinados grupos étnicos, hay agentes que buscan migrantes porque hay más probabilidades de que éstos no lleven ningún documento que demuestre que están regularmente en el país y, por tanto, puedan contar como detenidos", aunque luego sean puestos en libertad, según indica el informe.
Amnistía argumenta así que "los agentes podrían estar efectuando controles de identidad de personas migrantes para incrementar las cifras sobre seguridad y prevención de delitos" ya que "estos controles de identidad a personas con aspecto de ser extranjeras están muy extendidos en España y ocurren todos los días", tal y como ha explicado la autora del informe.
La organización tiene constancia de la existencia de identificaciones por perfiles raciales en otros países europeos, como Francia e Italia, donde se ha puesto en práctica con los gitanos. Sin embargo, desconoce si en otros países se establecen "cupos" u objetivos numéricos de detención de personas en las unidades policiales como, según asegura, ocurre en España.
Lo que sí es único en este país son las brigadas vecinales de observación de derechos humanos, que se dedican en todo el territorio nacional a documentar y denunciar las redadas policiales racistas. "No lo habíamos visto con un esquema tan grande como el de aquí, donde están muy organizados", ha explicado Tigani, para incidir en que "la reacción de los vecinos" en España da idea de que éste "es un problema muy grave".
