Por Breno Altman, Jonatas Campos e Marina Terra
Caracas, 21/08/2012
Cambios profundos en la política, en la economía y en la sociedad orientaron los focos de la política internacional
A más de mil metros de altura, en la costa venezolana del Caribe, una ciudad brota del cero. Ocupa un área de 1,2 mil hectáreas, en el estado de Vargas, clavada entre Caracas, la capital, y el principal aeropuerto del país. El loteo fue planificado para ser uno de los grandes escaparates del gobierno de Hugo Chávez Frías, presidente de la República desde febrero de 1999.
El proyecto lleva el nombre de Ciudad Caribia. Bajo la responsabilidad de la Constructora del Alba Bolivariana, una empresa mixta cubano venezolana, la iniciativa ya alberga a casi siete mil personas en 1.100 apartamentos. Cuando esté conclusa, en 2018, será una urbanización con más de 20 mil unidades habitacionales, viviendas para 100 mil venezolanos.
Sólo personas muy pobres ya recibieron y seguirán recibiendo el derecho de propiedad de estos apartamentos de 72 metros cuadrados, distribuidos en tres habitaciones, dos baños, área de servicio, comedor, sala y cocina. Totalmente amoblados y equipados.
Pero no es solamente un conjunto habitacional. También tiene escuelas, parques de diversiones, guarderías, biblioteca, comisaría, radio comunitaria, club deportivo, centro comercial, áreas de reuniones y eventos. Automóviles no pueden circular en su interior. La movilidad será garantizada por un sistema de transporte público que prevé hasta un teleférico para llevar a sus moradores hacia la costa y la capital.
El condominio público es dirigido por consejos comunales elegidos, que tienen poder, incluso, para crear empresas comerciales e industriales. Uno de los proyectos que ya está en práctica es la recolección de basura y su reciclaje. El funcionamiento obedece a un modelo de autogestión, que cuenta con el apoyo del gobierno nacional y deja a tras el tradicional verticalismo estatal.
El recorrido entre la autopista Caracas-La Guaira y Ciudad Caribia está tomado por obras y solo se transita en auto
"Escucho de mucha gente que Ciudad Caribia no existe, que es una mentira más del gobierno”, relata Carlos Marques, 45 años, del primer grupo de familias que llegaron, y vocero de uno de los cuatro consejos comunales. "Formamos parte de una experiencia. No soy chavista, de aquellos que acatan todo lo que dice el presidente, pero votaré por él en octubre. Él cambio mi vida.”
Esta sensación redentora, aparentemente generalizada entre los más pobres, tiene su contrapartida en el rechazo, a veces furioso, de los más pudientes. Cuando Chávez fue elegido por primera vez, se imaginaba que él sería un revolucionario en la política y un reformador suave de la economía. Parte de los empresarios llegaron incluso a apoyarlo, porque el sistema carcomido de la llamada IV República (1958-1999) se había vuelto una llaga insoportable. Tan corrupta, que hasta interfería en los negocios.
El mecanismo que imperaba era un duopolio del poder, compartido entre la Acción Democrática (AD), de centroizquierda, y el Comité de Organización Político Electoral Independiente (COPEI), socialcristiano, de centroderecha. Tras la caída del dictador Pérez Jiménez, en 1958, estas dos organizaciones hicieron un acuerdo (conocido como Pacto de Punto Fijo, nombre de la localidad en la cual fue firmado) y crearon reglas implacables para quienes quisieran aguar la fiesta. Durante cuarenta años, fueron los mandamases políticos.
Petróleo
En el caso venezolano, la rueda de la fortuna es girada por el petróleo. El país es el quinto mayor exportador y tiene las mayores reservas comprobadas. Hasta 1976, la explotación era privada y controlada principalmente por empresas estadounidenses. Los empresarios locales acumulaban riquezas como socios menores o prestadores de servicio de las grandes compañías.
En el reino del capitalismo predatorio, Venezuela usaba los dividendos del aceite de la piedra para importar casi todo lo que consumía y tenía un patrón bajísimo de desarrollo industrial y agrícola. Los que tenían acceso a los negocios con el oro negro vivían como jeques. La mayoría de la población, sin empleo fijo o renta estable, se amontonaba en las ciudades y vivía de trabajos precarios.
La elite política también se deleitaba en una cómoda posición. Los dos partidos, que se alternaban en el gobierno, vivían de gordas comisiones pagadas por las licencias de explotación y otras concesiones públicas. De arriba abajo, el país era enlazado por uno de los mayores ductos de coima del planeta.
El alza de los precios petroleros, a partir de la crisis mundial del 1973, inspiró el presidente Carlos Andrés Pérez, de la AD, a pasar esta actividad a la dirección estatal y a crear, en 1976, la PDVSA - Petróleos de Venezuela SA. Sin tocar los intereses multinacionales, ya que las actividades de refinaría y comercio internacional seguían en manos privadas, el nuevo paradigma alimentó el robo sistemático, mostrando un supuesto nacionalismo como coartada.
Las ganancias generadas por los hidrocarburos, gestionados directamente por los políticos del Punto Fijo, engordaron una plutocracia paraestatal beneficiada por contratos, de las más variadas naturalezas, con la PDVSA. Estos barones del petróleo fortalecieron sus posiciones como banqueros, controladores de cadenas televisivas, propietarios de compañías importadoras, entre otros rubros de bajo riesgo. El hecho es que el estancamiento político finalmente se fundió con los dueños del capital.
Durante los diez años de bonanza, algo de felicidad llegaba a las clases más bajas. Al fin, aún con sus bolsillos abarrotados, los políticos necesitan votos y esto demanda agradar a la clientela. La Venezuela petrolera era un país saudí, pero en un régimen de democracia electoral.
Cuando la cotización del petróleo se derrumbó, a partir de los años 80, el modelo fue a la bancarrota. La inflación dio un salto del 7,4% anual en 1978 al 103% en 1996. Los intereses de la deuda pasaron a representar un 30% del presupuesto nacional. El PIB per capita, sin considerar la inflación, cayó casi un 19% entre 1978 y 1998. En el mismo período, el sueldo real perdió el 48% de su valor, provocando una caída de un 25% del consumo familiar, mientras el desempleo saltó del 4,3% al 14,5%.
La ruina, sin embargo, no alcanzó a todos. El sector privado, que antes vivía cómodamente gracias a la escalada de la renta petrolera, pasó a compensar eventuales pérdidas con ganancias financieras obtenidas a través de los intereses que el Estado pasó a ofrecer para poner títulos de la deuda pública en el mercado. La prueba de esa hartura está en los más de US$ 30 mil millones de dólares enviados al exterior entre 1984 y 1998, cuando el país sucumbía.
La transferencia acelerada de recursos públicos a los grupos empresariales, en los gobiernos anteriores a Chávez, fue acompañada por una de las versiones más radicales del programa de ajustes recomendado por el FMI (Fondo Monetario Internacional): reajuste de tarifas de servicios públicos, corte de recursos destinados a los sectores sociales, privatización de empresas estatales.
El hecho es que, cuando el actual presidente comenzó su gestión, tenía frente a si un país quebrado económicamente y a la sociedad hundida. El diez por ciento de la población de entonces (23 millones) estaban incluidos en la patria del petróleo y las finanzas. El 90% restante veían su estándar de vida decaer, corroído por el desempleo, el ajuste salarial y la eliminación de derechos. La mayoría de esta gente dio a Chávez el aval para enterrar a la IV República e iniciar un impetuoso proceso de cambios.
Inicio
El primer paso del nuevo régimen, denominado V República a partir de la Constitución de 1999, fue hacer estallar el sistema político que había heredado. Amparado por la mayoría parlamentaria, los partidarios de Chávez pudieron adoptar una serie de mecanismos plebiscitarios y de participación política que detonaron en el control institucional antes ejercido por el bipartidismo. Las fuerzas derrotadas por el chavismo perdieron la hegemonía sobre la asamblea nacional, el poder judicial y las fuerzas armadas.
Las nuevas reglas del juego permitían que consultas vinculantes, a través de referéndums, fueran convocadas por el presidente, el parlamento o incluso por iniciativas populares que tuvieran un mínimo de apoyo. Mandatos legislativos o administrativos podrían ser revocados por voto popular. Leyes podrían ser aprobadas en detrimento del parlamento, si fuesen selladas en las urnas.
Esta ofensiva política debilitó a los sectores más conservadores. A finales de 2001, Chávez se sintió fuerte como para poner en práctica sus primeras reformas estructurales en la economía. Las principales fueron la Ley de Tierras (que fijó los parámetros de la reforma agraria) y de Hidrocarburos (que aumentó impuestos a las compañías privadas y el control gubernamental sobre la actividad petrolera).
La reacción de la oposición y de los grandes grupos económicos fue inmediata, convocando a las calles la clase media e incitando a los militares a que se rebelaran contra el gobierno. Aprovechándose de su amplio dominio sobre los medios de comunicación, estos círculos crearon un clima de caos y se lanzaron en la empresa del golpe de Estado, en abril de 2002. La aventura duró menos de 48 horas. Militares legalistas, impulsados por centenares de miles que se manifestaban en las calles, restituyeron a Chávez su mandato constitucional.
Nuevo intento vendría a ocurrir a fines de 2002, entonces a través de un paro patronal que paralizaría la economía del país, centrada en la PDVSA, que en este entonces aún era controlada por directores y gerentes que se rehusaban a obedecer al gobierno. Nuevamente el presidente venció la pulseada, tras una batalla de 60 días. En la secuencia del golpe de abril, pudo desbaratar los grupos adversarios dentro de las fuerzas armadas. Derrotada la paralización petrolera, Chávez finalmente logro poner a la estatal bajo su comando, aunque a costas de la demisión de 32 mil funcionarios que habían adherido al paro patronal.
La oposición aún tuvo energía para convocar, en 2004, un referéndum revocatorio para la destitución del presidente por la vía constitucional. En la Venezuela de Chávez, calificado de déspota por sus enemigos, la firma de un 20% de los electores puede llevar a un plebiscito para derrocar al Jefe de Estado. A pesar de haber podido obtener esta adhesión mínima, los opositores fueron derrotados en la consulta popular. El presidente mantuvo su mandato y fue reelegido en 2006, con más de un 60% de los votos.
Prueba para Chávez
Esta gestión se termina en enero de 2013. Será la tercera del líder bolivariano (la primera duró solamente un año y medio, entre 1999-2000, finalizada tras la promulgación de la nueva Constitución). Después de cinco años en los cuales su principal preocupación fue llevar a cabo una revolución política que alejara las viejas élites del poder y derrotara sus intentos anticonstitucionales, Chávez dedicó los últimos seis años a la construcción de un nuevo proyecto económico social, que en octubre será juzgado en las urnas.
El presidente abrió distintos frentes. Su primera invención fueron las misiones sociales, destinadas a combatir especialmente las carencias en la salud y en la educación. A la vez, aceleró un amplio proceso de nacionalizaciones, empezando por el rubro petrolero, pero alcanzando también otras áreas estratégicas como el sistema financiero, el siderúrgico y las comunicaciones, pero a veces interviniendo en segmentos menos importantes como la distribución a minorista y servicios. Parte de la ganancia de PDVSA, más el aumento de los impuestos y de la deuda pública fueron destinados a pagar la adquisición de esas compañías.
La estrategia chavista, desde 2006 bautizada de "socialismo del siglo XXI”, tiene como centro un Estado fuerte, proveedor de derechos y regulador de la economía, con expresiva participación directa en la propiedad de los medios de producción.
La eliminación de los capitalistas, como ocurrió en otras experiencias socialistas, no está en el horizonte. Sus oponentes, a propósito, suelen criticarlo por haber creado una "boliburguesía”, empresarios ligados al gobierno y al proyecto bolivariano. De todas formas, no hay dudas de que, al nadar en contra de la corriente de las ideas liberales triunfantes tras el colapso de la Unión Soviética, Chávez despertó la atención mundial a su país.
Este protagonismo es actualmente más movido por la polarización político ideológica contra los Estados Unidos y demás potencias occidentales, además de los conflictos con la oposición interna. Defensor de la integración latinoamericana y de una geopolítica sin el predominio de la Casa Blanca, el presidente venezolano se transformó en un importante actor del escenario internacional. La reciente filiación de su país al Mercosur, celebrada el 31 de julio, resalta ese protagonismo.
Pero la Venezuela de Chávez merece ser investigada más allá de la batalla de ideas. Los resultados de estos casi 14 años no son despreciables. A pesar de los problemas, como las dificultades para diversificar la industria y la alta criminalidad en las grandes ciudades, el país realizó hechos notables. No es poco haber sido declarada como nación libre del analfabetismo por la UNESCO. O ser el país sudamericano con la mejor distribución de la renta, según la Cepal y medido según el índice Gini. O presentar el mayor sueldo mínimo de la región, como relevan dados de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). O celebrar el más acelerado nivel de crecimiento del IDH (Índice de Desarrollo Humano) del continente en los últimos diez años, hecho informado en el reciente informe de las Naciones Unidas.
La patria fundada por Simón Bolívar pasó a verter más que petróleo. Sus experiencias y cambios, se guste o no, son temas relevantes para quienes quieran discutir con seriedad los desafíos contemporáneos.
[Traducción: Luciana Taddeo]
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