martes, 13 de mayo de 2014

Colombia: verdades que se saben en la campaña presidencial

Pedro Santana Rodríguez

ALAI AMLATINA, 12/05/2014.-  Una campaña presidencial lánguida y sosa. Ahora la mueven las revelaciones que se hacen con respecto al entorno más próximo al gobierno sobre un supuesto pago de 12 millones de dólares para gestionar un proceso de sometimiento a la justicia para los hermanos Calle, alias “Comba”, parte de los rastrojos, alias “cuchillo” y el “Loco Barrera”. Según Javier Antonio Calle Serna, quien posteriormente se entregó a la justicia norteamericana en Aruba en el año 2012, ellos entregaron para esa mediación 12 millones de dólares. Los mediadores fueron Germán Chica quien fue durante cerca de 18 meses Consejero Político del presidente de la República Juan Manuel Santos y J.J. Rendón, el publicista venezolano experto en comunicaciones para diferentes campañas electorales en América Latina y quien asesoró a Uribe en 2006 y a Santos en 2010 y quien se caracteriza y se enorgullece de poner en marcha campañas de guerra sucia para ayudar a quienes le pagan sus asesorías. Quién se quedó con los 12 millones de dólares es la pregunta que formula Daniel Coronell, en su columna de la Revista Semana y es la misma pregunta que se formulan los periodistas del diario El Espectador que en su edición dominical dan cuenta de los pormenores de este proceso de acercamiento de estos narcotraficantes con el Gobierno de Santos.

Está claro que el Gobierno y la Fiscalía desestimaron la propuesta y también está claro que Santos dio traslado de la misma, como le correspondía, a la Fiscalía General de la Nación y así lo corroboró Viviane Morales, quien era la titular en el momento en que ocurrieron los hechos. Sin embargo, ni Germán Chica ni J.J. Rendón responden por los millones de dólares que supuestamente les entregaron los narcotraficantes. Y ello salpicó la campaña electoral toda vez que J.J. Rendón, fungía hasta el lunes pasado como asesor de comunicaciones de la campaña reeleccionista de Santos. Rápidamente el Zorro, Oscar Iván Zuluaga, exigió explicaciones a Santos sobre este hecho, con lo cual se puso en entredicho a la propia campaña reeleccionista.

El mismo día domingo la columnista María Isabel Rueda señaló que la renuncia del superintendente financiero, Augusto Acosta, fue promovida por uno de los hombres más cercanos al gobierno de Uribe, José Roberto Arango, con lo cual se interrumpieron las investigaciones que este funcionario llevaba adelante en contra del grupo económico de Interbolsa. Según los liberales Zuluaga quien sacó a Acosta de la Superfinanciera siendo ministro de Hacienda, es en parte responsable por el descalabro que se presentó en la bolsa de Colombia y que tuvo como protagonista a esta firma comisionista. Sería culpable porque se interrumpieron las investigaciones que se venían llevando a cabo por parte de Acosta cuando era el titular de la Superintendencia Financiera.

 Pero, el grueso del escándalo vendría el día lunes cuando la Fiscalía General de la Nación allanó unas oficinas cerca del Parque de la Calle 93 en Bogotá desde la cual se vendrían haciendo interceptaciones ilegales en contra del jefe de prensa de la delegación de las FARC en La Habana así como de algunos de los negociadores del gobierno y según fuentes de la Fiscalía también se habrían intervenido las cuentas personales del presidente de la República, Juan Manuel Santos. El lio mayor para el uribismo y su candidato, Oscar Iván Zuluaga, consistió en que Andrés Felipe Sepúlveda el presunto hacker era parte de la nómina de la campaña de Zuluaga encargado con su esposa Lina Luna de parte de la estrategia de comunicaciones de dicha campaña. Por lo pronto Sepúlveda fue detenido y en sus primeras indagatorias según fuentes de la Fiscalía habría entregado valiosa información que después habría tratado de negar. La Fiscalía decidió vincular a 30 personas a esta investigación. Estos métodos hay que recordarlo fueron privilegiados por Uribe desde el gobierno cuando se descubrió que buena parte de la oposición, las altas cortes, periodistas, líderes de ONGs y defensores de Derechos Humanos eran objeto de espionaje e interceptación de sus comunicaciones. Muchos de ellos también fueron objeto de seguimientos y amenazas. Pareciera ser que Uribe que actuó en la más plena impunidad mantiene nexos con sectores de las Fuerzas Armadas que siguen interceptando ilegalmente y ahora con hacker privados que hacen interceptaciones y espionaje ilegal para entregar esa información al flamante expresidente. O, ¿cómo se explica que haya obtenido y divulgado unas coordenadas en donde se iba a recoger a algunos líderes guerrilleros para trasladarlos a la Mesa de Negociaciones en Cuba? El lío para Uribe es que ahora no está en el gobierno y sigue actuando como si lo estuviera y obrando con la más completa impunidad.

Una vez conocido el escándalo del centro de interceptaciones ilegales y el allanamiento así como la detención de Andrés Felipe Sepúlveda se produjo la dimisión de Luis Alfonso Hoyos quien fungía como director espiritual (¡!) de la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Esta espiritualidad quedó por el piso ante las revelaciones de Rodrigo, Pardo jefe de noticias del Canal RCN quien señaló que Hoyos había solicitado una reunión precisamente con el hacker Sepúlveda para presentar unas denuncias de persecución de las FARC y de los santistas en contra de la campaña de los uribistas en el sur del país. La situación se hizo insostenible para el director espiritual que tuvo que renunciar y dejó a Oscar Iván Zuluaga dando explicaciones pues casi toda la familia del hacker trabajaba en la campaña de Zuluaga.

El día jueves las cosas estaban muy mal para Zuluaga y entonces Uribe que es un mago para desviar las investigaciones y el foco de atención decidió plantear como hipótesis que JJ Rendón, habría donado dos millones de dólares en 2011 para que la campaña de Santos pagara deudas que debía desde el año 2010. Sin ninguna prueba en la mano solo señalando que hay personas cercanas que estarían dispuestas a declarar sobre esa supuesta donación.

 La campaña electoral parece una competencia de delincuentes en que cada uno de los contrincantes ataca al otro con verdades a medias y con acusaciones, algunas de ellas fundamentadas y otras sin ningún fundamento como los dos millones de dólares que dice Uribe que oyó que le habrían dado a la campaña de Santos. En sí mismo esto no es malo ni es una guerra sucia. Es que a falta de ideas y propuestas, a falta de debates pues todos los candidatos con la excepción de Clara López están de acuerdo en casi todo: en el modelo de desarrollo, en las políticas neoliberales, en la minería extractivista, en políticas sociales residuales, etc., etc. La languidez de la campaña tiene que ver con esa realidad. En el único punto en que tres candidatos se mantienen en defensa de la Paz negociada: Santos, Peñalosa y Clara López; mientras que están en contra Zuluaga y Martha Lucía Ramírez. Este debería o es de hecho casi el único punto de la discordia y es el motivo central de los odios de Uribe para con Santos.

Esta es una campaña que pone sobre la mesa la miseria de los partidos y de la política en Colombia. En una coyuntura en que hemos llegado a un punto de no retorno en la negociación para poner fin al conflicto armado que ha desangrado al país en los últimos sesenta años. Esta campaña debería ser la campaña que debatiera sobre la reforma agraria y la necesidad de una política pública para los 12 millones de campesinos que han tenido que ir al paro para ser escuchados y para que sus reivindicaciones sean tenidas en consideración; debería ser el lugar para debatir una verdadera reforma educativa en donde el tema de la calidad debería estar en el centro de la discusión; el medio ambiente afectado de manera drástica por la minería irresponsable y la vulnerabilidad que nos indica que somos el segundo país con más conflictos ambientales y que somos un país muy vulnerable a los efectos del cambio climático; en fin, el debate sobre las políticas para más de seis millones de víctimas; las políticas de empleo y de seguridad ciudadana. Pero, la campaña se quedó en la confrontación camorrera en donde lo único que queda claro es la crisis ética de unas clases dominantes que no respetan ningún principio democrático de convivencia, respeto por la diversidad y el pluralismo. En esta campaña parece que el eslogan es que todo vale con tal de ganar.

- Pedro Santana Rodríguez es presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 398, semana del 9 al 15 de mayo de 2014 http://www.viva.org.co

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