Organizaciones y movimientos sociales hondureños, preocupados por la situación de niños y adolescentes que enfrentan día tras día las consecuencias de los conflictos por la tierra que existen en el país, elaboraron un informe sobre la "Situación de Derechos Humanos de niños en el Bajo Aguán (Honduras)”. El documento preliminar, divulgado por Casa Alianza, relata la falta de asistencia en las áreas de salud y de educación y denuncia los principales delitos cometidos contra niños y adolescentes.
La región del Bajo Aguán vive en conflicto constante en virtud de la disputa por la tierra. Por un lado, campesinos y campesinas reivindican un pedazo de suelo para vivir y trabajar, y por el otro, los grandes empresarios y propietarios se esfuerzan para mantener el dominio de buena parte de los territorios productivos de la región. Desde 2009 hasta el momento, este conflicto ya dejó por lo menos 50 muertos, entre campesinos/as, soldados, policías y guardias, de los cuales la mayoría, 25, eran campesinos o campesinas activos en la lucha por la tierra.
Además de los asesinatos, otras formas de violaciones a los derechos humanos son: violencia física, desocupaciones forzadas, secuestros, desapariciones forzadas y amenazas de muerte contra campesinos/as y sus familias.
El conflicto permanente en el Bajo Aguan además de afectar a los adultos también perjudica la vida y el desarrollo de niños, adolescentes y jóvenes, grupo considerado el más vulnerable. En el informe se señala que los conflictos, por ser constantes en la región, ya provocaron un "estado alarmante de naturalización de la violencia”.
Las comunidades del Bajo Aguán más afectadas por el conflicto son Rigores, La Confianza y Marañones. En estas localidades, buena parte de niños, adolescentes y jóvenes presenta cuadros de estrés postraumático por las situaciones de violencia que presencian con frecuencia. En el informe se denuncia que las problemáticas enfrentadas por los menores dentro de este conflicto son invisibles para organismos e instituciones hondureñas encargadas de cuidar la infancia y la adolescencia en el país.
La prueba del abandono puede verse en la falta de asistencia de salud. En el informe se revela que muchos niños padecen alergias, dolores en el cuerpo, anemias, cuadros nerviosos, traumas hepáticos, problemas respiratorios, vómitos, diarreas, dengue, picaduras de cobra y enfermedades de vías respiratorias y gastrointestinales.
También es común que los niños presenten problemas de hongos en la piel, causados por su cercanía con plantaciones de palmeras africanas, por la humedad ambiental y por el uso de calzados no adecuados o por andar descalzos, además de dermatitis de contacto por exposición a agroquímicos usados en las plantaciones.
Para atender todos estos problemas, en la región del Bajo Aguán se cuenta sólo con un centro de salud donde trabajan una enfermera y una auxiliar. Los medicamentos a disposición son pocos y para enfermedades básicas, y sólo pueden realizarse cirugías pequeñas en el lugar.
La educación también es un sector que necesita atención. A pesar de haber acceso a la educación pública, las clases están superpobladas -con 40 a 70 alumnos- y faltan libros y profesores. Solamente la enseñanza secundaria tiene más de mil estudiantes que vienen de varias regiones.
Según datos recolectados en el Ministerio Público de Tocoa, varios otros derechos de niños y adolescentes tampoco están siendo cumplidos. Entre mayo y diciembre de 2011 se registraron cuatro desapariciones, un intento de estupro, una denuncia de tráfico de personas, un maltrato por agresión, una caso de violencia intrafamiliar, un intento de rapto, cinco sustracciones de menores, nueve violaciones, 15 lesiones y 11 raptos.
Entre enero y mayo de 2012 el MP registró tres intentos de estupro, un intento de secuestro, 12 amenazas, 19 homicidios, 19 casos de maltrato por transgresión, ocho estupros, un secuestro y cinco casos de homicidio culposo.
El informe fue elaborado por la Asociación de Agencias de Desarrollo vinculada al Consejo Mundial de Iglesias (APRODEV), Iniciativa de Copenhague para América Central y México (CIFCA), Organización Internacional por el Derecho a la Alimentación (Fian), Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh), Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, agrícolas, hoteles, restaurantes, tabacos y afines (Rel-UITA) y Vía Campesina Internacional.
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com
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