La filtración de cables entre la sede de
la embajada del Ecuador en Bruselas y el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Ecuador ha dejado expuesta la evidencia que demuestra de
manera contundente dos hechos: La Unión Europea chantajeó al Ecuador con
negarle beneficios a sus productos de no firmar el TLC en las mismas
condiciones en que lo hicieran Perú y Colombia. El gobierno del Ecuador
en cabeza del propio Presidente Correa se arrodilló ante este chantaje
que enmascaró simultáneamente como un acuerdo digno en las condiciones
que exige Ecuador y diferente a los firmados entre la UE, Colombia y
Perú.
No sorprende la actitud imperial abusiva y arrogante de los
europeos y tampoco, las decisiones serviles, violatorias de la
Constitución de Monte Cristi con las que Correa, a nombre de la
soberanía, el Socialismo del Siglo XXI y la verborrea mentirosa contra
“pelucones” burgueses e imperios, entrega al Ecuador a manos llenas con
el apoyo de una izquierda sectaria nacional e internacional que le cree
el discurso y se niega a ver los hechos, aunque los conozcan de sobra y
les estallen en la cara. En Ecuador también se construye el Capitalismo
del Siglo XXI. Capitalismo izquierdo-parlante para beneficio de la
vanidad, la arrogancia y el poder. Tan repugnante es la relación
imperio-enclave entre Europa y Ecuador en torno de los TLC como la
capacidad de mentir, encubrir y engañar de esta “izquierda progresista”
que tantos defienden en contra de los hechos. La diferencia entre
Ecuador, Perú y Colombia ante los TLC es que Perú y Colombia se
arrodillan a nombre del proyecto neoliberal de derecha, mientras que
Alianza País y sus aliados y cómplices lo hacen a nombre de la
revolución de los pueblos, la soberanía y la lucha contra el imperio. Cómo Así?
FILTRACIÓN DE CABLES DE LA EMBAJADA DE ECUADOR EN BRUSELAS
La UE chantajeó a Ecuador para que firmara el TLC
La UE amenazó a Ecuador con
cerrar la puerta a sus productos y dejarlo "aislado" si no se adhería a
un tratado de libre comercio firmado antes con Perú y Colombia.
Imagen de los papeles filtrados, donde se
plasma la posibilidad de que Ecuador pierda ventajas comerciales si no
firma el TLC. / ÁLVARO MINGUITO
El interminable viaje a la derecha de Rafael Correa
El 17 de julio, tras cuatro años de
negociación, Ecuador firmaba el tratado de asociación económica con la
Unión Europea. Un acuerdo del que también forman parte Perú y Colombia.
El ministro de Comercio Exterior ecuatoriano, Francisco Rivadeneira, se
adelantaba a las posibles críticas afirmando que el acuerdo “está
adaptado” a las necesidades del país y “potencia al máximo las
oportunidades, reduce a su mínima expresión los costos, respeta el
modelo de desarrollo del país y permite proteger a los sectores más
sensibles a nivel productivo”.
No fue suficiente para acallar las voces
que venían denunciando desde el inicio de las negociaciones que se trata
de un tratado de libre comercio encubierto, “propio del modelo de
desarrollo neoliberal impulsado en la década de los 90 y que se
encuentra reñido con la letra y el espíritu” de la actual Constitución,
aprobada en 2007.
Las palabras entrecomilladas no proceden
de alguno de los múltiples grupos opositores que se posicionan a la
izquierda del Ejecutivo, sino de Fernando Yepez Lasso, ex embajador de
Ecuador ante la Unión Europea durante la negociación del acuerdo.
Gracias a una filtración de cables enviados desde la sede diplomática de
Ecuador en Bruselas a altos cargos del Ministerio de Relaciones
Exteriores del país andino, es posible reconstruir los entresijos de la
negociación entre Quito y la UE. Esta información fue recibida a través
de una colaboración con la Associated Whistleblowing Press mediante su
plataforma EcuadorTransparente.org, parte de la red de Filtrala, en la
que participan Diagonal, La Marea, elDiario.es y Mongolia.
“La posibilidad de que nuestro país sea excluido del SGP+ es un elemento de presión por parte de la Comisión Europea"
La extorsión de la Unión Europea
Según afirma el embajador Yepez Lasso en
los cables filtrados, la Unión Europea presionó a Ecuador para que firme
el tratado de libre comercio con la UE, amenazándolo con dejarlo fuera
de los beneficios arancelarios otorgados al país a través del Sistema
General de Preferencias Plus (SGP+), un mecanismo, prorrogado hasta
finales de 2014, que abre las fronteras de la Unión a diferentes
productos ecuatorianos. El fin del los beneficios del SGP+, por el que
entran en Europa el 85% de las exportaciones ecuatorianas, a excepción
del banano, supondrían para las cuentas del país andino el pago de 328
millones anuales en aranceles, según la asociación de empresarios
ecuatorianos Fedexpor.
Así lo explicaba Yepez Lasso en uno de
los cables de 2011: “La posibilidad de que nuestro país sea excluido del
SGP+ es un elemento de presión por parte de la Comisión Europea y de
ciertos sectores empresariales para que el Ecuador adhiera al TLC
concluido por la UE con Colombia y Perú como única alternativa para
evitar la pérdida de acceso a este mercado”.
El embajador ecuatoriano ante la UE
califica el TLC de "agresivo", semejante a aquellos que han sido
criticados por el propio presidente Correa.
Sobre las posibles incompatibilidades
entre el tratado y la Constitución de Ecuador y las leyes de Empresas
Públicas y de la Economía Popular y Solidaria, Gaspar Frontini, jefe
negociador de la Comisión Europea, se mostraba “optimista”, escribe
Yepez Lasso, “en el sentido de que determinadas contradicciones y
dificultades con las leyes ecuatorianas (…) desaparecerían ya que el TLC
por su jerarquía normativa de instrumento internacional prevalecería
sobre ellas, según nuestro ordenamiento jurídico”.
Según el embajador ecuatoriano, en una
conversación con Frontini, el jefe negociador de la Comisión le
confirmaba las opciones del país andino: “Ecuador no tiene alternativa a
la adhesión, con las particularidades del caso, al TLC concluido con
Colombia y Perú ya que en el 2014 perdería el SGP+ y, consecuentemente,
el acceso privilegiado al mercado europeo. El Ecuador quedaría aislado,
mientras sus competidores andinos y centroamericanos se beneficiarían de
un tratado de libre comercio”.
Y se lo confirmaba Tomás Duplá, entonces
director para América Latina del Servicio Europeo de Acción Exterior:
Ecuador no tiene otra opción que adherirse al “TLC concluido con
Colombia y Perú, con las particularidades del caso”, medida que debe
venir acompañada “de la suspensión de la política de denuncia de los
TBI's”, en referencia a los tratados bilaterales de protección recíproca
de inversiones, un mecanismo que somete al Estado a la jurisdicción del
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI) del Banco Mundial, ambos organismos proclives a la resolución de
conflictos en favor de las compañías transnacionales.
La UE exigió a Ecuador que deje de
denunciar los tratados bilaterales de protección de inversiones,
amparados por el Banco Mundial
Mientras en Ecuador se auditaban los
tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones firmados con
anterioridad, Tomás Dupla y el comisario europeo Karel de Gucht habrían
conminado a Ecuador a suspender dicha política de denuncias. Más allá
del contenido de las filtraciones, el presidente Correa aún no ha
firmado la derogación de los tratados bilaterales en el Legislativo
ecuatoriano.
El mismo comisario europeo de Comercio,
Karel de Gutch, había hablado con la entonces ministra Nathalie Cely
“con particular franqueza, dureza y burdo desdén, al afirmar que la UE
negocia solamente TLC's; que para ello el Ecuador debe reformar su
Constitución y que la política de denuncia de los TBl's debe ser
superada. Ésa es la flexibilidad de la UE, expresada al más alto nivel
de la Comisión Europea, y que de manera alguna permite pensar en
apertura hacia nuestros planteamientos esenciales sobre la naturaleza
del acuerdo comercial y nuestro modelo de desarrollo”.
Foto de los documentos donde el embajador ante la UE compara el actual TLC con los firmados en los 90.
Entre la espada y el TLC
Para la Unión Europea no había un plan B.
Ni un gran margen de negociación. La adhesión de Ecuador al tratado
firmado anteriormente con Perú y Colombia era el único instrumento
comercial sobre la mesa de negociaciones. “El único acuerdo comercial
posible con la UE es la adhesión al TLC concluido con Colombia y Perú
–defendía el embajador ecuatoriano en la UE en los cables filtrados– con
las especificidades mínimas de cada país”. Unas condiciones que
difícilmente pueden conjugarse con la Constitución ecuatoriana.
“El único acuerdo comercial posible con la UE es la adhesión al TLC concluido con Colombia y Perú"
La Constitución de Montecristi
–promulgada en 2007 y que recoge gran cantidad de demandas sociales
defendidas en largos ciclos de movilizaciones y levantamientos
populares– prohíbe la firma de tratados que cedan jurisdicción soberana a
instancias de arbitrajes internacionales, exige medidas protectoras al
sector agroalimentario y pesquero, da prioridad en las compras públicas a
productos y servicios nacionales, protege la producción nacional y
procura el fortalecimiento de los mercados internos. Sin embargo, según
afirma el analista e histórico activista Edgar Isch, el texto del
acuerdo suscrito entre Ecuador y la UE apenas incorpora modificaciones
respecto al de Colombia y Perú, unas reservas muy menores en cuanto a
compras públicas, y la inclusión en los anexos de algunas excepciones y
plazos para productos sensibles, al igual que los existentes con
respecto a los otros dos países andinos.
Kintto Lucas fue vicecanciller de Ecuador
entre 2010 y 2012, uno de las personas más cercanas a la negociación
del tratado con la Unión Europea. “Lo que decía en 2012 cuando renuncié
de vicecanciller se está cumpliendo, Ecuador se adhiere al TLC de
Colombia y Perú con la UE. Que pena”, escribía en su cuenta de twitter
el martes 7 de octubre. “Con el TLC los restauradores de la derecha
están contentos. Se unen cuando se trata de sus grandes intereses.
Felicitaciones por la victoria”, escribía en la red unos minutos
después.
