El
presidente de Ecuador, Rafael Correa, canceló lo que posiblemente fue
la iniciativa ambiental más original de los últimos años en América
Latina: impedir la explotación petrolera en la Amazonia. En su
formulación más reciente, el gobierno ofrecía no extraer hidrocarburos
solo si se completaba un fondo de compensación económica que cubriera
aproximadamente la mitad de lo que
esperaba ganar vendiendo ese crudo. Se buscaba preservar los campos
Ishpingo, Tambococha y Tiputini (de allí la sigla ITT), que en parte se
superponen con el parque nacional y reserva de biósfera Yasuní, que en
sus 9820 kilómetros cuadrados, es una de las zonas de mayor riqueza
ecológica del continente.
Después
de seis años, Correa canceló esa iniciativa el pasado 15 de agosto,
para dar paso al llamado “plan B”, que permite la explotación petrolera
en la zona. En un discurso por cadena nacional, lanzó ácidas críticas al
ambientalismo, sostuvo que la comunidad
internacional
era hipócrita y le falló al país por no haber depositado dinero
suficiente, e invocó repetidamente la miseria como factor clave para
tomar la decisión de exportar el petróleo. Según Correa, con ese
petróleo del Yasuní se conseguirán más de 18 mil millones de dólares, y
que con ello, la Amazonía podría salir con “holgura” de la pobreza
(video del discurso presidencial aquí…).
Dentro
de Ecuador, la medida ha despertado la reacción de organizaciones
ambientalistas, y las federaciones indígenas ya anticiparon su oposición
activa. Según las últimas
encuestas
de opinión pública, más del 90% de la población urbana estaba en contra
de extraer petróleo del ITT Yasuní. Asimismo, distintas voces invocaron
el marco constitucional para llamar a una consulta ciudadana sobre ese
tipo de explotación. Este pasado sábado, en su programa de radio y
televisión, Correa desafió a esos grupos a que no fueran “vagos” y
recogieran las firmas necesarias para obligar a una consulta ciudadana
(5% del patrón electoral) (la noticia aquí…).
Esta
medida ecuatoriana tendrá efectos tanto sobre los países
vecinos como a
nivel internacional. Al desaparecer una de las propuestas icónicas de
una alternativa postextractivista, se refuerzan los avances mineros y
petroleros dentro de áreas naturales y territorios indígenas. En países
como Bolivia, Perú y Colombia se repiten las presiones para comenzar a
explotar áreas silvestres o tierras en manos de indígenas o campesinos.
Al
desplomarse la iniciativa, los gobiernos vecinos reforzarán similares
discursos donde se dice que no hay más opción que el extractivismo para
superar la pobreza. Estamos presenciando un nuevo embate de avance la
frontera petrolera sobre las selvas tropicales.
Otra vez derechos vs
dineros
La
propuesta de dejar el crudo bajo tierra nació desde la sociedad civil
mucho antes de la presencia política de Correa, y fue rescatada hacia
2007, por Alberto Acosta, quien era entonces el ministro de energía de
su primer gobierno. En sus orígenes, la propuesta
apuntaba a proteger la biodiversidad y pueblos indígenas dentro del
área, cumpliendo con los nuevos derechos constitucionales ecuatorianos.
En efecto, la Constitución mantenía los clásicos derechos ambientales de
las personas, pero agregaba derechos propios de la Naturaleza o
Pachamama. El Parque Yasuní era una candidato ideal, ya que dentro
existían algunas explotaciones petroleras que le amenazaban, pero sobre
los intereses de petroleras de expandirse sobre los campos llamados ITT.
A
esos argumentos se sumó la idea de una compensación económica,
solicitada a la comunidad internacional como muestra de solidaridad con
el esfuerzo ecuatoriano. El problema es que ese componente económico
cobró cada vez más fuerza. Se sostenía que como el Ecuador perdería
mucho dinero al dejar de exportar
el petróleo, los demás países lo deberían compensar con al menos la
mitad de esos valores (estimados en unos 3 600 millones de dólares).
Al
avanzar el tiempo, el compromiso con la conservación y los pueblos
indígenas quedó en segundo plano, y el interés económico comenzó a ser
justificado en el marco de los debates sobre cambio climático global.
Las posturas más recientes del gobierno sostenían que al preservar el
petróleo, éste no sería quemado, y por lo tanto se evitarían emisiones
de gases con efecto invernadero. Consecuentemente la comunidad
internacional debía pagar por esas emisiones evitadas, e incluso se
intentó crear “bonos” atados a la reducción de emisiones contaminantes.
Todo
esto entreverado con las idas y venidas del propio gobierno, que en más
de una ocasión parecía torpedear su propia iniciativa, minando la
confianza internacional en cualquier fondo. Sin dejar de olvidar que
Correa llegó a burlarse de los donantes internacionales.
Tanto
los cambios como los discursos dejan en claro que Correa, y sus
colaboradores más cercanos, en realidad nunca entendieron el corazón de
la propuesta. Eran los mandatos constitucionales de los derechos de las
personas y la Naturaleza los que le obligaban a preservar el parque
nacional. Para cualquier observador desapasionado es evidente que es muy
difícil pedirle dinero a otras naciones por llevar a la práctica
acciones a las que está obligado un gobierno.
Para decirlo en forma más simple, es como si Colombia o Perú pidieran
una compensación internacional por los gastos que deberían asumir para
asegurar la salud o educación de sus niños.
Como
primaron las consideraciones económicas, no puede sorprender que los
atributos ecológicos del Yasuní, uno de los sitios de mayor
biodiversidad del planeta, quedaran desatendidos. Por ello estuvieran
ausentes en el discurso presidencial. Todo esto confirma que ese
gobierno, poco a poco, está haciendo desaparecer los derechos de la
Naturaleza. El mismo Correa lo dejó en claro cuando al final de su
discurso se refirió a ellos como “supuestos derechos”.
De
esta manera, la decisión final no se fundamentó en el marco de los
derechos, sino que se articuló como un ejercicio costo beneficio: como
el fondo internacional de compensación resultó muy pequeño, lo más
rentable era comenzar a vender el stock petrolero. Aquel fondo de
compensación sólo recaudó en efectivo poco mas de 13 millones de
dólares, y existían promesas por 116 millones, o sea, muy por debajo de
los 3 600 millones esperados. El gobierno hizo las cuentas, y partiendo
de reservas calculadas en la zona son de 920 millones de barriles,
Correa prometió un ingreso de más de 18 mil millones. Son las
matemáticas simples de un análisis costo beneficio.
Los impactos en Sudamérica
La
decisión de Correa tendrá implicancias en el contexto continental de
variadas maneras. Comencemos por señalar que refuerza la postura de
gobiernos que se lanzan a la retórica sobre temas ambientales globales
mientras debilitan su gestión ambiental interna.
Esta
postura es sobre todo seguida por Evo Morales, quien tiene discursos
muy radicales en los foros internacionales sobre cambio climático y
propone derechos de la Pacha Mama planetarios, y esto sin duda es
positivo. Pero el problema es que simultáneamente se desatiende ese
compromiso dentro de su propio país. En Bolivia no se atacan
decididamente, por ejemplo, las fuentes de emisiones (como la
deforestación) o se aseguran los
derechos de la Pacha Mama a nivel local (por ejemplo frente a mineras o
petroleras). Por el contrario, la administración Morales quiere seguir
un camino muy parecido al ecuatoriano, ingresando en áreas protegidas o
territorios indígenas y campesinos para explorar y explotar minerales y
petróleo.
De
alguna manera, el camino seguido por Correa es similar. Su discurso se
centró en el cambio climático y la hipocresía global, pero no en las
demandas ambientales dentro del país. Siempre es más sencillo atacar a
los países industrializado como contaminantes, que tomar medidas frente a
los intereses internos que defienden el extractivismo.
Regresan
actividades de exploración y explotación, con todos sus conocidos
impactos ambientales a zonas amazónicas de enorme diversidad, y con ello
toda la problemática social. Se siguen encogiendo las áreas
verdaderamente silvestres y aumentará la fragmentación.
Paralelamente,
si un gobierno autoproclamado como del socialismo del siglo XXI o de la
nueva izquierda, redobla la explotación petrolera más allá de
advertencias sociales y ambientales, otros países vecinos que siguen
caminos similares podrán decir que son tan progresistas como Correa. Las
diferencias entre Correa con Santos o Humala se reducen más y más.
Finalmente,
se
refuerza el corazón ideológico del fatalismo extractivista como único
medio para atacar la pobreza. Son posiciones que se repiten en casi
todos los países sudamericanos. Se está imponiendo una forma de entender
el desarrollo, donde volvemos a caer en el papel de simples
exportadores de materias primas, y la explotación de la Naturaleza no
sólo es necesaria, sino que se la presenta como un mandato para asegurar
el progreso.
Acaba
de desplomarse en Ecuador la iniciativa ambiental más original frente a
ese empuje petrolero sobre la Amazonia. Una vez más, la ambición
petrolera pudo más que una ética de la conservación.-
Un
análisis detallado sobre los distintos aspectos de la iniciativa de
moratoria petrolera en el Yasúni, por A. Acosta, E. Gudynas, E. Martínez
y J. Vogel se puede descargar aquí…
Publicado el 18 agosto 2013. Este es un espacio participativo; aportes, críticas y reacciones, escríbame a: embrollodeldesarrollo@gmail.
En twitter me puede seguir en @EGudynas
http://blogs.elespectador.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario