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Adital
Presentan
libro Una ruta crítica: De la violencia al limbo. Mujeres sobrevivientes de
violencia en Morelos Nuevo León y Oaxaca
Marisol Flores
México DF, octubre 18 de 2012.
A pesar de los avances normativos y legislativos, de la creación de instituciones para prevenir y sancionar la violencia y de la atención otorgada a las sobrevivientes, en México aún se carece de protección y garantía efectiva de los derechos de las mujeres, destacó María Paula Castañeda, coordinadora de proyectos de la organización de la sociedad civil (OSC) Equis: Justicia para las Mujeres.
Al presentar el diagnóstico Una ruta crítica: De la violencia al limbo Mujeres sobrevivientes de violencia en Morelos Nuevo León y Oaxaca. Castañeda mencionó que tan sólo la última Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 reveló que la violencia en la pareja o la familia aumentó en los últimos cinco años de 43.2 en 2006 a 46.1 por ciento en 2011.
En tanto, Ximena Andión, copresidenta de la organización indicó que la debilidad de las instituciones creadas, falta de armonización de las leyes internacionales nacionales y estatales, pero sobre todo su aplicación y los obstáculos propios del sistema de justicia dan como resultado que la mayoría de los actos de violencia contra las mujeres permanezcan en la impunidad.
Subrayó que en 2008, debido a los altos índices de impunidad de delitos de violencia se realizó el cambio al nuevo sistema de justicia penal en donde se fortalece el respeto de los derechos humanos y los conflictos se resuelven en audiencias orales y públicas pero en el caso de los delitos de violencia contra la mujeres ninguno ha llegado a juicio oral en Morelos, Nuevo León y Oaxaca.
Por su parte, Sandra Serrano Coordinadora de Diagnóstico de la publicación e integrante de la OSC, detalló que la selección de las entidades obedeció a que recientemente implementaron el nuevo sistema penal y son las que registran más casos de violencia hacia las mujeres.
El diagnostico se realizó entre 2010 y 2011 y se basó en el análisis documental de códigos, leyes, manuales de actuación, así como en la revisión organizativa de las instancias de procuración y administración de justicia, así como en el desempeño de los institutos de la mujeres, entrevistas narrativas a 15 jueces, 9 fiscales, 8 peritos y 17 mujeres sobrevivientes de violencia familiar.
"En el caso de las sobrevivientes fue difícil localizar a quienes habían experimentado violencia sexual, no así en los casos de violencia doméstica. Las respuestas de las sobrevivientes fueron muy similares en los tres estados al mencionar que la intención al denunciar no era ver al agresor "tras las rejas”, la preocupación eran las medidas precautorias como pensión alimenticia, protección y seguridad para ellas y sus hijos, que muchas veces el Ministerio Público no lleva a cabo".
El diagnóstico identificó seis obstáculos para que estas mujeres accedan a la justicia. El primero es la identificación de la violencia psicológica y económica como son la denigración verbal, amenazas, exclusión social, celos o la creación de una dependencia económica, debido a que quienes integran el sistema judicial han invisibilizado estos tipos de agresión.
La experta dijo que la asistencia de carácter limitado por parte de los sistemas estatales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, institutos de las mujeres, en donde existe un primer acompañamiento pero en el resto del proceso se les deja solas, es el segundo obstáculo al que se enfrentan las víctimas.
El tercero, agregó, es que en la primera denuncia es común escuchar a jueces, ministerios públicos y peritos decir "perdone a su esposo”, "para que denuncia si va regresar con él”. Los peritajes en donde se encuentran con la insensibilidad de médicos legistas, constituye el cuarto obstáculo, aunque en el caso de peritos psicólogos, coincidieron, el sistema de juicios orales actúa a favor de las mujeres.
Otro obstáculos son las medidas de protección que engloban pensión alimenticia, separación del domicilio de la víctima cuando convivía con el imputado, entre otras y por último las alternativas para terminar el conflicto que jueces y ministerios públicos sugieren a las víctimas como perdón o desistimiento que en algunos casos, posteriormente han derivado en homicidios.
En el libro la OSC recomienda al Estado mexicano dar a conocer ampliamente los tipos de violencia experimentados por las mujeres, los mecanismos de defensa y protección de los derechos de éstas, a la vez que exige generar estructuras que permitan el acceso a la justicia de las mujeres sobrevivientes de violencia así como fortalecer el acompañamiento.
Una ruta crítica: De la violencia al limbo Mujeres sobrevivientes de violencia en Morelos Nuevo León y Oaxaca, pugna por reformas normativas que garanticen la integridad, libertad y seguridad personales a las mujeres, capacitar y sensibilizar a las y los servidores públicos y asegurar las medidas de protección a las sobrevivientes de violencia.
La generación de prácticas que agilicen la investigación judicial y establecer mecanismos de control y sanción a servidores públicos que comentan actos de discriminación en contra de las mujeres y las familias, son otras de las sugerencias de la publicación.
Quienes deseen mayor información escribir a contacto@equis.org.mx
Marisol Flores
México DF, octubre 18 de 2012.
A pesar de los avances normativos y legislativos, de la creación de instituciones para prevenir y sancionar la violencia y de la atención otorgada a las sobrevivientes, en México aún se carece de protección y garantía efectiva de los derechos de las mujeres, destacó María Paula Castañeda, coordinadora de proyectos de la organización de la sociedad civil (OSC) Equis: Justicia para las Mujeres.
Al presentar el diagnóstico Una ruta crítica: De la violencia al limbo Mujeres sobrevivientes de violencia en Morelos Nuevo León y Oaxaca. Castañeda mencionó que tan sólo la última Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 reveló que la violencia en la pareja o la familia aumentó en los últimos cinco años de 43.2 en 2006 a 46.1 por ciento en 2011.
En tanto, Ximena Andión, copresidenta de la organización indicó que la debilidad de las instituciones creadas, falta de armonización de las leyes internacionales nacionales y estatales, pero sobre todo su aplicación y los obstáculos propios del sistema de justicia dan como resultado que la mayoría de los actos de violencia contra las mujeres permanezcan en la impunidad.
Subrayó que en 2008, debido a los altos índices de impunidad de delitos de violencia se realizó el cambio al nuevo sistema de justicia penal en donde se fortalece el respeto de los derechos humanos y los conflictos se resuelven en audiencias orales y públicas pero en el caso de los delitos de violencia contra la mujeres ninguno ha llegado a juicio oral en Morelos, Nuevo León y Oaxaca.
Por su parte, Sandra Serrano Coordinadora de Diagnóstico de la publicación e integrante de la OSC, detalló que la selección de las entidades obedeció a que recientemente implementaron el nuevo sistema penal y son las que registran más casos de violencia hacia las mujeres.
El diagnostico se realizó entre 2010 y 2011 y se basó en el análisis documental de códigos, leyes, manuales de actuación, así como en la revisión organizativa de las instancias de procuración y administración de justicia, así como en el desempeño de los institutos de la mujeres, entrevistas narrativas a 15 jueces, 9 fiscales, 8 peritos y 17 mujeres sobrevivientes de violencia familiar.
"En el caso de las sobrevivientes fue difícil localizar a quienes habían experimentado violencia sexual, no así en los casos de violencia doméstica. Las respuestas de las sobrevivientes fueron muy similares en los tres estados al mencionar que la intención al denunciar no era ver al agresor "tras las rejas”, la preocupación eran las medidas precautorias como pensión alimenticia, protección y seguridad para ellas y sus hijos, que muchas veces el Ministerio Público no lleva a cabo".
El diagnóstico identificó seis obstáculos para que estas mujeres accedan a la justicia. El primero es la identificación de la violencia psicológica y económica como son la denigración verbal, amenazas, exclusión social, celos o la creación de una dependencia económica, debido a que quienes integran el sistema judicial han invisibilizado estos tipos de agresión.
La experta dijo que la asistencia de carácter limitado por parte de los sistemas estatales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, institutos de las mujeres, en donde existe un primer acompañamiento pero en el resto del proceso se les deja solas, es el segundo obstáculo al que se enfrentan las víctimas.
El tercero, agregó, es que en la primera denuncia es común escuchar a jueces, ministerios públicos y peritos decir "perdone a su esposo”, "para que denuncia si va regresar con él”. Los peritajes en donde se encuentran con la insensibilidad de médicos legistas, constituye el cuarto obstáculo, aunque en el caso de peritos psicólogos, coincidieron, el sistema de juicios orales actúa a favor de las mujeres.
Otro obstáculos son las medidas de protección que engloban pensión alimenticia, separación del domicilio de la víctima cuando convivía con el imputado, entre otras y por último las alternativas para terminar el conflicto que jueces y ministerios públicos sugieren a las víctimas como perdón o desistimiento que en algunos casos, posteriormente han derivado en homicidios.
En el libro la OSC recomienda al Estado mexicano dar a conocer ampliamente los tipos de violencia experimentados por las mujeres, los mecanismos de defensa y protección de los derechos de éstas, a la vez que exige generar estructuras que permitan el acceso a la justicia de las mujeres sobrevivientes de violencia así como fortalecer el acompañamiento.
Una ruta crítica: De la violencia al limbo Mujeres sobrevivientes de violencia en Morelos Nuevo León y Oaxaca, pugna por reformas normativas que garanticen la integridad, libertad y seguridad personales a las mujeres, capacitar y sensibilizar a las y los servidores públicos y asegurar las medidas de protección a las sobrevivientes de violencia.
La generación de prácticas que agilicen la investigación judicial y establecer mecanismos de control y sanción a servidores públicos que comentan actos de discriminación en contra de las mujeres y las familias, son otras de las sugerencias de la publicación.
Quienes deseen mayor información escribir a contacto@equis.org.mx
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