La Paz, 21 may (PL) El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García
destacó hoy la inclusión de las naciones indígenas originarias gracias a
la fuerza que tiene el Estado encabezado por el presidente, Evo
Morales.
"Hoy lo que entendemos por Bolivia es distinto a como entendíamos a la
Bolivia homogénea en 1952 y a la Bolivia fragmentada de 1825, ha variado
el concepto de nación y eso ha dependido de quien encabeza el Estado",
subrayó García.
Puntualizó que en 1825 el Estado era liderado
por las oligarquías agrarias, en 1952 fueron las clases medias y el 2014
dirige el Estado el movimiento indígena originario campesino.
En la nación, el idioma común y el territorio son importantes pero no
son decisivos, como la voluntad política cultural de vida en común,
enfatizó García durante la presentación del libro Identidad boliviana:
Nación, Mestizaje y Plurinacionalidad.
pgh/joe
(!!Así de simple!!)
jueves, 22 de mayo de 2014
México: En defensa de la propiedad social en el campo
Alfredo Acedo
ALAI AMLATINA, 22/05/2014.- En esta coyuntura de definiciones, las organizaciones campesinas apuestan a la unidad para definir su programa para la reforma rural que México necesita, y han lanzado una iniciativa de encuentros independientes del gobierno, por considerar que la consulta para la reforma del campo impulsada por la administración federal no reconoce al campesinado como sujeto principal del proceso.
El gobierno lanzó un programa de siete foros nacionales temáticos que inició este mes y termina el 17 de julio. Programó también 6 foros regionales y 32 estatales entre mayo y junio. La consulta oficial concluye el 30 de julio con un foro nacional global en la Ciudad de México.
Pero si Arquímedes fuera gobernante mexicano podría decir: “dadme una consulta amañada y legitimaré un mundo”. El clamor general campesino es que “la organización unilateral desde el aparato público de esos foros favorece las voces coincidentes con las propuestas gubernamentales, elimina disidencias, excluye o reduce a su mínima expresión la presencia de voces críticas de la situación actual de desigualdad y concentración de beneficios en ciertos segmentos de agricultores”, tal como dice un documento de circulación para el consenso entre dirigentes, el cual se hará público en breve.
La Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) decidió hace unos días no participar en los foros convocados por el gobierno al estimar que se trata de una farsa que intenta legitimar decisiones ya tomadas tendientes a profundizar la privatización del campo.
Jesús Durán Vera, dirigente de la Unión Campesina Democrática y coordinador del Congreso Agrario Permanente, organismo que incluye a la mayoría de las organizaciones campesinas, incluso las cercanas al gobierno, informó que están elaborando un documento de trabajo y programando cinco encuentros campesinos.
Serán dos encuentros nacionales en el Distrito Federal (el primero el 29 de mayo) y tres regionales en el Norte, El Bajío y el Sureste del país, de los cuales emanará la propuesta programática de las organizaciones campesinas. Participarán también en los encuentros el Consejo Nacional de Organizaciones Rurales y Pesqueras y algunas organizaciones del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas.
No hemos visto resultados favorables en la producción de alimentos a partir de las perversas políticas públicas vigentes que apoyan sólo a los grandes productores, por eso, a pesar de los recursos destinados al campo, la pobreza y el hambre siguen acentuándose, dijo Durán.
El ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina y actual procurador Agrario, Cruz López Aguilar, anfitrión de la reunión donde estuvo Durán junto con representantes de varias organizaciones, reconoció que los campesinos no pueden ganar batallas en los foros gubernamentales porque “ahí se imponen los poderosos”.
El reformador
El 5 de marzo, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció el arranque de su reforma al campo, supuestamente para volverlo más productivo, rentable y digno. Para las organizaciones campesinas que no confían en las intenciones del régimen, el anuncio sonó como advertencia: de inmediato se pusieron en guardia.
Peña afirmó que su gobierno “no ha propuesto, ni propondrá, iniciativa alguna que modifique el régimen de propiedad social que hay en nuestro país”, lo cual no lo compromete a fortalecer al ejido y la comunidad ni lo exime de impulsar la privatización de los territorios codiciados que aún están en manos campesinas.
La palabra del presidente es una moneda más devaluada que el peso. No es posible olvidar que después de negar reiteradamente el carácter privatizador de su reforma energética, ésta desembocó en la entrega del petróleo a las trasnacionales.
De hecho, entre las declaraciones del presidente ese día, fue un engaño afirmar que la secretaría de Agricultura ejercerá este año el presupuesto más alto de su historia, 82 mil 900 millones de pesos, cuando se sabe que el incremento de 10 por ciento respecto a 2013 proviene de recursos tomados de programas de otras secretarías.
El presidente dijo que convocaría a “foros y espacios de diálogo y propuestas a organizaciones campesinas, a los propios campesinos, y todos quienes están inscritos bajo las tres modalidades de régimen de propiedad que consagra nuestra Constitución, para conocer su experiencia.”
El secretario de agricultura Enrique Martínez, menos obligado a cuidar las formas, declaró el 14 de enero que uno de los caminos para elevar la productividad del campo es “buscar en esas reformas jurídicas un tránsito más rápido de la propiedad social a la propiedad privada”, y lamentaba, muy preocupado, que “desde que se hizo la reforma de 1992 al 27 constitucional, solamente el 3% de la propiedad ha pasado de un régimen a otro”.
No hace falta gran imaginación para prever el sentido de la reforma anunciada. El gobierno, una administración tras otra, se ha mostrado flojito y cooperando al facilitar la entrega de recursos y territorios, reformando leyes y cancelando derechos de la población para abrir los espacios exigidos por la inversión extranjera de la industria extractiva trasnacional. Es el caso de concesiones y contratos otorgados a empresas mineras y petroleras.
Nada más adecuado para tales propósitos que privatizar el ejido y la propiedad comunal —régimen social de tenencia de la tierra que abarca aún a la mitad del territorio nacional—, disfrazados bajo el discurso de hacer del campo “un espacio digno para quienes viven y dependen de él”.
Las intenciones gubernamentales quedan más claras cuando se analiza el contenido de las iniciativas de leyes secundarias de la reforma energética presentadas recientemente al Congreso, en las que, por ejemplo, el Artículo 91 de la iniciativa de Ley de Hidrocarburos establece:
"La industria de Hidrocarburos a que se refiere esta Ley es de utilidad pública. Procederá la constitución de servidumbres, la ocupación o afectación superficial, o la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria de Hidrocarburos, conforme a la Ley de Expropiación y demás disposiciones aplicables en los casos en los que la Nación lo requiera."
De ese modo los territorios de ejidos y comunidades pasarán fácilmente a poder de las empresas trasnacionales al darle la reforma prioridad a la explotación de hidrocarburos, la cual "tendrá preferencia sobre cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo".
Saldos del TLCAN
Las condiciones del campo mexicano ya son de por sí lamentables. Después de 20 años de libre mercado, la sociedad rural mexicana está exhausta. La apertura comercial unilateral y abrupta más la eliminación del sistema de precios de garantía crearon una situación en la que los costos de producción superaron a los precios de los productos, causando la caída en la rentabilidad de las actividades agropecuarias.
El desmantelamiento de las políticas públicas de fomento a la producción campesina convirtió al país en importador neto de alimentos e incrementó la pobreza en la sociedad rural. El campo cuenta con unos 30 millones de habitantes: 81% pobres, 37% en pobreza extrema; de los 28 millones de hambrientos en el país, casi 20 millones viven en el campo.
De los apoyos gubernamentales que sobreviven, más del 60 por ciento benefician a sólo 17 mil de los más de seis millones de productores del campo.
La economía se fue a pique. De 1934 a 1982 el PIB había crecido a una tasa media superior al 6 por ciento anual. En la etapa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la tasa media de crecimiento anual del PIB por habitante es menor a 1%. También se profundizó notablemente la desigualdad social.
En términos de comercio exterior, el gran derrotado ha sido el sector agropecuario mexicano que pasó de una balanza comercial positiva en 1991 (cuando México exportaba a EEUU 2,373 millones de dólares e importaba 2,131), a una negativa en 2012 cuando exportó 18 mil 219.771 mdd e importó 22 mil 255.440 (déficit de más de 4 mil mdd). En enero de este año el déficit ascendía a tres mil 195 mdd, con importaciones totales por más de 30 mil mdd.
Los grandes ganones del TLCAN son la agroindustria cervecera y tequilera que concentra alrededor del 20% de las exportaciones, el sector hortícola (28%), el del ganado bovino en pie (6.3%) y las maquiladoras, la mayor parte de estos sectores concentrada en grandes productores nacionales y extranjeros.
La producción de granos y oleaginosas creció por debajo del incremento poblacional. De 1985 a 2008 la población se incrementó en 40.7% y la producción en 26.8%.
La importación legalmente registrada de maíz pasó de 2.6 millones de toneladas en 1995, a más de 10 millones el año pasado.
En arroz, de 1989 a la fecha, vino de la autosuficiencia a producir sólo 10% del consumo interno del grano (un millón 200 mil toneladas).
En el caso de la leche en polvo, México es el primer importador del mundo; compra además al exterior el 95 por ciento del soya que consume, el 53 por ciento del trigo, el 40 por ciento de la carne de res y cerdo, el 30 por ciento del frijol. La dependencia alimentaria admitida oficialmente es de 45%.
Debido al retraimiento y desaparición de instituciones como Conasupo, Diconsa y Almacenes Nacionales de Depósito, el mercado interno ha quedado en manos de las trasnacionales y la comercialización agroalimentaria fue monopolizada.
El resultado de la política agropecuaria durante la vigencia del modelo neoliberal ha sido la extensión y consolidación del control de Estados Unidos sobre el mercado agroalimentario mexicano. El abasto de alimentos en las grandes ciudades está en manos de Walmart, en tanto Cargill y un puñado de empresas concentran más del 60 por ciento de la comercialización de los cultivos básicos.
Monsanto, DuPont y un puñado de trasnacionales monopolizan el mercado de semillas y presionan fuertemente para introducir su maíz transgénico.
El aumento de conflictos sociales y violencia en el país está directamente relacionado con la puesta en marcha de las políticas de libre mercado pues la devastación económica y ambiental que han producido arrebata a la gente sus medios de subsistencia tradicional y la arroja a las actividades criminales y la economía informal.
El libre mercado modificó los patrones de alimentación y consumo. La presente generación ha sido seriamente dañada, un 70 por ciento de las personas padecen sobrepeso y obesidad, y durante buena parte de su vida sufrirán alguna discapacidad y eventualmente morirán pronto a causa de diabetes o enfermedad cardiovascular.
En los primeros cinco años de vigencia del TLCAN, de 1994 a 1998, la inversión directa de EE.UU. en las industrias de alimentos y bebidas de México casi se cuadruplicó, pasando de 2.3 a cerca de 9 mil millones de dólares. Entre 2002 y 2007, la inversión directa estadunidense en las empresas de bebidas mexicanas se elevó a casi 6 mil millones con un 35 por ciento de incremento.
En 2012, los cereales industrializados, aceites y derivados cárnicos asociados con la obesidad, la diabetes y otras enfermedades relacionadas con la dieta representaron el 75 por ciento de las importaciones desde los Estados Unidos.
En síntesis, tenemos un país dominado por el gran capital trasnacional, con pérdida de soberanía alimentaria, y con una sociedad rural desarticulada, diezmada por la migración y el crecimiento de la pobreza y el hambre.
Esta es la situación que el gobierno pretende enfrentar con la privatización de territorios ejidales y comunales.
En defensa del ejido y la comunidad campesina
En cambio, los representantes de la clase campesina organizada demandan restituir a la propiedad ejidal el carácter de patrimonio familiar imprescriptible, inalienable e inembargable y eliminar la facultad de las sociedades mercantiles de poseer predios rústicos.
La contrarreforma del 6 de enero de 1992 que modificó el Artículo 27 Constitucional, además de desaparecer las garantías mencionadas, autorizó que las empresas sean propietarias de predios 25 veces mayores a los límites de la pequeña propiedad, con lo cual pueden concentrar superficies de 2 mil 500 hectáreas de riego, 20 mil de bosque y 312 mil para explotación ganadera.
El ejido es una dotación de tierra en calidad de propiedad social de uso individual o colectivo que tiene raíces prehispánicas y recibió impulso con el reparto de latifundios en el Siglo XX, una de las principales banderas de la Revolución Mexicana, consolidada en la década de los 30, en el gobierno del general Cárdenas.
Ahora en el campo existen unos 31 mil ejidos y comunidades, con 5.6 millones de sujetos de derecho, 3.8 millones de jornaleros, 2.4 millones de avecindados y 1.4 millones de posesionarios.
El modelo neoliberal a partir de los años 80 agudizó la crisis del campo y provocó otra fase de concentración de tierras en manos de los antiguos latifundistas mediante el arrendamiento de parcelas ejidales, de ahí que una de las demandas del movimiento campesino sea dotar de fondos al Programa para Recuperación de Tierras Ejidales Rentadas.
Otro punto de consenso unánime es el financiamiento accesible para los pequeños y medianos productores mediante una banca de desarrollo para el campo.
La lista incluye elevar a rango constitucional la soberanía alimentaria, incentivar el establecimiento de prácticas agroecológicas y prohibir todo cultivo de maíz transgénico en territorio nacional.
Reglamentar los derechos constitucionales a la alimentación, al ambiente sano y al agua así como la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, aprobada desde el año 2000.
Crear un Programa Nacional Alimentario basado en la producción social de alimentos para acabar con el hambre y la dependencia alimentaria y crear una reserva estratégica de alimentos y un sistema de abasto, almacenaje y comercialización.
Demanda imprescindible es erradicar los monopolios agroalimentarios nacionales y extranjeros y regular la exportación e importación de granos básicos así como cambiar de fondo la orientación del gasto público rural.
La reforma al campo deberá garantizar los derechos de los pueblos indígenas y solucionar los conflictos mineros en favor de las comunidades y hay quienes están convencidos de que muchas de estas demandas no podrán avanzar sin renegociar el TLCAN con el fin de cancelar su capítulo agropecuario.
La UNORCA aprobó en su reunión de coordinadora nacional realizar plantones y tomas de edificios gubernamentales para defender estas demandas, y Durán, por separado, coincidió en que “si el autoritarismo quiere imponerse, pasaremos dignamente a la resistencia y a la movilización”.
- Alfredo Acedo es periodista y director de comunicaciones de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA)
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NOTA EM DEFESA DOS MUNDURUKU DO TAPAJÓS
EXIGIMOS APURAÇÃO E PUNIÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELAS AGRESSÕES CONTRA O
POVO MUNDURUKU
Em novembro de 2012 uma operação desencadeada pelo Exército
brasileiro, Força Nacional e Polícia Federal, denominada "Operação
Eldorado", cujo suposto objetivo seria o de retirar garimpeiros ilegais
das terras Munduruku, teve como resultado a invasão de aldeias, agressões
morais e físicas contra idosos, mulheres e até mesmo crianças indígenas,
culminando com a morte de um índio Munduruku, Adenilson Krixi, assassinado com
um tiro na cabeça desferido pelo delegado da Polícia Federal Antonio Carlos
Muriel Sanchez, comandante da operação. Crime até hoje impune.
Escondido na cortina de fumaça jogada por esta operação,
estava o real objetivo da mesma, ou seja, intimidar os índios Munduruku, que em
junho do mesmo ano haviam participado do evento chamado Xingu+23, ocasião em
que realizaram uma ação nos escritórios da Norte Energia, empresa que está
construindo a UHE Belo Monte, posicionando-se diretamente contra esta obra, contra
a construção de 07 hidrelétricas na Bacia do Tapajós e contra as outras dezenas
de usinas hidrelétricas previstas para os rios da Amazônia brasileira.
Logicamente, considerando os verdadeiros objetivos expostos,
o garimpo ilegal continuou livremente dentro das terras indígenas Munduruku.
Cansados de esperar pelo poder público, os Munduruku
resolveram, eles próprios, realizar uma operação em janeiro deste ano, 2014,
visando desmantelar o garimpo ilegal em suas terras. A operação foi muito bem
sucedida, porém acentuou, ainda mais, a insatisfação do poder público local, em
especial a Prefeitura de Jacareacanga, Câmara de Vereadores e órgãos de
Segurança Pública instalados na cidade, mas também de comerciantes e
garimpeiros que atuavam ilegalmente na região.
Em fevereiro/2014, insatisfeita com o posicionamento destes
indígenas contra a construção das hidrelétricas no rio Tapajós, bem como com a
operação de retirada do garimpo ilegal, a Prefeitura de Jacareacanga, cujo
Prefeito e Vice-prefeito fazem parte do Partido dos Trabalhadores (PT), mesmo
partido da Presidente Dilma Rousseff, desligou do quadro de professores do
município 70 indígenas que trabalham nas aldeias. A alegação é que estes trabalhadores
da educação não possuem nível superior, e por este motivo não poderiam
continuar lecionando.
A Prefeitura em nenhum momento considerou que todos os
professores e professoras indígenas estão em processo de formação no Curso IBAOREBU,
um projeto dos Munduruku apoiado pela Funai, MEC e IFPA, tendo como objetivo
garantir formação superior e técnica a estes indígenas, ficando assim claro o
caráter político desta demissão.
A falta de aula nas aldeias fez com que os Munduruku fossem
a Jacareacanga exigir a solução desta situação, realizando várias manifestações
em frente a Prefeitura, Secretaria de Educação e Câmara Municipal.
Como resposta o Prefeito Raulien Queiros (PT), que é
funcionário de carreira da FUNAI, o Vice-prefeito Roberto Krixi (PT), o
Secretário de Assuntos Indígenas de Jacareacanga Ivânio Alencar, o
representante do Comercial Primavera e outros comerciantes da região, o
garimpeiro conhecido como Tubaína e outros "donos" de garimpos
ilegais que foram expulsos após a ação dos Munduruku no início do ano,
organizaram uma manifestação no dia 13 de maio, que teve como resultado
hostilização, violência moral e física, além de tiros de rojão que deixaram
gravemente feridos os indígenas Rosalvo Kaba Munduruku e Francinete Koru
Munduruku.
No dia anterior a manifestação do dia 13, que culminou com
as citadas agressões, uma casa que serve de apoio aos professores e professoras
que dão aula nas aldeias foi incendiada, sendo este ato atribuído aos
indígenas. Sem provas nenhuma tentaram justificar a violência que cometeram
contra os índios.
Imediatamente após o ocorrido, o delegado da Polícia Civil
Lucivelton Santos deu declarações à imprensa responsabilizando os Munduruku
pelo incêndio na casa dos professores (http://g1.globo.com/pa/para/
Diante dos fatos expostos, nós, abaixo-assinado,
responsabilizamos as pessoas citadas, bem como o Governador do Estado do Pará
Simão Jatene e a Presidente da República Dilma Rousseff, por qualquer coisa que
possa ocorrer com os indígenas Munduruku que estão se manifestando contra a
construção do Complexo Hidrelétrico do Tapajós e lutando pela garantia
constitucional de políticas públicas para o seu povo.
Solicitamos ainda ao Ministério Público Federal (MPF)
profunda investigação sobre os fatos ocorridos no último dia 13 de maio na
cidade de Jacareacanga, aqui relatados.
Belém, 20 de maio de 2014
ASSINAM ESTA NOTA:
- Aliança dos 4 Rios da Amazônia
- Associação Paraense de Apoio às Comunidades Carentes
(APACC)
- Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais
(ABONG)
- Associação Indígena Tembé de Santa Maria do Pará
(AITESAMPA)
- Associação dos Empregados do Banco da Amazônia (AEBA)
- Associação dos Concursados do Pará (ASCONPA)
- Associação Sindical Unidos Pra Lutar
- Comissão Pastora da Terra (CPT/PA)
- Conselho Indigenista Missionário Regional Norte II (CIMI)
- Comitê Dorothy
- Companhia Papo Show
- Central Sindical e Popular CONLUTAS
- Diretório Central dos Estudantes/UFPA
- Diretório Central dos Estudantes/UNAMA
- Diretório Central dos Estudantes/UEPA
- Federação de Órgãos para Assistência social e educacional
(FASE - Amazônia)
- Federação Paraense dos Estudantes em Ensino Técnico
(FEPET)
- Fórum de Mulheres da Amazônia Paraense (FMAP)
- Fundação Tocaia (FunTocaia)
- Fórum Social Pan-Amazônico (FSPA)
- Fundo Dema/FASE
- Grupo de Mulheres Brasileiras (GMB)
- Instituto Amazônia Solidária (IAMAS)
- Instituto Universidade Popular (UNIPOP)
- Instituto Amazônico de Planejamento, Gestão Urbana e Ambiental
(IAGUA)
- Instituto Madeira Vivo (IMV)
- Juntos!
- Mandato do vereador Cleber Rabelo (PSTU/Belém)
- Mandato do vereador Fernando Carneiro (PSOL/Belém)
- Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB)
- Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade do Estado do
Pará (MMCC-PA)
- Movimento de Mulheres Olga Benário
- Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
- Movimento Luta de Classes (MLC)
- Movimento Estudantil Vamos à Luta
- Movimento Xingu Vivo Para Sempre
- Mana-Maní Círculo Aberto de Comunicação, Educação e
Cultura
- Movimento Hip-Hop da Floresta (MHF/NRP)
- Oposição de Esquerda da UNE
- Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
- Partido Comunista Brasileiro (PCB)
- Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU)
- Partido Comunista Revolucionário (PCR)
- Programa Vozes da Amazônia
- Rede de Educação Cidadã (RECID)
- Rede de Educação Cidadã de Rondônia
- Rede de Entidades em Defesa da Vida de Rondônia
- Rede de Juventude e Meio Ambiente (REJUMA)
- Rede Emancipa: Movimento Social de Cursinhos Populares
- Rede Fórum da Amazônia Oriental:
Alternativas para a Pequena Agricultura no Tocantins
(APA-TO)
Associação Brasileira dos Ogãs (ABO)
Associação das Organizações das Mulheres Trabalhadoras do
Baixo Amazonas (AOMT-BAM)
Associação de Artesãos do Estado do Amapá (AART/AP)
Associação de Divisão Comunitária e Popular (ADCP)
Associação de Gays, Lésbicas e Transgêneros de Santana
(AGLTS)
Associação de Hortifrutigranjeiros Pescadores e Ribeirinhos
de Marabá (AHPRIM)
Associação de Moradores Quilombolas da Comunidade de São
Tomé do Aporema (AMQCSTA)
Associação de Mulheres do Abacate da Pedreira (AMAP)
Associação de Mulheres Mãe Venina do Quilombo do Curiaú
(AMVQC)
Associação de Proteção ao Riacho Estrela e Meio Ambiente
(APREMA)
Associação dos Moradores do Bengui (AMOB)
Associação Educacional Mariá (AEM)
Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão
(ASSEMA)
Associação Grupo Beneficente Novo Mundo (GBNM)
Associação Paraense de Apoio às Comunidades Carentes (APACC)
Encanto - Casa Oito de Março - Organização Feminista do
Tocantins
Centro de Cultura Negra do Maranhão (CCN/MA)
Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (CEDENPA)
Centro de Treinamento e Tecnologia Alternativa Tipiti
(CENTRO TIPITI)
Centro Pedagógico e Cultural da Vila Nova (CPCVN)
Centro Popular pelo Direito a Cidade (CPDC)
Coletivo Jovem de meio Ambiente do Pará (CJ-PA)
Comunidade de saúde, desenvolvimento e educação (COMSAÚDE)
Confederação Nacional das Associações de Moradores (CONAM)
Cooperativa de Mulheres Trabalhadoras da Bacia do Bacanga
(COMTRABB)
Cooperativa de Trabalho, Assistência Técnica, Prestação de
Serviço e Extensão Rural (COOPTER)
Federação das Associações de Moradores e Organizações
Comunitárias de Santarém (FAMCOS)
Federação das Entidades Comunitárias do Estado do Amapá
(FECAP)
Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional –
Programa Amazônia (FASE)
Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura
do Estado do Pará (FETAGRI-PA)
Fórum Carajás
Fórum de Participação Popular em Defesa dos Lagos Bolonha e
Água Preta e da APA/Belém - Fórum dos Lagos
Fórum dos Movimentos Sociais de Belterra (FMSB)
Fundação Tocaia (FunTocaia)
Grupo das Homossexuais Thildes do Amapá (GHATA)
Grupo de Mulheres Brasileiras (GMB)
Grupo Identidade LGBT
Grupo Ipé Amarelo pela Livre Orientação Sexual (GIAMA)
Instituto de Desenvolvimento Social e Apoio aos Direitos
Humanos Caratateua (ISAHC)
Instituto de Divulgação da Amazônia (IDA)
Instituto de Mulheres Negras do Amapá (IMENA)
Instituto ECOVIDA
Instituto Trabalho Vivo (ITV)
Instituto Universidade Popular (UNIPOP)
Marcha Mundial das Mulheres (MMM – AP)
Movimento dos Trabalhadores Sem Teto Urbano (MSTU)
Movimento Afrodescendete do Pará (MOCAMBO)
Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém (MMIB)
Movimento de Mulheres Empreendedoras da Amazônia (MOEMA)
Movimento de Promoção da Mulher (MOPROM)
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
Mulheres de Axé
Rede de Educação Cidadã (RECID)
Sindicato das Empregadas Domésticas do Estado do Amapá
(SINDOMESTICA)
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de
Santarém (STTR/STM)
Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais
(STTR/MA)
Sociedade de Defesa dos Direitos Sexuais na Amazônia
(SODIREITOS)
Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH)
União Folclórica de Campina Grande (UFCG)
União Municipal das Associação Moradores de Laranjal do Jari
(UMAMLAJ)
- Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH)
- Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do
Pará (SINTSEP/PA)
- Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino
Superior (ANDES-SN)
- Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Gestão
Ambiental do Estado do Pará (SINDIAMBIENTAL)
- Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de Belém e
Ananindeua
- Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Ananindeua e
Marituba (SINTRAM)
- União da Juventude Rebelião (UJR)
- União dos Estudantes Secundaristas de Belém (UESB)
- Vegetarianos em Movimento (VEM)
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