Itziar Abad: Las dueñas de nuestros derechos somos nosotras

El movimiento feminista y de mujeres tiene claras las demandas acerca de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Lee este artículo de opinión de Itziar Abad, colaboradora de medicusmundi bizkaia y de Pikara Magazine.

El movimiento feminista y de mujeres tiene claras las demandas acerca de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Por un lado, que los derechos sexuales, y no sólo los reproductivos, sean reconocidos como derechos humanos. Por otro, que los Estados dispongan de servicios integrales y gratuitos de salud sexual y reproductiva para las mujeres.

Esos servicios deben garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, a la anticoncepción de emergencia, a la planificación familiar, a controles de embarazo adecuados, a partos y a abortos seguros y al tratamiento de infecciones de transmisión sexual y de VIH, entre otros. Asimismo, pide a los Estados que faciliten a la población recursos educativos e informativos sobre esa materia.

Junto al aborto, el principal caballo de batalla de las demandas es el respeto a las identidades sexogenéricas. “Es decisiva una salud pública de acuerdo a las necesidades de las personas LGTBQ; que las y los trans tengan la posibilidad de poseer documento de identificación; y que las lesbianas podamos caminar por la calle sin ser agredidas y sin sufrir la violencia correctiva”, apunta María José Rosales, de la asociación guatemalteca La Cuerda. Para esta activista, “el reto está en analizar cómo el régimen heterosexual afecta a nuestras vidas, en especial a la sexualidad”.

El logro de estas reivindicaciones pasa, irremediablemente, por el empoderamiento de las mujeres, por la igualdad de género, por la garantía de una vida libre de violencia y porque ellas sean las soberanas de sus cuerpos. Puesto que no suponen sino el respeto a derechos elementales, a nadie se le antojarán disparatadas. Sin embargo, chocan una y otra vez, aquí y allí, con la desgana y con las intervenciones restrictivas de los Estados, regidos muchas veces por el conservadurismo y los fundamentalismos. También entran en grave conflicto con los intereses de la Iglesia católica, u otras instituciones de ideología religiosa, según el contexto cultura, muchas veces, en natural armonía con esos mismos Estados.

Para que las mujeres puedan disfrutar efectivamente de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, los Estados deben revisar las leyes restrictivas o punitivas que existen en ese ámbito, porque impiden políticas públicas y servicios que respondan a los intereses y a las necesidades reales de las mujeres, en toda su diversidad. Condición

indispensable para que esto ocurra es que los Estados sean laicos. “Los Estados tienen que garantizar los derechos de toda la ciudadanía y las religiones monoteístas, aunque no solo, son contrarias a los derechos las mujeres. La Iglesia católica, por ejemplo, no es solo beligerante contra nuestros derechos, sino también promotora de un terrible y penoso modelo de mujer. Es necesario que los Estados sean laicos para que no haya interferencias ilegítimas de la religión en la política”, subraya la activista de FeministAlde! Teresa Maldonado.

Además, las políticas públicas tienen que abandonar su ánimo supuestamente ‘neutral’, con el que pretenden alcanzar a la ciudadanía ‘en general’, y recurrir a la perspectiva de género. Como bien explica Natalia Navarro, especialista en Cambio Organizacional Proequidad de Género, ese enfoque supone “un marco de referencia para interpretar la realidad social sensible a los efectos y causas de las desigualdades entre mujeres y hombres. Está orientado, además, hacia una concepción del desarrollo y de la democracia como procesos que deben estar centrados en las personas, con un claro fundamento ético asociado al principio de igualdad”.

Sacudida su alarmante falta de voluntad política, los gobiernos deben destinar recursos económicos y habilitar mecanismos que posibiliten la ejecución de políticas renovadas y respetuosas con los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, deben adecuar o crear canales de participación, a través de los cuales el movimiento feminista y de mujeres incida en el diseño, en el seguimiento y en la evaluación de esas políticas y haga valer, así, sus reivindicaciones.

Aparte de todo lo anterior, por tener que responder la mayoría de las veces a esas mismas políticas públicas que criticamos, el desafío de la Cooperación Internacional es respetar la agenda de los movimientos sociales de cada lugar y no tratar de marcar el rumbo de su desarrollo humano.

El pasado mes de abril tuvo lugar en Nueva York la 47ª sesión de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas para evaluar los avances del Programa de Acción de la Conferencia sobre Población y Desarrollo, a 20 años de su firma. El balance fue amargo porque, si bien no se cuestionó lo acordado en 1994, los avances a nivel global fueron casi nulos. Escépticas ante la intervención flagrante, devastadora e histórica de los Estados en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las integrantes de la Articulación de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe Cairo +20 les recordaban a los dirigentes incluso antes de la cita:

“Se equivocan, señores. Las dueñas de los derechos somos nosotras, mujeres de diversos colores de piel y de cabello, mujeres jóvenes y viejas, de todas las sexualidades e identidades, de diferentes etnias y culturas, mujeres ejerciendo todos los oficios y profesiones. Nosotras somos las dueñas de nuestros derechos y somos muchas, somos todas las que cada día damos la batalla porque los gobiernos hagan bien su trabajo y garanticen el ejercicio de esos derechos”.

*Con motivo de la celebración del Congreso ‘Políticas Públicas y Participación Social en Salud Sexual y Reproductiva: Retos de la Cooperación Internacional’, organizado por medicusmundi bizkaia, que tendrá lugar en Bilbao, los próximos 25 y 26 de junio.