Por Victoria Ginzberg y Alejandra Danda, para Página/12, 24/03/2012.
Victoria Montenegro, Catalina de Sanctis Ovando, Francisco Madariaga, Macarena Gelman, Simón Riquelo, Alejandro Pedro Sandoval, Leonardo Fosatti, Juan Cabandié, Claudia Poblete, los hermanos Antole Boris y Victoria Eva Julien Grisonas y los otros 95 niños secuestrados durante la última dictadura que recuperaron su identidad son la prueba más firme y palpable del plan de apropiación de niños. Pero los análisis de ADN, sus historias (en lo que se pudo) reparadas no son lo único que demuestra la existencia de aquella práctica que hicieron sistemática y perfeccionaron los ejecutores del terrorismo de Estado. Hay documentos, papeles que dejó la burocracia, memos secretos y cartas familiares. Y hay palabras, testimonios de sobrevivientes y confesiones de represores ante jueces y de apropiadores ante los niños que pretendían aliados. Esta evidencia recolectada durante años de investigación fue analizada en el juicio contra ocho represores que entrará esta semana en su etapa final. Luego de las marchas con las que organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, estudiantiles y sociales repudiarán hoy el golpe militar del 24 de marzo de 1976, el lunes, los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo comenzarán su alegato y darán cuenta de todos estos hechos, que permitirán sostener la acusación contra Jorge Rafael Videla, Reinaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros, Jorge Acosta, Antonio Vañek, Jorge Azic, Rubén Franco y el médico Jorge Luis Magnacco.
Palabras
Hay numerosas declaraciones judiciales en las que testigos o imputados mencionan la existencia de órdenes provenientes desde la cúpula militar para apropiarse de los hijos de desaparecidos. Todas coinciden en que había un objetivo definido: que los niños se criaran en hogares “occidentales y cristianos”. Los testimonios del médico militar Julio César Caserotto, el fundador del CELS Emilio Mignone, la sobreviviente Lila Pastoriza y Jorge Eduardo Noguer, un ex marino cuya hija y nieta fueron secuestradas, son solo algunos ejemplos.
n “En el Hospital Militar de Campo de Mayo, sector de maternidad, durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional existieron órdenes verbales y escritas por la superioridad para que en el lugar se asistiera a las parturientas traídas por personal de Inteligencia. Las órdenes escritas estaban tituladas ‘Plan de Operaciones Normales para con el Personal de Inteligencia’, y estaban firmadas por el director del hospital” (Ramón Posse), reveló en 1998 el médico militar Julio César Caserotto, que se desempeñó entre 1977 y 1983 como jefe del servicio de obstetricia del Hospital Militar de Campo de Mayo. Cuando se le preguntó por el destino de esas mujeres y de los niños, respondió que se dirigía “al despacho del director del hospital y le mencionaba que la paciente estaba en condiciones de recibir el alta” y él se desligaba de la cuestión, pero que al otro día ni la parturienta ni el recién nacido estaban en el lugar. En otra declaración, Caserotto recordó puntualmente cuando se le transmitieron esas órdenes. Dijo que “un día por la mañana, cuando se disponía a tomar el servicio, lo encontró muy alborotado. Que divisó una mujer que se encontraba internada en la sala general ya puérpera, siendo vigilada por un soldado armado. Que dicha situación alteraba el orden normal de la sala, ya que se encontraban internadas otras mujeres”. Recordó que luego, en una reunión, Posse le indicó: ‘A partir de ahora se internan todas las detenidas embarazadas en Epidemiología’, así le evitaban inconvenientes, y que no debían registrar el ingreso de estas mujeres ni de los nacimientos. Allí estaba presente también el capitán Norberto Bianco, médico militar que se encargaba de las embarazadas secuestradas en distintos centros clandestinos y que se apropió del hijo de Norma Tato y Jorge Casariego, quienes en 1977 estuvieron secuestrados en El Campito y permanecen desaparecidos.
n El fundador del CELS, Emilio Mignone, recordó en una causa judicial en 1998 que, en 1978, junto con Augusto Conte fueron a ver a Mario Amadeo para reprocharle que hubiese aceptado la designación como experto en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas con aval de Videla. Le pidieron que se interiorizara sobre la situación de la desaparición de personas y que recibiera a las Abuelas de Plaza de Mayo. Esa reunión se concretó y luego de escuchar a las mujeres que denunciaban la desaparición de sus hijas embarazadas y el secuestro de sus nietos, Amadeo se entrevistó con el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, el coronel auditor Carlos Cerdá, y le planteó la cuestión referida a los menores, ante lo cual Cerdá respondió que “se ha aprobado a nivel de la Junta Militar una doctrina mediante la cual los hijos de los subversivos no deben ser educados con odio hacia las instituciones militares” y que “por ello se entregaban los chicos en adopción”.
n Jorge Eduardo Noguer fue miembro de la Armada entre 1947 hasta 1967, cuando se retiró como teniente de fragata. El 3 de junio de 1976 desaparecieron su hija María Fernanda Noguer y su nieta Lucía Villagra, en Acassuso. Su hermano, el coronel José María Noguer, era intendente de San Isidro y había sido compañero de promoción de Riveros, quien era comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo. En consecuencia, Jorge Noguer se entrevistó con él para tratar de localizar a su hija y a su nieta. Riveros designó a Hermann Tetzlaff (apropiador de Victoria Montenegro) para que lo ayudara a reconstruir el operativo en que se las habían llevado. Noguer recordó que Tetzlaff era el representante de la Escuela de Comunicaciones en el grupo de Inteligencia, jefe de la zona de San Isidro, Boulogne y Tigre y que trabajaba en forma conjunta con el Batallón de Inteligencia de Campo de Mayo. Noguer aseguró que Tetzlaff y su mujer, María del Carmen Eduartes, le contaron varias veces que no podían tener hijos. Incluso, dijo que en una ocasión, en junio o julio del ’76, el represor lo pasó a buscar por su domicilio y lo llevó “a una vivienda ubicada en la calle Thames o Dardo Rocha, a media cuadra de la Panamericana, en la que la noche anterior se había efectuado un procedimiento del Ejército, donde le dijo ‘la habíamos reventado, la habíamos reventado y donde murieron los guerrilleros padres’, ‘cuando entramos nos encontramos con dos chicos con los ojos gigantes, abiertos y me quedé con uno’”. El ex marino, que seguía buscando a su hija y a su nieta, quedó impresionado por la crueldad del relato. Pocos días después de ese episodio, un sábado por la tarde, apareció Tetzlaff en su casa, acompañado por su esposa Eduartes, con una niña que Tetzlaff presentó como su hija, una niñera y la suegra. Noguer decidió ir a ver a Riveros para preguntarle si no cabía la posibilidad de que su nieta hubiera sido entregada a otro matrimonio como el de Tetzlaff y Eduartes. Riveros le dijo que con su nieta no había pasado eso, pero le indició que “ésas eran normas para evitar que los hijos de zurdos caigan si no en hogares bien constituidos ideológicamente con el fin de enderezarlos”. Noguer, finalmente, hizo contacto con Videla, quien lo derivó al ministro del Interior Albano Harguindeguy, quien por medio de una lista le ratificó la desaparición de su hija y su nieta y le dijo que estaban en manos del jefe de la Armada, Emilio Eduardo Massera. En enero de 1977 recuperó a su nieta. Su hija, María Fernanda Noguer, continúa desaparecida.
n Los testimonios de los sobrevivientes, en este caso en su mayoría mujeres secuestradas que acompañaban en la celda a sus compañeras embarazadas y que hasta las asistieron en sus partos, son también fundamentales evidencias de este plan. Sara Solarz de Osatinsky, quien estuvo cautiva en la ESMA, declaró que “durante mucho tiempo, venían a visitar la pieza de las embarazadas altos jefes de la Marina, entre otros Vañek, y venía Chamorro y venía también Vildoza. Estoy casi segura de que fue por esas fechas, pero eran permanentes las visitas para contar lo que era ‘la maternidad’, a la que llamaban ‘la pequeña Sardá’”. La Esma contó con un staff de médicos y enfermeros que tenían como función controlar el estado de los secuestrados para garantizar una mayor cantidad de tiempo de tortura e interrogatorios. Y, además, hacían controles ginecológicos y atendían partos clandestinos. La “justificación” para robarse a los niños era la misma en la Armada que en el Ejército. Lila Pastoriza narró: “Me encontré con una chica que me dijo que tenía los pechos destrozados, le pregunté a (Luis) D’Imperio (alias Abdala, a cargo del Servicio de Inteligencia Naval, grupo de tareas que operaba en la ESMA) y me dijo: ‘Nosotros consideramos que los chicos no tienen la culpa de tener los padres que tienen, los subversivos, estos terroristas’” (...) “creemos que las madres deben tener sus partos, pero a los chicos los entregamos a otras familias que puedan educarlos de otra manera’”.
Un legajo esclarecedor
El nieto Alejandro Sandoval Fontana contó que Alicia Beatriz Arteach, su apropiadora, le dijo que un oficial de la Gendarmería de apellido Correa era quien lo había entregado y que les había dado a ella y a Víctor Rei (ex comandante de Gendarmería) la posibilidad de elegir entre él y una niña recién nacida. Alejandro contó que cuando preguntó por Correa, Arteach le respondió que se había vuelto alcohólico, que lo degradaban porque se vivía peleando y que no había quedado bien por lo que había pasado en Campo de Mayo.
Correa es el comandante principal de la Gendarmería Darío Alberto Correa y estaba a cargo de las embarazadas secuestradas en la prisión militar de encausados Campo de Mayo, que si bien se encontraba dentro de la guarnición mencionada, dependía del Cuerpo Primero del Ejército, con asiento en Palermo. El legajo personal de Correa, ya fallecido, aporta interesante documentación: él mismo relató en una actuación administrativa del año 1987 su participación en la represión. En una historia clínica que aparece bajo el título “Actividades cumplidas en el medio castrense”, fechada en Catamarca el 29 de julio de 1987, Correa admitió, entre otras cosas, que tuvo a su cargo la “atención de parturientas detenidas, sus hijos y posterior entrega de los mismos a personas seleccionadas por las autoridades responsables incluyendo el posterior traslado de las madres a lugares secretos para su entrega a los responsables de su eliminación final”.
El caso de Correa, explicarán durante el alegato los abogados de las Abuelas de Plaza de Mayo, prueba la existencia de aceitados mecanismos para la apropiación de los hijos de las mujeres desaparecidas. En primer lugar, queda clara la coordinación entre distintas zonas dentro del Ejército. También prueba la existencia de un procedimiento complejo manejado desde la jerarquía con distintas cadenas de mando y roles definidos, donde las personas que recibirían (se apropiarían) a los niños eran seleccionadas previamente por autoridades responsables. Y, finalmente, prueba que existía un procedimiento establecido para asesinar a las madres.
Papeles
Otro documento que da cuenta del plan para apropiarse de los hijos de desaparecidos es el memorandum redactado en 1982 por Elliot Abrams, funcionario del Departamento de Estado de EE.UU., luego de entrevistarse con el embajador argentino en Washington, Lucio García del Solar. El papel fue desclasificado por el gobierno de Estados Unidos en 2002 y publicado por Página/12.
En dicho escrito, Abrams contó: “Le pregunté al embajador el tema de los niños nacidos de prisioneras o los arrancados de sus familias durante la guerra sucia. Si bien los desaparecidos estaban muertos, estos niños estaban vivos y en un sentido esto era el problema humanitario más grave. El embajador acordaba en un todo y ya le había mencionado este punto a su ministro de Relaciones Exteriores y al presidente. No habían rechazado su punto de vista, pero señalaron el problema de, por ejemplo, sacarles los niños a los padres adoptivos”. Este memorándum lleva fecha del 3 de diciembre de 1982, cuando ejercía la presidencia de facto Reinaldo Benito Bignone.
El documento refleja el pleno conocimiento de Bignone de la apropiación de niños, pero, más aún, señalan los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, deja ver que el dictador conocía el destino de esos niños. Abrams fue convocado a declarar en el juicio oral como testigo, trámite que realizó a través de una videoconferencia. En esa oportunidad dijo: “Pensábamos que era un plan porque había mucha gente que encarcelaban o asesinaban y nos parecía que el gobierno militar había decidido que algunos (niños) se entreguen a otras familias” y aclaró que ésta no era su opinión personal, sino del gobierno de Estados Unidos.
Gente bien
Con las declaraciones de algunos jóvenes que recuperaron su identidad, se reforzó la idea de que el objetivo de que los niños fueran entregados a familiares que cumplieran ciertos requisitos se llevó a cabo y de que, para eso, existieron ciertos mecanismos burocráticos, más o menos formales según los casos.
La apropiadora de Alejadro Sandoval Fontana le contó que a ella y a Rei los citaron “en el Regimiento de Patricios, el Maldonadito, y le hicieron un ambiental”. Les dijeron que quien se quedara con el niño “tenía que ser de la fuerza o amigo de la fuerza, tenías que tener casa propia, ser católico”.
Esto coincide con la información que obtuvo Catalina De Sanctis Ovando, que pudo reconstruir parte del proceso de su sustracción a partir de una carta que encontró en el domicilio de sus apropiadores (y que luego fue secuestrada en un allanamiento) y de lo que ellos mismos –Carlos Hidalgo Garzón y Francisca Morillo– le dijeron.
La carta fue enviada por Morillo a Hidalgo Garzón, oficial de Inteligencia del Ejército, a su destino militar en Tucumán y está fechada el 7 de abril de 1977. En la carta, Morillo le informa a Hidalgo Garzón: “Del Liceo hablé con el Coronel y me dijo que parece que se hace el llamado nomás, me dijo que fuera por Liceo luego de Semana Santa para ya llenar la solicitud: me atendió muy amable y se recordó en seguida, se ve que tiene presente el caso, veremos qué pasa” (...) “Vino la asistente de movimiento, quedó encantada con el departamento. Conversamos mucho, y me explicó que ella hace 7 años que trabaja en el movimiento y nunca vio que entregaran niños con problemas de salud o malformaciones, que son muy sanitos y que a ella le llamaba la atención lo normal que son los partos. Luego te contaré en detalle la conversación.”
El “Movimiento” al que se refiere en la carta es el Movimiento Familiar Cristiano, que intervino en algunos casos como intermediario entre las Fuerzas Armadas y familias apropiadoras. En una charla con el marido de Catalina, Hidalgo Garzón confesó haber visto a la mamá de Catalina detenida en Campo de Mayo y haber llamado al día siguiente de la sustracción para preguntar si habían “volado el paquete”, en referencia al asesinato de Miryam Ovando al arrojarla al mar en los denominados “vuelos de a muerte”. La apropiadora argumentó, además, que ellos querían “adoptar” a la niña, pero que “un superior les ordenó que la tenían que inscribir como hija propia”.
“Estos hechos –dirán los abogados de Abuelas– nos permiten concluir que existieron mecanismos burocráticos precisos para la entrega de los bebés a sus apropiadores, en los que se cumplían requisitos también precisos, en los que intervenían distintas instituciones además de las militares, como el Movimiento Familiar Cristiano, también religiosos, y en el que había control jerárquico dentro de la misma estructura militar.”
“Si bien es claro que la dictadura desarrolló su actividad de represión y exterminio en la más absoluta clandestinidad –y la apropiación de niños no fue la excepción– y que procuró su impunidad instando a la destrucción de los más diversos registros y evidencias, alcanzando tanto la destrucción de documentos como de espacios físicos (tal es el caso de el CCD El Campito, en Campo de Mayo), así y todo, han quedado muchos rastros de la política que la dictadura definió respecto de los niños”, se escuchará durante el alegato preparado por los abogados María Inés Bedia, Florencia Sotelo, Colleen Torre, Germán Kexel, Emanuel Lovelli, Agustín Chit, Mariano Gaitán, Luciano Hazan y Alan Iud.
No será por lo tanto posible encontrar un papel escrito por los represores con los detalles del plan de apropiación de niños. Pero estos 35 años de búsqueda de nietos han permitido recolectar pruebas más que suficientes que establecen que las apropiaciones de niños no fueron “excesos” o casos aislados, como argumentaban las cúpulas militares cuando se encontraban ante la inapelable evidencia de un análisis genético positivo.
“Quien se pregunte si la dictadura militar tuvo por objetivo satisfacer los deseos egoístas de paternidad de algunos oficiales, suboficiales o familias vinculados con aquéllos estará errando el punto de partida –explican los abogados de Abuelas–. El objetivo de la dictadura fue erradicar las posibilidades de construcción de un país distinto, donde el pueblo fuera el protagonista de las decisiones políticas y decidiera soberanamente su destino, y para ello persiguió con los más perversos y crueles métodos a los militantes políticos, sindicales, estudiantiles, que impulsaban la politización de la sociedad y buscaban modificar el statu quo. Fue en la ejecución de esa infame tarea que las Fuerzas Armadas abordaron el ‘problema’ de los hijos de aquellos a quienes desaparecían. Y, muy tempranamente, tomaron la decisión de que esos niños no fueran devueltos a sus familias.”
