Natasha Pitts
Adital
La
cantidad de hectáreas de tierras deforestadas en la provincia de Salta,
Argentina, crece asustadoramente. Despreciando la Ley de Bosques [Florestas], en
vigencia desde 2007, empresarios nacionales e internacionales, con al aval del
gobierno provincial, viene deforestando zonas protegidas para ampliar fronteras
agropecuarias. La denuncia es realizada por Greenpeace Argentina en el informe
"Desmontes S. A. La responsabilidad empresarial y gubernamental en la violación
de la Ley de
Bosques en Salta”.Para la organización, la Ley de Bosques representó una conquista importante en el país, pues esos ecosistemas son el hogar de varias especies en extinción. A pesar de ello, la ley viene siendo sistemáticamente irrespetada. Greenpeace Argentina denuncia que, desde que entró en vigencia, sólo en Salta ya fueron deforestadas 400 mil hectáreas, de las cuales más de 120 mil eran áreas protegidas. La cifra comprueba la denuncia de la organización de que las autoridades locales están realizando recategorizaciones prediales al ordenamiento de bosques y autorizando desmontes en zonas protegidas por la ley.
La Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Salta incorporó un mapa de zonificación que establece tres categorías de hectáreas: Categoría I (Roja - área protegida, no permite deforestación ni aprovechamiento); categoría II (amarilla - aprovechamiento sustentable - no permite desmontes) y Categoría III (verde - permite deforestación parcial). El problema es que las hectáreas están siendo recategorizadas atendiendo a los intereses de los empresarios.
Esa recategorización, además de herir la Ley Nacional de Bosques, va en contra de lo especificado en el artículo 9 del Decreto Legislativo 91/09 y contra los principios precatorios, preventivos y de sustentabilidad de la Ley General del Medio Ambiente.
Greenpeace le pone nombres y apellidos a los transgresores, son ellos: Franco y Mauricio Macri, Alejandro Braun Peña, Pablo Clusellas (Macri Group, Socma, Chery Argentina, Pago Fácil); Aldo Navilli (Molino Cañuelas, Vitamina); Alejandro Roggio (Grupo Roggio, Metrovías, Cliba); João Pereira Coutinho (Volkswagen Portugal); Bruno Varela Marín (productor pecuarista uruguayo); Martín Laplacette (director de la filial local del grupo brasilero André Maggi); Andrés von Buch (director de la Cámara de Industria y Comercio Argentina-Alemana); y Arnaldo Hasenclever (director de la filial local del Grant Thornton Internacional), entre otros.
La
deforestación está trayendo serios perjuicios, se destaca en el informe. Además
de los desplazamientos forzados, con la disminución de la vegetación llueve
menos y el clima seco viene siendo difícil de soportar. La población además
reclama por la contaminación del agua. Otros problemas también son denunciados
en el informe.La propiedad "El Carmen”, en el Departamento de San Martín, tiene el 90% de su área definida como bosque nativo. A pesar de ello, sus dueños, Aldo Adriano Navilli e hijos, pidieron y el gobierno les autorizó el cambio de zonificación para realizar el desmonte de 3.327 hectáreas con el propósito de usarlas en agricultura y pecuaria.
Un problema semejante ocurre en la propiedad "Cuchuy”, San Martín, que abarca cerca de 10 mil hectáreas de bosques nativos. Sus dueños consiguieron la rezonificación de 5.316 hectáreas para ser usadas en agricultura. Con esto, las comunidades indígenas Cuchuy, San José, Corralito y Chaguaral están prácticamente acorraladas entre propiedades que fueron deforestadas en los últimos años.
Ante este problema, Greenpeace hace un llamamiento a las instancias del poder público y reclama a los empresarios y funcionarios responsables la cancelación inmediata de permisos ilegales, y el respeto debido a la zonificación originalmente definida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia.
Lea aquíel informe completo.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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