Bolivia: Delincuentes confesos

Alejandro Almaraz

 

Hace poco, en uno de sus cotidianos actos electorales, Evo Morales intimaba a la militancia oficialista a convertirse en un imán para atraer nuevos adherentes a su candidatura. Independientemente del éxito que pueda tener ese propósito, el imán poderoso que tiene el Gobierno, como lo vienen demostrando los hechos con abrumadora claridad, es el que le hace atraer y retener a los que él mismo califica como delincuentes confesos.

Para no extenderme en la interminable lista de asesinos, violadores, narcotraficantes, contrabandistas, extorsionadores, estafadores, prevaricadores, proxenetas  y ladrones de variadas especialidades que el partido de Gobierno ha llevado a los poderes públicos, y que, al margen de los dichos gubernamentales, cuentan con confesión o sentencia ejecutoriada, me limito a mencionar sólo los casos más notables en orden cronológico regresivo.
 

Durante cinco años, el Gobierno ha respaldado y sostenido al exfiscal Soza, a cargo de la investigación del caso judicial más sensible y comprometedor para la vigencia de la democracia y los derechos humanos en el país. Pese a las múltiples denuncias de los graves delitos que cometía desde su función pública, y a la misma confesión telefónica de algunos de ellos, el Gobierno recién lo declara delincuente confeso, ¡qué casualidad!, cuando se fuga a Brasil y comienza a declarar en su contra.
 

El mayor Ormachea gozó, durante el presente gobierno, de un vertiginosos e irregular ascenso en la Policía Boliviana, llegando a ser designado como la primera autoridad policial en la lucha contra la corrupción. Pese a los varios juicios penales seguidos en su contra por sus propios camaradas policías, el Gobierno recién lo declara delincuente confeso y lo remueve de su cargo, ¡qué casualidad!, cuando el FBI lo sorprende en flagrancia extorsionando en EEUU, y él comienza a declarar contra altos personeros del Gobierno.
 

El general Sanabria fue promovido a la cúpula de la Policía  Boliviana durante este Gobierno, llegando a ser designado como la primera autoridad policial en la lucha contra el narcotráfico. Al amparo de dicha función, se dedicaba a traficar personalmente grandes cantidades de droga, pero el Gobierno recién lo declara narcotraficante, ¡qué casualidad!,  cuando la DEA lo captura en Panamá, con las manos en la masa, traficando toneladas de droga, y él, para aminorar su inminente sentencia, confiesa su delito y, presumiblemente, brinda información reservada a la justicia de EEUU.

La banda  de extorsionadores, compuesta por funcionarios del Ministerio de Gobierno, fiscales y jueces, fue instalada y empoderada por el actual Gobierno, que puso a sus miembros en sus respectivos cargos públicos y los dotó del extraordinario e ilegítimo poder de "operar” la voluntad gubernamental en la administración de justicia.

Pese a que sus abusos y fechorías eran vox pópuli, el Gobierno recién los declara delincuentes confesos, ¡qué casualidad!, cuando Sean Penn amplifica internacionalmente las denuncias de su paisano Ostreicher, contra varios miembros de la banda  y ellos, detenidos a causa del escándalo internacional, comienzan a declarar contra el Gobierno.

En un sentido inverso al de los casos anteriores, en los que antes de hacerse confesos a causa de la intervención de actores extragubernamentales, los delincuentes en cuestión delinquen prolongada y discrecionalmente bajo el poder protector del Gobierno, éste suele precipitar el epíteto de delincuente confeso contra personalidades políticamente adversas, para luego incorporarlas con gran entusiasmo y sin mayores rectificaciones.

Así, después de haber enjuiciado con dudosos fundamentos y declarado delincuentes confesos a los expresidentes Mesa y Rodríguez Veltzé, sin que medien las elementalmente esperables explicaciones y disculpas públicas, los designa en funciones de altísima importancia para la política exterior del país.

Me pregunto cuál será la extraña y poderosa fuerza que vincula tan persistentemente al gobierno de Evo Morales con los personajes que, de una u otra manera, él mismo califica de delincuentes confesos. ¿Tendrá que ver más con sus dramáticas e insuperables carencias argumentativas, o será más bien un asunto de afinidad vocacional?
     
Alejandro Almaraz fue viceministro de Tierras.