Resulta ser un lugar común sostener que el agua es esencial para la vida, esencial para la preservación de los ecosistemas, esencial para el desarrollo y bienestar de las comunidades.
Del mismo modo, es de sentido común entender y declarar que el acceso al agua es y debe ser considerado un derecho humano, ya que esto forma parte de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida digno y adecuado, en particular porque es una de las condiciones indispensable para asegurar la pervivencia de la sociedad.
En América Latina se vive un proceso creciente de toma de conciencia en torno al derecho esencial de acceder al agua, movilizaciones masivas en Argentina, en Perú, indican que los pueblos toman la decisión de ejercer soberanía sobre sus recursos hídricos.
La lucha por la promoción y defensa de los Derechos Humanos, ha estado asociada a la condición singular de cada ser, a su dignidad, y por ende, de esta condición se derivan un número importante de libertades y derechos, los que en su conjunto, tienen por misión salvaguardar la esencia de cada mujer, de cada hombre, lo que coloca límites, obligaciones y deberes al Estado, así como también a los demás sujetos que conviven dentro de una comunidad.
Los derechos humanos son el resultado de la lucha incansable de la humanidad por alcanzar condiciones de vida adecuadas, no sólo a nivel individual, si no también colectivo.
El respeto por los derechos humanos trasciende los sistemas políticos y jurídicos, en rigor, es un asunto de ética y de decencia.
El agua por ser esencial para los seres humanos, se encuentra íntimamente relacionada en cuanto a su acceso, suministro y potabilidad, al desarrollo de la vida en condiciones dignas.
La carencia de agua, la falta de abastecimiento continuo para los usos personales y domésticos, la negación a su acceso por razones de sexo, raza, edad, condición social o factores económicos, sus usos no adecuados y su insalubridad, son todos y cada uno de ellos, factores que atentan directamente contra la vida de las personas y las poblaciones.
El agua debe ser garantizada en todos sus aspectos, su negación por acción u omisión o por falta de acciones del Estado, objetivamente atentan contra los seres humanos, sin distinción alguna.
A propósito de todo lo anterior, el agua no puede ser considerada un simple compuesto, ni tampoco como un elemento importante en la elaboración de estrategias, tampoco puede ser considerada como un recurso natural renovable, ni como un bien comercial, una mercancía o un bien económico.
En Chile el código de aguas que se formula durante la dictadura el año 1981, y absolutamente vigente en la actualidad, considera a las aguas como un bien social, pero también como un bien económico, separa la propiedad del agua del dominio de la tierra, y le transfiere la prerrogativa al Estado de que sea este, quien concede los derechos de aprovechamiento de aguas a privados, de forma gratuita y a perpetuidad, dando origen al mercado de las aguas, del mismo modo, el código de aguas creo dos categorías de derechos de aprovechamiento de aguas, consuntivas y no consuntivas, y la diferencia entre ambas categorías de derechos radica en la obligatoriedad de devolver o no devolver un caudal al río, hoy el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas (no devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de empresas mineras y agroexportadoras, y en el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos (devuelven un caudal al río), prácticamente el 100% de estos derechos se encuentra en manos de transnacionales como ENDESA.
Mención especial es lo que sucede con la provisión de agua potable a la población, en América Latina, y durante la década de los 90, gobiernos neoliberales liderados en su momento por Fujimori en Perú, Sánchez de Losada en Bolivia o Carlos Menem en Argentina, iniciaron la privatización de las empresas sanitarias, iniciativa que en Chile tuvo su correlato durante el gobierno de Frei Ruiz Tagle, concertacionista que inició la privatización del agua potable. Hoy este proceso se encuentra prácticamente concluido, ya que el gobierno de la Alianza, en menos de dos años, ha terminado de vender la participación pública en las empresas sanitarias Aguas Andinas, Essval, Essbio y Essal.
Las iniciativas privadas mineras, agrícolas, eléctricas, o el afán de lucro de las empresas sanitarias, no se condicen con la necesidad humana de acceder al agua, la constitución política de la república de Chile consagra el carácter privado de las aguas, y como tal, el Estado de Chile no salvaguarda el bien común, por el contrario, deja librado al mercado los enormes conflictos que se viven en las diversas hoyas hidrográficas del país, ejemplo de esto es lo que sucede en el patio trasero de la V región, concretamente en la Provincia de Petorca.
La Ligua, Cabildo y Petorca, son hoy el reino de Machiavello, debido a que en estas comunas se aplica el principio "El fin justifica los medios”, es decir, agua a cualquier precio para aumentar la plusvalía de los empresarios agrícolas y mineros, en detrimento del acceso al agua para bebida de la población.
Drenes y pozos sin agua legalmente constituida agotan las napas subterráneas, cerros plantados hasta el infinito con Paltos de exportación, cuencas sobreexplotadas, institucionalidad indolente e incapaz, presiones, amenazas, castigos, políticos y empresarios coludidos para usurpar agua, zanahoria y garrote, zanahoria para los que hacen la vista gorda ante el robo de agua, garrote para los que luchan para restituir el imperio de la ley en los ríos de la provincia de Petorca, garrote para los que luchan por un derecho humano esencial e imprescindible para las personas, AGUA, nada más, pero tampoco nada menos.
Chile es el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas, la vigencia del código de aguas es de una inequidad feroz, como feroz es la defensa que se hace de la propiedad privada sobre el agua, políticos transformados en apóstoles de la causa privada del agua, autoridades que llaman a cuidar el agua, bombardear nubes o construir carreteras del agua, soslayando el problema de fondo, en Chile se lucra con un bien nacional que debería ser de uso y dominio público, atentando contra los derechos humanos de las Chilenas y Chilenos, los hechos son más elocuentes que mil palabras.
Rodrigo Mundaca - Ingeniero Agrónomo
Secretario MODATIMA.
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