La verdadera paz de los pueblos es la libertad de sus territorios
Autor: Tejido de Comunicación - ACIN
La verdadera paz de los pueblos es la libertad de sus territorios
Autor: Tejido de Comunicación - ACIN
LOS ANGELES.- Cabellera rojiza con unos incipientes dreadlocks y una voz entrecortada. "Hi, I'm Lana" ("hola, soy Lana"), fueron las primeras imágenes oficiales que muestran a Larry Wachowski, famoso "around the world" por ser uno de los directores de Matrix, como una mujer transgénero.
La salida oficial del clóset de Larry "Lana" Wachowski sedio con motivo del lanzamiento de la nueva peli que dirigió junto a su hermano Andy y el realizador Tom Twyker, "Cloud Atlas", que se estrenará en agosto.
Para llegar a esta reveladora confesión, que dejó con la mandíbula por el suelo a los seguidores de los Wachowski, la ahora directora gringa estuvo alejada de los medios y de las conferencias de prensa de sus últimas pelis durante nueve años.
En ese tiempo, debió quedarse mudo ante la avalancha de rumores que comenzaron el 2002, cuando se filtraron detalles de los trámites de divorcio de su ex esposa Thea Bloom, quien en los papeles del juicio explicó que la mala onda con Larry "Lana" comenzó porque el dire "fue extremadamente deshonesto conmigo en su vida personal".
Secreto que sus amigos y actores que participaron de sus películas "V de Vendetta" (2006), "Los invasores" (2007), "Ninja asesino" (2009) y "Meteoro" (2008), supieron mantener hasta el 26 de julio, cuando "Lana" apareció promocionando "Cloud Atlas".
País: Argentina
Duracíon: 83 minutos
Direccíon: Pablo D’Alo Abba, Cristián Harbaruk
Año: 2010
Fuente: http://www.vienenporeloro.com.ar/
Por Fulgence Zamblé
Foto: diarioliberdade.org
Abiyán. Nueve mujeres en la norteña ciudad marfileña de Katiola fueron condenadas por practicar el rito de la mutilación genital en mujeres. Es la primera vez que se aplica una ley de 1998 contra esta tradición.
Las mujeres fueron halladas culpables de mutilar los genitales de niñas de entre 10 y 15 años en febrero, y fueron sentenciadas a un año de prisión y a pagar una multa equivalente a 100 dólares.
"Hemos esperado mucho tiempo un impulso en la lucha contra este flagelo", dijo Rachel Gogoua, directora de la no gubernamental Organización Nacional para la Infancia, las Mujeres y la Familia, con sede en Abiyán.
"El tiempo de crear conciencia ha terminado. Ahora necesitamos castigar a los perpetradores", añadió.
El tribunal de Katiola emitió las sentencias el 18 de este mes, pero considerando la edad de las mujeres (de entre 46 y 91 años) las eximió de cumplirlas en prisión.
Gogoua dijo a IPS que las mujeres condenadas debían cumplir al menos un tiempo simbólico en prisión para enviar un mensaje a otros que todavía practican la mutilación en diversas partes del país.
"La ley que prohíbe esas prácticas fue aprobada en 1998, y hemos realizado una extensa campaña de educación pública al respecto. Al final, tenemos que darnos cuenta de que estas mujeres nos están tomando el pelo. Están muy al tanto de la ley, pero la desafían bajo el pretexto de que es una tradición", dijo Gogoua.
A pesar de la ley de 1998, la mutilación genital femenina sigue siendo una práctica generalizada en Costa de Marfil, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Esa agencia estima que 36 por ciento de las mujeres marfileñas han sido sometidas a la mal llamada "circuncisión femenina", lo que convierte a este país uno de los más afectados de África.
La práctica consiste en la remoción completa o parcial de los genitales externos femeninos, según la Organización de las Naciones Unidas.
Es más común en las zonas norte y noroeste del país, donde casi 88 por ciento de las mujeres han sido mutiladas, y en el oeste, donde la prevalencia es de 73 por ciento, según Unicef.
Massandjé Timité, de 33 años, es originaria de Marandallah, en el norte.
"Todavía siento dolor de la ablación, 15 años después", dijo a IPS. "Fue un trauma terrible. Las heridas curan muy lento, y cada día que pasaba me sentía peor", contó.
Timité dijo que invocar la tradición es un argumento débil. "Cuando la escisión se hace mal, como fue mi caso, nadie viene a ayudarte. ¿Dice la tradición que una mujer debe perder exactamente lo que le permite dar vida?", dijo.
A pesar de numerosas campañas de toma de conciencia, la mutilación se sigue practicando.
"Entre nosotros, los wobé (grupo étnico en el oeste), es vergonzoso que una mujer sea llamada ‘zoegbe’ (no circuncidada)", explicó Cécile Gnowahou, de 26 años, quien fue sometida a la ablación cuando tenía 11.
"No tienes derecho a casarte, y por lo general eres ridiculizada en la aldea. Es una costumbre que existía antes de nuestros padres y de nuestros abuelos", afirmó.
"La ablación causa mucho más daño del que una piensa", dijo Gnowahou. "A veces incluso provoca la muerte de la víctima. Sin embargo, cuando esto ocurre, la situación es resuelta en forma amigable entre las familias".
La propia experiencia de Gnowahou ilustra el dilema social que representa la mutilación genital que sufren muchas mujeres.
"No solo no me pude casar luego del prolongado sangrado que sufrí, sino que ahora, como los tiempos han cambiado, cualquier hombre que sabe de mi condición automáticamente me rechaza", contó.
Además, expresó su esperanza de que, si se aplica la ley, se reduzca la prevalencia de la mutilación genital.
Con ella coincidió la ministra de Familia, Mujeres e Infancia, Raymonde Goudou Coffie, quien señaló que la sentencia en Katiola era solo el comienzo.
La ministra afirmó que la ley será aplicada con toda severidad contra las prácticas que atentan contra la dignidad humana, particularmente de las mujeres.
Organizaciones y movimientos sociales hondureños, preocupados por la situación de niños y adolescentes que enfrentan día tras día las consecuencias de los conflictos por la tierra que existen en el país, elaboraron un informe sobre la "Situación de Derechos Humanos de niños en el Bajo Aguán (Honduras)”. El documento preliminar, divulgado por Casa Alianza, relata la falta de asistencia en las áreas de salud y de educación y denuncia los principales delitos cometidos contra niños y adolescentes.
La región del Bajo Aguán vive en conflicto constante en virtud de la disputa por la tierra. Por un lado, campesinos y campesinas reivindican un pedazo de suelo para vivir y trabajar, y por el otro, los grandes empresarios y propietarios se esfuerzan para mantener el dominio de buena parte de los territorios productivos de la región. Desde 2009 hasta el momento, este conflicto ya dejó por lo menos 50 muertos, entre campesinos/as, soldados, policías y guardias, de los cuales la mayoría, 25, eran campesinos o campesinas activos en la lucha por la tierra.
Además de los asesinatos, otras formas de violaciones a los derechos humanos son: violencia física, desocupaciones forzadas, secuestros, desapariciones forzadas y amenazas de muerte contra campesinos/as y sus familias.
El conflicto permanente en el Bajo Aguan además de afectar a los adultos también perjudica la vida y el desarrollo de niños, adolescentes y jóvenes, grupo considerado el más vulnerable. En el informe se señala que los conflictos, por ser constantes en la región, ya provocaron un "estado alarmante de naturalización de la violencia”.
Las comunidades del Bajo Aguán más afectadas por el conflicto son Rigores, La Confianza y Marañones. En estas localidades, buena parte de niños, adolescentes y jóvenes presenta cuadros de estrés postraumático por las situaciones de violencia que presencian con frecuencia. En el informe se denuncia que las problemáticas enfrentadas por los menores dentro de este conflicto son invisibles para organismos e instituciones hondureñas encargadas de cuidar la infancia y la adolescencia en el país.
La prueba del abandono puede verse en la falta de asistencia de salud. En el informe se revela que muchos niños padecen alergias, dolores en el cuerpo, anemias, cuadros nerviosos, traumas hepáticos, problemas respiratorios, vómitos, diarreas, dengue, picaduras de cobra y enfermedades de vías respiratorias y gastrointestinales.
También es común que los niños presenten problemas de hongos en la piel, causados por su cercanía con plantaciones de palmeras africanas, por la humedad ambiental y por el uso de calzados no adecuados o por andar descalzos, además de dermatitis de contacto por exposición a agroquímicos usados en las plantaciones.
Para atender todos estos problemas, en la región del Bajo Aguán se cuenta sólo con un centro de salud donde trabajan una enfermera y una auxiliar. Los medicamentos a disposición son pocos y para enfermedades básicas, y sólo pueden realizarse cirugías pequeñas en el lugar.
La educación también es un sector que necesita atención. A pesar de haber acceso a la educación pública, las clases están superpobladas -con 40 a 70 alumnos- y faltan libros y profesores. Solamente la enseñanza secundaria tiene más de mil estudiantes que vienen de varias regiones.
Según datos recolectados en el Ministerio Público de Tocoa, varios otros derechos de niños y adolescentes tampoco están siendo cumplidos. Entre mayo y diciembre de 2011 se registraron cuatro desapariciones, un intento de estupro, una denuncia de tráfico de personas, un maltrato por agresión, una caso de violencia intrafamiliar, un intento de rapto, cinco sustracciones de menores, nueve violaciones, 15 lesiones y 11 raptos.
Entre enero y mayo de 2012 el MP registró tres intentos de estupro, un intento de secuestro, 12 amenazas, 19 homicidios, 19 casos de maltrato por transgresión, ocho estupros, un secuestro y cinco casos de homicidio culposo.
El informe fue elaborado por la Asociación de Agencias de Desarrollo vinculada al Consejo Mundial de Iglesias (APRODEV), Iniciativa de Copenhague para América Central y México (CIFCA), Organización Internacional por el Derecho a la Alimentación (Fian), Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh), Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, agrícolas, hoteles, restaurantes, tabacos y afines (Rel-UITA) y Vía Campesina Internacional.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
Durante todo el día fueron realizadas actividades de protesta y concientización. En la capital colombiana, Bogotá, una "marcha carnaval” comenzó a las 10h de la mañana en el Parque Nacional y terminó en la Plaza Bolívar con un concierto. La misma acción ocurrió en Riohacha, Guajira y en Bucaramanga, Santander. En Valledupar, César, se realizó el Festival por la Vida y en Medellín, Antioquia, fue organizado un acto académico en la Universidad Nacional.
Ambientalistas y activistas sociales y políticos también realizaron acciones en Cali, Barranquilla, Riohacha, Cajamarca, Caucasia, Villavicencio, entre otras. A nivel internacional se realizó al medio día, en la ciudad de Toronto, Canadá, una concentración en el Queen's Park. Canadá es hoy el país con mayor participación en la industria de extracción de recursos de las Américas.
La población colombiana, así como de otros países de América Latina sufre constantemente por los perjuicios causados por las actividades minero-energéticas impulsadas por el gobierno nacional y por empresas transnacionales. A contramano de las propagandas que muestran ventajas económicas, financieras, generación de empleos y desarrollo para las regiones, lo que se ve es la utilización indebida y abusiva de los recursos naturales, la invasión de tierras indígenas sagradas, contaminación ambiental, perjuicios a la salud y, consecuentemente, caída de la calidad de vida.
La prosperidad prometida mediante las actividades minero-energéticas ya no atrae más la atención de parte de la población, ya que Colombia es un país donde las riquezas naturales contrastan con los niveles de pobreza. En el informe, las Naciones Unidas muestran que Colombia es el tercer país más desigual del mundo, aún teniendo una alta concentración de riquezas. La verdad es que éstas están en manos de grandes empresas nacionales y extranjeras que utilizan estos recursos y la mano de obra barata del país.
Entre los innumerables perjuicios ambientales y sociales causados a las comunidades urbanas y rurales por la "locomotora minero-energética”, los/las organizadores/as de la Primera Jornada Nacional de Movilización señalan los problemas causados al territorio y a la cultura de varios pueblos, sobre todo a los indígenas. El entorno de varios territorios es modificado para dar espacio a canteros de obras y minas a cielo abierto.
El agua, los ríos y la biodiversidad también son afectados directamente por obras como hidroeléctricas, minería, explotación petrolera y expansión de la agroindustria energética. Tales actividades ya causaron estragos tales como desertificación, inundaciones, contaminación y agotamiento de fuentes de agua.
La seguridad alimentaria es otro problema que se ha visto agravado por los megaproyectos mineros y energéticos. Las tierras que deberían ser usadas para la producción alimentaria terminan siendo privatizadas y dando espacio a las grandes obras. El resultado es dependencia alimentaria, hambre y sed en diversas comunidades.
Ausencia de trabajo digno, persecución gubernamental a la pequeña minería tradicional, modificación de las economías tradicionales, perjuicios a la paz y a la buena convivencia social y ruptura del tejido comunitario son otros problemas denunciados por las comunidades afectadas por la ‘locomotora minero-energética’.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com