Desde la toma de posesión, el pasado 18 de octubre, del primer ministro haitiano Garry Conille, se habla de una “nueva era” en Haití. Después de 5 largos meses de su investidura como nuevo presidente haitiano, Michel Martelly logró constituir su gobierno, al obtener finalmente la ratificación, por las dos ramas del Parlamento, de su jefe de gobierno designado, luego de que dos candidatos nominados al mismo puesto fueron previamente rechazados por el poder legislativo.
Ante los inmensos problemas humanitarios, socio-económicos, políticos e internacionales que enfrenta actualmente Haití, ¿qué podemos esperar de la nueva administración del jefe de Estado Martelly y del jefe de Gobierno Conille?
A nivel político
Médico de profesión, Garry Conille es un ex funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Fue jefe del Gabinete del ex mandatario americano Bill Clinton que ha sido nombrado delegado especial del secretario general de la ONU para Haití y co-presidente de la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití (CIRH).
En un primer momento, varios legisladores haitianos no lo querían ratificar como jefe de gobierno por su “cercanía con la Comunidad internacional” y, precisamente, por su papel en una estructura internacional tan cuestionada como la CIRH que, según ellos, no defiende en la reconstrucción de Haití los intereses del país devastado sino los de las grandes potencias.
Después de intensas negociaciones entre el presidente haitiano y las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, el tercer primer ministro designado por Michel Martelly recibió un voto favorable en los dos cuerpos legislativos. Ratificación que no deja de sorprender a muchos analistas que explican esta victoria del presidente haitiano por su decisión de formar un gobierno de coalición con dichas fuerzas políticas.
Cuando el presidente no cuenta con la mayoría en el Parlamento, la Constitución haitiana vigente exige un diálogo entre él y las diferentes fuerzas del poder legislativo para nombrar un jefe de gobierno. Luego de dos fracasos, el nuevo presidente aprendió finalmente la lección. Pero, el reto ahora es: ¿cómo hacer funcionar un gobierno de coalición para que todos sus integrantes trasciendan sus intereses grupales a fin de ejecutar un programa gubernamental coherente?
Las opiniones oscilan entre el escepticismo, debido a la débil cultura de diálogo y concertación en la clase política haitiana, y la esperanza de que los actores políticos cambien de mentalidad y finalmente respeten las reglas del juego democrático.
Algunos partidos políticos que no fueron integrados en el nuevo gobierno ya expresaron su descontento, al tiempo que anunciaron su eventual giro hacia la oposición. De hecho, algunos de los líderes de dichos partidos, por ejemplo Sauveur Pierre Étienne, ya se declararon en la oposición, precisando que “hacemos una oposición responsable, democrática y constructiva”. Según esos actores políticos, el nuevo gobierno es una coalición entre INITE (plataforma política del ex presidente René Préval), Lavalas (partido del ex presidente Jean-Bertrand Aristide) y el duvalierismo (movimiento político del ex dictador Jean-Claude Duvalier). La postura de los grupos y partidos políticos representaría un foco rojo para el nuevo gobierno.
A nivel humanitario y socio-económico
Además de los grandes retos políticos arriba mencionados que deberá de enfrentar el nuevo gobierno haitiano, a nivel humanitario y socio-económico la situación del país no es menos complicada.
La crisis humanitaria en Haití, que se agravó luego del terremoto del 12 de enero de 2010, está lejos de ser resuelta. La intensificación de la inseguridad alimentaria que afecta a 4.5 millones de haitianos (casi la mitad de la población), el recrudecimiento de la epidemia de cólera que cobró la vida a más de 6 mil víctimas y la difícil situación de 550.560 personas desplazadas que viven actualmente en 802 campamentos, según los datos proporcionados por diferentes entidades haitianas e internacionales, presentan un cuadro general desolador.
La vicesecretaria de asuntos humanitarios de la ONU, Valerie Amos, expresó el pasado 29 de septiembre, durante una visita de dos días a Haití, que estaba “inquieta” por la situación de las personas desplazadas en los campos.
“La situación de los damnificados que viven en los campamentos no está mejorando, sino agravándose”, recalcó ella, subrayando que la ONU recibió sólo la mitad de los 382 millones de dólares americanos que el organismo internacional había solicitado para ejecutar sus programas humanitarios en Haití. Los desplazados siguen enfrentando serios problemas de acceso a alimentación, agua potable, higiene y otros de sus derechos fundamentales, mientras que la violencia contra las mujeres continúa creciendo en los campamentos.
La Comunidad internacional reconoce que la misma complejidad de la crisis relacionada con el desplazamiento en las zonas urbanas de Haití, con la falta de vivienda y la pobreza complica el proceso de salida de los desplazados de los campamentos y la búsqueda de soluciones más duraderas y dignas para ellos y para las comunidades de retorno.
El reto es mantener Haití en la agenda humanitaria y del desarrollo a nivel internacional, consideran los actores internacionales.
A nivel internacional
En este sentido, el nuevo gobierno estima que la CIRH tiene un papel clave que jugar para buscar ayuda internacional y mejorar su eficacia. En la presentación de su política general, el mismo nuevo primer ministro Garry Conille recomendó la prorrogación del mandato de la CIRH que se venció el pasado 21 de octubre. El nuevo gobierno tendrá que presentar próximamente ante el Parlamento un proyecto de ley para la prorrogación del mandato de esta estructura bilateral haitiano-internacional, cuya misión consiste en coordinar la reconstrucción de Haití.
Un grupo de parlamentarios se oponen a la renovación del mandato de la CIRH que consideran “una intervención disfrazada de la Comunidad internacional” en los asuntos internos del país, intervención que suplanta el papel de las instituciones haitianas, la participación de la sociedad nacional y la función del Parlamento de controlar el Ejecutivo en el proceso de la reconstrucción.
Por su parte, varios grupos de la sociedad civil haitiana ya habían expresado, reiteradas veces, su oposición a la renovación del mandato de la CIRH calificada de “ineficaz” y “contraria a los intereses del pueblo haitiano”.
Otro punto de conflicto entre el nuevo Gobierno y el Parlamento es la presencia de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH). Si bien el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó, el pasado 14 de octubre, por un año el mandato de la MINUSTAH, ordenó al mismo tiempo el retiro de 2.500 militares y policías del total de sus efectivos.
Sin embargo, el Senado haitiano exige con unanimidad la salida definitiva de esta fuerza multinacional del país, al finalizar su mandato el próximo año, así como una reparación para las 6.200 víctimas haitianas de la epidemia de cólera que provocó esta misión militar y también para cientos de personas, mayoritariamente jóvenes, que han sufrido agresiones sexuales por parte de los cascos azules.
En este sentido, el Senado consagra una larga lucha que vienen emprendiendo amplios sectores y movimientos sociales a nivel nacional e internacional contra la presencia de la MINUSTAH. Los movimientos estudiantiles, obreros, campesinos haitianos… han intensificado durante los últimos meses sus protestas contra los cascos azules, al tiempo que cientos de organizaciones y personalidades del mundo escribieron una carta dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, en la que solicitaron el retiro inmediato de las tropas militares de Haití.
El presidente haitiano concuerda con la ONU acerca de la necesidad de renovar el mandato de la MINUSTAH, pero reduciendo su componente policial-militar, ya que “la situación en Haití es tranquila, pero sigue siendo frágil”, tal como lo expresó el Representante especial del Secretario General de la ONU para Haití, el chileno Mariano Fernández. Sin embargo, el jefe de Estado haitiano considera necesario restablecer las Fuerzas Armadas de Haití que fueron desmovilizadas en 1994 por el presidente Aristide, luego de su regreso al poder con el apoyo de la Comunidad internacional.
El nuevo gobierno ya anunció la publicación, antes del 18 de noviembre, de un decreto presidencial que restablecerá las Fuerzas Armadas de Haití; anuncio que choca a varios parlamentarios y a gran parte de la sociedad haitiana que se oponen al regreso de una fuerza militar calificada de “golpista” y “violadora de los derechos humanos”. De hecho, el nuevo gobierno ha sido convocado por el Senado para responder a las preguntas de los parlamentarios sobre el tema de la re-movilización de las fuerzas armadas.
El pueblo haitiano no puede esperar más
El futuro de la nueva administración Martelly-Conille dependerá, en gran parte, de su capacidad para dialogar con las fuerzas políticas heterogéneas que integran el mismo gobierno de coalición, con los otros poderes, los grupos de oposición, los movimientos sociales y las instancias de la Comunidad internacional.
Los problemas son enormes en Haití, y eso en todos los niveles: político, humanitario, socio-económico e internacional, así como los retos que esperan al nuevo gobierno. Si se puede hablar de una nueva era, se trata justamente de una era de grandes decisiones que corresponden no sólo al nuevo gobierno, sino también a otros actores haitianos e internacionales. El pueblo haitiano no puede esperar más: está al límite de la paciencia, del sufrimiento y de todo lo que puede soportar la dignidad humana.
Bogotá (Colombia), 26 de octubre de 2011
- Wooldy Edson Louidor, Servicio Jesuita a Refugiados-Latinoamérica y Caribe (SJR LAC)
