Quito, 5 de septiembre de 2012
Buenas tardes noches a todos y a todas,
Hace unos días tenía el gusto de encontrarme con mi buen amigo Ramiro Ávila, compañero de fatigas en la lucha por las libertades y el respeto a los derechos humanos y profesor en esta prestigiosa universidad. Fue Ramiro quien me puso al corriente de este evento en solidaridad con los detenidos en Luluncoto, extendiéndome su invitación a participar en él.
De manera inmediata dije sí a esta invitación. Esta contestación afirmativa a mi querido amigo Ramiro tiene la siguiente motivación: tuve ocasión de visitar y entrevistar en el Centro de Detención Preventiva del Penal Eloy Alfaro a los muchachos allí encerrados apenas una semana o diez días después de su detención. Estas entrevistas respondían a una colaboración periodística que en su momento hice con la revista más importante del país en materia de periodismo investigativo, la Revista Vanguardia, cuyo editor, Iván Flores, también nos acompaña hoy aquí.
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| Decio Machado |
Los 10 detenidos de Luluncoto forman parte de los más de 200 activistas sociales con acusaciones de sabotaje y terrorismo que en la actualidad existen en el país. Absurdo mecanismo de criminalización utilizado por el Estado, pues todos sabemos que en el Ecuador no existe el terrorismo ni grupos que lo practiquen.
No voy a entrar en los aspectos jurídicos de este caso, no soy un especialista en la materia, y hoy conmigo comparten ponencias gentes con amplio conocimiento y experiencia en materia jurídica. Mis palabras se limitarán a intentar interpretar como puede deteriorarse de tal manera un proceso político que se supone progresista, hasta llegar a cometer atropellos sobre las libertades políticas de estas características.
Haciendo algo de memoria, recuerdo haber visto en televisión, el pasado 21 de mayo, un extracto de la presentación que hizo el Vicepresidente de la República del Ecuador, el Sr. Lenin Moreno, sobre el Informe Nacional de Derechos Humanos que se realizó en Ginebra ante las NNUU.
En dicha alocución, el Sr. Moreno enumeró uno por uno los diversos “hitos” alcanzados por el Gobierno en materia de Derechos Humanos. En dicha exposición se afirmó que el respeto a los derechos humanos es la base de la Constitución de Ecuador.
Debo indicar que coincido con el Sr. Vicepresidente de la República en que uno de los pilares de la Constitución de Montecristi es el respeto a los Derechos Humanos, es por ello que levanto la ceja y me llena de preocupación oír al Sr. Presidente de la República que la Carta Magna ecuatoriana es demasiado garantista.
Dicha Constitución define al Ecuador como un Estado social de derechos y justicia; atribuyendo derechos no solo a personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, sino también a la naturaleza. En su Art. 11 la Constitución de Montecristi explicita “la directa e inmediata vigencia de los derechos humanos”, incluso ante la ausencia o desconocimiento de normativa jurídica. Y de igual manera, a través de su Art. 98, el cual contempla el derecho a la resistencia, se indica: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.”
Sin embargo, y más allá del texto constitucional, asistimos a actuaciones institucionales que no pueden ser definidas de otra forma, más que como políticas represivas que buscan la criminalización de la protesta social. Aunque desconozco en absoluto que es lo que se discute en los órganos de decisión del Ministerio del Interior y de las fuerzas de orden público, este tipo de actuar no puede ser entendido más que bajo un objetivo: el desarrollo de mecanismos de control que tienen como finalidad intimidar y neutralizar las disidencias que se consideran peligrosas, y que cuestionan las políticas emanadas desde Carondelet. De manera especial, en los ámbitos que tienen que ver con el cuestionamiento a un modelo de desarrollo obsoleto que tiene más de doscientos años de antigüedad y que acentúa sus consecuencias negativas en los países del Sur debido a su matriz extractivista.
Que triste para un gobierno que se llama revolucionario entender que sus mayores enemigos o la disidencia más peligrosa para él es la que emana de los movimientos sociales y organizaciones de la izquierda política...
Es precisamente esa lógica extractivista en los gobiernos autodenominados “socialistas” o de “izquierda”, el eslabón que les engancha con los gobiernos anteriores, es decir, con los gobiernos neoliberales predecesores. Más allá de que el neoextractivismo del siglo XXI, que no “socialismo”, pueda ejercer un margen mejor de negociación económica con las transnacionales extractivas, las consecuencias ambientales, sociales, políticas, culturales y económicas son las mismas. Y sus efectos en las lógicas autoritarias desarrolladas por los Estados, también son similares.
Los 10 detenidos de Luluncoto fueron apresados en un operativo policial que se dio el pasado 3 de marzo, precisamente cinco días antes de que arrancara la Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos que llegó a Quito el 22 de ese mismo mes entre multitudes. Los detenidos fueron vinculados a la Marcha, en la medida en la que se habló de que conformaban un comando que iba realizar operaciones terroristas en este contexto político. ¿Qué se buscó entonces? Pues es de suponer que la detención de los 10 de Luluncoto podría tener que ver con generar una atmósfera de tensión en la ciudadanía del país en torno a la intencionalidad de la Marcha por la Vida. Así se entiende el hecho de que una manifestación de descontento frente a las políticas gubernamentales se la definió como desestabilizadora e incluso golpista en su momento.
Si uno hace un análisis de los casos de criminalización de la protesta social en el país, llegará a la conclusión de que estos se dan básicamente en las siguientes áreas temáticas: resistencia ante la intervención minera a gran escala, rechazo a la expedición de la última ley minera (2009), disidencias respecto al proyecto oficial de Ley de Aguas (2010), denuncias por la contaminación provocada por la minería de áridos y la pequeña minería de metales, reclamos en defensa de derechos de los pueblos indígenas, defensa de los bosques de manglar, lucha por la no privatización de espacios públicos y ancestrales, así como críticas al desarrollo de megaproyectos hidroeléctricos.
A estos habría que sumar también los abusos en materia laboral y los atentados contra la libertad de expresión.
En estos procesos se criminalizan indiferentemente individuos y organizaciones: desde líderes y dirigentes sociales, pasando por autoridades públicas locales, hasta llegar a organizaciones sociales que defienden el agua, la naturaleza o sus territorios. De la misma manera, han sido criminalizadas personas o familias que de alguna manera obstaculizan la ejecución de determinados megaproyectos estatales.
En el ámbito judicial (penal y civil), se han producido una treintena de casos de criminalización cifrándose en cerca de 200 las personas implicadas. Generalmente, las denuncias en el ámbito judicial y en el administrativo involucran a varias personas y una vez avanzado el proceso terminan siendo implicados también dirigentes y líderes sociales.
Toda esta situación anteriormente descrita, evidencia la inmensa contradicción existente en el actual régimen, a la par que la mediocridad intelectual de algunas de las notables plumas del pensamiento de la izquierda internacional que todavía siguen definiendo a este proceso político como modélico y ejemplar.
Personalmente me hago una pregunta: ¿cómo es posible que un gobierno que se considera progresista pretenda controlar la movilización social?
La movilización social es un proceso de organización social que se realiza a través de formas múltiples y mecanismos varios, que busca objetivos plurales, resignificando socialmente las instituciones, los sujetos y la democracia participativa. La movilización en la práctica es la única forma efectiva de participación para diversos sectores sociales, ciudadanía y sus representaciones sociales. Sin movilización estos sectores carecen de mecanismos efectivos para intervenir en aquellos asuntos de los cuales son excluidos.
Estimados oyentes, para un gobierno que se dice revolucionario y transformador, propiciar condiciones para la movilización social y política de los sectores organizados de la sociedad, debería ser un objetivo institucional en la búsqueda de conformar mayores niveles de autonomía, organización y participación de la población en la toma de decisiones. ¿Cómo sino se puede entender una democracia participativa?
Me viene a la mente la cita de una ilustre revolucionaria llena de ternura de principios del pasado siglo, Rosa Luxemburg, quien decía: “La libertad solamente para seguidores del gobierno, solamente para miembros de un partido - por más numeroso que fuere - no es libertad. La libertad siempre es libertad de quienes piensan distinto”.
Lejos de esta visión, el régimen se ha caracterizado por el intento de controlar y domesticar a las organizaciones sociales, tratando de anular su capacidad de movilización, y entendiendo dicha movilización como un elemento de desestabilización política.
En estos momentos, el resurgimiento de la movilización social aparece como un elemento de presión política a la izquierda del gobierno, lo cual se debería entender como positivo incluso desde los sectores más progresistas que se mantienen en el actual gobierno, si es que alguno queda todavía.
La construcción de contrapoder desde las organizaciones sociales es fundamental para impedir las consecuencias históricas que para el Ecuador ha constituido el uso y abuso del poder. El objetivo central del proyecto político de la mal llamada revolución ciudadana fue el monopolio de la vida política, lo cual le llevó a pasar de la utilización instrumental de lo popular al desprecio e intento de control sobre todo tipo de articulación social.
Algunos de los grises teóricos del oficialismo tienen la indecencia de citar a Gramsci en sus argumentos en defensa del régimen, sin embargo para la Gramsci, la hegemonía es una composición de dominación y dirección, lo cual significa presencia ideológica en la sociedad y el Estado, así como el control sobre la dirección económica (control de los medios de producción). El correísmo confundió hegemonía con el monopolio de la vida política, si en algún momento se logró lo segundo, está lejos de construir una nueva hegemonía. El hecho que evidencia esto es que los grupos de capital históricos existentes en el país han ganado el 50% más de beneficios durante estos 6 años de gobierno correísta que en los 6 años neoliberales anteriores.
En la medida en que Alianza PAIS se fue constituyendo en una máquina electoral y agencia de colocación para sus afiliados en las estructuras del Estado, dicha organización dejó de ser un espacio de elaboración de un proyecto político en el seno de la sociedad, careciendo de espacios de debate y generación de participación política. Hoy en lugar de generar debates importantes en la sociedad, los intentan obstruir.
Seamos claros, sin procesos de movilización social como los que se viven en diferentes partes del planeta –la primavera árabe, los indignados españoles o el Occupy Wall Street-, no habrá profundización y radicalización en los procesos de cambio. Esto se demuestra claramente en la falta de transformaciones estructurales en el modelo de acumulación: en la actualidad, los grupos económicos poderosos nunca estuvieron mejor, y en todo caso, si queremos ver el lado positivo, los sectores más excluidos nunca estuvieron menos mal.
Los detenidos de Luluncoto son la demostración práctica del deterioro político de este régimen. No habrá revolución sin democracia y a cada medida de autoritarismo debemos responder con más y más democracia. Citando al Che Guevara: “La revolución no es, como pretenden algunos, una estandarizadora de la voluntad colectiva y la iniciativa colectiva, sino todo lo contrario, es una liberadora de la capacidad individual del hombre”.
Se criminaliza a la disidencia, se criminaliza al que resiste porque piensa diferente.
El gobierno se convirtió en algo que es igual a la Patria y el Ejecutivo pasó a estar, por dogma, libre de cometer errores: siempre tiene y tendrá razón. Sin embargo, es curioso que ya en 1870 el decreto de infalibilidad papal del Concilio Vaticano I contemplaba que hasta el Papa puede equivocarse. El Papa sí, pero el Gobierno del presidente Correa no.
Pensar diferente hoy en el Ecuador significa además cuestionar al inmenso aparato de propaganda construido desde el Estado al servicio del gobierno. Y es que ese aparato de propaganda expresa lo que ya advertía el ilustre dramaturgo irlandés Oscar Wilde en el siglo XIX: “cuanto más conservadores son las ideas más revolucionarios son los discursos”.
La propaganda oficial se ha convertido en lo que ya nos indicaban años atrás pensadores antifascistas como Max Horkheimer y Theodor Adorno, los cuales indicaban que: “la propaganda hace de la lengua un instrumento, una máquina (...).La propaganda manipula a los hombres; al gritar libertad se contradice a sí misma. La falsedad es inseparable de la propaganda. Los jefes y los hombres gregarios se reencuentran en la comunidad de la mentira a través de la propaganda, aun cuando los contenidos sean justos”.
La propaganda oficialista convirtió incluso a la verdad en una herramienta cuyo valor se mide por su capacidad de captar más adeptos y mantenerse en el poder.
Compañeros y compañeras, los detenidos de Luluncoto son un efecto colateral de las movilizaciones sociales que se emprendieron en defensa del agua, contra la mega minería y por la dignidad de los pueblos. Es responsabilidad de los movimientos sociales asumir su libertad como un objetivo político fundamental.
Quiero cerrar esta intervención haciendo público, fundamentalmente tras haber conocido personalmente la entereza de las y los compas detenidos en Luluncoto, mi compromiso con la causa por la libertad de estos jóvenes.
Don Quijote de la Mancha le decía a su escudero en un bello párrafo del más famoso libro de Cervantes: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”.
Gracias por la invitación para estar aquí y mi más solidario abrazo al conjunto de familiares de los detenidos.
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