Perú: LA DICTADURA CONTINÚA…LA LUCHA CONTINÚA.

Rodolfo Kuzma

 

La cantaleta ya la conocemos: quienes se oponen a la Ley del Servicio Civil son los comunistas de siempre (los “villanos favoritos” de Ollanta) o se trata de un complot por parte de la oposición para desestabilizar al gobierno; de igual forma, son los mismos quienes se oponen al orden, la meritocracia y al progreso, incluso se escuchó decir que “en esa marcha del 4 julio solo fueron 4 gatos que no representan el verdadero clamor de los trabajadores estatales”. Todo eso era de esperarse, porque al igual que en los tiempos de Fujimori la prensa aprendió a callar y desinformar, dando cobertura mediática solo a los defensores de la norma. Es cierto, cayó el régimen de Fujimori pero la dictadura continúa.

 

En nuestros días, “el trabajo” como nosotros lo concebimos; es decir, con estabilidad y beneficios sociales se va extinguiendo poco a poco, de igual forma que nuestros recursos no renovables. Esto se debe, en gran medida, a las políticas implementadas por los gobiernos de turno de no fomentar el trabajo digno, sino por el contrario, el de asumir como un logro, el hecho de que se generen “empleos” que permitan a los ciudadanos subsistir día a día, por más precarios que estos sean.

 

Era previsible que el gobierno de turno claudicara desde un principio en generar consensos entre los propios actores respecto a la Ley del Servicio Civil: Sindicatos, SERVIR, Ministerio de Trabajo, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Colegio de Abogados, Especialistas, etc. Al ejecutivo solo le bastó la opinión de un grupo de iluminados de SERVIR; pues al igual que en toda dictadura, resulta inconcebible que los representantes de un Estado se sienten en la mesa con representantes de un Sindicato y demás actores, para debatir una norma de tal envergadura como esta.

 

Ni siquiera se tomo en cuenta la Opinión Técnica de la Organización Internacional del Trabajo, la cual nos parece muy oportuna. Los “iluminatis” de SERVIR ya habían dado su parecer y con eso basta. Esa falta de búsqueda de consensos va a ser la causante de lo que actualmente ocurre con el CAS; es decir, existe la norma, se aplica la norma dentro de las instituciones, pero el PJ en aplicación del Principio de Irrenunciabilidad de Derechos viene le reconoce la calidad de trabajador a plazo indeterminado a “locadores de servicios” quienes acrediten su calidad de trabajador antes de la suscripción del primer contrato CAS, esto es una clara confrontación con el espíritu de esa norma que lo que buscaba era “empezar de cero” con el problema de los locadores de servicios, que como todos sabemos, rebalsamos las instituciones públicas.

 

La norma CAS debió ser un indicador de lo que ocurre cuando no se consiguen consensos, el Ministerio de Trabajo tiene una posición respecto a la Norma CAS que difiere de la del Poder Judicial que a su vez es antagónica con la posición del Tribunal Constitucional, y de igual forma con lo que establece los genios de SERVIR. El resultado: las instituciones públicas se llenan de sentencias judiciales ordenando incorporaciones y pagos por concepto de beneficios sociales sin saber muy bien a quien hacer caso.

 

¿Cuál es el temor a impulsar el diálogo?, ¿acaso alguien se opone a poner orden en la administración pública o establecer que el fin de todo funcionario público es la brindar un óptimo servicio al ciudadano? Nadie. Todos estamos en esa línea, el consenso era y es viable. Pero la actitud del Ejecutivo no hace más que ratificar lo siguiente: El sueño de todo empresario es la de desaparecer los sindicatos, sueñan con el día en que no tengan que repartir utilidades que se han generado con el esfuerzo de los propios trabajadores, sueñan con que no exista pliego de reclamos o huelgas. Pues bien no olviden que el estado es un empleador más, el mas violento, reaccionario y el principal vulnerador de derechos laborales. Un ejemplo, en el colmo de la ironía, el año pasado, el Sindicato de Inspectores del Ministerio de Trabajo realizó un plantón en las afueras del Ministerio de Trabajo exigiendo que sean incorporados en planillas, pues la mayoría eran “locadores de servicios”. Es decir, los funcionarios encargados de velar por el cumplimiento de las disposiciones socio laborales eran también sujetos a esta modalidad de contratación que exonera de toda carga laboral a los empleadores.

 

La problemática que se origina debido a la contratación dentro de la administración pública no es imputable a los trabajadores, el problema se debe principalmente a los funcionarios que entran a las entidades públicas por obra y gracia del gobierno de turno y con ello las reglas de juego cambian. ¿Acaso con la nueva Ley se va a frenar que entren los allegados al “funcionario de confianza”?; ¿Se va a impedir que un trabajador que es eficiente permanezca en su puesto de trabajo, por mas eficiente que sea, por más capacitado que sea, por más méritos que tenga, por más años que tenga; si el “funcionario de confianza” decide sacarlo?.

 

Nosotros estuvimos presentes en las calles del Centro de Lima aquel 04 de julio, como colectivo, junto con los sindicatos, estudiantes, comunidad LGTB, movimientos sociales y pueblo en general, ejerciendo nuestro legítimo derecho a la protesta y para demostrar que hoy más que nunca estamos todos unidos para luchar contra esta nueva dictadura. Por ello, estas Fiestas Patrias tendrán un significado especial, este 27 y 28 de Julio saldremos nuevamente a las calles para hacerle recordar al Gobierno de Turno el mal rato que paso Fujimori y sus secuaces con la marcha de los cuatro suyos. La lucha continua…

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